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Pronunciamiento de pueblos, comunidades y organizaciones por la libre determinación de los pueblos.
Los pueblos, comunidades y organizaciones abajo firmantes queremos externar
nuestra preocupación frente a las acciones del Presidente Andrés Manuel López
Obrador respecto de nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se
contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos.
LA LIBRE DETERMINACIÓN NO ESTÁ A CONSULTA
PRONUNCIAMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES POR
LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Los pueblos, comunidades y organizaciones abajo firmantes queremos externar
nuestra preocupación frente a las acciones del Presidente Andrés Manuel López
Obrador respecto de nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se
contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos.
En los últimos años hemos observado el surgimiento de numerosos procesos de
defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de pueblos y comunidades a lo
largo y ancho del país. Esto como consecuencia de las reformas estructurales que
privilegian los intereses de la iniciativa privada antes del respeto de los derechos
humanos de los pueblos y comunidades. El impulso de megaproyectos de generación
de energía, la industria extractiva y la privatización del agua, son algunos de los
ejemplos de las graves violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a los bienes
naturales que han repercutido de manera negativa en el derecho a la vida digna de
muchos pueblos y comunidades en México. Ante esta situación, cientos de pueblos,
barrios y comunidades, se organizan para defender sus derechos frente a los
gobiernos y empresas que afectan a sus tierras y territorios.
En las últimas semanas hemos sido testigos de la realización de una “Consulta
Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, así como de la “Consulta
Nacional sobre los Programas Prioritarios”. En este contexto, observamos al
presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el gobierno federal saliente,
sin embargo, observamos una gran deficiencia de diálogo genuino con los Pueblos y
las Comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las
organizaciones civiles que les acompañan en la defensa de sus territorios. En ese
sentido, cuestionamos que se estén discutiendo proyectos de enormes dimensiones
sin que se hayan cumplido con las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos y pueblos indígenas a que está compelido el Estado Mexicano.
Ante este escenario se hace imperante recordar al presidente Andrés Manuel López
Obrador, la existencia de la normatividad en materia de libre determinación, del
derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente
adecuado que tienen los Pueblos y Comunidades en México, mismos que están
contemplados en la Constitución Mexicana (art. 2,), el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por nombrar sólo
algunos y que, cabe mencionar también, establecen modalidades especiales en la
garantía del acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Esto significa
que el gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes
mencionados en las discusiones sobre proyectos de dimensiones tales como el Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo
del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino
que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.
LA LIBRE DETERMINACIÓN NO ESTÁ A CONSULTA
Vemos una oportunidad histórica para el gobierno entrante de dar respuestas
integrales y de contenido a las preguntas que históricamente han sido una deuda para
los Pueblos y Comunidades del país, mismas que tienen que ver con el respeto a sus
derechos. El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es uno
de ellos y ante el cual se hace necesario preguntar: ¿cuál ha sido el diálogo que se ha
sostenido con las comunidades y los pueblos que pueden resultar con alguna
afectación por la implementación de dichos proyectos? ¿Se está garantizando el
respeto a la Consulta en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de
Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a los criterios de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos?
La violación al Derecho a la Consulta y al Consentimiento libre, previo e informado
conlleva la afectación directa del ejercicio de otros derechos fundamentales para los
Pueblos y Comunidades. Estos derechos protegen su facultad de decidir sobre su
propia forma de vida, sobre la capacidad de libre determinar su desarrollo con base en
sus parámetros de vida digna.
Recordamos también al presidente que otra de las obligaciones del Estado Mexicano,
es realizar estudios respecto de los impactos sociales, espirituales, culturales y
ambientales, cada vez que pretendan realizarse proyectos de inversión que impliquen
a los pueblos originarios. Dicha obligación existe para México a partir de la entrada en
vigor del Convenio 169 de la OIT en 1991; obligación que fue reafirmada por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007. Entre
dichos criterios se contiene que los estudios de impacto deben ser realizados por el
Estado, deben ser previos al otorgamiento de cualquier permiso, deben abordar el
impacto acumulado de los proyectos ya operando y los propuestos y deben efectuarse
en colaboración plena con los pueblos interesados. Así, cualquier proyecto de
inversión que pretenda implementarse en territorios indígenas, debe contar con
análisis sustentados sobre sus impactos, realizados bajo los estándares
internacionales.
Para el caso de los proyectos que el nuevo gobierno pretende implementar
preguntamos: ¿dónde están los Estudios de Impacto Social y Ambiental? En caso de
existir ¿cuál fue el proceso que se siguió para realizarlos? ¿cumplen con los estándares
internacionales a que está obligado el Estado Mexicano?
Para los Pueblos, Comunidades y organizaciones que suscribimos, es indispensable
contar con las respuestas de las preguntas que aquí formulamos y saber con ello del
cumplimiento o no de las obligaciones del Estado. Asimismo, consideramos
imprescindible que el gobierno entrante proteja, respete, garantice y promueva los
derechos de los Pueblos y Comunidades, observando tanto la normatividad nacional y
los máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el
irrestricto derecho histórico de los pueblos a la libre determinación.
Con este pronunciamiento hacemos un recordatorio de las obligaciones
irrenunciables del Estado Mexicano para hacer justiciables los Derechos Humanos y
LA LIBRE DETERMINACIÓN NO ESTÁ A CONSULTA
encomiamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a dar diálogos y respuestas
integrales a los Pueblos y Comunidades, en esta oportunidad histórica de enmendar
las violaciones cometidas a sus derechos en los sexenios anteriores para dejar de
perpetuar la discriminación y marginación hacia los pueblos, así como la imposición
de visiones de desarrollo que les vulneran.
Atentamente:
Autoridades de la Tribu Yaqui de Vícam, Bosques de San Elías Repechike, Centro de
Atención a la Mujer Trabajadora, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC
(CDMCH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A.C, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C., Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante A.C., Comité de
Mujeres Ecologistas de La Huizachera, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y
Palmarejo; Comunidad Indígena en Resistencia San Francisco Xochicuautla, Consejo
Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Consultoría Técnica Comunitaria, A.C,
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina A. C.
(COCIHP), el Barzón Chihuahua, El Jardín de la Esperanza, Enlace Comunicación y
Capacitación A. C., Formación Sindical y Exterior STINCA, Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra- Atenco, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos-Puebla, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Guerreros Verdes
A.C., Indignación promoción y defensa de los derechos humanos A.C, Instituto
Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Movimiento Agrario Indígena
Zapatista, Mujer y Medio Ambiente, Nuiwari, A.C. Consejo Indígena Nayeri, Proyecto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), Red para el Desarrollo
Rural Sustentable, A.C., Semillas de Vida., Servicios para una Educación Alternativa A.C
– EDUCA., Servicios y Asesoría para la Paz A.C., Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.,
Tonelhuyotzin Nuestra Raíz A.C, Unión de Pobladores y Pobladoras en Defensa de la
Tierra el Territorio y los Recursos Naturales de Chablekal, Unión de Pueblos y
Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST).