Imprimir
No hay las condiciones mínimas de posibilidad democráticas para realizar elecciones. Hacerlo significa “legitimar” la tiranía.
diciembre 14, 2018
Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar
Raúl Prada Alcoreza
El dato de que el MAS se vio obligado a recurrir a una violación explicita de la Constitución, en lo referido a la reelección del presidente, desconociendo, además, el referéndum de 2016, es decir la voluntad popular, nos muestra claramente los límites de la forma de gubernamentalidad clientelar. Ya no convoca, tampoco puede hacer funcionar las redes clientelares – perdió el referéndum -, por eso no puede conservar la masa cuantitativa de sus clientelas, entonces, se ve empujado a incrementar el uso del monopolio institucional de la violencia, acompañado por el uso no institucional de la violencia, como la coerción y el chantaje sobre los propios miembros de los tribunales, aunque fuesen incluso partidarios. Este dato indica que la forma de gubernamentalidad clientelar ha llegado a su límite; no va más. Se requiere gobernar mediante la fuerza descarnada, la violencia explicita del Estado.
Ingresamos entonces a la mutación de la forma de gubernamentalidad clientelar a otra forma del ejercicio del poder, que ya no gobierna, sino que impone sin mediaciones clientelares, mediante el uso descarnado de la violencia. Si se usan, para encubrir, a las instituciones, se lo hace de una manera no institucional, tampoco legal, a no ser que se considere que la grotesca maniobra leguleya lo sea. Entonces estamos ante la instauración del ejercicio del poder sin mediaciones. No tiene sentido hablar, sobre todo, en este caso, de si quedan resquicios de la democracia formal. Ni la apariencia; todo se ha reducido a la imposición a secas, usando el control de los órganos de poder del Estado cooptados. Este uso de las instituciones no es ni aparentemente institucional, menos aparente democrático.
Es insulso pues disputar elecciones en estas condiciones de imposibilidad política. Si se lo hace es como pretender ejercer la libertad en la cárcel, pretender desplazarse en el encierro, pretender arar en el desierto o en el mar. No hay las condiciones mínimas de posibilidad democráticas para realizar elecciones. Hacerlo significa “legitimar” la tiranía. Otro ejemplo figurativo: es como exponerse cada vez más en la emboscada preparada por los detentadores del poder político; un refrán popular dice meterse en la boca del lobo. En este escrito no insistiremos en demostrar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la ilegalidad de la determinación habilitadora del TSE; de esto hablamos antes, en otros textos. Lo que nos interesa en concentrarnos en las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar.
Una primera convulsión citable es la que corresponde a la expansión e irradiación de la corrosión institucional y la corrupción galopante como mecanismos de cohesión dolosas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Esta expansión e irradiación de la economía política del chantaje nos muestra que no solamente gobierna la tipificada burguesía rentista, sino que las estructuras del manejo político corresponden al lado oscuro del poder; es decir, a las formas paralelas de dominación no institucionales. En términos metafóricos, recurriendo a la memoria narrativa sobre estos temas, podríamos decir que estamos ante formas de organización mafiosas, que manejan la cosa pública.
¿Cuándo podemos datar el nacimiento de estas formas de organización mafiosas de la cosa pública? No conviene remontarnos, ahora, a la genealogía de estas formas del lado oscuro del poder, ya lo hicimos en otros ensayos, sino situarnos en un lapso manejable de la historia reciente. Desde nuestra lectura, podemos situar un nacimiento reiterado en la temporalidad política del “gobierno progresista”, cuando se dio el manejo gubernamental de la nacionalización de los hidrocarburos. No se permitió terminar oficialmente, aunque técnicamente se lo haya hecho, las auditorias a las empresas trasnacionales, que gozaron de las concesiones neoliberales. Es más, se hicieron desaparecer los informes técnicos de la mencionada auditoria. Se sabe que las empresas trasnacionales terminaron debiendo al Estado por incumplimientos a los contratos y por haber cometido deslices, para decirlo suavemente, administrativos y financieros. Sin embargo, el “gobierno progresista” se apresuró a aprobar, en el Congreso, Contratos de Operaciones que entregaban el control técnico de la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Es más, estas empresas extractivistas volvieron a ganar por concepto de indemnización. En consecuencia, haciendo un balance, ganaron antes, a la manera neoliberal, con el 82% de su participación en el excedente; ganaron con la indemnización, que no les correspondía, pues debían al Estado; ganaron porque volvieron a controlar la explotación de los hidrocarburos, además de aumentar su participación, reconocida solo en el 18% por el Decreto Ley “Héroes del Chaco”, al 50%. ¿Cómo explicar este desenlace? ¿Cuáles son los mecanismos que se movieron e incidieron en los resultados?
