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Edgardo Lander*

NEOEXTRACTIVISMO
DEBATES Y CONFLICTOS EN LOS PAÍSES CON GOBIERNOS PROGRESISTAS EN SURAMÉRICA

El tema del extractivismo ha generado profundas divisiones en el seno de la izquierda, organizaciones y movimientos populares durante la última década. Esto es expresión, entre otras cosas, de visiones diferentes de la sociedad a la cual se aspira, concepciones encontradas en torno al carácter de la actual crisis civilizatoria, evaluaciones no compartidas sobre lo que fue el socialismo del siglo XX y, en consecuencia, de prioridades diferentes que unos y otros sectores le otorgan a las principales dimensiones o ejes del cambio requerido en estas sociedades.
Es posible caracterizar las partes de estas confrontaciones muy
esquemáticamente en los siguientes términos. Por un lado, quienes
–por lo menos para la primera etapa de los procesos de cambio– le
otorgan prioridad en las agendas de transformación al antiimperialismo, al rechazo a las políticas económicas del neoliberalismo, a la
recuperación del Estado, a la soberanía nacional, la superación a
corto plazo de la pobreza/desigualdad y al crecimiento económico.
Tienden en general a otorgarle menor prioridad o tener una visión
poco problematizadora en torno a asuntos como el patriarcado, la
* Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV (Venezuela),
Universidad Central de Venezuela.
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interculturalidad, las autonomías territoriales o las implicaciones
ambientales y estratégicas de un modelo productivo centrado en el
extractivismo.
Por el otro, una variedad de perspectivas que, sin negar la importancia de todo lo anterior, afirman la necesidad de confrontar igualmente, y en forma simultánea, el racismo, el patriarcado, la colonialidad
y el antropocentrismo característicos del capitalismo. Asumen que si
no se detienen a muy corto plazo las dinámicas de destrucción de la
vida en el planeta y de la amplia gama de culturas que caracterizan a
la humanidad, ninguna transformación en una dirección democrática
emancipadora será posible. Desde estas perspectivas se asume que los
instrumentos teóricos y las políticas que en el siglo pasado parecían
suficientes para enfrentar al capitalismo, centrados en las relaciones
de clase, las formas de propiedad, y el papel rector del Estado, ya no
son suficientes para el mundo en que vivimos. Hoy tenemos que confrontarnos no solo a las formas de dominación económica y política del
capitalismo, sino igualmente a la geo-cultura de la modernidad. Se trata
de retos propiamente civilizatorios y por ello, mucho más exigentes: un
sistema global patriarcal que está aceleradamente destruyendo tanto
las condiciones materiales que hacen posible la vida en el planeta, como
la extraordinaria diversidad de las memorias y culturas de los pueblos
que lo habitan. Se tienen, en consecuencia, miradas radicalmente críticas en torno a la posibilidad de que la acentuación del modelo extractivista pueda considerarse como una vía para superar el capitalismo.
En estas oposiciones hay igualmente diferencias profundas en
torno a los agentes de los procesos de transformación. En el primer
bloque se le asigna una clara prioridad al Estado como agente rector
de los procesos de cambio, mientras para el otro bloque las transformaciones requeridas pasan prioritariamente por movimientos y organizaciones sociales, pueblos y comunidades, por las múltiples expresiones del tejido de la sociedad.
Estas divergencias en las interpretaciones de los procesos políticos
de estos años atraviesan igualmente a la academia latinoamericana.
Los gobiernos “progresistas” y sus defensores argumentan que
es (o era) necesario aprovechar el contexto de la elevada demanda y
precio de los commodities para acumular los recursos requeridos con
el fin de realizar las inversiones sociales, productivas y de infraestructura que permitiesen, en una fase posterior, superar el extractivismo.
Ello pasaría, necesariamente, por un mayor control estatal sobre la
explotación de las materias primas, ya sea mediante nacionalizaciones o mediante mayores cargas impositivas, para lograr una mayor
participación en la renta que antes había tenido a las corporaciones
transnacionales como principales beneficiarias.
