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Las fronteras del neoextractivismo en Am?rica Latina

MARISTELLA SVAMPA

Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias

?ndice

Introducci?n 11
Cap?tulo 1. Neoextractivismo y desarrollo 14
Extractivismo y neoextractivismo 14 El neoextractivismo como ?ventana privilegiada? 17 El neoextractivismo como estilo de desarrollo y modelo socioterritorial 21 Consenso de los Commodities e ilusi?n desarrollista 24
Cap?tulo 2. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoraci?n 31
Fases del neoextractivismo 31 Territorio y nuevos lenguajes de valoraci?n 38 Matrices pol?tico-ideol?gicas y giro ecoterritorial de las luchas 41 Los conflictos socioambientales y sus escalas 45
Cap?tulo 3. Alcances del giro ecoterritorial 54
T?picos del giro ecoterritorial 54 Neoextractivismo y pueblos ind?genas 58 Feminismos populares del sur 64
Cap?tulo 4. Hacia un neoextractivismo de figuras extremas 69
El avance de la violencia extractivista 69 Enclaves y territorialidades criminales 71 La otra cara del patriarcado: extractivismo y cadenas de violencia 76
La expansi?n de las energ?as extremas y nuevos conflictos 78 La ampliaci?n de la geograf?a de la extracci?n 85
Cap?tulo 5. Fin de ciclo y nuevas dependencias 90
China y los marcos de una nueva dependencia 90 El fin del ciclo progresista como lingua franca 95 Los l?mites del progresismo realmente existente 100
Reflexiones finales. Dimensiones de la crisis sist?mica 104
Dimensiones de la crisis: el Antropoceno 104 Antropoceno, cr?tica al neoextractivismo y alternativas 109 Enfoques relacionales y v?as de la interdependencia 115 Las dimensiones de la crisis en Am?rica Latina 119
Bibliograf?a 124
Autora 141

Agradecimientos
Agradezco al Grupo Permanente de Trabajo de Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Fundaci?n Rosa Luxemburgo e integrado principalmente por intelectuales y activistas de Am?rica Latina, entre ellos Alberto Acosta, Edgardo Lander, Miriam Lang, Horacio Machado Ar?oz, Esperanza Mart?nez, Elizabeth Peredo, Emiliano Ter?n Mantovani, Luis Tapia, adem?s de la autora de este trabajo, con quienes venimos debatiendo desde 2010 muchos de los temas que aparecen en este libro. En Argentina, mi agradecimiento especial a Enrique Viale, abogado ambientalista, con quien desde hace a?os compartimos un espacio de reflexi?n y de lucha, ligado a la defensa de la vida y los territorios.

Introducci?n
A principios del siglo xxi las econom?as latinoamericanas se vieron enormemente favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), y comenzaron a vivir una ?poca de crecimiento econ?mico. Esta nueva coyuntura coincidi? con el cambio de ?poca, caracterizado por el cuestionamiento del consenso neoliberal, las intensas movilizaciones sociales y el cuestionamiento de las formas m?s tradicionales de representaci?n pol?tica. Posteriormente, en diversos pa?ses de la regi?n, el ciclo de protesta se vio coronado por la emergencia de gobiernos progresistas, de izquierda o centroizquierda, los que, por encima de sus diferencias, combinaron pol?ticas econ?micas heterodoxas con la ampliaci?n del gasto social y la inclusi?n por el consumo. Arranc? as? el denominado ciclo progresista latinoamericano, que se extendi? al menos hasta 2015-2016. Durante este periodo de rentabilidad extraordinaria, m?s all? de las referencias ideol?gicas, los gobiernos latinoamericanos tendieron a subrayar las ventajas comparativas del boom de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades y asimetr?as econ?micas, sociales, ambientales, territoriales, que tra?a aparejada la exportaci?n de materias primas a gran escala. Con el correr de los a?os, todos los gobiernos latinoamericanos sin excepci?n habilitaron el retorno en fuerza de una visi?n productivista del desarrollo, y buscaron negar o escamotear las discusiones acerca de las implicancias (impactos, consecuencias, da?os) del modelo extractivo exportador. M?s a?n, de modo deliberado multiplicaron los grandes emprendimientos mineros y las megarrepresas, al tiempo que ampliaron la frontera petrolera y
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agraria, esta ?ltima a trav?s de monocultivos como la soja, los biocombustibles y la palma africana. Paulatinamente y ante el desarrollo de los conflictos, un concepto, dotado de dimensiones anal?ticas y con una gran carga movilizadora, comenz? a recorrer la regi?n para caracterizar el fen?meno emergente: neoextractivismo. Cierto es que no se trataba de un hecho completamente novedoso, pues sin duda los or?genes del extractivismo se remontan a la conquista y colonizaci?n de Am?rica Latina por Europa, en los albores del capitalismo. Sin embargo, al calor del nuevo siglo xxi, el fen?meno del extractivismo adquiri? nuevas dimensiones, no s?lo objetivas ?por la cantidad y la escala de los proyectos, los diferentes tipos de actividad, los actores nacionales y transnacionales involucrados?, sino tambi?n de otras subjetivas, a partir de la emergencia de grandes resistencias sociales, que cuestionaron el avance vertiginoso de la frontera de los commodities y fueron elaborando otros lenguajes y narrativas frente al despojo, en defensa de otros valores ?la tierra, el territorio, los bienes comunes, la naturaleza?. Al mismo tiempo, la dimensi?n de disputa y de conflicto introducida por la nueva din?mica de acumulaci?n del capital basada en la presi?n sobre los bienes naturales, las tierras y los territorios, fue generando enfrentamientos entre, por un lado, organizaciones campesino-ind?genas, movimientos socioterritoriales, colectivos ambientales, y, por otro lado, gobiernos y grandes corporaciones econ?micas, lo cual abarc? no s?lo a los reg?menes conservadores y neoliberales, sino tambi?n a aquellos progresistas, que tantas expectativas pol?ticas hab?an despertado. Definido ya como neoextractivismo, la nueva fase introdujo dilemas y fracturas dentro del campo de las organizaciones sociales movilizadas y de las izquierdas, que mostraron los l?mites de los progresismos realmente existentes, visible en su v?nculo con pr?cticas pol?ticas autoritarias e imaginarios hegem?nicos del desarrollo. Hacia 2013, el fin del llamado ?superciclo de los commodities?, lejos de significar un debilitamiento, nos confront? con una profundizaci?n del neoextractivismo en todos los pa?ses. En la actualidad, la consolidaci?n de la ecuaci?n ?a m?s extractivismo menos democracia? aparece ilustrada por la flexibili
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zaci?n de los ya escasos controles ambientales existentes, as? como por el endurecimiento de los contextos de criminalizaci?n y el incremento de los asesinatos a activistas ambientales, en el marco de la disputa por la tierra y el acceso a los bienes naturales. En este texto me propongo hacer una s?ntesis de la expansi?n del neoextractivismo en la regi?n latinoamericana a trav?s de cinco cap?tulos. Para ello, en el primer cap?tulo me abocar? a presentar algunos de los conceptos cr?ticos en relaci?n con esta problem?tica, entre ellos neoextractivismo, Consenso de los Commodities e ilusi?n desarrollista. Para justificar su pertinencia, dar? cuenta del modo en c?mo estos conceptos arrojan luz sobre la crisis actual en sus diversas dimensiones. En el cap?tulo dos abordar? la conflictividad socioambiental, sus diferentes escalas, as? como el nuevo lenguaje de valoraci?n del territorio que se ha ido gestando al comp?s de esas luchas, al que he denominado giro ecoterritorial. En el cap?tulo tres propongo un abordaje de las complejidades que presenta el actual giro ecoterritorial, como tendencia presente en las luchas socioambientales, haciendo hincapi? en los dilemas que atraviesan el reconocimiento de los derechos ind?genas, as? como en la expansi?n de nuevas formas de feminismo popular en la regi?n. En el cap?tulo cuarto me ocupar? de dar cuenta de la nueva fase del neoextractivismo a trav?s de sus figuras extremas: territorialidades criminales, violencia estatal y paraestatal, violencia patriarcal, en fin, expansi?n de las energ?as extremas. El cap?tulo cuatro indaga sobre el contexto geopol?tico y las formas que asume la nueva dependencia en relaci?n con China. Asimismo explora los l?mites del ciclo progresista y propone un balance del mismo, m?s all? de la expansi?n del neoextractivismo. Finalmente, el libro se cierra con una reflexi?n sobre la crisis sist?mica. Para ello retoma el concepto de Antropoceno, un diagn?stico que une la crisis socioecol?gica de alcance planetario con la cr?tica a los modelos de desarrollo vigentes. Al mismo tiempo avanza sobre algunos de los conceptos-horizontes que recorren el an?lisis cr?tico y el lenguaje de los movimientos sociales contrahegem?nicos, tanto en Am?rica Latina como en Europa.
Cap?tulo 1. Neoextractivismo y desarrollo
En este primer cap?tulo presento los conceptos cr?ticos m?s generales que guiar?n el an?lisis a lo largo de este libro, a saber, neoextractivismo, Consenso de los Commodities e ilusi?n desarrollista. Asimismo, propongo establecer las l?neas de continuidad y de ruptura entre extractivismo y neoextractivismo.
Extractivismo y neoextractivismo
El neoextractivismo es una categor?a anal?tica muy productiva nacida en Am?rica Latina que posee una gran potencia descriptiva y explicativa, as? como tambi?n un car?cter denunciativo y un fuerte poder movilizador. Esta aparece a la vez como una categor?a anal?tica y como un concepto de corte fuertemente pol?tico, pues nos ?habla? elocuentemente acerca de las relaciones de poder y las disputas en juego y remite, m?s all? de las asimetr?as realmente existentes, a un conjunto de responsabilidades compartidas y al mismo tiempo diferenciadas entre el norte y el sur global, entre los centros y periferias. Asimismo, en la medida en que alude a patrones de desarrollo insustentables y advierte sobre la profundizaci?n de una l?gica de desposesi?n, tiene la particularidad de iluminar un conjunto de problem?ticas multiescalares, que definen diferentes dimensiones de la crisis actual. Ser?a imposible a esta altura sintetizar los aportes y caracterizaciones debido a la profusi?n de art?culos y libros existentes sobre el tema, lo cual se extiende a la utilizaci?n que los actores afectados y movimien
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tos sociales hacen de la categor?a de neoextractivismo. En esta primera aproximaci?n me interesa dar cuenta de algunas lecturas que apuntan a la pluridimensionalidad y multiescalaridad del fen?meno. As?, por ejemplo, en t?rminos de modelo de acumulaci?n todos los autores reconocen las ra?ces hist?ricas del extractivismo. Para el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ?el extractivismo es una modalidad de acumulaci?n que comenz? a fraguarse masivamente hace 500 a?os? y determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente (Acosta 2012). En esa l?nea, como afirma el argentino Horacio Machado Ar?oz, el extractivismo no es una fase m?s del capitalismo ni un problema de ciertas econom?as subdesarrolladas, sino que constituye ?un rasgo estructural del capitalismo como econom?a-mundo?, ?producto hist?rico-geopol?tico de la diferenciaci?n-jerarquizaci?n originaria entre territorios coloniales y metr?polis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros? (Machado Ar?oz 2013). En sinton?a con esta lectura, el venezolano Emiliano Ter?n Mantovani sostiene que el neoextractivismo puede leerse como un ?particular modo de acumulaci?n?, sobre todo respecto de las econom?as latinoamericanas, ?que puede ser estudiado desde el ?mbito social y territorial que abarca el Estado-naci?n, sin menoscabo de otras escalas de an?lisis territoriales? (Ter?n 2016, 257). Otros trabajos se?eros consideran el extractivismo como un estilo de desarrollo basado en la extracci?n y apropiaci?n de la naturaleza, ?que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserci?n internacional como proveedores de materias primas?. As?, para el uruguayo Eduardo Gudynas, el extractivismo est? referido a un ?modo de apropiaci?n? antes que un modo de producci?n; esto es, ?un tipo de extracci?n de recursos naturales?, que refiere a actividades que remueven grandes vol?menes o alta intensidad de recursos naturales, no procesados (o limitadamente), orientados a la exportaci?n. A lo largo de la historia han existido sucesivas generaciones de extractivismos, destac?ndose en la actualidad los extractivismos de tercera y cuarta generaci?n, caracterizados por el uso intensivo de agua, energ?a y recursos. Asimismo, hay diferencias entre el extractivismo tradicional ?que repli
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can los gobiernos m?s conservadores de la regi?n? y el neoextractivismo progresista, de nuevo tipo, donde el Estado juega un papel m?s activo en la captaci?n del excedente y la redistribuci?n, garantizando de ese modo cierto nivel de legitimaci?n social, aun si por supuesto se repiten los impactos sociales y ambientales negativos (Gudynas 2009 y 2015). Desde mi perspectiva, en coincidencia con muchos de estos an?lisis, la dimensi?n hist?rico-estructural del extractivismo est? vinculada a la invenci?n de Europa y la expansi?n del capital. Asociada a la conquista y el genocidio, el extractivismo en Am?rica Latina es as? de larga data. Desde tiempos de la conquista, los territorios latinoamericanos han sido coto de destrucci?n y de saqueo. Rica en recursos naturales, la regi?n se fue reconfigurando una y otra vez al calor de los sucesivos ciclos econ?micos, impuestos por la l?gica del capital, a trav?s de la expansi?n de las fronteras de las mercanc?as; una reconfiguraci?n que a nivel local conllev? grandes contrastes entre rentabilidad extraordinaria y extrema pobreza, as? como una gran p?rdida de vidas humanas y de degradaci?n de territorios, convertidos en ?reas de sacrificio. Potos?, en Bolivia, marc? el nacimiento de un modo de apropiaci?n de la naturaleza a gran escala y de un modo de acumulaci?n, caracterizado por la exportaci?n de materias primas y por un tipo de inserci?n subordinada en la econom?a mundial. Especializaci?n interna y dependencia externa fueron consolidando lo que el venezolano Fernando Coronil llam? con acierto sociedades exportadoras de naturaleza. La historia del extractivismo en la regi?n no es empero lineal, pues aparece atravesada por los sucesivos ciclos econ?micos, dependientes de las demandas del mercado mundial,1 as? como por los procesos de consolidaci?n del Estado nacional ?sobre todo a mediados del siglo xx?, los cuales permitieron un determinado control de la renta extraordinaria, tanto de la miner?a como del petr?leo.