La hipótesis de interpretación plausible es la que supone un compromiso y una complicidad de los jerarcas del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas de los hidrocarburos involucradas. La inocencia, que parece un término apropiado, tanto de los apologistas del “proceso de cambio” como de los militantes-soldados del partido gobernante, es que este comportamiento no solo les parece inaudito sino incluso imposible en un gobierno popular, que deriva de la movilización social. Esta inocencia se da porque se desconecta de la experiencia y la memoria sociales políticas de la modernidad, sobre todo del decurso de las llamadas revoluciones. Es más, se desentienden completamente, ya sea por desconocimiento o por bloqueo mental, de la concomitancia genealógica entre poder y corrupción, ya se trate de versiones de “derecha” o de versiones de “izquierda”.
Recurriendo al enunciado que expresa una intuición lucida de la historia política de la modernidad, la que dice que la historia no se repite y si se repite lo hace, la primera vez, como tragedia, la segunda, como farsa, podemos añadir que la inocencia se desentiende de esta decadencia. Las primeras revoluciones modernas fueron trágicas; las segundas, dramáticas; en tanto que las terceras, una farsa. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos decir que las “revoluciones” del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario” corresponden a comedias grotescas. La inocencia, entonces, no ve que lo que ha ocurrido, la complicidad del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas se da en escenarios estridentes, donde sobresale la banalidad ideológica, es decir, el vaciamiento ideológico, donde lo que más importa es hacer creer que lo que ocurre es como dice el discurso gubernamental, no así, lo que ocurre efectivamente.
Ahora bien, este fenómeno no es un atributo local o nacional, sino nacional y mundial. Se da, claro está, en sus singularidades propias y locales. Recordemos a lo que nos enseña Emmanuel Wallerstein; no hay una historia del capitalismo nacional, hay una historia mundial del capitalismo, donde los desarrollos nacionales del capitalismo son genealogías singulares de la historia del sistema-mundo capitalista. De la misma manera, como hemos dicho antes, no hay una historia nacional del Estado moderno, sino que se trata de las genealogías estatales en la conformación del sistema-mundo político. En otras palabras, palabras locales, lo que pasa en Bolivia pasa en el mundo.
Las llamadas empresas trasnacionales extractivistas no son equiparables a las empresas clásicas, referentes de la ideología liberal; son definitivamente algo completamente cambiado y distinto. El término de monopolio no resuelve el problema de la caracterización de lo que son estas complejas estructuras económicas, políticas y comunicacionales. Para decirlo de una manera fácil, aunque esquemática, se puede decir que estas formas de organización de la explotación, producción, distribución, consumo y especulación de la acumulación ampliada de capital han aprendido a moverse y funcionar en un mundo de revoluciones sociales. Es más, es cuando más ganan estas empresas.
El pragmatismo o, si se quiere, el realismo político, no se da tanto en el reformismo de los “gobiernos progresistas”, sino, sorprendentemente, en el “socialismo” de las mega estructuras organizacionales de estas “empresas”, que controlan las cadenas productivas, comerciales y de consumo. En otras palabras, las empresas trasnacionales extractivistas se metieron en su bolsillo a los “gobiernos progresistas” desde un principio. La retórica populista es inútil ante el control mundial de las reservas, los mercados, la producción, la tecnología y las comunicaciones de las empresas trasnacionales. La retorica populista sirve para convencer a la clientela, sino es el pueblo, de la necesidad de “defender el proceso de cambio”.
Si los Contratos de Operaciones fueron un renacimiento de la relación perversa entre el ejercicio del poder y las genealogías de la corrupción, el caso QUIBORAX es como un evento desbordante de la decadencia del “proceso de cambio”. En resumen: una empresa fantasma, que invierte menos de un millón de dólares, recibe como indemnización la suma de 42 millones de dólares. ¿Cómo explicar este desenlace sin hacer intervenir la complicidad de la jerarquía del “gobierno progresista”? Considerar, como lo ha dicho la versión oficialista del gobierno, que se trata de descuidos técnicos jurídicos del presidente de sustitución constitucional, anterior al gobierno “revolucionario” del “proceso de cambio”, es volver a pecar de inocencia supina. En este caso se trata de no exactamente una empresa trasnacional extractivista sino, sorprendentemente, de una empresa fantasma. Todo este tema, de la explotación del litio se movió en los espacios provisorios de la especulación.
Desde los Contratos de Operaciones hasta el caso escandaloso de QUIBORAX las formas de organización mafiosas del manejo de la cosa pública terminaron de consolidarse. Lo que era, en un principio, como un diseño elemental, terminó siendo una estructura de cohesión política-económica articuladora. No se puede decir que en este caso sea una trasnacional extractivista fantasma la que controla el proceso especulativo financiero, sino que es la misma mafia política la que logra controlar el decurso del juicio iniciado al Estado boliviano.
