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El caudal de mentiras, de legislaciones contrarias al interés de los mexicanos, de discrecionalidades y francos delitos que deja el gobierno saliente (en la salida sexenal más prolongada y patética que se recuerde, una auténtica agonía) llevó a los pueblos originarios a disentir de muchas leyes nuevas, a desconfiar de la justicia institucional, a resistir los intentos de despojo territorial, daño ambiental, control educativo y manipulación mediante programas sociales siempre chirles comparados con los montos del negocio político, bancario, minero, inmobiliario, de obra pública, propaganda inútil pero costosa y desnacionalización productiva deliberada, lo mismo del maíz que del petróleo.
En un contexto de violencia desatada y el reino criminal de pandillas poderosas que desafían y corrompen al Estado, resulta evidente para la población la responsabilidad criminal de las fuerzas públicas en matanzas y desapariciones en masa como los 43 de Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya y operativos como el de Nochixtlán, hasta los millares de infantes, mujeres jóvenes, migrantes y toda clase de ciudadanos que de pronto ya no están. Con harta frecuencia la mano policiaca salta a la vista, o de plano la de soldados y marinos. Hemos vivido traicionados por los gobiernos del cambio y el recambio.
Hermann Bellinghausen
19 noviembre 2018
Pueblos originarios y recambio presidencial
Desinformémonos
1.
El caudal de mentiras, de legislaciones contrarias al interés de los mexicanos, de discrecionalidades y francos delitos que deja el gobierno saliente (en la salida sexenal más prolongada y patética que se recuerde, una auténtica agonía) llevó a los pueblos originarios a disentir de muchas leyes nuevas, a desconfiar de la justicia institucional, a resistir los intentos de despojo territorial, daño ambiental, control educativo y manipulación mediante programas sociales siempre chirles comparados con los montos del negocio político, bancario, minero, inmobiliario, de obra pública, propaganda inútil pero costosa y desnacionalización productiva deliberada, lo mismo del maíz que del petróleo.
En un contexto de violencia desatada y el reino criminal de pandillas poderosas que desafían y corrompen al Estado, resulta evidente para la población la responsabilidad criminal de las fuerzas públicas en matanzas y desapariciones en masa como los 43 de Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya y operativos como el de Nochixtlán, hasta los millares de infantes, mujeres jóvenes, migrantes y toda clase de ciudadanos que de pronto ya no están. Con harta frecuencia la mano policiaca salta a la vista, o de plano la de soldados y marinos. Hemos vivido traicionados por los gobiernos del cambio y el recambio. Desde Ernesto Zedillo, la traición, especialmente a los pueblos originarios, se estableció como estrategia de gobierno; se profundizó con Felipe Calderón y su atroz guerra, que prosiguió Peña Nieto. Y, con perdón de los creyentes, nada indica (ya ni los discursos) que lo hará la cuarta transformación en puerta.
Queda para el cajón del desastre la impunidad para los gobiernos que ya fueron. Nada que no sea hacer pagar sus latrocinios, abusos y daños territoriales a gente como el secretario de Comunicaciones y transportes Ruiz Esparza merecerá el nombre de Justicia. Lo mismo la inacción jurídica ante los daños nacionales causados por Calderón y Peña Nieto. No, todo indica que sólo vamos arriba y adelante, como en los viejos tiempos.
2.
Las acciones del gobierno en puerta están demostrando que para romper promesas de campaña no hace falta tomar el cargo. Si Peña Nieto y su equipo mexiquense pasaron un sexenio riéndosenos en la cara con su “te lo firmo y te lo cumplo” de campaña, el nuevo gobierno va tendido a incumplir punto por punto en lo escencial, su presunto compromiso con los pueblos indígenas. Presunto, porque nunca fue explícito en campaña, se basa en un “voto de confianza” que, con lo del Tren Maya, comienza por abusar. Les dejará al Ejército en sus comunidades, campos y caminos (cuando es clamor generalizado que se los quiten de encima a los pueblos) y los tratará como “pobres” recargados, “integrables” al progreso industrial y turístico de los patrones de siempre. Basta ver sin anteojeras partidarias el despropósito de la “consulta” sobre el “Tren Maya” (hasta el nombre ofende, pues de maya no tendrá más que el suelo bajo los durmientes) para ver que detrás del aparente desorden de las preguntas había la intención de carrancear la voluntad de los pueblos al echarlos al costal de “todo lo demás”.
