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Negociar en libertad, sin censura, y en las calles

El pueblo autoconvocado no puede negociar la salida del dictador y elecciones anticipadas, bajo c?rcel, represi?n, censura, y persecuci?n

Carlos F. Chamorro
@cefeche
Confidencial
21 de febrero 2019

El s?bado pasado, despu?s de reunirse con representantes del gran capital, teniendo al cardenal Brenes y al nuncio apost?lico como testigos, y bajo la sombra de sus negociaciones secretas con la Administraci?n Trump, el dictador Daniel Ortega reconoci? por primera vez la gravedad de la crisis pol?tica y proclam? la necesidad de un entendimiento nacional. Un d?a despu?s, los empresarios revelaron que el objetivo de ese encuentro hab?a sido crear condiciones para la reanudaci?n de las negociaciones pol?ticas entre la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza C?vica por la Justicia y la Democracia, que fueron interrumpidas en junio del a?o pasado por la brutalidad de la represi?n, el ataque contra los obispos, y la llamada ?operaci?n limpieza?. Finalmente, este jueves Ortega acept? que el pr?ximo mi?rcoles 27 de febrero se reanudar?n las negociaciones con la Alianza C?vica, cuyo objetivo final es acordar reformas pol?ticas para convocar a elecciones anticipadas.

El mero anuncio de que podr?an reinstalarse las negociaciones ha generado expectativas moderadas en una sociedad que anhela paz, justicia y democracia, y ha sido ponderado por la comunidad internacional que est? evaluando si esto significa un cambio en la negativa de Ortega a dialogar, antes de aplicar nuevas sanciones por las graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de este giro sorpresivo que ha oxigenado moment?neamente la imagen del r?gimen, los hechos demuestran que Ortega se est? burlando de la buena voluntad de la Iglesia y los empresarios, y m?s bien se prepara para dialogar arreciando la represi?n contra la poblaci?n.

Mientras promete di?logo, ha impuesto una b?rbara e ilegal condena judicial contra los l?deres campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Luis Pineda Icabalceta, que suma m?s de 500 a?os de c?rcel, as? como la ejecuci?n de nuevas redadas y capturas en el departamento de Carazo, realizadas por el comisionado policial Ram?n Avell?n.

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Con una mano inaugur? una nueva instalaci?n carcelaria para la Direcci?n de Auxilio Judicial, y con la otra aument? los actos de crueldad y tortura contra los presos pol?ticos en las c?rceles de La Modelo y La Esperanza. Las v?ctimas m?s recientes han sido Levis Rugama, Miguel Mora, 50 presos que fueron trasladados a celdas de castigo, y las presas pol?ticas Luc?a Pineda Ubau, Irlanda Jerez, y decenas de presas pol?ticas.

Y para cerrar el c?rculo de terror, se mantiene la censura de facto contra los medios, la persecuci?n contra los periodistas independientes en Nicaragua, y el permanente despliegue policial y paramilitar que le impide a los ciudadanos manifestarse y protestar en libertad.

Si de verdad Ortega estuviera interesado en lograr un entendimiento nacional, debi? haber presentado su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Murillo, despu?s de la matanza, pues est?n pol?tica y moralmente inhabilitados para gobernar; el GIEI ha confirmado que se cometieron cr?menes de lesa humanidad por los que deben ser investigados, para ser sometidos ante la justicia.

Pero si Ortega se reh?sa a renunciar, y el objetivo de este di?logo consiste en negociar los t?rminos de su salida del poder para acordar las reformas pol?ticas que permitan convocar a elecciones anticipadas, entonces es imperativo crear las condiciones para una negociaci?n viable, transparente y en igualdad de condiciones.

Como han planteado el Comit? Pro Libertad de Presas y Presos Pol?ticos y la Asociaci?n Madres de Abril, para que se pueda llevar a cabo una negociaci?n cre?ble, primero tienen que liberarse todos los presos pol?ticos. Su excarcelaci?n no deber?a ser el resultado de una amnist?a, para proteger a los partidarios del r?gimen, sino como consecuencia de la anulaci?n de todos los juicios pol?ticos.

Mientras no se restablezca plenamente el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresi?n, y la libertad de movilizaci?n, el pueblo autoconvocado y los delegados de la Alianza no pueden negociar con una pistola en la sien. El pueblo tiene derecho a salir a las calles sin ser reprimido por la Polic?a y los paramilitares, que deben ser desarmados y desmantelados, y no podr? promover sus demandas pol?ticas en el di?logo, si est? encarcelado, censurado, perseguido y amenazado. Lo verdaderamente importante en esta nueva negociaci?n, por lo tanto, no es que el di?logo ya no ser? ?televisado o multitudinario?, como alega Ortega, sino que se restituya plenamente el derecho ciudadano a marchar y a movilizarse sin represi?n.

Ortega necesita llegar a un entendimiento para evitar el colapso total de la econom?a y la aplicaci?n de nuevas sanciones internacionales, mientras espera el fin de la crisis de la dictadura de Maduro en Venezuela. Pero ?nicamente negociar? su salida del poder y la celebraci?n de elecciones anticipadas, bajo condiciones de m?xima presi?n, cuando de forma simult?nea coincidan la resistencia del pueblo, el m?sculo econ?mico de los empresarios, y la presi?n externa de la OEA, Estados Unidos y la Uni?n Europea.

Solamente con la incidencia de estos tres factores, los partidarios del r?gimen que, por intereses, inercia o temor, todav?a apoyan a Ortega, se atrever?n a facilitar la salida del dictador. Pero para llegar al punto de ese desenlace, la negociaci?n que est?n promoviendo los grandes empresarios, la Iglesia y la comunidad internacional, requiere como condici?n sine qua non un pueblo en libertad, sin censura, y en las calles.