No olvidemos que usamos lo de organización mafiosa metafóricamente, sobre todo para ilustrar. Lo que importa aquí no es descalificar moralmente, sino comprender cómo funcionan las estructuras y formas de poder en la modernidad tardía, sobre todo, en la coyuntura presente. En otras palabras, en la modernidad tardía, en la era de la simulación, convertida, en la actualidad, en el periodo del espectáculo, las formas organizacionales y las estructuras del lado oscuro del poder se convierten en las tendencias de mayor incidencia en el ejercicio del poder y en el despliegue de las dominaciones.
Sería inapropiado atribuir estos fenómenos de distorsión e incluso de perversión a los “gobiernos progresistas”, como lo hace el discurso endémico neoliberal, además del discurso neoconservador del fascismo criollo, pues es una fenomenología política y económica compartida tanto por unos y otros. Se trata de la crisis múltiple del Estado-nación; es más, de la crisis de la civilización moderna. La salida a la decadencia o lo que llamamos el círculo vicioso del poder no se encuentra, obviamente, en seguir moviéndose en el ritmo del péndulo, de “izquierda” a “derecha”, sino de escapar del campo gravitatorio del círculo vicioso del poder. Que lo que decimos sea teórico, se entiende; empero, tiene validez como pedagogía política.
Otra convulsión corresponde a la contradicción principal del “gobierno progresista” de Bolivia. Este gobierno se autonombra como “gobierno indígena”, además de “gobierno de los movimientos sociales”. El conflicto del TIPNIS, aunque no solo, pues hubo muchos conflictos con las naciones y pueblos indígenas, devela el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Un gobierno que opta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es, de por sí, anti-indígena, pues atenta contra los territorios indígenas y la Madre Tierra. La esquizofrenia política del “gobierno progresista” se devela cuando se autonombra como “gobierno indígena” y convierte a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, en enemigos del “proceso de cambio” o vinculados a la “conspiración imperialista”.
Para no hacer una lista larga de las convulsiones, buscando citar las más ilustrativas y anecdóticas, podemos pasar a los comportamientos despóticos y desbordantes del “gobierno progresista” en la coyuntura presente. Ante la derrota en el referéndum del 2016 sobre la reforma constitucional para habilitar al presidente a la reelección indefinida, la estructura palaciega y los órganos de poder cooptados del Estado, optan por una “estrategia”, si se la puede llamar así, “catastrófica”, para usar un término requeté-usado por el ideólogo del neopopulismo. Esta “estrategia” consiste en que todo vale, más allá de que el fin justifica los medios. El pragmatismo llevado al extremo, es más, el oportunismo llevado al extremo, incluso el cinismo llevado al extremo, empuja a desconocer el referéndum de 2016, además de desechar la Constitución. El montar escenarios grotescos, como la interpretación absurda del Convenio de San José; el empujar a determinaciones del Tribunal Supremo Electoral que termina validando la insólita resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no es otra cosa que perpetrar un golpe de Estado, devela claramente que lo mueve estas conductas es la compulsión por el oscuro objeto del poder deseado.
Sin embargo, recortando la lista posible de convulsiones, lo que tenemos o parece ser la muerte de una de las formas de gubernamentalidad clientelar, la presente. Ya no pueden dar más de sí. Han caído tres “gobiernos progresistas”; los otros se debaten en sus propias convulsiones. Quedan tres, incluyendo al de Centro América. Lo que se observa es que solo pueden prolongar por un tiempo su estadía en el sillón presidencial incrementando desbocadamente la violencia estatal. Sin embargo, hemos aprendido en la historia reciente que a mayor violencia menos legitimidad, por más que la violencia desbocada pueda, en algún caso, no en todos, lograr diferir la dramática administración de la cosa pública.
El “gobierno progresista” de Evo Morales Ayma ha incidido en una coyuntura altamente complicada e inestable. Sobre todo, al optar por la “astucia criolla”, que cree que se puede sustituir la realidad efectiva por el ardid de la astucia política. La apariencia que da esta sensación solo dura un tiempo provisorio; esto depende de la correlación de fuerzas en los momentos. A corto plazo es posible mantener esta apariencia; empero, no lo es a mediano plazo, mucho menos a largo plazo.
Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar expresan la clausura no solo de esta forma de gubernamentalidad, sino también de las aparentemente opuestas. Ahora bien, la clausura no quiere decir que los países y los pueblos no insistan, en lapsos cortos, en repetir los contrastes, siguiendo la ruta pendular del círculo vicioso del poder. Lo que quiere decir, es que, teórica e históricamente, el círculo vicioso del poder se clausura.