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En el contexto internacional favorable a los exportadores de commodities de la última década, las políticas de ampliación de las actividades extractivas y de mayor participación del Estado en los ingresos
provenientes de éstas, hicieron posibles importantes logros que estos
gobiernos pueden reivindicar. Se dio, durante varios años, un crecimiento económico sostenido. Después de un largo período de déficits,
entre los años 2002 y el 2007, América Latina en su conjunto tuvo saldos
de cuenta corriente favorables. Entre el año 2003 y el año 2012 la deuda
externa total como porcentaje del producto se redujo a menos de la mitad. La inversión extranjera directa creció aceleradamente1
. En términos geopolíticos, estas condiciones económicas favorables permitieron
mayores niveles de autonomía. Con una mayor diversificación geográfica del comercio exterior y el acceso a otras fuentes de crédito, se redujo
la elevada dependencia que antes se tenía con relación a los Estados
Unidos y la Unión Europea. Las balanzas de pagos positivas permitieron pagar deudas externas y librarse de la tutela de las instituciones
Bretton Woods. Se acumularon reservas internacionales. Después de la
derrota del ALCA se dieron pasos hacia nuevos mecanismos de integración regional como el ALBA, UNASUR y CELAC. En lo fundamental, el
continente dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos.
El sostenido incremento de los ingresos fiscales permitió inversiones masivas en programas sociales como las misiones en Venezuela
y el programa Bolsa Familia en Brasil, que contribuyeron a sacar a
millones de personas de la pobreza. En todos estos países mejoró el
acceso de los sectores populares a los servicios educativos, de salud y
a la seguridad social, e incluso se dio una cierta reducción de la desigualdad medida en términos de ingreso.
En consecuencia, estos gobiernos contaron con importantes grados de legitimidad y lograron estabilidad política después de años caracterizados por protestas populares, golpes de Estado y gobiernos que
no lograban concluir sus períodos constitucionales. Consiguieron –en
todos los casos– sucesivas victorias electorales. En Venezuela el gobierno ganó en cada una de las tres elecciones presidenciales que se realizaron desde que Hugo Chávez accedió a la presidencia en el año 1999.
El Partido de los Trabajadores en Brasil ganó cuatro elecciones presidenciales sucesivas. El Frente para la Victoria en Argentina y el Frente
Amplio de Uruguay ganaron tres elecciones presidenciales seguidas.
Evo Morales fue reelecto presidente de Bolivia con 63% de los votos en
octubre de 2014. De acuerdo a las encuestas, Rafael Correa cerró ese
año con niveles de popularidad personal de entre 70 y 80% en Ecuador.
1 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2013, Santiago de
Chile, 2013.
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Sobre la base de todo esto podría afirmarse que esta apuesta por
el crecimiento basado en un modelo productivo extractivo y de reprimarización de las economías ha sido extraordinariamente exitosa.
Sin embargo, como se señaló antes, existen otras miradas, otros
criterios, otros horizontes normativos, otras concepciones en torno
a las sociedades a las cuales se aspira para evaluar estas experiencias. Si incorporamos estas otras perspectivas llegamos a balances bastante más complejos, mucho más preñados de tensiones y
contradicciones.
¿TRANSFORMACIONES CIVILIZATORIAS O CRECIMIENTO
ECONÓMICO CAPITALISTA?