1 Como bien se?ala el soci?logo boliviano Ren? Zavaletta (2009), dicha rotaci?n puede ser ilustrada por la historia de la econom?a peruana, la cual salt? del ciclo de la plata y pas? sucesivamente por el boom del caucho, el guano, el salitre y nuevamente, en el presente, el auge minero.
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Sin embargo, a comienzos del siglo xxi, el extractivismo se carg? de nuevas dimensiones. En ese contexto, donde es posible registrar continuidades y rupturas, es que el concepto aparece recreado como neoextractivismo. Continuidades porque, al calor de los sucesivos ciclos econ?micos, el adn extractivista con que el capital europeo marc? la memoria larga de la regi?n fue alimentando tambi?n un determinado imaginario social sobre la naturaleza y sus bondades. En consecuencia, el extractivismo fue asociado no s?lo al despojo y el saqueo a gran escala de los bienes naturales, sino tambi?n a las ventajas comparativas y las oportunidades econ?micas que emergieron al comp?s de los diferentes ciclos econ?micos y del rol del Estado. No por casualidad, ante los progresismos reinantes, el neoextractivismo volvi? a instalar con fuerza la ilusi?n desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades brindadas por el nuevo auge de los commodities y m?s a?n del papel activo del Estado, ser?a posible lograr el desarrollo. Rupturas porque la nueva fase de acumulaci?n del capital, caracterizada por la fuerte presi?n sobre los bienes naturales y territorios, m?s todav?a por la expansi?n vertiginosa de la frontera de los commodities, abri? a nuevas disputas pol?ticas, sociales y ecol?gicas, a resistencias sociales impensadas desde el imaginario desarrollista dominante; nuevas brechas de acci?n colectiva que cuestionaron la ilusi?n desarrollista al tiempo que denunciaron la consolidaci?n de un modelo tendencialmente monoproductor, que destruye la biodiversidad, conlleva el acaparamiento de tierras y la destrucci?n de los territorios.
El neoextractivismo como ?ventana privilegiada?
A fin de aprehender lo propio del neoextractivismo contempor?neo, propongo una lectura en dos niveles: una m?s general, que plantea a ?ste como ventana privilegiada para dar cuenta de las dimensiones de la crisis actual, y otra m?s espec?fica, que entiende el neoextractivismo como
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un modelo sociopol?tico-territorial, plausible de ser analizado a escala nacional, regional o local. Tal como entiendo el neoextractivismo, en las versiones forjadas en los ?ltimos quince a?os desde Am?rica Latina, lejos de ser una categor?a plana, constituye un concepto complejo, una ventana privilegiada para leer en sus complejidades y diferentes niveles las m?ltiples crisis que recorren las sociedades contempor?neas. En primer lugar, el neoextractivismo se encuentra en el centro de la acumulaci?n contempor?nea. Efectivamente, como varios autores han se?alado, el aumento del metabolismo social del capital en el marco del capitalismo avanzado exige cada vez m?s para su mantenimiento mayor cantidad de materias primas y energ?as, lo cual se traduce por una mayor presi?n sobre los bienes naturales y territorios. Aunque el intercambio metab?lico entre el ser humano y la naturaleza es un tema que atraviesa de modo marginal los escritos de Marx,2 ?ste aparece desarrollado por varios representantes del marxismo cr?tico (y ecol?gico) en ?pocas m?s recientes. Tanto J. O?Connor (2001) como J. Bellamy Foster (2000) subrayan los costos de los elementos naturales que intervienen en el capital constante y variable, la renta de la tierra y las externalidades negativas de toda clase. Mientras que Bellamy Foster habla de ?la fractura metab?lica?, O?Connor denomina a este proceso ?la segunda contradicci?n del capitalismo?, se?alando que ?no hay t?rmino ?nico que tenga la misma interpretaci?n te?rica que la tasa de explotaci?n tiene en la primera contradicci?n? (capital/trabajo). Asimismo, ambos autores destacan la apropiaci?n y uso autodestructivo por parte del capital de la fuerza de trabajo, la infraestructura, el espacio urbano, la naturaleza o el ambiente.3
2 Como se?ala en sus escritos Michael Lowy (2011), esta perspectiva cr?tica ligada al intercambio metab?lico entre el ser humano y la naturaleza (que da lugar a la crisis ecol?gica), se disocia de la vertiente productivista del marxismo predominante en el siglo xx. V?ase para el tema Sacher (2016) y tambi?n Delgado (2016). 3 En esta l?nea, ya en los a?os setenta, autores marxistas como Henry Lefr?vre subrayaban la necesidad de ampliar las lecturas sobre la din?mica del capital. As?, frente a la dial?ctica ?osificada del capital y el trabajo?, el soci?logo franc?s hac?a apelaci?n a una dial?ctica del capital, del trabajo y del suelo, no solamente referida a los poderes de la naturaleza, sino de los agentes asociados a ella, incluidos el Estado, que ejerce soberan?a sobre un territorio nacional. Citado en Coronil (2002).

Una lectura complementaria con la llamada ?segunda contradicci?n del capitalismo? es la ofrecida por el ge?grafo D. Harvey (2004), que coloca en el centro el proceso de acumulaci?n primitiva del capital, analizada por Marx en El Capital, esto es, la expropiaci?n y despojo de la tierra al campesinado, a quienes se arroja como proletarios al mercado de trabajo. La actualizaci?n de dicha interpretaci?n, sumamente citada en la bibliograf?a latinoamericana, destaca la importancia de la din?mica de desposesi?n en la etapa actual, que avanza sobre bienes, personas y territorios. Dicha lectura reconoce un antecedente importante en la obra de Rosa Luxemburgo, quien a principios del siglo xx observaba el car?cter continuo ?y no asociado de modo exclusivo a los or?genes del capitalismo? de la ?acumulaci?n originaria primitiva?. En segundo lugar, el neoextractivismo nos ilumina sobre la crisis del proyecto de modernidad, y de modo m?s general sobre la actual crisis socioecol?gica. Ciertamente, la inminencia de que estamos asistiendo a grandes cambios antropog?nicos y sociog?nicos a escala planetaria, que ponen en peligro la vida en el planeta (Antropoceno), se ha venido traduciendo por un cuestionamiento de las actuales din?micas de desarrollo, ligadas a la expansi?n ilimitada de la frontera de mercantilizaci?n, as? como al cuestionamiento de la visi?n dualista dominante, asociada a la modernidad. En consecuencia, es posible establecer una relaci?n entre neoextractivismo (como din?mica de desarrollo dominante) y Antropoceno (como cr?tica a un determinado modelo de modernidad), a la hora de examinar sus consecuencias a escala planetaria. La crisis ecol?gica aparece as? intr?nsecamente ligada a la crisis de la modernidad. Parafraseando a Arturo Escobar (2005), nos advierte sobre la necesidad de pensar alternativas a la modernidad, otros paradigmas que recoloquen en el centro la reproducci?n de la vida y apunten a la recreaci?n del v?nculo entre lo humano y lo no humano, desde un visi?n relacional, no dualista. En tercer lugar, el neoextractivismo tambi?n nos conecta con la crisis econ?mica global, en la medida en que el actual modelo de acumulaci?n aparece asociado a las reformas llevadas a cabo por el capitalismo neoliberal y financiero, desde los a?os noventa en adelante, profundiza
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das a partir de la crisis financiera del a?o 2008. Por un lado, lo financiero cumple un rol fundamental en las operaciones de extracci?n de materias primas, as? como en la organizaci?n de la log?stica de su circulaci?n (Gago y Mezzadra 2015); por supuesto, tambi?n en la determinaci?n de alzas y bajas de los precios de los commodities en las bolsas internacionales. Por otro lado, la crisis acentu? las desigualdades sociales, a partir de una pol?tica de ajuste econ?mico que se extendi? en los pa?ses centrales e hizo m?s atractivos modelos econ?micos que mercantilizan con mayor intensidad la naturaleza, como alternativa para combatir la recesi?n. De esta forma, desde los pa?ses centrales se est? impulsando el llamado modelo econom?a verde con inclusi?n, que extiende el formato financiero del mercado del carbono hacia otros elementos de la naturaleza, como por ejemplo el aire, el agua, o procesos y funciones de la naturaleza (Svampa y Viale 2014). En cuarto lugar, el neoextractivismo es una ventana privilegiada que nos permite realizar una lectura en t?rminos geopol?ticos, a partir del declive relativo de los Estados Unidos y el ascenso de China como potencia global. Esta situaci?n de transici?n hegem?nica es interpretada como el ingreso a un periodo caracterizado por policentrismo conflictivo y la pluralidad en t?rminos culturales-civilizacionales, cuyas consecuencias todav?a est?n por definirse. Desde las periferias globalizadas, tanto en Am?rica Latina y ?frica como en ciertas regiones de Asia, la transici?n hegem?nica trajo como correlato la intensificaci?n de las exportaciones de materias primas, lo cual es visible en la consolidaci?n de v?nculos econ?micos y socioecol?gicos cada vez m?s desiguales, sobre todo con la Rep?blica de China. Dicho de otro modo, en el actual contexto geopol?tico, que se?ala al gran pa?s asi?tico como nueva potencia, el neoextractivismo nos permite leer el proceso de reconfiguraci?n global, que desde las periferias se va traduciendo por la expansi?n de las fronteras de los commodities y una reprimarizaci?n vertiginosa de las econom?as. Last but not least, el neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en t?rminos de crisis de la democracia, esto es, de la relaci?n entre r?gimen pol?tico, democracia y respeto de los derechos humanos. Ciertamente, la asociaci?n entre neoextractivismo y tras
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tocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho indiscutible: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado, o aun con ella, la tendencia marca la manipulaci?n de las formas de participaci?n popular, con el objeto de controlar las decisiones colectivas. Por otro lado, el aumento de la violencia estatal y paraestatal abre la pregunta sobre los v?nculos siempre tensos entre extractivismos y derechos humanos. La ecuaci?n perversa entre ?m?s extractivismo, menos democracia? (Svampa 2016), muestra el peligroso desliz hacia el cierre pol?tico, vista la creciente criminalizaci?n de las protestas socioambientales y el incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, muy particularmente en Am?rica Latina. En suma, el extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un modo de apropiaci?n de la naturaleza, un patr?n de acumulaci?n colonial, asociado al nacimiento del capitalismo moderno. Sin embargo, su actualizaci?n, en el siglo xxi, trae aparejada nuevas dimensiones a diferentes niveles: globales (transici?n hegem?nica, expansi?n de la frontera de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables, crisis socioecol?gica de alcance planetario), regionales y nacionales (relaci?n entre el modelo extractivo-exportador, el Estado-naci?n y la captaci?n de renta extraordinaria), territoriales (ocupaci?n intensiva del territorio, luchas ecoterritoriales con participaci?n de diferentes actores colectivos), en fin, pol?ticas (emergencia de una nueva gram?tica pol?tica contestataria, aumento de la violencia estatal y paraestatal).
El neoextractivismo como estilo de desarrollo y modelo socioterritorial
El neoextractivismo contempor?neo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotaci?n de bienes naturales, cada vez m?s escasos, en gran parte no renovables, as? como en la expansi?n de las fronteras de explotaci?n hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se ca
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racteriza por la orientaci?n a la exportaci?n de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petr?leo), metales y minerales (cobre, oro, plata, esta?o, bauxita, zinc, entre otros), as? como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, ca?a de az?car). Definido de este modo, el neoextractivismo designa algo m?s que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminer?a a cielo abierto, la expansi?n de la frontera petrolera y energ?tica, la construcci?n de grandes represas hidroel?ctricas y otras obras de infraestructura ?hidrov?as, puertos, corredores bioce?nicos, entre otros?, hasta la expansi?n de diferentes formas de monocultivos o monoproducci?n, a trav?s de la generalizaci?n del modelo de agronegocios, la sobreexplotaci?n pesquera o los monocultivos forestales. En esta l?nea, el neoextractivismo es tambi?n un modelo sociopol?tico-territorial, plausible de ser analizado a escala nacional, regional o local. Por ejemplo, la expansi?n de la frontera sojera conllev? una reconfiguraci?n del mundo rural en varios pa?ses de Am?rica del Sur:
S?lo entre 2000 y 2014 las plantaciones de soja en Am?rica del Sur se ampliaron en 29 millones de hect?reas, comparable al tama?o de Ecuador. Brasil y Argentina concentran cerca del 90% de la producci?n regional, si bien la expansi?n m?s r?pida se ha producido en Uruguay, y Paraguay es el pa?s donde la soja ocupa mayor superficie en relaci?n al resto de cultivos: un 67% del ?rea agr?cola total (Oxfam 2016, 30).
