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Postales de la revuelta
Hermann Bellinghausen
17 febrero 2019 0
Desinform?monos

Los desplazados: otra vez los Altos de Chiapas

Nuestras verg?enzas sociales son algo m?s que su mera expresi?n estad?stica, pero hay rubros en los que un pa?s como M?xico no deber?a rifar, y lo hace. No s?lo expulsamos del pa?s al mayor n?mero de migrantes y trasterrados en el continente (y segundo lugar mundial despu?s de la India); la otra migraci?n, digamos interna, est? menos cuantificada pues se trata de un fen?meno tan extendido que ya es consustancial a la din?mica poblacional de M?xico. Los campos y suburbios de Sinaloa, Baja California y Puebla, las grandes ciudades, los enclaves industriales, est?n llenos de trabajadores que llegaron de otra parte. Millares de comunidades ind?genas en el centro y sur han visto partir a la mayor?a de sus varones, y pronto familias enteras. Con el tiempo esas migraciones han mostrado tener retornos y nuevas vueltas, pues nada se compara a poseer la tierra, y en M?xico la tierra sigue de manera importante en posesi?n comunal, ejidal y hasta individual de los pueblos originarios y campesinos. Es una de sus cadenas de sobrevivencia m?s poderosas, todav?a. Emiliano Zapata no muri? en vano.

Pero existe un desplazamiento especialmente cruel y doloroso, que en muchas regiones de M?xico se ha vuelto abrumador. Pobremente registrado y atendido por las instituciones estatales y federales, si no fuera por los centros de derechos humanos regionales en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, esta sangr?a interior pasar?a desapercibida.

La Comisi?n Mexicana de Defensa y Promoci?n de los Derechos Humanos (CMDPDH) document? 329 mil 917 personas desplazadas forzozamente a causa de la violencia entre 2006 y 2017. S?lo para Guerrero, datos oficiales de 2018 hablaban de 35 mil desplazados, la mayor parte a causa de las narcobandas que se ense?orean en la Sierra, la Costa Grande y la Monta?a. Solamente las estructuras propias de los puebos, como la Polic?a Comunitaria (CRAC-PC) o las tropas del Ej?rcito Zapatista de Liberaci?n Nacional realizan una defensa efectiva de las comunidades, pero limitada en aras de no escalar los enfrentamientos armados.

En un trazo mucho m?s amplio y grueso de la situaci?n, esta semana la misma CMDPDH plante? en el Senado que, sin haber datos exactos, algunos estudios consideran que podr?a haber hasta ocho millones de desplazados (Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en M?xico). Brenda P?rez expuso los datos m?s relevantes, obtenidos de fuentes oficiales entre 2011 y 2017. Cada a?o hubo un promedio de un mill?n 200 mil personas que cambiaron de domicilio ?la mayor?a dentro de su propio estado? para escapar de la violencia o la delincuencia. M?s de 70 por ciento de las familias afectadas se ubicaron en territorios urbanos de m?s de 100 mil habitantes, donde fueron v?ctimas reiteradas de secuestro, extorsi?n, robos y amenazas. Debemos a?adir las violaciones sexuales como parte del clima de terror.

La CMDPDH registra que casi 40 por ciento de las personas desplazadas en 2011 tuvieron que cambiar de domicilio a pesar de que en su lugar de origen hubo acciones de combate al narcotr?fico, lo cual evidencia que ?los operativos de seguridad para combatir a la delincuencia organizada no necesariamente protegen o aseguran a la poblaci?n?, expres? P?rez. Seg?n las fuentes del informe, 54 por ciento de las v?ctimas de desplazamiento forzado son mujeres, y los estados con mayores ?ndices de expulsi?n, de 2009 a 2014, fueron Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de M?xico, Guerrero y Veracruz (La Jornada 16/2/2019).