Son muchas las razones por las cuales se generaron expectativas de
que América del Sur era la región del planeta en la cual sería posible
articular las luchas contra el neoliberalismo y por la superación del
capitalismo, con pasos en la dirección de transiciones hacia alternativas civilizatorias al modelo depredador monocultural de crecimiento
sin fin, característico de la modernidad. En las ampliamente extendidas luchas populares en todo el continente en contra del neoliberalismo y contra lo que llegó a ser su proyecto más perverso, el ALCA,
ocuparon un lugar destacado los pueblos indígenas, campesinos y
afrodescendientes. La defensa de los territorios, la lucha contra los
monocultivos, los transgénicos y la mega minería ocuparon lugares
centrales en las agendas de los movimientos. Las nociones del sumak
qamaña, suma kawsay de los pueblos indígenas andinos y amazónicos fueron incorporadas a la gramática política de estas luchas. La
victoria electoral de diferentes candidatos de izquierda o progresistas
fueron posibles gracias a los procesos de acumulación de fuerza transformadora de estas luchas.
Sin embargo, con estos gobiernos se ha profundizado el desarrollismo extractivista y ha crecido el peso del sector primario exportador. Con ello se ha acelerado el suministro de los insumos requeridos
para alimentar la lógica depredadora global, y se ha consolidado el
orden capitalista contra el cual se luchaba. Un nuevo consenso continental, lo que Maristella Svampa ha denominado el consenso de los
commodities (Svampa, 2013) pasó a ser compartido por todos los gobiernos suramericanos, independientemente de su signo político.
En los debates globales sobre las amenazas representadas por el
cambio climático hay un creciente acuerdo en el sentido de que es
que indispensable dejar por lo menos 80% de las reservas probadas
de hidrocarburos sin explotar, como condición para reducir a 50%
la probabilidad de que la temperatura media del planeta supere en
más de 2 grados centígrados la temperatura existente al comienzo
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de la revolución industrial, y con ello se pase el umbral de las condiciones que hacen posible la vida humana tal como la conocemos
en el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que, en conocimiento de esto,
el gobierno venezolano, auto-proclamado revolucionario y anticapitalista contemple duplicar la producción petrolera de los 3 millones
actuales a 6 millones para el año 2019? ¿Qué puede justificar que
el gobierno boliviano abra masivamente áreas protegidas, parques
nacionales y territorios de los pueblos indígenas a la explotación de
hidrocarburos? ¿Tiene sentido que el gobierno ecuatoriano, después
de la experiencia de la masiva devastación socio-ambiental producida por Chevron en la Amazonia ecuatoriana, no solo deje a un lado
la propuesta de dejar sin explotar el petróleo del Yasuní, sino que
continúe expandiendo la frontera petrolera hacia otros territorios
igualmente vulnerables?
Es ésta la paradoja, o contradicción, más profunda presente en
los países con gobiernos progresistas de Suramérica, especialmente
en los casos de Bolivia y Ecuador. Precisamente en el momento en
que, por primera vez en la historia de este continente, se han reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas,
llegando estos dos países a definir sus Estados como plurinacionales,
y reconociendo jurídicamente los derechos de la naturaleza, se está
acelerando la expansión de la lógica depredadora-extractivista de
desposesión, ocupando/devastando aun aquellos territorios que en
los últimos cinco siglos habían permanecido relativamente al margen de la expansión del Capital. En estos territorios, en estas nuevas
fronteras del Capital global, aguas y suelos están siendo contaminados, bosques destruidos, la biodiversidad reducida, poblaciones
desplazadas. Los cultivos para el auto-consumo y los mercados locales están siendo sustituidos por monocultivos transgénicos, como
es el caso de la soja (Berterretche, 2013), amenazando la soberanía
alimentaria. A pesar de taxativos mandatos constitucionales, estos
gobiernos no pueden reconocer el derecho de los pueblos indígenas y
afrodescendientes a sus territorios tradicionales, ya que son precisamente dichos territorios los que, de acuerdo a sus opciones desarrollistas, tienen que ser sometidos a estas lógicas extractivas. Se acude
por el contrario a la criminalización de las resistencias. Este dilema
fue reconocido explícitamente en la Declaración de Guayaquil de los
presidentes del ALBA en junio de 2013.
… rechazamos la posición extremista de determinados grupos que,
bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente
a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se
pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las
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personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza. En
la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en
materia social y económica2
.
Frente a las exigencias de prácticas democráticas y el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas garantizados en las constituciones,
estos presidentes claramente optan por lo que denominan “el derecho
y la necesidad que tienen nuestros países de aprovechar, de manera
responsable y sustentable, sus recursos naturales no renovables”, esto
es, por el extractivismo.
De esta manera, la principal riqueza histórico-cultural con la
cual contamos en el continente para imaginar y construir alternativas civilizatorias a la hegemonía del Capital –precisamente el mundo
indígena-campesino– está siendo socavada bajo las banderas del progresismo y del socialismo del siglo XXI. Sería extraordinariamente
dramático que dentro de unos pocos años se llegara a constatar que
las experiencias de los gobiernos progresistas lejos de acercarnos al
post-capitalismo, nos han alejado de dicho horizonte.
En términos del impacto devastador de estas actividades sobre
los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, es indiferente que las corporaciones participantes sean nacionales o extranjeras,
occidentales u orientales, públicas o privadas, o que el discurso que
busque legitimarlas sea de mercado o de revolución.
El extractivismo no es, como lo ha argumentado Álvaro García
Linera, Vicepresidente de Bolivia, una “forma técnica” de producción compatible con cualquier modelo de sociedad (García Linera,
2012)3
. Es, por el contrario, en su mega escala actual, expresión de la
profundización de un patrón civilizatorio antropocéntrico, patriarcal y colonial de destrucción de la vida. No es solo un régimen de
producción, sino un tipo de sociedad. Además de producir mercancías, el modelo productivo extractivista contribuye a la formación
de los agentes sociales involucrados en ese proceso (Coronil Ímber,
2013: 82), genera subjetividades y tiende a moldear regímenes políticos caracterizados por el rentismo y el clientelismo. Genera una
dependencia creciente en los sectores populares de las transferencias del Estado y tiende a debilitar sus capacidades autónomas, y
con ello, la democracia. El ingreso proveniente de las actividades
2 Declaración del ALBA desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
del ALBA-TCP. Guayaquil, 30 de julio de 2013.
3 .
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extractivas permite aumentar el gasto fiscal sin alterar los regímenes
impositivos regresivos que caracterizan a todo el continente. La redistribución vía políticas sociales de inclusión, subsidios estatales y
las transferencias monetarias directas responden a legítimas demandas de la población, pero contribuyen poco a alterar las estructuras
productivas de la sociedad y las profundas desigualdades que la caracterizan. Como lo demuestra en forma contundente la experiencia
de un siglo de petróleo en Venezuela, una vez instalado el extractivismo/rentismo como patrón de organización de la sociedad, éste muy
difícilmente puede ser revertido.
La especialización en la producción de materias primas, lejos de
permitir una acumulación que garantice la inversión en alternativas
al extractivismo, tiende a bloquear la posibilidad de otras actividades
generando procesos de desindustrialización en el continente (Salama,
2012), y el deterioro de la soberanía alimentaria. Este modelo primario-exportador representa la continuidad de las formas históricas coloniales de inserción en el mercado global basadas en la exportación
de naturaleza y, como ha argumentado Joan Martínez-Alier, del comercio ecológicamente desigual (Samaniego, Vallejo y Martínez-Alier,
2014). Con esto no se están construyendo alternativas al capitalismo,
ni siquiera poniéndole obstáculos, sino alimentando su insaciable maquinaria depredadora.
El extractivismo está inseparablemente imbricado con concepciones y prácticas políticas Estado-céntricas, que como fue el caso
del socialismo del siglo XX, ven al Estado como el principal agente de
la transformación social. Quien formula esto con mayor claridad es
Álvaro García Linera:
El Estado es el único que puede unir a la sociedad, lo único que recoge
la síntesis de la voluntad general; que planea el marco estratégico y es
el motor de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; tercero es la inversión extranjera; cuarto es el pequeño negocio;
quinto es la economía rural; y el sexto es [la] economía indígena. Este
es el orden estratégico en el que la economía del país tiene que ser estructurado (García Linera, 2007, citado por Toussaint, 2009).