Otro rasgo mayor del neoextractivismo es el gigantismo o la gran escala de los emprendimientos, la cual nos advierte tambi?n sobre la envergadura de las inversiones, pues se trata de megaemprendimientos capital-intensivos, antes que trabajo-intensivos. Esto hace referencia al car?cter de los actores intervinientes ?en general, grandes corporaciones transnacionales?, aunque por supuesto no est?n excluidas las llamadas translatinas, esto es, megaempresas nacionales como Petr?leo Brasileiro (Petrobras), Petr?leos de Venezuela (Pdvsa) y aun la argentina Yacimientos Petrol?feros Fiscales (ypf), entre otras. Al mismo tiempo, esto nos advierte sobre una variable importante de los megaproyectos; la escasa generaci?n de
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empleos directos (cuyo m?ximo se alcanza en la etapa de construcci?n del emprendimiento). Por ejemplo, para el caso de la miner?a a gran escala, por cada mill?n de d?lares invertido se crean apenas entre 0.5 y 2 empleos directos (Colectivo Voces de Alerta, 2011). En Per?, pa?s por excelencia de la megaminer?a transnacional, ?sta ocupa apenas 2% de la poblaci?n econ?micamente activa (pea), contra 23% de la agricultura, 16% en comercio y casi 10% en manufacturas (Lang y Mokrani 2012). Asimismo, el neoextractivismo presenta una determinada din?mica territorial cuya tendencia es la ocupaci?n intensiva del territorio y el acaparamiento de tierras, a trav?s de formas ligadas al monocultivo o monoproducci?n, una de cuyas consecuencias es el desplazamiento de otras formas de producci?n (econom?as locales/regionales), as? como de poblaciones. En esta l?nea, a inicios del siglo xxi, el neoextractivismo redefini? la disputa por la tierra, lo cual enfrenta de modo asim?trico poblaciones pobres y vulnerables, con grandes actores econ?micos, interesados en implementar cultivos transg?nicos ligados a la soja, la palma de aceite, la ca?a de az?car, entre otros. De acuerdo con el informe de Oxfam (con datos de los censos agropecuarios de 15 pa?ses), ?en conjunto en la regi?n, el 1% de las fincas de mayor tama?o concentra m?s de la mitad de la superficie agr?cola. Dicho de otro modo, el 1% de las fincas acapara m?s tierra que el 99% restante?. Colombia es el pa?s m?s desigual en el reparto de la tierra, donde 0.4% de las explotaciones agropecuarias domina 68% de la tierra del pa?s, le sigue Per? donde 77% de las fincas est? en manos de 1%, luego Chile (74%), Paraguay (71%), Bolivia donde 1% maneja 66% de las fincas, M?xico con 56%, Brasil con 44% del territorio agr?cola para 1% de las fincas. En Argentina, 36% est? en manos de latifundistas y pools de siembra.4 Para Gian Carlo Delgado,
el despojo de tierras debe considerarse la apropiaci?n de aquellas destinadas a 1) monocultivos, incluyendo los denominados ?comod?n?
4 Los datos de Oxfam (2016) se dieron a conocer en noviembre de 2016. Se aclara que ?stos se refieren a las explotaciones y no a las personas; por ende, no contabiliza campesinos sin tierra y aportan muy poca informaci?n sobre la propiedad colectiva (para los casos de Bolivia, Colombia y Per?). V?ase tambi?n Aranda (2017).
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o flex (alimentos/bioenerg?a/insumos de producci?n; por ejemplo, ma?z, ca?a, palma africana), y la producci?n de insumos no alimenticios tales como la celulosa; 2) el acceso, gesti?n y usufructo de recursos como los minerales energ?ticos y no-energ?ticos, as? como 3) de agua potable (o blue grabbing); y para 4) la conservaci?n o la denominada apropiaci?n verde de las tierras o green grabbing, que incluye desde la conformaci?n de ?reas protegidas de tipo privado, hasta la instauraci?n de proyectos de mitigaci?n del cambio clim?tico como los denominados redd+ (proyectos de reducci?n de emisiones por deforestaci?n y degradaci?n + de conservaci?n) (Delgado 2016, 54).
Consenso de los Commodities e ilusi?n desarrollista
En Am?rica Latina el neoextractivismo se expandi? en un contexto de cambio de ?poca, marcado por el pasaje del Consenso de Washington, asociado a la valorizaci?n financiera y el ajuste estructural, al Consenso de los Commodities basado en la exportaci?n a gran escala de bienes primarios, el crecimiento econ?mico y la expansi?n del consumo (Svampa 2013). Efectivamente, a diferencia de los a?os noventa, a partir del a?o 2000-2003 las econom?as latinoamericanas fueron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), todo lo cual se vio reflejado en las balanzas comerciales y el super?vit fiscal. El hecho no puede ser desestimado, sobre todo luego del largo periodo de estancamiento y regresi?n econ?mica de las d?cadas anteriores, particularmente el periodo abiertamente neoliberal (los noventa). En esta coyuntura econ?mica favorable ?al menos hasta 2013?, los gobiernos latinoamericanos tendieron a subrayar las ventajas comparativas del auge de los commodities, negando o minimizando las nuevas desigualdades y asimetr?as socioambientales, que tra?a aparejada la consolidaci?n de un modelo de desarrollo basado en la exportaci?n de materias primas a gran escala. En esa l?nea, todos los gobiernos la
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tinoamericanos, m?s all? del signo ideol?gico, habilitaron el retorno en fuerza de una visi?n productivista del desarrollo lo que, junto con la ilusi?n desarrollista, conllev? la negaci?n y escamoteo de las discusiones de fondo acerca de los impactos sociales, ambientales, territoriales, pol?ticos, del neoextractivismo, as? como la desvalorizaci?n de las movilizaciones y protestas socioambientales emergentes. En t?rminos de consecuencias, el Consenso de los Commodities fue caracteriz?ndose por una din?mica compleja, vertiginosa y de car?cter recursivo, que debe ser le?da desde una perspectiva m?ltiple. As?, desde el punto de vista econ?mico, se fue traduciendo por una nueva tendencia a la reprimarizaci?n de la econom?a, visible en la reorientaci?n hacia actividades primario extractivas, con escaso valor agregado. Dicho ?efecto de reprimarizaci?n? fue agravado por el ingreso de China, potencia que de modo acelerado ir? imponi?ndose como socio desigual en el conjunto de la regi?n latinoamericana. En 2014, en los pa?ses del Mercosur, las exportaciones de bienes primarios se situaban entre 65% (Brasil) y 90% (Paraguay) (Cepal 2015).5 Incluso un pa?s como Brasil, que cuenta con una econom?a diversificada, sufri? por esta raz?n lo que el economista franc?s Pierre Salama (2011) caracteriz? como un fen?meno de ?desindustrializaci?n temprana?. El Consenso de los Commodities puede leerse tanto en t?rminos de rupturas como de continuidades en relaci?n con el anterior periodo del Consenso de Washington. Ruptura porque existen elementos importantes de diferenciaci?n respecto de los a?os noventa, asociados al Consenso de Washington, cuya agenda estaba basada en una pol?tica de ajustes y pri
5 Seg?n J. Burchardt, habr?a que distinguir tres din?micas regionales en el contexto de expansi?n de las econom?as extractivas en Am?rica Latina. Por un lado, est?n aquellos pa?ses que se destacan por la tendencia a la monoproducci?n a trav?s de la exportaci?n de materias primas, como Ecuador y Venezuela (petr?leo), Per? y Chile (miner?a), y Bolivia (gas). Por otro lado, est?n aquellos pa?ses que cuentan con una econom?a diversificada, pero que efectivamente han incrementado los sectores extractivos, como es el caso de Brasil con la miner?a, la soja y ahora el petr?leo a trav?s del presal. Finalmente, est?n los pa?ses de Am?rica Central y M?xico, que durante la primera fase del Consenso de los Commodities no hab?an apostado completamente al extractivismo, pero avanzan claramente en esa direcci?n (Burchardt 2016, 63).
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vatizaciones, as? como en la valorizaci?n financiera, lo cual termin? por redefinir al Estado como un agente metarregulador. Asimismo, el neoliberalismo oper? una suerte de homogeneizaci?n pol?tica en la regi?n, marcada por la identificaci?n o fuerte cercan?a con las recetas del Banco Mundial. A diferencia de ello, el Consenso de los Commodities puso en el centro la implementaci?n masiva de proyectos extractivos orientados a la exportaci?n, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal en su versi?n ortodoxa, con aquellos otros gobiernos que contin?an profundizando una matriz pol?tica conservadora en el marco del neoliberalismo. Ciertamente, en la visi?n progresista, el Consenso de los Commodities aparece asociado a la acci?n del Estado, as? como a una bater?a de pol?ticas econ?micas y sociales dirigidas a los sectores m?s vulnerables, cuya base fue la renta extraordinaria asociada al modelo extractivo-exportador. En el nuevo contexto, se recuperaron ciertas herramientas y capacidades institucionales del Estado, el cual volvi? a erigirse en un actor regulador y, en ciertos casos, en un agente de redistribuci?n. Sin embargo, en el marco de las teor?as de la gobernanza mundial, que apuntan a una institucionalidad basada en marcos supranacionales, la tendencia no es precisamente a que el Estado nacional devenga un megaactor, o que su intervenci?n garantice cambios de fondo. Al contrario, la hip?tesis de m?xima apunta al retorno de un Estado moderadamente regulador, capaz de instalarse en un espacio de geometr?a variable, esto es, en un esquema multiactoral, de complejizaci?n de la sociedad civil, ilustrada por movimientos sociales, organizaci?n no gubernamental (ong) y otros actores, pero en estrecha asociaci?n con los capitales multinacionales, cuyo peso en las econom?as latinoamericanas lejos de retroceder, aument? de modo importante. De este modo, aunque el planteo progresista haya sido heterodoxo y se haya apartado del neoliberalismo en cuanto al rol orientador del Estado, como se?ala el economista argentino Mariano Feliz, ?ste estuvo lejos de cuestionar la hegemon?a del capital trasnacional en la econom?a perif?rica (Feliz 2012, 24-27). Esta realidad coloc? l?mites claros a la acci?n del Estado nacional as? como
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un umbral inexorable a la propia demanda de democratizaci?n de las decisiones colectivas, provenientes de las comunidades y poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos. Por otro lado, hay que se?alar que en Am?rica Latina, gran parte de las izquierdas y del progresismo populista contin?an sosteniendo una visi?n productivista del desarrollo,6 la cual se nutre de una tendencia a privilegiar de manera exclusiva una lectura del conflicto social en t?rminos de oposici?n entre capital y trabajo, minimizando o colocando escasa atenci?n a las relaciones capital-naturaleza, as? como en las nuevas luchas sociales concentradas en la defensa del territorio y los bienes comunes. En ese contexto, sobre todo al principio del ciclo progresista, la din?mica de desposesi?n tendi? a convertirse en un punto ciego, no conceptualizable. Como consecuencia de ello, las problem?ticas socioambientales fueron consideradas como una preocupaci?n secundaria, o lisa y llanamente cuestiones sacrificables, en vistas de los problemas estructurales de pobreza y exclusi?n de las sociedades latinoamericanas. As?, pese a que en las ?ltimas d?cadas las izquierdas y los populismos latinoamericanos llevaron a cabo un proceso de revalorizaci?n de la matriz comunitario-ind?gena, gran parte de las mismas contin?an adhiriendo a una visi?n productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculadas con la ideolog?a hegem?nica del progreso, asentada en la confianza en la expansi?n de las fuerzas productivas. En consecuencia, los gobiernos progresistas buscaron justificar el neoextractivismo afirmando que ?ste es la v?a que permite generar divisas al Estado, luego reorientadas a la redistribuci?n del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real deber?a ser analizado caso por caso, y seg?n diferentes fases o momentos, buscaba oponer de modo
6 El productivismo se basa en la idea del crecimiento indefinido e implica un no reconocimiento de los l?mites de sostenibilidad del planeta. Una excelente definici?n es aportada por Joaquim Sempere, quien utiliza ?el t?rmino ?productivismo? para designar cualquier metabolismo social que no respete los l?mites de la sostenibilidad ecol?gica porque considera que la especie humana puede permitirse explotar a voluntad y sin l?mites los recursos naturales? (Sempere 2015).