Los datos son cambiantes, pantanosos, en una situaci?n flu?da y permanente. Entre quienes dejan el pa?s porque no la est?n haciendo ac?, y los que cambian de domicilio para salvar la vida, rondan los 20 millones de mexicanos exilados en alg?n grado. Pero ese tipo de estimaciones pueden ser paralizantes. Demandan una soluci?n de alcance nacional con especificidad regional bien informada. Los megaproyectos de alto impacto, la persistente militarizaci?n y la actividad criminal incontrolada suman desplazados, casi siempre de abajo. ?C?mo podr? un Estado que promueve el extractivismo, las construcciones industrializadoras, urbanizadoras y depredadoras, detener esta desgracia colectiva, si sus acciones, consultadas o no, abonan al problema, no lo resuelven? Adem?s, la dignidad y la autodeterminaci?n de las comunidades deber?an ir primero.

Denuncia zapatista

Despu?s de cinco a?os de no hacer denuncias p?blicas, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Los Altos, con sede en Oventik, el 31 de enero dio a conocer un informe sobre lo que se est? ?viviendo y sufriendo? en las comunidades tsotsiles de Santa Martha (Chenalh?) y el municipio de Magdalena (Aldama), ambos pertenecientes al municipio aut?nomo (MAREZ) Magdalena de la Paz.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom? de Las Casas (Frayba) report? que desde inicios de 2018 ?por lo menos 13 comunidades de Aldama, entre ellas la cabecera municipal, han sido objetivo de ataques con armas de fuego provenientes de miembros de la comunidad Santa Martha, Chenalh??. En los or?genes del conflicto est? la disputa por 60 hect?reas pertenecientes a Aldama. Sin embargo desde hace varios a?os la esencia del problema no es agraria. ?La administraci?n del conflicto por los gobiernos en turno ha permitido que la violencia escale a una situaci?n intolerable. Actualmente se registran miles de v?ctimas de desplazamiento forzado, adem?s de varios heridos y personas ejecutadas extrajudicialmente?.

El Frayba sostuvo que all? opera un grupo armado de corte paramilitar ?que responde directamente al gobierno municipal de Chenalh?, desde tiempos de la presidenta ?verde? Rosa P?rez, quien reactiv? a este grupo armado con la asesor?a de Agust?n Cruz, originario de la colonia Puebla. Cabe apuntar que actualmente gobierna Chenalh? (otra vez ?verde?, con el PVEM en extra?a alianza a nivel estatal con Morena) Abraham Cruz G?mez, hijo de Agust?n Cruz, y que en el anterior gobierno de Rosa P?rez fue tesorero municipal. Ese grupo armado ?reactivo las acciones violentas y mantiene en terror a la poblaci?n desde 2016, siendo un patr?n de impunidad que se ha prolongado hasta ahora?, expuso el Frayba.

La JBG Coraz?n C?ntrico de los Zapatistas Delante del Mundo y el Frayba coincidieron en que el problema no es nuevo. Se origina en 1977 tras una resoluci?n presidencial de Jos? L?pez Portillo que entregaba 60 hect?reas a la comunidad de Santa Martha (o Manuel Utrilla), las cuales pertenec?an a Santa Mar?a Magdalena (hoy Aldama). ?Despu?s se reconoci??, dice la JBG, ?que los due?os eran los de Aldama y acordaron en convenio en 1977 respetar el derecho de posesi?n de Aldama y las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama, pero los acuerdos no se respetaron y en 1997? (el a?o de la erupci?n paramilitar en esa regi?n, que condujo a la masacre de Acteal) Santa Martha exigi? ?la devoluci?n? de 30 hect?reas. Al a?o siguiente, dentro de la pol?tica de contrainsurgencia desatada desde la presidencia por Ernesto Zedillo, el gobierno de Chiapas, a cargo de infame interino Roberto Albores Guill?n, remunicipaliza los Altos. Aldama, comunidad (en en sentido de un grupo de poblados, un territorio) perteneciente a Chenalh?, queda como nuevo municipio, al igual que Santiago el Pinar (y otros en la regi?n de la selva). La JBG los describe como ?respuesta a la declaraci?n de Municipios Aut?nomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994?.

En 2000, Santa Martha se afilia al Procede (programa del gobierno foxista que buscaba titular predios para volverlos enajenables) y obtiene su plano definitivo incluyendo los terrenos en disputa. En 2008 Santa Martha demanda la devoluci?n de 30 hect?reas en posesi?n de Aldama, y en 2009 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) resuelve la posesi?n a favor de 115 comuneros de Aldama de los parajes San Pedro Cotzilnam, Xuxchen, Tselej Potobtik, Yeton y cabecera municipal. Al recrudecer el conflicto, el gobierno recurri? a su vieja receta: repartir dinero. Al comisariado de bienes comunales de Santa Martha le entreg? un mill?n 300 mil pesos y al comisariado de Bienes Comunales de Aldama, 80 mil pesos y mil pl?ntulas de caf?.

?El conflicto sigui? aumentando porque el mal gobierno no hizo bien su trabajo de deslinde en los terrenos, ni abri? la brecha de los mojones, y con eso sembr? m?s provocaci?n?, describe la JBG. As?, la resoluci?n presidencial de los a?os setenta y la del TUA en 2009 ?son contrarias?. Ahora, Santa Martha gestiona proyectos de agua, luz y carreteras. ?A pesar de que hab?a acuerdo de que los pobladores de Aldama ya no iban a dar servicios, cooperaciones, ni cargos en Santa Martha, las autoridades partidistas les exigen colaboraciones en los trabajos de la comunidad. Con estas acciones se empeora el pleito por la tierra?.

?El mal gobierno? a?ade la JBG, ten?a la intenci?n ?de crear divisi?n y permitir que los campesinos tuvieran libertad, pero libertad de vender sus tierras?. Otro elemento a destacar es que la zona posee atractivos naturales y centros ceremoniales con potencial ecotur?stico. Esta combinaci?n de elementos ?justifica la militarizaci?n?. ?Nos est?n provocando y nos est?n obligando a defendernos?, advierte el gobierno aut?nomo zapatista.

En febrero de 2014, Aldama no autoriz? a Santa Martha el uso del manantial de agua incluido en las 60 hect?reas. Los comuneros de Santa Martha ?desalojaron a las familias que viv?an dentro de las tierras en conflicto?, y ?ste ?empeor?? como resultado de las estrategias de los gobiernos, federal de Enrique Pe?a Nieto, y estatal de Manuel Velasco Coello.

?Estos ataques fueron contra todas las personas sin importar sexo y edades. Han dejado viudas, viudos, hu?rfanos y hu?rfanas, casas y escuelas aut?nomas baleadas, animales dom?sticos muertos y desplazamientos; p?rdida de ma?z, caf?, pl?tano, quemas de ca?a, y da?os a la apicultura. Es claro que las afectaciones del conflicto son de ambos lados. Ya no se puede viajar en carro durante el d?a, solo de noche con las luces apagadas. Y si tienen que trasladar enfermos y sus cargas, tirotean el carro. Se da?o la unidad, la armon?a, las buenas costumbres, los encuentros culturales y religiosos. Son muchas las comunidades afectadas directa e indirectamente porque ya no pueden transitar, trabajar, ni vivir libremente?.

De los enfrentamientos m?s fuertes est? el del 21 y 22 de enero pasado. ?Las r?fagas se escuchan en toda la franja del r?o que sirve de divisi?n entre los pueblos?. Como soluci?n, el gobierno federal el 23 de enero envi? tropas y polic?as para instalar una base de operaciones mixtas (BOM) en la comunidad de Coc?, Aldama. ?El mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban a su guardia nacional les quitar?a sus apoyos econ?micos?.

Los zapatistas encuentran una continuidad. Los gobiernos ?pasados y presentes? son ?responsables de la divisi?n, enfrentamientos, miedo y rompimiento de la vida comunitaria?. S?lo ?aparentaron acuerdos que no se cumplieron, meti?ndole m?s le?a al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades para que se facilite la entrada de los grandes empresarios en los territorios originarios y saquear nuestras riquezas?. Una vez creada esa tensi?n, autoridades de los pueblos partidistas manipulados y presionados, solicitan la presencia militar ?para que la poblaci?n se vaya acostumbrado?. Advierten los zapatistas: ?siempre hemos dicho que la soluci?n no es la militarizaci?n de los pueblos?. Los problemas por supuestas disputas agrarias o por agua, luz, carreteras y escuelas? est?n sucediendo en muchas partes y se van a aumentar cada vez m?s?.