Esto se traduce, como en los demás países, en un proceso ya sea de
planificación centralizada, o de improvisación, decidido desde arriba
que deja a un lado la diversidad, la pluralidad, la posibilidad de la experimentación social, y con ello, la democracia.
El mandato político, social y económico del Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES), es obligatorio y constituye el rector de
los procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto y
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mediano plazo en los ámbitos sectorial, regional, departamental, municipal, indígena originario campesino e Institucional (Ministerio de
Planificación del Desarrollo, 2014: 5-6).
Esta lógica Estado-céntrica tiene consecuencias. En la medida en
que se han fortalecido los Estados, se han debilitado los movimientos sociales y las organizaciones autónomas. Procesos tecnocráticosmodernizantes dirigidos desde arriba, desde Estados centralizados e
hiper-presidencialistas, frenan o impiden los procesos plurales de experimentación social sin los cuales no son posibles las dinámicas de
construcción colectiva de sociedades democráticas.
LA TEORÍA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y LOS PRECIOS DE
LOS COMMODITIES
Retomando la teoría clásica de las ventajas comparativas en el comercio internacional, gobiernos y muchos académicos asumieron
que el alza sostenida en la demanda y precio de los commodities
era una indicación de que el deterioro de los términos de intercambio
entre commodities y bienes industriales era cosa del pasado y que
era posible, en estas nuevas condiciones, aprovechar los elevados
precios de los commodities para financiar los procesos de cambio
planteados. Sin embargo, en la segunda década del siglo volvieron
a hacerse presentes las históricas fluctuaciones y tendencias a la
baja de los precios de los commodities en el mercado internacional,
afectando cada uno de los principales renglones exportados por el
continente.
En el segundo semestre de 2014, el precio del petróleo bajó más
de 50%; entre mediados de 2011 y finales de 2014, el precio del cobre
se redujo en 35%; el precio del mineral de hierro en noviembre de
2014 era menos del 40% del precio de febrero de 2011; entre junio
y octubre de 2014 el precio de la soja bajó en un 27%4
. El país más
afectado ha sido Venezuela ya que el petróleo representó en los últimos años el 96% del valor de sus exportaciones. Para el conjunto de
América del Sur, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo,
el valor total de las exportaciones tuvo una baja de 17% en el primer
semestre del año 2015, comparado con el mismo período del año anterior (Lewkowicz, 2015).
Termina así el corto ciclo (menos de una década), de los elevados precios de los commodities. La continuidad de políticas sociales y redistributivas de estos años está lejos de estar garantizada.
4 Nasdaq
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¿Estamos, igualmente, en presencia del fin del ciclo de los gobiernos
progresistas en el continente que se hicieron tan dependientes de
este ciclo de los commodities?
El respaldo de la población a los gobiernos denominados progresistas no es hoy, obviamente, lo que era hace muy pocos años. Estos
gobiernos tuvieron más éxito en la creación de nuevos consumidores
que en el fortalecimiento del tejido asociativo/participativo de estas
sociedades y su politización, o en la preparación de los sectores populares para defender sus conquistas ante la inevitable reacción de
la derecha y de los intereses imperiales en contra de todo intento de
transformación de estas sociedades. En diferentes grados, cada uno de
estos gobiernos se ha caracterizado por severos déficits democráticos.
Los gobiernos de Ecuador y Bolivia han sufrido una significativa
baja en el apoyo de la población en las últimas elecciones regionales
y municipales. Dilma Rousseff ganó la re-elección en el año 2015 por
muy estrecho margen. En una sociedad extraordinariamente dividida,
una derecha corrupta con control total del parlamento condujo un proceso de impeachment que culminó con su destitución y su reemplazo
por Michel Temer, quien en forma acelerada ha tomado pasos en la dirección de revertir aspectos centrales de las políticas del PT. Entre otras
medidas se ha anunciado la reducción del papel de PETROBRAS en el
control de las reservas petroleras del país. Los resultados de las elecciones municipales realizadas poco tiempo después confirmaron un severo retroceso no solo del PT, sino del conjunto de la izquierda brasileña.