Existen regulaciones internacionales (y hasta nacionales) para efectuar consultas específicas, algo que el nuevo gobierno ha decidido ignorar, pues sólo pide un “voto de confianza” para cosas verdaderamente serias, urgentes y traicionadas una y otra y otra vez. ¿Será distinto ahora?
¿La nueva reforma a la Ley Agraria? ¿Los mega proyectos amparados en la Zonas Económicas Especiales de gran capital y consecuencia directa del imperialista Plan Puebla-Panamá (o Mérida y sus nombres sucesivos)? ¿Industrializar y anegar de turistas los territorios de mayas, choles y chontales? ¿Partir por la mitad al país en el Istmo de Tehuantepec y aplastar las reivindicaciones, ya de por sí atropelladas, de los pueblos zapotecas, mixes, mixtecos, populucas y zoques? ¿Qué dentendrá la marcha de Atila de las empresas de energía eólica, ampliamente respaldada por los gobiernos federales y de Oaxaca desde principios de siglo? Y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora resulta.
La etiqueta de progresista, de popular y buena onda, demostrado está en América del Sur que, en tratándose de pueblos indígenas, topa con roca. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de respaldar y elevar a rango constitucional el derecho de los pueblos originarios al gobierno propio en una nación plural, avanza por la misma ruta extractivista-impositiva que marcó las peores horas de Correa en Ecuador y sigue siendo la peor herencia del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Necesitamos vernos en esos espejos.
Leamos el caso de Bolivia, desde la mirada crítica de Raúl Prada Alcoreza, quien además acuñó una expresión muy útil: “la restauración barroca del neoliberalismo”. Habla de una crisis grave de las ciencias sociales y de una decadencia ética, moral e intelectual en el todavía elogiado desde fuera gobierno evista. Ello explica lo que hizo desde “el momento que se promulga la ley que levanta la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécura (TIPNIS), contraviniendo la Constitución, violando y aplastando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de los derechos de los seres de la Madre Tierra, consagrados en la Constitución; apoyándose en una consulta espuria, que no fue ni libre, ni con consentimiento, ni consensuada, ni informada, ni respetando las normas y procedimientos propios, establecidos por la Constitución. Sino una consulta chuta impuesta, hecha dolosamente y parcialmente, incluso con rapto de familias a cuarteles para que llenen el formulario de la encuesta”.
Prada Alcoreza apunta que cuando estos “caudillos” muestran “su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente”, son “ya burguesía rentista” y exhiben “su vinculación con la hiper-burguesía de la energía fósil, con la burguesía mundial del capitalismo financiero y especulativo además, el hacer de maestros de ceremonia en plena decadencia de un gobierno anti-indígena, inconstitucional –pues no ha cumplido con la Constitución, mas bien, la ha vulnerado sistemáticamente- y extractivista”.
Recordemos también el enfrentamiento progesivo que tuvo Correa contra el movimiento indígena, mejor organizado y amplio en Ecuador que en México, y menos mediatizado que el de Bolivia, donde devino paraestatal, o bien “enemigo” del gobierno.
3.
¿Cómo leer que el impresentable y racista alcalde blanquiazul de Tijuana quiera una “consulta” para impedir el paso de migrantes centroamericanos a La Ciudad de Migrantes más significativa de México? Gracias al ejemplo de la cuarta transformación, cualquier imbécil con cargo de gobierno podrá “consultar” cualquier estupidez.