La JBG responsabiliza ?a los tres niveles del mal gobierno?. Ahora se trata de un conflicto grave que ?enfrenta hermanos ind?genas?. Los principales afectados son ni?as, ni?os, mujeres, ancianas y ancianos. ?Los habitantes partidistas y nuestras bases de apoyo zapatistas viven aterrorizados sin poder salir a trabajar para buscar sus alimentos?.

?xodo de no acabar

Carla Zamora Lomel? escribe en Ojarasca de febrero: ?En los ?ltimos dos a?os ha ocurrido el desplazamiento forzado de m?s de ocho mil personas en distintas localidades de los Altos a consecuencia de la violencia por el control territorial de actores con distintos niveles de poder en la regi?n. Lo mismo caciques locales aliados con partidos pol?ticos, que grupos paramilitares cada vez m?s cercanos a las c?lulas de c?rteles de droga dedicados a la siembra y tr?fico de enervantes, todos vinculados y cobijados durante a?os por el paso de distintos funcionarios del gobierno estatal e incluso federal, cuya complicidad por acci?n y omisi?n ha sido evidente desde la Masacre de Acteal en 1997? (http://ojarasca.jornada.com.mx/2019/02/09/exodo-de-nunca-acabar-1117.html)

Destaca que son Chalchihuit?n, Aldama, El Bosque y Chenalh? los municipios donde el Frayba ha documentado las magnitudes de los desplazamientos. La problem?tica conjuga ?procesos de apropiaci?n pol?tico-territorial que incrementan la violencia?, tales como el tr?fico de armas ?en manos de grupos paramilitares jam?s desarticulados?, con la presi?n sobre la propiedad de la tierra y el debilitamiento del tejido comunitario.

A fines de 2017, en los l?mites entre Chalchihuit?n y Chenalh? ocurri? el desplazamiento forzado de m?s de cinco mil personas de once comunidades. El 14 de diciembre de ese a?o, el fallo del TUA por la disputa de 360 hect?reas favoreci? a Chenalh?. En tanto, en otra parte de Chenalh? se extrema el ya citado conflicto entre Santa Martha, Manuel Utrilla y el municipio de Aldama, ?donde desde 2016 la violencia ha alcanzado a los productores que acuden a la cosecha de caf? en sus parcelas?.

El Frayba identific?, tanto en las agresiones armadas ocurridos en Aldama como en Chalchihuit?n, ?un patr?n? de ?corte paramilitar?, y recomend? una investigaci?n urgente y profunda de los grupos armados que operan impunemente en los Altos de Chiapas ?a fin de lograr su identificaci?n, desarme y desarticulaci?n?.

Seg?n el Frayba, ?se actualiza el riesgo? para los pobladores de Aldama. ?Las m?didas de contenci?n de la violencia implementadas por el Estado, como fue la instalaci?n de una BOM con personal militar del lado de Santa Martha, Chenalho, fue insuficientes ya que persitieron los disparos de armas de fuego?. Ahora, pese a la nuevo BOM en Coc?, el 29 de enero se report? la continuidad de disparos en la comunidad de Xuchem. La presencia del Ej?rcito no resuelve el origen de la violencia: ?La poblaci?n de Aldama se encuentra en un estado de terror?. Llevan meses en alerta por el miedo a que una incursi?n armada en cualquier momento.

Los desplazados de Tabak, Coco, San Pedro Cotzilnam y Xuxchen, viven una ?grave situaci?n de vulnerabilidad?, muchos llevan meses de desplazamiento. ?Existen familias que llevan a?os?. El Frayba recalca la responsabilidad del Estado, pues ?gest? incialmente el conflicto cuando, por negligencia?, asign? tierras de unos a otros en Chenalh?, en perjuicio de Aldama y Chalchihuit?n.