El candidato del kirchnerismo fue derrotado en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales del año 2015 por el empresario neoliberal Mauricio Macri. Por primera vez en la historia de Argentina,
la derecha llega al gobierno por elecciones, no por la vía de costumbre, los golpes militares. Como en el caso de Brasil, ha comenzado un
acelerado proceso de reversión de las políticas sociales populares del
gobierno anterior.
El gobierno venezolano, que perdió las elecciones parlamentarias
de fines de 2015 por una amplia mayoría, ha hecho todo lo posible por
impedir la realización del referéndum revocatorio que está contemplado en la constitución, al tanto de que no tiene posibilidad alguna
de ganar esta consulta.
Los procesos de integración regional, que poco avanzaron en el
ámbito productivo durante estos años, están hoy en franco retroceso.
La denominada “integración abierta”, el acercamiento a la Alianza del
Pacífico y la disposición a retomar las negociaciones para la firma de un
acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y la Unión Europea definen las orientaciones principales de los nuevos gobiernos de Argentina
y Brasil.
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FORMAS DE INSERCIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL Y
RELACIONES CON CHINA
La superación del capitalismo y el camino hacia sociedades del buen vivir, capaces de vivir en armonía con la naturaleza, exige, necesariamente, procesos tendenciales de autonomización y desacoplamiento respecto a los mecanismos de mercantilización que caracterizan al Capital, y
la creación de otros tejidos sociales y espacios productivos sustentados
en alternativas al crecimiento sin fin, así como otros imaginarios y otros
patrones culturales de consumo. Ello solo sería posible al interior de
espacios de integración de creciente densidad sustentados en esas otras
lógicas sociales. Esto no es compatible con modelos productivos basados en el extractivismo y economías primario-exportadoras cuya prioridad es el acceso a mercados extra continentales (Slipak, 2014). Con
el vivir bien/buen vivir no se busca un capitalismo más humano, ni un
desarrollo más sostenible. Implica, por el contrario, una crítica radical
a la linealidad del desarrollo histórico y a la idea misma de desarrollo.
Las relaciones con China, lejos de reducir la dependencia del continente respecto al mercado capitalista global y sus patrones culturales, la ha profundizado. La extraordinaria demanda china de materias
primas produjo alzas muy importantes tanto en la demanda como en
los precios de los principales commodities que produce el continente
(Jenkins, 2011), empujando hacia la reprimarización de sus economías.
Mientras que, para el conjunto de América Latina, las materias primas
representan un poco más de 40% del total de las exportaciones, la cifra
correspondiente a sus exportaciones a China es de prácticamente 70%.
En lo fundamental, en sus relaciones comerciales con China, América
Latina intercambia commodities por bienes industriales (CEPAL, 2013).
Una elevada proporción del valor total de las exportaciones de
los países sudamericanos a China está concentrada en solo uno, dos
o tres productos básicos de origen primario extractivo o alguna manufactura de origen agropecuario: petróleo, mineral de hierro, cobre,
soja, harina de soja. En el caso de Brasil, el país más industrializado
del continente, entre los años 1995 y el 2008, el peso relativo de los
productos primarios en las exportaciones totales a China pasó de 20%
a 80%, principalmente mineral de hierro y soja (Bruckmann, 2011).
Esta especialización primario exportadora está inducida igualmente por los créditos y las inversiones chinas. Desde el año 2005 China
ha otorgado más de 100 mil millones de dólares en créditos al continente, un volumen mucho mayor de los créditos combinados provenientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos5
. La
5 Interamerican Dialogue. China-Latin America Finance Database,
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mayor parte de estos créditos están directamente asociados a la producción de commodities, o a las infraestructuras requeridas para ello.