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simplista la cuesti?n social (la redistribuci?n, las pol?ticas sociales) con la problem?tica ambiental (la preservaci?n de los bienes comunes, el cuidado del territorio), al tiempo que dejaba afuera discusiones complejas y fundamentales sobre el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y la democracia. En realidad, en nombre de las ?ventajas comparativas?, los gobiernos latinoamericanos buscaron promover un modelo de inclusi?n asociado al consumo, en clave plebeya-progresista, negando incluso su car?cter cortoplacista. Dicho acoplamiento transitorio entre avance del Estado, crecimiento econ?mico y modelo de ciudadano consumidor fue la condici?n de posibilidad del ?xito electoral y de permanencia en el poder de los diferentes gobiernos (por la v?a de la reelecci?n). M?s simple, la confirmaci?n de Am?rica Latina como una econom?a adaptativa respecto de los diferentes ciclos de acumulaci?n, y por ende la aceptaci?n del lugar que ?sta ocupa en la divisi?n global del trabajo, constituye uno de los n?cleos duros que atraviesan sin soluci?n de continuidad el Consenso de Washington y el Consenso de los Commodities, m?s all? de que los gobiernos progresistas hayan enfatizado una ret?rica que reivindicaba la autonom?a econ?mica y la soberan?a nacional, y postularan la construcci?n de un espacio latinoamericano. Por ?ltimo, el modelo de desarrollo no s?lo se fue apoyando en una visi?n instrumental y productivista, tambi?n implic? la actualizaci?n de imaginarios sociales ligados a la (hist?rica) abundancia de los recursos naturales (la visi?n eldoradista del continente). En algunos pa?ses, este imaginario aparec?a conectado con la experiencia de la crisis, esto es, con el legado excluyente de los noventa, que produjo el aumento de las desigualdades y la pobreza. Por ejemplo, el final de ?la larga noche neoliberal?, en la expresi?n del expresidente ecuatoriano R. Correa, ten?a un correlato pol?tico y econ?mico, vinculado a la gran crisis de los primeros a?os del siglo xxi (desempleo, reducci?n de oportunidades, migraci?n, inestabilidad pol?tica). Este t?pico apareci?n tambi?n de manera recurrente en el discurso de N?stor y Cristina Fern?ndez de Kirchner en Argentina sobre ?el pa?s normal?, para contraponer los indicadores econ?micos y sociales de sus respectivos gobiernos con los a?os neoliberales (los noventa, bajo el ciclo neoliberal de C. Menem) y, sobre todo,
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con aquellos de la gran crisis que sacudi? a ese pa?s en 2001-2002 con el final de la convertibilidad entre el peso y el d?lar. As?, en el marco de una nueva fase de expansi?n de las fronteras del capital, Am?rica Latina retom? este mito fundante y primigenio, alimentando una suerte de pensamiento m?gico (Zavaletta 2009), lo que hemos denominado ilusi?n desarrollista, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades econ?micas (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, proveniente sobre todo desde China), ser?a posible acortar r?pidamente la distancia con los pa?ses industrializados, a fin de alcanzar aquel desarrollo siempre prometido y nunca realizado de nuestras sociedades. Sea en el lenguaje crudo de la desposesi?n (perspectiva liberal) como en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado (perspectiva progresista), los modelos de desarrollo vigente, basados en paradigma extractivista, reactualizaron el imaginario eldoradista que recorre la historia del continente. En consecuencia, el escenario latinoamericano fue mostrando no s?lo un acoplamiento entre neoextractivismo, ilusi?n desarrollista y neoliberalismo, expresado de manera paradigm?tica por los casos de Per?, Colombia o M?xico, sino tambi?n entre neoextractivismo, ilusi?n desarrollista y gobiernos progresistas, lo cual trajo como consecuencia la complejizaci?n de la relaci?n entre ?stos y los movimientos ind?genas y socioambientales. Aquellos escenarios latinoamericanos m?s parad?jicos del Consenso de los Commodities durante el apogeo del ciclo progresista fueron Bolivia y Ecuador. El tema no es menor, dado que fueron estos pa?ses, en el marco de fuertes procesos participativos, donde nacieron nuevos conceptos-horizontes como el de Estado plurinacional, autonom?as, buen vivir y derechos de la naturaleza, tal como aparece reflejado en las nuevas constituciones sancionadas. Sin embargo, con la consolidaci?n de dichos reg?menes, otras cuestiones fueron cobrando importancia, vinculadas a la exportaci?n de materias primas y su relaci?n con el crecimiento econ?mico. Tal como lo entiendo, el Consenso de los Commodities tiene tambi?n una carga pol?tico-ideol?gica, pues alude a la idea de que existir?a un acuerdo ?t?cito o expl?cito? acerca del car?cter irresistible de la actual din?mica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes
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primarios. Tal como suced?a en los a?os dorados del neoliberalismo, en los ochenta y noventa, cuando el discurso dominante afirmaba que no hab?a alternativa al neoliberalismo, a partir del a?o 2000 las ?lites pol?ticas de la regi?n (progresistas y conservadoras) sostuvieron que no existe alternativa al extractivismo, lo cual apuntaba a poner l?mites a las resistencias colectivas sobre la base de la ?sensatez y razonabilidad? que ofrecer?an las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que instalaba un nuevo umbral hist?rico-comprensivo respecto de la producci?n de alternativas. Como sostiene Mirta Antonelli, ?la imposici?n de un ?nico relato y con ?l un ?nico mundo posible?, busca controlar y neutralizar l?gicas que proveen ?otros argumentos, otras razones, otras memorias y sentires, otros proyectos societales? (Antonelli 2011, 11). En consecuencia, todo discurso cr?tico u oposici?n radical se inserta en el campo de la irracionalidad, la antimodernidad, la negaci?n del progreso, del pachamamismo, del ecologismo infantil, cuando no de un ambientalismo colonial, impulsado siempre por algunas ong o agentes extranjeros. As?, a diferencia de los noventa, cuando el continente aparec?a reformateado de manera unidireccional por el modelo neoliberal, el nuevo siglo vino signado por un conjunto de tensiones y contradicciones de dif?cil procesamiento. El pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instal? nuevas problem?ticas y paradojas que reconfiguraron incluso el horizonte del pensamiento cr?tico latinoamericano y el conjunto de las izquierdas. En suma, por encima de las diferencias que es posible establecer en t?rminos pol?tico-ideol?gicos y los matices que podamos hallar, el escenario latinoamericano muestra la consolidaci?n de un modelo de apropiaci?n y explotaci?n de los bienes comunes, que avanza sobre las poblaciones a partir de una l?gica vertical (de arriba hacia abajo), colocando en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa e inaugurando un nuevo ciclo de criminalizaci?n y violaci?n de los derechos humanos.
Cap?tulo 2. Conflictos socioambientales y lenguajes de valoraci?n
En este cap?tulo se abordar? la conflictividad socioambiental en sus diferentes escalas. En primer lugar, en una propuesta que busca historizar y dar cuenta de las din?micas recursivas de las luchas, se analizan diferentes fases del neoextractivismo. Al mismo tiempo, me detengo sobre las caracter?sticas del nuevo lenguaje de valoraci?n del territorio que se ha ido gestando al comp?s de esas luchas, al que he denominado giro ecoterritorial, tema que ser? profundizado posteriormente en el pr?ximo cap?tulo.
Fases del neoextractivismo
Una de las consecuencias de la actual inflexi?n extractivista es la explosi?n de conflictos socioambientales, visible en la potenciaci?n de las luchas ancestrales por la tierra, protagonizadas por movimientos ind?genas y campesinos, as? como en el surgimiento de nuevas formas de movilizaci?n y participaci?n ciudadana, centradas en la defensa de lo com?n, la biodiversidad y el ambiente. Dadas sus caracter?sticas (fragmentaci?n social, desplazamientos de otras formas de econom?a, verticalidad de las decisiones, fuerte impacto sobre los ecosistemas), antes que su consecuencia, la conflictividad puede ser vista como inherente al neoextractivismo, aun si esto no se traduce en todos los casos por la emergencia de resistencias sociales. Entiendo por conflictos socioambientales aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte
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de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetr?a de poder.7 Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente. En ciertos casos, en la medida en que los m?ltiples megaproyectos tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, los conflictos terminan por establecer una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y, de manera m?s general, reivindican otras formas de la democracia, ligadas a la democracia participativa y directa. Con los a?os, y al calor de las nuevas modalidades de expansi?n de la frontera del capital, los conflictos tambi?n se fueron multiplicando, al tiempo que las resistencias sociales se hicieron m?s activas y organizadas. En funci?n de ello, propongo distinguir tres fases del neoextractivismo. La primera es la fase de positividad, desarrollada entre 2003 y 20082010. Ciertamente, al comienzo del cambio de ?poca y al calor del boom del precio de los commodities, el giro extractivista fue le?do en t?rminos de ventajas comparativas como un ?nuevo desarrollismo? m?s all? de las diferencias entre gobiernos progresistas o conservadores. Destaco el hecho de que se trat? de una fase de positividad, pues el aumento del gasto social y su impacto en la reducci?n de la pobreza, el creciente rol del Estado y la ampliaci?n de la participaci?n de lo popular generaron grandes expectativas pol?ticas en la sociedad, sobre todo luego de haber transitado sucesivas crisis y d?cadas de estancamiento econ?mico y ajuste neoliberal. No hay que olvidar que entre 2002 y 2011, en la regi?n la pobreza descendi? de 44% a 31.4%, mientras que la pobreza extrema baj? de 19.4% a 12.3% (Cepal 2012). La mayor?a de los pa?ses extendi? la bater?a de planes sociales, la cual alcanzar?a 19% de la poblaci?n (Cepal 2013), esto es, unas ciento veinte millones de personas bajo planes. Por otro lado, esta primera fase de neoextractivismo se caracteriz? por una suerte de expansi?n de las fronteras del derecho, visibles en la constitucionalizaci?n de nuevos derechos (individuales y colectivos). La narrativa estatalista coexist?a, con sus articulaciones y tensiones, con la
7 Retomo la definici?n de Fontaine (2003), a la que agrego la referencia al car?cter asim?trico de las luchas.
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narrativa indigenista y ecologista, tal como suced?a en Bolivia y Ecuador, m?s all? la hegemon?a creciente de la matriz estatal-populista y su articulaci?n con los nuevos liderazgos. Sin embargo, a lo largo de la d?cada y al comp?s de diferentes conflictos territoriales y socioambientales y de sus din?micas recursivas, los gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista en defensa del extractivismo, acompa?ado de una pr?ctica criminalizadora y tendencialmente represiva de las luchas socioambientales, as? como por una voluntad expl?cita de controlar las formas de participaci?n de lo popular. Este periodo de auge econ?mico, de reformulaci?n del rol del Estado, fue tambi?n un periodo de escasa visibilidad, incluso de no reconocimiento de los conflictos asociados a la din?mica extractiva que se extendi? aproximadamente hasta los a?os 2008-2010, ?poca a partir de la cual los gobiernos progresistas, consolidados en sus respectivos mandatos (muchos de ellos habiendo renovado mandatos presidenciales), fueron afirmando una matriz expl?citamente extractivista, a ra?z de la virulencia que adquirieron ciertos conflictos territoriales y socioambientales. M?s a?n, el estallido de la conflictividad ligada a las actividades extractivas (megaminer?a, megarrepresas, petr?leo, expansi?n de la frontera agraria) pondr?a en evidencia tanto las dimensiones y alianzas propias del desarrollismo hegem?nico, as? como las limitaciones impuestas en los procesos de participaci?n ciudadana y la apertura de escenarios de criminalizaci?n del conflicto. La segunda fase corresponde con la multiplicaci?n de los megaproyectos, as? como tambi?n la multiplicaci?n de las resistencias sociales. Respecto de lo primero, esto aparece reflejado en los Planes Nacionales de Desarrollo presentados por los diferentes gobiernos, cuyo ?nfasis estuvo puesto en todos los casos en el incremento de diferentes actividades extractivas, seg?n la especializaci?n del pa?s: extracci?n de minerales, de petr?leo, las centrales hidroel?ctricas o la expansi?n de los cultivos transg?nicos. En el caso de Brasil, su expresi?n fue el Plan de Aceleraci?n del Crecimiento (pac), lanzado en 2007, que contemplaba la construcci?n de un gran n?mero de represas en la Amazonia, adem?s de la realizaci?n de megaproyectos energ?ticos ligados a la explotaci?n
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del petr?leo y el gas; para Bolivia fue la promesa del gran salto industrial, basado en la multiplicaci?n de los proyectos de extracci?n de gas, litio, hierro y la expansi?n de agronegocios, entre otros; para Ecuador la apertura a la megaminer?a a cielo abierto, as? como la expansi?n de la frontera petrolera; para Venezuela el plan estrat?gico de producci?n del petr?leo, que implicaba un avance de la frontera de explotaci?n en la faja del Orinoco; para Argentina el Plan Estrat?gico Agroalimentario 20102020, que proyectaba el aumento de 60% de la producci?n de granos, as? como posteriormente (2012) la apuesta por el fracking. As?, incluso de la mano de ret?ricas pretendidamente industrialistas, las pol?ticas p?blicas de los diferentes gobiernos se orientaron a profundizar el modelo neoextractivista, todav?a en aquellos tiempos, en un contexto de rentabilidad extraordinaria. Este incremento de megaproyectos se expres? tambi?n a trav?s de la Iniciativa para la Integraci?n de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa), llamada luego Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), que abarca proyectos en materia de transporte (hidrov?as, puertos, corredores bioce?nicos, entre otros), energ?a (grandes represas hidroel?ctricas) y comunicaciones. Se trata de un programa consensuado hacia el a?o 2000 por varios gobiernos latinoamericanos, cuyo objetivo central es facilitar la extracci?n y exportaci?n de dichos productos hacia sus puertos de destino. A partir de 2007, la iirsa qued? bajo la ?rbita de la Uni?n de Naciones Suramericanas (Unasur). Tal como afirma la investigadora Silvia Carpio (2017) del cedla, el principal impulsor de Unasur y Cosiplan fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien busc? fortalecer los v?nculos con otros pa?ses de Am?rica del Sur por medio de la intensificaci?n del comercio regional y de inversiones del Banco Nacional de Desarrollo Econ?mico (bnde) en obras de infraestructura. Sin embargo, en diversas regiones, los proyectos del iirsa-Cosiplan ser?n resistidos y cuestionados, ya que a pesar del discurso latinoamericanista en torno a la necesidad de ?tejer nuevas relaciones entre estados pueblos y comunidades?, la llamada integraci?n de infraestructura de la iirsa tiene objetivos de mercado. Se trata de 544 proyectos que totalizan una inversi?n estimada en 130 000 000 000