En el epicentro de la violencia

La segunda semana de febrero, la Red por la Paz en Chiapas sistematiz? los hechos de violencia m?s relevantes desde diciembre pasado:

21 de diciembre de 2018: En Chalchihuit?n fueron destruidos cuatro campamentos refugio del desplazamiento forzado. ?Familias completas escaparon nuevamente a las monta?as?.

3 de enero de 2019: En Arriaga, zona Itsmo-Costa, fue asesinado el defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comit? Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra.

17 de enero: De madrugada, en Amat?n, zona Norte, se registr? un ataque armado contra de un plant?n pac?fico frente al palacio municipal. Un grupo civil detuvo, tortur? y asesin? a Jos? Santiago G?mez ?lvarez, del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Com?n de Amat?n, y al conocido dirigente No? Jim?nez Pablo del MOCRI?CNPA MN. De estos hechos se derivaron amenazas de muerte contra los p?rrocos de Amat?n y Simojovel, Jos? Dom?nguez Dom?nguez y Marcelo P?rez P?rez.

17 de enero: En La Aurora, Yajal?n, zona Norte Selva, se registr? un enfrentamiento armado donde cuatro pobladores choles de la comunidad perdieron la vida, dos polic?as municipales resultaron heridos y un civil m?s se report? como grave.

20 de enero: En la cabecera de Chil?n, durante la madrugada se registr? un tiroteo entre un grupo de civiles armados y elementos de la polic?a municipal. El saldo fue de dos polic?as heridos, dos civiles muertos y uno m?s arrestado. El Centro de Derechos Ind?genas (CEDIAC) denunci? la militarizaci?n del municipio.

22 de enero: En la comunidad de Coco, Aldama, fueron atacadas con armas de fuego tres personas que se dirig?an de San Pedro Cotzilnam a Xuxch?en, los disparos proven?an de Santa Martha y Manuel Utrilla, Chenalh?. Dos heridos y un muerto.

23 de enero: En Santo Tom?s, Amatenango del Valle, un comando armado asesin? a Estelina L?pez G?mez, defensora comunitaria tseltal de derechos humanos.

Se a?aden los feminicidios. Tan s?lo en enero se registaron cinco feminicidios en Tuxtla Gutierrez, Comit?n, Amatenango del Valle, y San Crist?bal de Las Casas. Cuatro de los cinco ocurrieron en un espacio de tres d?as, del trece al quince de enero.

31 de enero: En la Colonia Benito Ju?rez, San Crist?bal de Las Casas, fue ejecutado un hombre dentro de su veh?culo. All? se ha denunciado a grupos armados y los llamados ?Motonetos? como responsables del clima de inseguridad.

5 de febrero: En el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuac?n fue retenido un grupo de 13 personas acusadas de formar parte de los grupos civiles armados que han asolado esta regi?n. ?Fueron obligados a confesar sus comunidades de origen, la organizaci?n en la que militan y sus nexos con la autoridad municipal?.

La Red de defensores tambi?n registra la violencia denunciada por el EZLN en Los Altos, y concluye: ?Este escenario de violencia y conflictividad confirma que las familias chiapanecas que siempre han mantenido el control econ?mico y pol?tico, s?lo cambiaron de nombres y colores partidistas para mantener intactas las mafias del poder?. En tanto, ?el despojo territorial, buscando un ?rostro amable? y de folclor, sigue despreciando la cosmovisi?n ancestral que hace m?s de cinco siglos vienen defendiendo los pueblos originarios?.

La Red ve ?con seria preocupaci?n? que las autoridades en turno, ?lejos de atender los conflictos de manera integral?, contin?en la estrategia de seguridad militarizada, ?ocupando territorios y controlando la vida civil?. Esto ?adelanta? lo que ser?n las acciones de la Guardia Nacional. Ello ?agravar?a la violencia estructural? en medio de una guerra silenciada por imponer proyectos econ?micos y extractivistas?.