En algunos casos, como Venezuela y Ecuador, parte de estos créditos
deben ser pagados directamente con petróleo (Gallagher, 2013). Las
inversiones chinas están igualmente concentradas en actividades extractivas (Dussel Peters, 2012). Todo esto obliga a seguir por la senda
del extractivismo depredador a largo plazo.
A comienzos del año 2016, el gobierno venezolano, ante el colapso de los precios del petróleo y en condiciones de una muy profunda
crisis fiscal, ante las perspectivas del agotamiento del modelo petrolero rentista que ha definido al país durante ya un siglo, ha declarado
la apertura de 12% del territorio nacional a las empresas transnacionales para la explotación minera en gran escala. Con este macro proyecto, denominado el Arco Minero del Orinoco, se busca reemplazar
el rentismo petrolero por el rentismo minero. Se trata de un modelo
tan depredador como la explotación de hidrocarburos que no solo
implicaría efectos devastadores sobre los bosques, la biodiversidad,
las aguas, la producción hidroeléctrica de esta vasta zona, sino que
amenaza con el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de dicho territorio. Estas decisiones las toma un gobierno por decreto, un
gobierno de tendencias cada vez más autoritarias, al margen de la
Constitución y de toda consulta a la población venezolana.
MÁS ALLÁ DEL EXTRACTIVISMO: LA TRANSICIÓN
Ante el avance incontenible de estas lógicas depredadoras, en estos
años no solo han continuado, sino que se han profundizado y extendido en todo el continente las luchas y resistencias en contra del extractivismo y de sus infraestructuras (represas, carreteras, oleoductos,
puertos). Se han articulado redes continentales contra la mega minería, la explotación petrolera, las grandes represas hidroeléctricas, los
monocultivos y los transgénicos. Pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como habitantes de pequeñas ciudades alejadas
de las metrópolis, son hoy los principales protagonistas de estas luchas. Se han logrado importantes victorias locales y en muchas ocasiones las empresas se han tenido que retirar ante la resistencia de las
poblaciones afectadas.
Sin embargo, en el contexto de una cultura que es no solo dominante, sino que ha sido reforzada por las políticas de los gobiernos
progresistas, estas luchas están hoy en condiciones de profunda desventaja. Mientras la confianza en el desarrollo siga siendo hegemónica tanto en la derecha como en la izquierda y mientras los impactos

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depredadores del extractivismo sigan estando lejos de los centros metropolitanos que concentran a la mayoría de la población, será difícil
que estas resistencias sean asumidas más ampliamente, sobre todo
por los sectores populares urbanos que han sido beneficiados por las
políticas sociales financiadas por el extractivismo.
Hoy, en el continente, nadie está proponiendo que de un día para
otro se decrete el fin del extractivismo y que a partir de esa fecha no se
extraiga un barril de petróleo, ni una tonelada de mineral de hierro, ni
se siembre una hectárea de soja transgénica. Sí se exige, eso sí, que se
detenga en forma inmediata la expansión de estas actividades. Es urgente ampliar y profundizar los debates y los procesos de experimentación sobre la necesaria transición hacia una economía no-extractivista, no-rentista, más allá de la retórica vacía sobre su necesidad que
suele estar presente en los discursos gubernamentales. ¿Qué medidas
concretas habría que tomar en el presente, en asuntos tan medulares
como el energético, la producción de alimentos, el modelo de transporte o la urbanización, para dar pasos en la dirección de otro patrón
productivo (y un modelo de sociedad) no extractivista, no-rentista?6
¿Cómo crear condiciones favorables para dinámicas de experimentación social sin las cuales no hay transformación democrática posible?
Al no haber iniciado esta transición, los llamados gobiernos progresistas pasarán a la historia como los responsables de haber acelerado los
procesos de destrucción del planeta y de haber contribuido a frustrar
las esperanzas de otro mundo posible.
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