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de d?lares. Para 2014, 32.3% de las inversiones dentro de iirsa estaba reservado al ?rea energ?tica, concentrados principalmente en centrales hidroel?ctricas, muy cuestionadas por sus efectos sociales y ambientales, sobre todo en la ya fragilizada zona de la Amazonia brasilera y boliviana (Carpio 2017). M?s a?n, de 31 proyectos prioritarios del Cosiplan, 14 de ellos tocan la Amazonia (Porto 2017, 158). Esta segunda etapa nos inserta en un periodo de blanqueo del Consenso de los Commodities, esto es, de abierta conflictividad en los territorios extractivos. Efectivamente, fueron numerosos los conflictos socioambientales y territoriales que lograron salir del encapsulamiento local y adquirieron una visibilidad nacional: desde aquel en torno al proyecto de realizar una carretera que atravesara el Territorio Ind?gena y Parque Nacional Isiboro-S?cure (Tipnis) (Bolivia), la construcci?n de la megarrepresa de Belo Monte (Brasil), la pueblada de Famatina y las resistencias contra la megaminer?a (Argentina, 2012), hasta la suspensi?n final de la propuesta Yasun? (Ecuador, 2013). Lo que resulta claro es que la expansi?n de la frontera de derechos (colectivos, territoriales, ambientales) encontr? un l?mite en la expansi?n creciente de las fronteras de explotaci?n del capital, en busca de bienes, tierras y territorios, lo cual ech? por tierra las narrativas emancipadoras que hab?an levantado fuertes expectativas, sobre todo en pa?ses como Bolivia y Ecuador. A estos conflictos de car?cter emblem?tico en los pa?ses con gobierno progresista, hay que sumar aquellos que se produc?an, en la misma l?nea, en aquellos con gobiernos de signo neoliberal o conservador, tal como fue el caso del proyecto minero Conga, en Per?, hoy suspendido; la oposici?n al megaproyecto minero La Colosa, en el departamento de Tolima, en Colombia, finalmente suspendido en 2017; el de la represa Agua Zarca en el r?o Gualcarque, en Honduras, que fue suspendido gracias a la acci?n del Consejo C?vico de Organizaciones Populares e Ind?genas de Honduras (Copinh), fundado por Berta C?ceres, quien fue asesinada en 2016. En suma, al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus din?micas recursivas, los gobiernos latinoamericanos terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista en
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defensa del neoextractivismo, acompa?ando la narrativa productivista y eldoradista con una abierta pr?ctica de criminalizaci?n de las resistencias. Este sinceramiento entre discurso y pr?ctica que ocurri? incluso en aquellos pa?ses que m?s expectativa pol?tica de cambio hab?an despertado, sobre todo en relaci?n con las promesas de buen vivir vinculadas al cuidado de la naturaleza ?como Ecuador y Bolivia?, ilustraba la evoluci?n de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominaci?n m?s tradicional (en mucho, ligados al cl?sico modelo populista o nacional-estatal), as? como obligaba al reconocimiento del ingreso a una nueva fase de retracci?n de las fronteras de la democracia, visibles en la intolerancia hacia las disidencias. Ciertamente, uno de los elementos presentes en los diferentes gobiernos progresistas fue la estigmatizaci?n de la protesta ambiental; en algunos casos, la deriva hacia una lectura conspirativa. En realidad, all? donde hubo un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que puso de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la din?mica de desposesi?n, la reacci?n de rechazo fue un?nime por parte de los oficialismos. Sucedi? a partir de 2009 en Ecuador, sobre todo respecto de la megaminer?a, en Brasil a ra?z del conflicto suscitado por la construcci?n de Belo Monte y en Bolivia referido al Tipnis. En los tres casos, los distintos oficialismos optaron por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuesti?n, negando la legitimidad del reclamo y atribuy?ndolo al ecologismo infantil (Ecuador), al accionar de ong extranjeras (Brasil) o al ambientalismo colonial (Bolivia). El conflicto del Tipnis fue uno de los m?s resonantes. Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisi?n entre la narrativa indigenista y la pr?ctica extractivista, el punto de inflexi?n se dio entre 2010 y 2011, a ra?z de la construcci?n de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El Tipnis es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 es reconocido como territorio ind?gena, h?bitat de pueblos amaz?nicos. La cuesti?n era sin duda compleja, pues si, por un lado, la carretera respond?a a necesidades geopol?ticas y territoriales, por otro lado, lo central era que los pueblos ind?genas involucrados no fueron consultados. Asimismo, todo indica que la carretera abrir?a la puerta a proyectos extractivos,
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con las consiguientes consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estrat?gico. En fin, la escalada del conflicto entre organizaciones ind?genas y ambientalistas versus gobierno fue tal que incluy? varias marchas desde el Tipnis hasta la ciudad de La Paz, adem?s de un oscuro episodio represivo y la articulaci?n de un bloque multisectorial entre organizaciones ind?genas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. En 2012 el gobierno de Evo Morales llam? a una consulta a las comunidades del Tipnis. Realizada ?sta, el informe oficial se?al? que 80% de las comunidades consultadas aprobaban la construcci?n de la carretera. Sin embargo, un informe de la Iglesia cat?lica, realizado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en abril de 2013, indicaba que la consulta ?no fue libre ni de buena fe, adem?s no se ajust? a los est?ndares de consulta previa y se la realiz? con prebendas?.8 El conflicto del Tipnis arroj? dos importantes conclusiones que deben ser le?das en clave boliviana, pero tambi?n latinoamericana: en primer lugar, como ha sido adelantado, dicho conflicto blanque? el discurso gubernamental respecto de lo que ?ste entiende por desarrollo, algo que se encarg? de hacer el vicepresidente A. Garc?a Linera en su libro Geopol?tica de la Amazonia (2012). Para Linera, sin m?s extractivismo no habr?a c?mo sostener las pol?ticas sociales, lo cual significar?a el fracaso del gobierno y la inevitable restauraci?n de la derecha. En segundo lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados ?donde el car?cter recursivo de la acci?n lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada? la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios ?seg?n establece el Convenio 169 de la Organizaci?n Internacional del Trabajo (oit)? se enrarece de modo inevitable, y la definici?n de sus procedimientos, mecanismos y temas termina siendo muy controversial.
8 Cons?ltese http://cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2014:obispos-defienden-su-informe-de-la-consulta-previa-en-el-tipnis&catid=82:noticias&Itemid=2.
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Por ?ltimo, en continuidad con la segunda fase, a partir de 2013-2015 y hasta la actualidad, asistimos a una exacerbaci?n del neoextractivismo. Uno de los elementos relevantes que explica esta l?nea, en t?rminos de continuidad agravada, se refiere a la ca?da de los precios de las materias primas, que impuls? a los gobiernos latinoamericanos a incrementar a?n m?s el n?mero de proyectos extractivos, a trav?s de la ampliaci?n de las fronteras de los commodities (Moore 2013; Ter?n 2016). En ese contexto, no s?lo la mayor?a de los gobiernos latinoamericanos no estaba preparada para la ca?da de los precios de los productos b?sicos (como puede verse de manera cabal con Venezuela), sino que r?pidamente se observar?an consecuencias en la tendencia a la ca?da en el d?ficit comercial (Mart?nez 2015) y la recesi?n (Peters 2016). A esto hay que sumar el declive de la hegemon?a progresista/populista y el fin del ciclo progresista, hecho que tendr? un fuerte impacto en la reconfiguraci?n del mapa pol?tico regional, tema que se tratar? m?s adelante.
Territorio y nuevos lenguajes de valoraci?n
En la actualidad, parece haber un consenso impl?cito entre diferentes analistas latinoamericanos acerca de que una de las dimensiones constituyentes de las resistencias sociales contra el extractivismo es la defensa del territorio y la territorialidad. Ciertamente, territorio y territorialidad son conceptos en disputa, pues no s?lo aparece en la narrativa de las organizaciones ind?genas y los movimientos socioambientales, sino tambi?n el discurso de las corporaciones, de los planificadores, de los dise?adores de pol?ticas p?blicas, en fin, del poder pol?tico, en sus diferentes escalas y niveles. En suma, la noci?n de territorio se convirti? en una suerte de concepto social total, a partir del cual es posible visualizar el posicionamiento de los diferentes actores en pugna y, a?n m?s, a partir de ?l analizar las din?micas sociales y pol?ticas. La apropiaci?n del territorio nunca es s?lo material, es tambi?n simb?lica (Santos 2005). Como afirma el ge?grafo brasile?o Bernardo
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Man?ano Fernandes, ?convivimos con diferentes tipos de territorios productores y producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente? (Man?ano 2008). Sin duda, es la geograf?a cr?tica brasile?a la que ha contribuido enormemente al enriquecimiento y reactualizaci?n del concepto de territorio, sobre todo desde una mirada que pone el acento en la necesidad de ?grafiar los territorios desde abajo? (Porto 2001), vale decir, una aproximaci?n al sentido de territorio y territorializaci?n que hacen los movimientos sociales en lucha. Para Carlos Porto Gon?alves, nuestra ?poca puede ser comparada al Renacimiento, en la medida en que asistimos a un proceso de (re)configuraci?n geogr?fica, donde los diferentes actores y segmentos de la sociedad no est?n presentes del mismo modo en esos procesos instituyentes. La territorialidad se realiza en un espacio complejo, en el cual se entrecruzan l?gicas de acci?n y racionalidades portadoras de valoraciones diferentes. En una l?nea similar, otro ge?grafo brasile?o, Rogerio Haesbert (2011), reflexiona en t?rminos de multiterritorialidad, a la cual lee como la contracara de la globalizaci?n. En realidad, lejos de estar asistiendo a un ?fin de los territorios?, frente a nosotros se va delineando una geograf?a m?s compleja, la multiterritorialidad, con fuertes connotaciones rizom?ticas, esto es, no jerarquizadas, ilustrados por territorios-red construidos desde abajo por los grupos subalternos. En t?rminos generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y tambi?n, progresivamente, como un lugar de resignificaci?n y creaci?n de nuevas relaciones sociales. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, la territorialidad como dimensi?n material ha sido comprendida muchas veces exclusivamente como autoorganizaci?n comunitaria, tanto de los movimientos campesino-ind?genas como de los movimientos sociales urbanos, asociados a la lucha por la tierra y los reclamos en torno a las necesidades b?sicas. Sin embargo, hacia el a?o 2000, la disputa por el territorio tuvo otras inflexiones, a partir de las nuevas modalidades que adopt? la l?gica del capital en los espacios considerados estrat?gicos en t?rminos de bienes naturales. En este sentido, los megaproyectos extractivos, tales como la miner?a metal?fera a gran escala, el avance de la frontera hidro
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carbur?fera, de los agronegocios, incluso el urbanismo neoliberal, entre otros, pueden pensarse como un ejemplo paradigm?tico en el cual se va generando una ?tensi?n de territorialidades? (Porto 2001), a trav?s del despliegue de una visi?n dominante de la territorialidad que se presenta como excluyente de las existentes (o potencialmente existentes). En el marco del Consenso de los Commodities, asistimos a una vuelta de tuerca de la noci?n dominante de territorio. Parafraseando al ge?grafo Robert Sack (1986), se podr?a decir que, en aras del capital, empresas y gobiernos, proyectan una visi?n eficientista de los territorios, que considera a ?stos como ?socialmente vaciables?, en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En nombre de la ideolog?a del progreso, las comunidades all? asentadas aparecen invisibilizadas, las econom?as regionales devaluadas o sus crisis exacerbadas, a fin de facilitar el ingreso de otros modelos de desarrollo, que terminan convirti?ndose en agentes de ocupaci?n territorial. Estos procesos de devaluaci?n se potencian en regiones tradicionalmente relegadas. Por ejemplo, en la Patagonia argentina, vastos territorios son considerados como un ?desierto?, lo cual trae oscuras reminiscencias, pues esta met?fora fue utilizada a fines siglo xix para acorralar y exterminar poblaciones ind?genas, desvalorizando lo que ?stas representaban en t?rminos de cultura y h?bitat. En la actualidad, la met?fora del desierto es utilizada nuevamente por funcionarios del gobierno nacional y provincial para plantear, por ejemplo, la necesidad de la miner?a a gran escala, la expansi?n de la frontera petrolera a trav?s del fracking o agronegocios como ?nica alternativa productiva. Algo similar sucede con la vasta Amazonia, otro territorio relegado. Como afirma Porto (2017), ?sta no solo es considerada como una ?reserva de recursos? o ?fuente inagotable?, sino tambi?n como un ?vac?o demogr?fico?, que acaba por ser asumido por las clases dominantes en su inserci?n subordinada a los centros mundiales de poder, ignorando la complejidad geogr?fica de la regi?n. Esta visi?n eficientista es complementaria con la caracterizaci?n de territorio como ocioso o improductivo. En el plano latinoamericano fue sin duda el expresidente peruano Alan Garc?a quien en 2007 expres? de modo m?s descarnado dicha visi?n, cuando public? el art?culo ?El s?ndrome del perro del hortelano?,
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en el tradicional diario El Comercio, de Lima, en el cual anticipaba de manera brutal su pol?tica en relaci?n con la Amazonia. En dicho art?culo sosten?a que los ind?genas amaz?nicos que se opon?an a la explotaci?n de sus territorios ociosos eran como ?el perro del hortelano?. En palabras de Garc?a, la Amazonia completa era considerada un territorio ocioso que deb?a convertirse en un territorio eficiente y productivo, a trav?s de la expansi?n de las fronteras minera, energ?tica y petrolera.9 En suma, la afirmaci?n de que existen regiones marcadas hist?ricamente por la pobreza y la vulnerabilidad social, con una densidad poblacional baja, que cuentan con grandes extensiones de territorios ?improductivos?, facilita la instalaci?n de un discurso eficientista y excluyente en nombre de las din?micas globales del capital. Sea que se los conciba como territorios socialmente vaciables, ociosos, desiertos o vac?os, el resultado es similar: la desvalorizaci?n de otras formas productivas, la devaluaci?n de las econom?as regionales, en fin, la obturaci?n de otros lenguajes de valoraci?n del territorio, vinculados a los sectores subalternos y crecientemente incompatibles con el modelo dominante.