La ruta institucional que se propone seguir el gobierno de Morena apunta a más de lo mismo con otra máscara y algunas “cuotas” concedidas a una desprestigiada burocracia india que ya pasó por el PRI, el PAN y el PRD. Nada nuevo bajo el sol. Eso es lo que hay. En cambio, nada indica que las inconformidades crecientes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la península maya de Yucatán serán respetadas. El gobierno hará, previsiblemente, lo que le resulte funcional. El resto dependerá de las luchas, como de por sí. Ya mediremos el grado de talante represor que caracterice al sexenio que comienza.
Quede como ejemplo muy revelador lo expresado por colectivos y organizaciones mayas a López Obrador y su gobierno en vísperas de la consulta-escopetazo (siendo la del tren una de 10 preguntas a la de diunavez) para el 24-25 de noviembre:
“Desde la pasada administración hemos estado expectantes con respecto al megaproyecto Tren Maya, lo hemos seguido puntualmente y desde que se inició a hablar del mismo estamos atentos a su desarrollo. Desde ese momento lo desaprobamos y nos desagrada por cuanto que violentaba los derechos indígenas de los que somos sujetos y que están consagrados en nuestra Constitución Política. Esperábamos que con el cambio de administración nosotros, las comunidades indígenas, fuéramos visibles para la Federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el megaproyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México.
“Con respecto a la llamada consulta desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra, no es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones. Una verdadera consulta para pueblos indígenas como los nuestros tiene que cumplir con los principios rectores siguientes: previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal cual la dispone la ley. Nada de lo anterior se cumple, puesto que el megaproyecto tren Maya a la fecha ya se inició y prueba de ello es que ya se tienen entre otras cosas presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio y con nosotros nadie ha convenido absolutamente nada; la única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado, de manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestro territorios; ni hablar de buena fe, esta no existe, todo se ha llevado a nuestras espaldas y para estar en condiciones de que sea culturalmente adecuada en primer término los quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios.
“El megaproyecto Tren Maya como otros tantos estamos seguros que no nos traerán beneficios ni desarrollo regional, no está planeado para nosotros la gente común, es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros; nosotros los dueños de las tierras sólo lo veremos pasar puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos y sólo están considerados puntos de interés turístico que ya han sido copados por los grandes capitales; a nuestras comunidades sólo nos tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto, esa situación ya la sufren las comunidades por donde circula el Tren Chepe y en su caso el desarrollo aún sigue pendiente, no queremos lo mismo para nosotros y nuestros hijos”.
Niegan oponerse al “progreso” pero, añaden, “estamos en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos, ya no aceptamos espejos a cambio de nuestras tierras. Que se sepa desde hoy que rechazamos totalmente el megaproyecto Tren Maya”. Reiteran claras exigencias como “que en este y otros proyectos en los que se afecte nuestro derecho al territorio se convoque a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos a fijar su posición frente a los mismos”.
Que se respete lo que, “tal cual” dispone la ley: “la prohibición total y absoluta de cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de cambio del uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios, sin haber obtenido el consentimiento de nuestros pueblos, antes y después del 1 de diciembre de 2018”. Rechazan “todo intento o simulación de consulta indígena a nuestros pueblos”, así como “cualquier tipo de diagnóstico forestal o faunístico sin la participación de las comunidades indígenas”; esto, para impedir que justifiquen “afectaciones y destrucción de la selva para establecer el ‘tren maya’ que no tiene nada de maya, ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte de restaurantes son los únicos beneficiarios”.
¿Así o más claro?
4.
La ruta establecida para establecer el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), con su “consulta” correspondiente, tampoco apunta en direcciones muy distintas a la del tren y otras. Muchos pueblos, comunidades, ejidos y organizaciones indígenas han desconocido los procedimientos propuestos (impuestos, dicen) por los heraldos del nuevo gobierno. En Guerrero hubo sesiones reventadas. En Michoacán y Oaxaca se extiende el rechazo. En la Ciudad de México los pueblos originarios de la Cuenca de México, luego de ser discriminados por los organizadores de los debates de la “consulta”, optaron por su propia mesa de discusión, rechazando el procedimiento, sus resultados y la propuesta de tufo indigenista (hasta el nombre INPI) que trae la nueva burocracia. Esto apenas comienza.