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El régimen de Daniel Ortega ha emprendido una nueva y feroz escalada represiva durante las últimas semanas. Esta vez, el blanco han sido medios de comunicación independientes y organizaciones civiles que defienden los derechos humanos e impulsan diversas reivindicaciones sociales.
La Nación, Costa Rica
Editorial:
Feroz escalada en Nicaragua
Sobre un saldo aterrador, Ortega ataca ahora a las organizaciones y medios independientes. La nueva represión revela su determinación de seguir en el poder a sangre y fuego.
Como si los centenares de asesinatos y encarcelamientos políticos, torturas, exiliados, agredidos, purgados y perseguidos que se acumulan desde el 18 de abril no fueran suficientes, el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una nueva y feroz escalada represiva durante las últimas semanas. Esta vez, el blanco han sido medios de comunicación independientes y organizaciones civiles que defienden los derechos humanos e impulsan diversas reivindicaciones sociales. Pero el objetivo es el mismo: mantenerse en el poder a pesar del abrumador rechazo del pueblo, el colapso económico y el creciente aislamiento internacional; es decir, apuntalar una dictadura carcomida, ilegítima y perversa, no importa el sufrimiento que deban afrontar sus conciudadanos.
La pasada semana, luego de que la Asamblea Nacional, controlada por la camarilla gobernante, retirara la personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG), la Policía del régimen inició una feroz batida en su contra, con allanamientos, secuestro de documentos y equipos, destrucción de bienes y amenazas a sus miembros. Entre las entidades asaltadas por la Policía del régimen, la noche del jueves y la madrugada del viernes, están la Fundación del Río, en San Juan del Sur; el Instituto de Liderazgo de las Segovias, en Nueva Segovia; y, en Managua, la Fundación Popol Na, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
De manera simultánea, la Policía arrasó las oficinas del semanario Confidencial y los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el reconocido periodista independiente Carlos Fernando Chamorro, a pesar de que no existía ninguna orden legal en su contra. Y para hacer más evidente el ensañamiento oficial contra la prensa libre y un profesional particularmente destacado en su ejercicio, al día siguiente, cuando Chamorro y sus colaboradores llegaron a la sede de la Policía Nacional a pedir explicaciones y exigir que se les devolvieran sus documentos y equipos, la respuesta fue un ataque de grupos antimotines, que los expulsaron con violencia.
Las agresiones contra los periodistas han sido parte del guion terrorista y represivo seguido por Ortega y sus secuaces desde que, el 18 de abril, estallaron una serie de manifestaciones populares en su contra. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó, entre el inicio de las protestas y el 18 de octubre (fecha de su más reciente corte), 420 agresiones y amenazas de distinta índole contra 261 periodistas; entre ellas, el cierre de varios medios radiofónicos. La acción contra Chamorro no es sino la más grave de estas acciones, por la prominencia del periodista y sus medios y por la forma tan descarada como se produjo. También hasta mediados de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había documentado 325 muertos por la acción represiva del Estado; a finales de noviembre, la cifra divulgada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) se elevó a 545.
Paulo Abrão, presidente de la CIDH, ha calificado esta nueva oleada como la aceleración de la cuarta fase represiva en Nicaragua, que describió de esta manera: “La consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener la apariencia de legalidad para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”.
Lo anterior implica, por desgracia, mayores limitaciones y menor libertad contra los nicaragüenses, así como un escalamiento de la incertidumbre en el país vecino, con más consecuencias negativas para Costa Rica. A la vez, revela la absoluta ilegitimidad del régimen, la carencia de suficiente base social para mantenerse en el poder por mecanismos civilizados, su incapacidad para gobernar con un mínimo de respeto por la legalidad y la institucionalidad y la total ruptura del precario “contrato” que existía entre Ortega y algunos sectores de poder en Nicaragua. Es decir, el incremento de la represión es resultado de su creciente debilidad. Sin embargo, y por desgracia, esto no quiere decir que esté dispuesto a dejar el poder. Al contrario, cada vez se ha atrincherado más en él, y nos tememos que vendrán tiempos aun peores antes de que se produzca un cambio, que esperamos sea pacífico y garantice tiempos mejores.