Matrices pol?tico-ideol?gicas y giro ecoterritorial de las luchas
Antes de hablar de las resistencias sociales, vale la pena aclarar que existen por lo menos cuatro matrices pol?tico-ideol?gicas diferentes que atraviesan los avatares del campo contestatario latinoamericano:10 la in
9 Estos dichos se materializaron en junio de 2008, cuando el ejecutivo sancion? un centenar de decretos legislativos, entre ellos el paquete de 11 leyes que afectaban a la Amazonia. Los decretos legislativos, que fueron rebautizados como ?la ley de la selva? por las organizaciones ind?genas y ong ambientalistas, fueron cuestionados desde diferentes sectores. Finalmente, se realiz? la represi?n de Bagua (5 de junio de 2009), que cost? la vida de una treintena de habitantes de la regi?n amaz?nica, diez polic?as y un n?mero indeterminado de desaparecidos. 10 Por matrices pol?tico-ideol?gicas entiendo aquellas l?neas directrices que organizan el modo de pensar la pol?tica y el poder, as? como la concepci?n acerca del cambio
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d?gena-campesina comunitaria, la populista-movimientista, la clasista tradicional y, de manera m?s reciente, la narrativa autonomista. La matriz campesino-ind?gena se inserta en el marco de la memoria larga de los pueblos ind?genas, y se funda sobre la idea de resistencia ancestral, derechos colectivos y poder comunal. En t?rminos de memoria corta, su evoluci?n se conecta con diferentes procesos: a nivel internacional con la descolonizaci?n y el reconocimiento progresivo de los derechos colectivos (incorporaci?n del Convenio 169 de la oit a las diferentes constituciones nacionales, posteriormente en la Declaraci?n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind?genas); a nivel regional con la crisis del Estado modernizador desarrollista y el relativo fracaso de la integraci?n en una identidad mestizo-campesina; a nivel nacional con el proceso de ampliaci?n de las fronteras ?tnicas, esto es, la presencia cada vez m?s masiva de ind?genas en las ciudades. Por ?ltimo, en t?rminos ideol?gicos se conecta con la crisis del marxismo y el surgimiento del multiculturalismo, como perspectiva de construcci?n identitaria. En segundo lugar, otra de las matrices que recorre el campo de las organizaciones populares en Am?rica Latina es la populista o nacional-popular. Esta se instala en la memoria mediana, asociada a las experiencias pol?ticas populistas fundacionales de los a?os 1930-1950, y se sostiene sobre el triple eje de la afirmaci?n de la naci?n, el estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carism?tico y las masas organizadas ?el pueblo?. Si bien en l?neas generales la matriz populista suele combinar la apelaci?n a un proyecto nacionalista radical con el modelo m?s cl?sico de la participaci?n controlada, la evidencia hist?rica ilustra
social. Si bien cada matriz pol?tico-ideol?gica posee una configuraci?n determinada, los diferentes contextos nacionales as? como las tensiones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular. Por otro lado, las matrices pol?tico-ideol?gicas a las que hacemos referencia no se encuentran en estado puro, pues las diferentes din?micas pol?ticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y marxismo, entre indianismo y matriz populista, entre indianismo y narrativa auton?mica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejemplos), como tambi?n a un proceso de conflicto y colisi?n, que puede llevar a acentuar las diferencias en t?rminos de concepciones, modos de hacer la pol?tica y concebir el cambio social. V?ase Svampa (2010 y 2017).
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sobre todo el segundo modelo basado en la heteronom?a de los movimientos sociales y sindicales, ante el llamado del l?der (o lideresa), desde el aparato del Estado (resubalternizaci?n y estatalizaci?n de los movimientos sociales). En tercer lugar, hay que destacar la matriz clasista, la cual presenta una concepci?n del poder (y por ende del cambio social) ligada a la idea del antagonismo de clases y a la construcci?n del socialismo. Dicha matriz nutre su narrativa de las diferentes variantes del marxismo partidario e internacionalista, de corte obrerista, que encuentra diversas expresiones en Am?rica Latina (ligadas al partido comunista, al mao?smo y los diversos trotskismos existentes). Esta concepci?n obrerista de la sociedad tradicionalmente ha conspirado en contra de la comprensi?n de la diversidad y la heterogeneidad social existente en las sociedades perif?ricas. No es casual que hist?ricamente, a la hora de referirse a la clasicidad (la capacidad de actuar de manera aut?noma, esto es, como actor de clase) de los sujetos sociales subalternos (campesinos, ind?genas, marginales, informales, sectores rurales), se haya instalado la idea de que las sociedades latinoamericanas se caracterizan por actores d?biles o sujetos semiplenos, con escasa autonom?a de clase, o incluso manipulados por otros actores sociales. De all? que la tensi?n entre la matriz clasista y el resto de las matrices existentes en el campo contestatario tienda a ser m?s manifiesta que latente. En cuarto lugar, existe una narrativa autonomista, cuya actualizaci?n se instala en el marco de la memoria corta, si bien sus elementos pueden nutrirse de la tradici?n anarquista y/o consejista. Los elementos centrales que configuran dicha matriz son la afirmaci?n de la autonom?a, la horizontalidad y la democracia por consenso. En este caso particular, me refiero a una narrativa porque ?sta se construye como un relato identitario, de producci?n del sujeto, en el cual cuenta la experiencia personal de los actores antes que la inscripci?n previa en la comunidad (matriz indigenista), la figura del pueblo (populismo) o la clase social (matriz marxista). Por otro lado, hist?ricamente es una narrativa que se nutre del fracaso general de las izquierdas tradicionales, por lo cual cobra relevancia la definici?n por oposici?n respecto de otras tra
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diciones de izquierda, principalmente la izquierda marxista. Asimismo, aparece ligada a los procesos de desinstitucionalizaci?n de las sociedades contempor?neas y la emergencia de nuevas din?micas de individualizaci?n. La narrativa auton?mica ha dado lugar a nuevos modelos de militancia, difundidos tanto en los pa?ses del centro como en la periferia, cuya modalidad de construcci?n organizativa son los grupos de afinidad a trav?s de colectivos. Su expansi?n, tanto en el amplio campo del activismo ambiental y cultural como el de la comunicaci?n alternativa, los feminismos populares, la lucha antipatriarcal, la intervenci?n art?stica y la educaci?n popular, constituye una de las caracter?sticas m?s emblem?ticas de las nuevas movilizaciones sociales asociadas al cambio de ?poca. A partir de esta aclaraci?n, podemos empezar a delinear dos procesos, m?s all? de las marcas espec?ficas del ciclo progresista. Por un lado, desde el punto de vista institucional, con la emergencia de gobiernos progresistas asistimos a una din?mica pol?tica que ?con matices y gradaciones diferentes? conllev? la estatalizaci?n de numerosos movimientos sociales, espacio en el cual la matriz populista fue emergiendo como hegem?nica, instalando una tensi?n con otras matrices pol?tico-ideol?gicas; sea con la forma comunal, asociada a la matriz campesino-ind?gena, as? como con la narrativa auton?mica. En otras palabras, durante el ciclo progresista, la actualizaci?n de la matriz populista se expresar?a por una creciente din?mica hegem?nica, a partir del rechazo y/o la absorci?n de elementos de otras matrices contestatarias ?la narrativa ind?gena-campesina, las nuevas izquierdas auton?micas?, que hab?an tenido un rol importante en los inicios del cambio de ?poca. Por otro lado, a partir del a?o 2003, la din?mica de las luchas socioambientales fue asentando las bases de un lenguaje com?n de valoraci?n sobre la territorialidad, algo que podemos denominar como giro ecoterritorial, ilustrado por la convergencia de diferentes matrices y lenguajes, esto es, por el cruce innovador entre matriz ind?gena-comunitaria y narrativa auton?mica, en clave ambientalista, a lo que se a?adi?, al promediar el fin de ciclo, la clave feminista. En consecuencia, surgi? una narrativa com?n que busca dar cuenta del modo en c?mo se piensan y representan las actuales luchas socioambientales, centradas
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en la defensa de la tierra y el territorio. El giro ecoterritorial hace referencia a la construcci?n de marcos de la acci?n colectiva,11 que funcionan al mismo tiempo como estructuras de significaci?n y esquemas de interpretaci?n contestatarios o alternativos. Dichos marcos colectivos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora, instalan nuevos temas, lenguajes y consignas, en t?rminos de debates de sociedad, al tiempo que orientan la din?mica interactiva hacia la producci?n de una subjetividad com?n en el espacio latinoamericano de las luchas. La consolidaci?n de un lenguaje de valoraci?n alternativo a la territorialidad dominante pareciera ser m?s inmediato para el caso de las organizaciones ind?genas y campesinas, debido tanto a la estrecha relaci?n que ?stas plantean entre tierra y territorio, en t?rminos de comunidad de vida, como la notoria reactivaci?n de la matriz comunitaria ind?gena acaecida en las ?ltimas d?cadas. Sin embargo, lejos de ser exclusivo de aquellos pa?ses en los cuales existe una notoria presencia de pueblos originarios, hist?ricamente excluidos, el giro ecoterritorial abarca tambi?n otros pa?ses en los cuales se expresa por medio de diferentes experiencias policlasistas y multi?tnicas y diversos formatos organizacionales.
Los conflictos socioambientales y sus escalas
La explosi?n de conflictos socioambientales tuvo como correlato aquello que el reconocido ensayista mexicano Enrique Leff llam? ?la ambientalizaci?n de las luchas ind?genas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano? (Leff 2004). A esto hay que a?adir
11 Erving Goffman defini? a los marcos como ?esquemas de interpretaci?n que capacitan a los individuos y grupos para localizar, percibir, identificar y nombrar los hechos de su propio mundo y del mundo en general? (Goffman 1991, 30-31). Para Gamson, los marcos son definidos por tres elementos b?sicos: la (in)justicia, la capacidad de agencia y el trabajo sobre la identidad (ellos/nosotros). Desde una perspectiva constructivista e interaccionista existen, sin embargo, diferentes enfoques sobre los ?procesos de enmarcamiento? (v?ase Meyer y Gamson 1999). En esta l?nea, aclaro que no suscribo a un enfoque meramente instrumental en el uso de los marcos colectivos, sino m?s bien una dimensi?n cultural y moral, ligada al marco de la injusticia.
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que el escenario aparece marcado no s?lo por luchas ind?genas-campesinas, sino tambi?n por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (peque?as y medianas localidades), de car?cter policlasista y caracterizados por un formato asambleario y un potencial antagonista importante.12 A su vez, en este nuevo entramado social juegan un rol no menor diferentes colectivos culturales, ciertas ong ambientalistas (con l?gica de movimientos social), intelectuales y expertos, que acompa?an ?e incluso coprotagonizan? la acci?n de organizaciones y movimiento sociales. Como suele suceder en otros campos de lucha, la din?mica organizacional tiene como actores centrales j?venes, muchas de ellas mujeres, cuyo rol es tambi?n crucial tanto en las grandes estructuras organizacionales como en los peque?os colectivos de apoyo a las acciones. Los cruces y articulaciones entre organizaciones dieron lugar a numerosos espacios de coordinaci?n, como el de v?a campesina o, en otra escala, foros tem?ticos (de defensa del agua, de defensa de los recursos naturales, contra el fracking), plataformas de acciones conjuntas (contra el ?rea de Libre Comercio de las Am?ricas [alca], contra los megaproyectos del iirsa y, actualmente, contra el Acuerdo
12 Es importante se?alar que el concepto de movimiento social parece haber entrado en crisis. Algunas autoras, como Silvia Rivera Cusicanqui, proponen erradicarlo, dado la manipulaci?n que han sufrido por parte de los progresismos (por comenzar, en Bolivia, donde se habla del ?gobierno de los movimientos sociales?). Otros, como Ra?l Zibechi, proponen reemplazarlo por el concepto de ?sociedad en movimiento?, todav?a muy incipiente, pero que presenta potencialidad anal?tica. Tambi?n est?n aquellos que prefieren hablar de ?movimientos antagonistas?, como Massimo Modonesi (2016). Mi posici?n consiste en distinguir entre, por un lado, movimientos sociales en sentido fuerte (lectura que ha prevalecido en Am?rica Latina), lo cual alude a la idea de un actor o movimiento social que tiende a cuestionar la l?gica de dominaci?n. Esta definici?n te?rica implica la posibilidad de pensar a los movimientos sociales como sujetos potencialmente antag?nicos en el marco de un sistema de dominaci?n. Por otro lado, propongo hablar de movimientos sociales en sentido d?bil, para aludir a un tipo de acci?n colectiva por parte de los actores que no tienen poder que busca intencionalmente modificar alg?n elemento del sistema social establecido, a trav?s de una acci?n contenciosa, con una cierta continuidad organizativa. El tema se aborda en Svampa (2017).
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Transpac?fico). En este sentido, lo m?s novedoso es la articulaci?n entre actores diferentes, lo cual promueve un di?logo de saberes y disciplinas, caracterizado por la valorizaci?n de los saberes locales como tambi?n por la elaboraci?n de un saber experto independiente de los discursos dominantes. El tema no es menor, pues a partir de esta articulaci?n las diferentes organizaciones y movimientos elaboran diagn?sticos comunes, expanden la plataforma discursiva, que excede la problem?tica local y nacional, as? como diversifican las estrategias de lucha combinando la movilizaci?n de base y la articulaci?n de redes sociales con la generaci?n y aplicaci?n de diferentes instrumentos t?cnicos y legales (amparos colectivos, nuevas ordenanzas, demanda de consulta p?bica y leyes de protecci?n del ambiente y de los derechos de los pueblos originarios). De todas las actividades extractivas en Am?rica Latina, la m?s cuestionada es sin duda la miner?a metal?fera a gran escala. Actualmente, no hay pa?s latinoamericano con proyectos de miner?a que no tenga conflictos sociales que enfrente las empresas mineras y el gobierno a las comunidades: M?xico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panam?, Ecuador, Per?, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Existen varios espacios consagrados al tema minero, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (olca), creado en 1991, con sede en Chile, el Observatorio de Conflictos Mineros de Am?rica Latina (ocmal), que funciona desde 1997 y articula m?s de 40 organizaciones, entre las cuales se halla Acci?n Ecol?gica, de Ecuador. As?, seg?n el ocmal, en 2010 hab?a 120 conflictos mineros que afectaban a 150 comunidades; en 2012 ?stos ascend?an a 161 conflictos, que inclu?an 173 proyectos y 212 comunidades afectadas. En febrero de 2014, el n?mero de conflictos era de 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2017, hab?a 217 conflictos, que involucraban 227 proyectos y 331 comunidades. Los pa?ses con mayor cantidad de conflictos son Per? (39), M?xico (37), Chile (36), Argentina (26), Brasil (20), Colombia (14) y Ecuador (7). Asimismo, 6 conflictos son de car?cter transfronterizo (ocmal). Seg?n el Atlas de Justicia Ambiental (Ejatlas, por sus siglas en ingl?s), el incremento de los conflictos
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se produjo a partir de 1997 y especialmente a partir de 2006-2008. La base del ocmal muestra un incremento a partir de fechas similares (Villegas 2014, 10-11).13 Resulta imposible realizar un relevamiento de los conflictos socioambientales o un listado de las redes autoorganizativas, nacionales y regionales, de car?cter ambiental que hoy existen en Am?rica Latina. Sin pretender exhaustividad alguna y s?lo a t?tulo de ejemplo, se har? una breve revisi?n de algunos conflictos y redes en pa?ses como Per?, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Colombia, M?xico y Argentina.14 En 2013, en Per?, pa?s con una tradici?n de miner?a a gran escala, de acuerdo con la Defensor?a del Pueblo, de un total de 120 conflictos aquellos ligados a la miner?a representaban 48% del total de conflictos sociales.15 En 2016, el porcentaje hab?a ascendido a 68%, pues ya eran 220 los conflictos sociales que las autoridades peruanas ten?an identificados en todo el territorio nacional, de los cuales 150 est?n relacionados con la imposici?n de proyectos mineros.16 Entre las organizaciones pioneras a nivel continental en la lucha contra la megaminer?a, se destaca la Confederaci?n
13 El Ejatlas es un proyecto en el cual participan un equipo internacional de expertos, procedentes de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 pa?ses, y est? coordinado por los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnolog?a de la Universidad Aut?noma de Barcelona, bajo la direcci?n de Joan Mart?nez Alier. Al mismo tiempo, se trata de un proyecto colectivo en el cual participa la sociedad civil. 14 Existe una bibliograf?a enorme sobre los conflictos socioambientales a nivel nacional, ligados al extractivismo en Am?rica Latina. Para el caso de Per?, se recomiendan los textos de De Echave (2009) y Hoetmer, Castro, Daza y De Echave (2013), que articula el saber contraexperto con una mirada desde los movimientos sociales contra la megaminer?a. Para el caso de Bolivia, v?anse los trabajos del Centro de Documentaci?n e Informaci?n de Bolivia (2014); para Colombia los textos de Roa y Navas (2014) y de Archilla (2015); para el caso de M?xico, v?anse Composto y Navarro (2011) y Navarro (2015), as? como Delgado (2010) y Lemus (2018). Para una cartograf?a de los conflictos ambientales en Argentina v?anse Merlinsky (2016), Giarracca y Teubal (2013), Svampa y Viale (2014), Sola y Bottaro (2013) y Machado (2013 y 2014). 15 Cons?ltese http://www.defensoria.gob.pe/blog/mineria-y-conflictos/. 16 Contral?nea. 2016. ?Per?: 150 conflictos mineros?. Acceso el 12 de enero de 2017. http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/16/peru-150-conflictos-mineros/.
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Nacional de Comunidades Afectadas por la Miner?a (Conacami), nacida en 1999. Otra organizaci?n importante es el Grupo de Formaci?n e Intervenci?n para el Desarrollo Sostenible (Grufides), de Cajamarca, que tiene una larga trayectoria de intervenci?n y lucha, y cuyo dirigente, el exsacerdote y soci?logo Marco Arana, fund? en 2009 el partido Tierra y Libertad.17 En la actualidad, si bien la Conacami ya no tiene la presencia territorial y la capacidad de articulaci?n que supo tener hasta 2008-2009, en su lugar se han fortalecido otras estructuras organizativas locales, como las rondas campesinas cuyo rol es cada vez mayor en la lucha contra la megaminer?a (Hoetmer, Castro, Daza y De Echave 2013, 268). En Bolivia, la ola extractivista abarca desde la miner?a, la explotaci?n de hidrocarburos, el avance de los agronegocios y, m?s recientemente, una serie de proyectos energ?ticos incluidos en la llamada Agenda Patri?tica 2025, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que involucra la construcci?n de varias megarrepresas y una central nuclear en El Alto. Como ha sido dicho, el parteaguas fue el conflicto del Tipnis, en 2011, por la construcci?n de una carretera. La defensa del extractivismo estuvo a cargo del vicepresidente ?lvaro Garc?a Linera, quien en 2015 amenaz? con expulsar a cuatro ong bolivianas (Centro de Documentaci?n e Informaci?n Bolivia [Cedib], Terra, cedla y Milenio), varias de las cuales realizan trabajos de investigaci?n sobre el neoextractivismo y la expansi?n de la frontera de agronegocios, acus?ndolas de defender ?los intereses de la derecha pol?tica internacional?.18 En 2016, el gobierno sancion? una nueva ley, que apunta a restringir la libertad de asociaci?n y pone a las ong cr?ticas en riesgo de cierre, si ?stas no se ajustan a la Agenda Patri?tica 2025 y el Plan Nacional de Desarrollo. En 2017, la situaci?n de hostigamiento y persecuci?n del Cedib era cada vez mayor, haciendo su funcionamiento casi insostenible.
17 Este partido, rebautizado Tierra y Dignidad, particip? del Frente Amplio de Izquierda, que sali? tercero en las elecci?n generales de 2016 con la candidatura de Ver?nika Mendoza. 18 V?ase la carta p?blica de intelectuales al vicepresidente Garc?a Linera en http:// www.eldeber.com.bo/bolivia/intelectuales-piden-garcia-linera-respete.html.
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Uno de los casos m?s preocupantes es Ecuador, donde pese a que la propia Constituci?n establece los derechos de la naturaleza, la respuesta del gobierno de Correa a la conflictividad socioambiental fue la criminalizaci?n y judicializaci?n de la protesta, por la v?a de juicios penales a voceros de organizaciones ind?genas, con sentencia de c?rcel por diez a?os,19 as? como al retiro de personer?a jur?dica y la expulsi?n de algunas ong ?Fundaci?n Pachamama (2013), hostigamiento y amenaza de la disoluci?n de la reconocida ong Acci?n Ecol?gica (tanto en 2009 como en 2016), cancelaci?n de visa y expulsi?n de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas en 2014 y 2015?. Asimismo, el gobierno ecuatoriano se vali? de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso el movimiento ciudadano Yasunidos, luego de que decidiera unilateralmente el fin de la moratoria en el Parque Yasuni y el inicio de la explotaci?n petrolera. Pese a las resistencias importantes contra la megaminer?a (Ecuador no tiene tradici?n de miner?a a gran escala), a partir de 2013 el gobierno avanz? a trav?s de la militarizaci?n de los territorios, entre ellos Intag, un basti?n en la lucha contra este tipo de actividad, donde la poblaci?n expuls? a varias empresas mineras y hab?a apostado a desarrollos alternativos. A esto se agrega que las empresas chinas, que lideran la inversi?n minera en ese pa?s, han sido acusadas de pr?cticas laborales abusivas.20 Seg?n Acci?n Ecol?gica, ya en 2012 empresas chinas ligadas al proyecto minero Mirador fueron denunciadas por incumplimiento de beneficios laborales, malos tratos, salarios injustos y accidentes por la comunidad shuar. En 2016, hubo nuevos conflictos
19 V?ase el informe de la Federaci?n Internacional de Derechos Humanos (fidh), que recoge casos de criminalizaci?n de defensores de dd. hh. en Am?rica Latina; entre ellos se ocupa de casos de criminalizaci?n en Intag y de los ind?genas de la Federaci?n Shuar (2015). Cons?ltese en https://www.fidh.org/img/pdf/criminalisationobsangocto2015bassdef.pdf. 20 Adem?s, las empresas chinas cuentan con numerosos beneficios, pues ?ejecutan los proyectos financiados con cr?ditos chinos otorgados con altas tasas de inter?s, y adem?s, normalmente el pago est? sujeto a insumos que ellos mismos suministran y a la contrataci?n de mano de obra china?. Cons?ltese http://catapa.be/es/noticias/ el-cuento-de-la-miner%C3%ada-china-en-ecuador. Para el tema de la miner?a y la presencia de empresas chinas en Ecuador, v?ase Chicaiza (2014).
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cuando ind?genas shuar tomaron un campamento minero en la regi?n de la Amazonia. El ingreso de la empresa china se realiz? sin consulta previa y con militarizaci?n de los territorios. En diciembre de ese a?o, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto escalaron de tal manera que hubo un muerto y varios heridos. La respuesta del entonces presidente Correa fue declarar el estado de excepci?n, acusar de ?grupos paramilitares y semidelincuenciales? a los ind?genas shuar y anunciar la disoluci?n de Acci?n Ecol?gica. Finalmente, a ra?z de la solidaridad nacional e internacional, el Ministerio de Ambiente de ese pa?s desestim? el pedido de disoluci?n enviado por el Ministerio de Interior. Asimismo, en Colombia, entre 2001 y 2011 el 25% de los conflictos tuvieron relaci?n con el petr?leo, el oro y el carb?n (Roa y Navas 2014, 35). En 2010, durante su primera campa?a presidencial, J. Manuel Santos lanz? la consigna ?Colombia, la locomotora minero-energ?tica?. Uno de los proyectos mineros que suscit? enormes resistencias es La Colosa, a cargo de la empresa Anglo Gold Ashanti, el cual, de haberse construido, se habr?a convertido en la quinta mayor mina de oro en el mundo, afectando a numerosas localidades del departamento de Tolima, considerada la despensa agr?cola de Colombia. All? se crearon comit?s ambientales en defensa de la vida, que impulsaron consultas p?blicas. Luego de una primera consulta en la localidad de Piedras, en 2013, los comit?s ambientales se abocaron a organizar consultas en Cajamarca e Ibagu?, encontrando serios obst?culos legales y empresariales. Finalmente, en abril de 2017 se realiz? una consulta p?blica en Cajamarca, que tambi?n arroj? un resultado negativo para La Colosa. Ese mismo a?o, ante la ausencia de licencia social, la empresa Anglo Gold Ashanti decidi? suspender todas las actividades del proyecto.21 Pero la megaminer?a no es el ?nico frente de conflicto extractivista en Colombia. Tambi?n se halla el Plan Maestro de Aprovechamiento del R?o Magdalena, el r?o m?s importante del pa?s, que nace en la cordillera,
21 En los ?ltimos a?os, en un contexto en el cual se flexibilizaron los controles ambientales, Anglo Gold Ashanti, una compa??a de origen sudafricano pero con mayor?a de accionistas estadounidenses y brit?nicos, llev? a cabo un acaparamiento de t?tulos mineros, que pas? casi desapercibido en la sociedad colombiana.
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con una longitud de 1 500 km. La concesi?n del r?o forma parte de la pol?tica de iirsa, y lejos de mejorar las condiciones ambientales y sociales del r?o, apunta a convertirlo en una gran hidrov?a para transportar con barcos de gran calado carb?n, petr?leo y hoja de palma, destinado a la exportaci?n. El otro objetivo es convertirlo en un gran generador de energ?a a trav?s de la construcci?n de varias represas, muchas de las cuales estar?an al servicio de los proyectos mineros. Este enorme plan de privatizaci?n del r?o Magdalena (controlado por una empresa de origen chino) ha originado una movilizaci?n que tom? el nombre de El R?o de la Vida. En M?xico, se cre? en 2008 la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (anaa) contra la megaminer?a, las represas hidroel?ctricas, la urbanizaci?n salvaje y las megagranjas industriales. Hay experiencias emblem?ticas como la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Perota (cecop), que durante 10 a?os reuni? la lucha de campesinos ind?genas en Guerrero bajo la consigna ?Nosotros somos los custodios del Agua? (Navarro 2015, 141). Otra experiencia importante es la del Frente Amplio Opositor (fao) contra la minera San Xavier, el cual se convirti? en un espacio de numerosas actividades p?blicas, rondas informativas, consultas, disputa legal, que tuvo su punto culminante en 2006, cuando la empresa construy? las bases del yacimiento (el que inicialmente planeaba demoler el pueblo) (Composto y Navarro 2011, 51). Por otra parte, en Nicaragua existe uno de los megaproyectos m?s ambiciosos y controversiales de la regi?n, el Canal Interoce?nico, tres veces mayor que el Canal de Panam?, concesionado a la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development (hKnd). En noviembre de 2015 el inicio de las obras fue postergado debido a las protestas campesinas y frente al cuestionamiento del estudio de impacto ambiental de parte de expertos internacionales convocados por la Academia de Ciencias de Nicaragua (2015). Como consecuencia de ello, naci? el Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberan?a Nacional. La primera protesta de comunidades afectadas ocurri? en 2014. A fines de 2016, una marcha campesina contra el proyecto canalero que pretend?a llegar a Managua fue reprimida por la polic?a y los militares, generando numerosos heridos de bala y detenidos. Sin embargo, por el momento
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no han podido iniciarse las obras, las cuales afectar?an numerosas comunidades y tendr?an graves impactos sobre el Gran Lago de Nicaragua, la reserva de agua dulce m?s grande de la regi?n. Por ?ltimo, en Argentina se destacan las asambleas en defensa del agua, unificadas en la Uni?n de Asambleas Ciudadanas (uac, surgida en 2006) originariamente ligada a la lucha contra la megaminer?a, y en menor medida a la cr?tica al modelo de agronegocios. Esta tiene un formato asambleario y se re?ne tres veces al a?o, con el objetivo de dise?ar estrategias comunes de resistencia frente al avance del modelo minero en 12 provincias y defender las leyes provinciales (7 en total) que proh?ben la megaminer?a en ese pa?s. Respecto de los agronegocios, vinculado a la expansi?n de la soja transg?nica, el coraz?n del capitalismo agrario en Argentina, las resistencias fueron m?s dif?ciles de visibilizar, pese al rol pionero de las Madres del Barrio Ituzaing?, en la provincia de C?rdoba. Desde 2007 existe la campa?a ?Paren de fumigar?, promovida por el Centro de Protecci?n de la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe, el Grupo de Reflexi?n Rural (grr) y otros grupos (Mel?n 2014, 79). En este proceso de visibilizaci?n ha sido crucial el rol de m?dicos e investigadores, como Andr?s Carrasco, y otros profesionales que crearon la Red de M?dicos de Pueblos Fumigados.22
22 En 2009 por el Dr. Andr?s Carrasco, profesor de Embriolog?a, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas y T?cnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriolog?a Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (uba) y del Conicet, dio a conocer su investigaci?n en embriones sobre los efectos da?inos del agroqu?mico glifosato, comprobando que, con dosis de hasta 1 500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, se presentaban trastornos intestinales y card?acos, malformaciones y alteraciones neuronales. La campa?a de difamaci?n contra Carrasco tuvo varias repercusiones (amenazas an?nimas, campa?as de desprestigio medi?ticas e institucionales, fuertes presiones pol?ticas), lo cual gener? una declaraci?n de apoyo firmada por m?s de 300 investigadores y colegas del ?mbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigaci?n y de la ?tica p?blica. La situaci?n de hostigamiento e intolerancia se ha venido agravando, de cara a los resultados cada vez m?s elocuentes de las investigaciones cient?ficas independientes en el campo de los agroqu?micos y los organismos gen?ticamente modificados.
Cap?tulo 3. Alcances del giro ecoterritorial
En este cap?tulo propongo detenerme en los temas que recorren el giro ecoterritorial. Se?alo, antes que nada, que entiendo al giro ecoterritorial como una tendencia, lo cual significa que, m?s all? de los t?picos generales, efectivamente es necesario analizar caso por caso los procesos de lucha para ver qu? formas asume ?ste. Asimismo, har? hincapi? en los dilemas que atraviesan el reconocimiento de los derechos ind?genas, as? como en la importancia creciente del protagonismo femenino y, como consecuencia de ello, destacar? la emergencia de nuevas formas de feminismo popular en la regi?n.
T?picos del giro ecoterritorial
El giro ecoterritorial presenta contactos significativos con aquello que los propios actores denominan movimiento de justicia ambiental, originado en la d?cada de los a?os ochenta en comunidades negras de Estados Unidos. Actores que en otros pa?ses se aglutinan en torno a esta corriente entienden que la noci?n de justicia ambiental ?implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecol?gicas, f?sicas, construidas, sociales, pol?ticas, est?ticas y econ?micas?. Este enfoque, que enfatiza la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participaci?n y de democracia, el racismo ambiental hacia los pueblos originarios, en fin, la injusticia de g?nero y la deuda ecol?gica, est?n en el origen de diversas redes de justicia ambiental que hoy se de
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sarrollan en Am?rica Latina, en pa?ses como Chile (olca) y Brasil (Red de Justicia Ambiental).23 Uno de los conceptos m?s movilizadores del giro ecoterritorial es el buen vivir, en kichwa: sumak kawsay, en aymara: suma qama?a, en guaran?: ?andareko. El buen vivir emerge como horizonte ut?pico, responde en su origen a una pluralidad de cosmovisiones ind?genas, y ser?a err?neo pretender encapsularlo en una f?rmula vern?cula ?nica, atribuible a un pueblo o una cultura, o en un nuevo esquema binario que termine por fundirse con las dicotom?as, ya establecidas desde el discurso colonial (Lang y Mokrani 2012). Dicho concepto postula nuevas formas de relaci?n del ser humano con la naturaleza y con otros seres humanos. Reclama, por ende, el pasaje de un paradigma antropoc?ntrico a otro de car?cter relacional. En los lineamientos de este nuevo paradigma civilizatorio se destaca el abandono de la idea del desarrollo como crecimiento econ?mico ilimitado, la opci?n por una econom?a solidaria y sustentable, la jerarquizaci?n igualitaria de otras valoraciones de las actividades y bienes, m?s all? de la cremat?stica, en fin, una profundizaci?n de la democracia. El buen vivir tiene como uno de sus ejes centrales la relaci?n del hombre con la naturaleza como parte integrante de ella. De este modo, conlleva otros lenguajes de valoraci?n (ecol?gicos, religiosos, est?ticos, culturales) respecto de la naturaleza, al plantear que el crecimiento econ?mico debe estar supeditado a la conservaci?n de la vida. Dicha visi?n redunda, por ende, en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lo cual no supone una naturaleza virgen, sino el respeto integral por su existencia y el mantenimiento y regeneraci?n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa de los sistemas de vida (Gudynas 2009a). Los derechos de la naturaleza plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona las l?gicas antropoc?ntricas dominantes y se convierte en una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis civilizatoria. En l?nea con la propuesta del buen vivir o sumak
23 Pueden consultarse los siguientes sitios: http://www.olca.cl/oca/justicia/justicia02. htm y www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental.
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kawsay, se trata de construir una sociedad sustentada en la armon?a de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. As?, si el desarrollo apunta a ?occidentalizar? la vida en el planeta, el buen vivir rescata las diversidades, valora y respeta lo ?otro? (Acosta 2010). Por ?ltimo, no est? de m?s recordar que el debate sobre los derechos de la naturaleza fue puesto en la agenda pol?tica por la nueva constituci?n de Ecuador. All?, la naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los cuales se define como ?el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneraci?n de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos? (art?culo 71). Sin embargo, esta tendencia iniciada en Latinoam?rica no es compartida mundialmente ni es la mayoritaria. Otro t?pico del giro ecoterritorial refiere a concebir los bienes naturales como bienes comunes (commons, en ingl?s), una de las claves en la b?squeda de un paradigma alternativo tanto en el norte como en el sur global. En Am?rica Latina, la gram?tica de lo com?n adquiere dos sentidos. Por un lado, en el marco de la lucha contra las diferentes formas de neoextractivismo y la extensi?n del proceso de mercantilizaci?n, tiende a focalizarse en la defensa de los bienes naturales, lo cual abarca desde procesos de acaparamiento de tierras, la privatizaci?n de las semillas y la sobreexplotaci?n de la naturaleza. Por otro lado, la noci?n de bienes comunes tambi?n plantea una mirada diferente sobre las relaciones sociales, a partir de la importancia que adquieren los espacios y formas de cooperaci?n social, de uso y goce com?n. Hace a?os, el mexicano Gustavo Esteva (2007) denominaba a esto ??mbitos de comunidad?. Hay que recordar que hist?ricamente nuestros territorios perif?ricos han sido f?bricas de solidaridad. Situados por fuera del mercado formal y frente a la ausencia del Estado, gran parte de los sectores populares han tenido que desarrollar y reproducirse mediante estructuras autogestivas de cooperaci?n. En el mundo andino, la persistencia de la forma ?comunidad? suele ser la clave para explicar la actualizaci?n de redes de cooperaci?n e interdependencia, pero en contextos urbanos de desarraigo, marcados por la modernizaci?n desigual, resulta necesario construir nuevas solidaridades. En la hora actual, ante el avance del cercamiento y secuestro de lo com?n, ante el hecho capitalista generalizado en su fase de desposesi?n y
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mercantilizaci?n de la vida, las nuevas resistencias se manifiestan a trav?s de la emergencia de espacios de comunidad y formas de sociabilidad, esto es, campos de experimentaci?n colectiva que reivindican la producci?n y reproducci?n de lo com?n, m?s all? del Estado y del mercado. Los diferentes t?picos del giro ecoterritorial dan cuenta de la emergencia de una nueva gram?tica de las luchas, de la gestaci?n de un lenguaje alternativo de fuerte resonancia al interior del espacio latinoamericano de las luchas, de un marco com?n de significaciones que articula luchas ind?genas y nuevas militancias territoriales-ecol?gicas y feministas, que apuntan a la expansi?n de las fronteras del derecho, en clara oposici?n al modelo dominante. Sea en un lenguaje de defensa del territorio y los bienes comunes, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza o del buen vivir, la demanda apunta a una democratizaci?n de las decisiones, m?s a?n al derecho de los pueblos de decir ?no? frente a proyectos que afectan seriamente las condiciones de vida de los sectores m?s vulnerables y comprometen el futuro de las generaciones. Sin embargo, pese al impacto global que esta narrativa tiene en el campo de las luchas contra la globalizaci?n neoliberal, hay que tener en cuenta que las nuevas estructuras de significaci?n no se han convertido todav?a en debates de sociedad, aun si han realizado, no sin dificultades, notorios avances para colocar diferentes temas en la agenda p?blica y pol?tica. En esa l?nea, ser?a un error interpretar estos marcos colectivos como si fueran un?vocos o atravesaran el conjunto de las experiencias, dada la heterogeneidad de organizaciones y de tradiciones de lucha. En realidad, es necesario leer el giro ecoterritorial como una tendencia que recorre e informa las luchas, desde un marco de inteligibilidad m?s general. En esa l?nea, los conflictos socioambientales emblem?ticos (sobre todo durante la segunda fase del Consenso de los Commodities) contribuyeron a darles visibilidad, expandiendo el debate hasta incluir la problem?tica ambiental, incluso si la mayor?a de los gobiernos y no pocos sectores sociales urbanos tienden a entenderla de manera acotada o parcial, como una dimensi?n m?s, sin advertir las m?ltiples implicancias que trae aparejado el neoextractivismo. En suma, se trata de lenguajes de valoraci?n que abrieron una grieta en el Consenso de los Commodities, que poseen una resonancia social, sin ser
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dominantes, a trav?s de su inscripci?n en la agenda pol?tica y parlamentaria, aun si las expectativas econ?micas y pol?ticas de las grandes mayor?as han estado puestas en las pol?ticas p?blicas que alientan el neoextractivismo y naturalizan los modelos dominantes de inclusi?n por el consumo.
Neoextractivismo y pueblos ind?genas
El cambio de ?poca registrado a partir del a?o 2000 en la regi?n, a partir de la desnaturalizaci?n de la relaci?n entre globalizaci?n y neoliberalismo, fue configurando un escenario transicional y conflictivo en el cual una de las notas mayores fue el Consenso de los Commodities, expresado a trav?s de la (re)articulaci?n entre neoextractivismo y una nueva versi?n del desarrollismo. De este modo, la crisis del consenso neoliberal, la relegitimaci?n de los discursos cr?ticos, la emergencia y potenciaci?n de diferentes movimientos sociales, en fin, la reactivaci?n de la tradici?n populista, se insertaron en una nueva fase de acumulaci?n del capital, cuyo n?cleo fue el avance de diferentes formas de extractivismos a gran escala. Este proceso tendr?a importantes consecuencias en relaci?n con la situaci?n de los pueblos ind?genas, pues la contracara de la expansi?n de la frontera de derechos colectivos, reconocidos por las diferentes constituciones nacionales y la normativa internacional (desde el Convenio 169 de la oit a la Declaraci?n Universal de los Derechos Ind?genas), fue la expansi?n de las fronteras del capital hacia los territorios ind?genas y el aumento de la conflictividad socioterritorial. En el marco de los gobiernos progresistas, esta problem?tica, le?da primero como tensi?n y posteriormente como antagonismo, fue suscitando respuestas diferentes, que para el caso del lugar de los pueblos originarios colocaron en el centro del conflicto la cuesti?n de la autonom?a y, de modo m?s generalizado, la cuesti?n del derecho de consulta previa, libre e informada (cpli de aqu? en adelante), frente a la expansi?n de la frontera petrolera, minera, energ?tica y los agronegocios. Un informe de la Cepal sobre la situaci?n de los pueblos ind?genas, basado en los reportes del relator especial de la onu de los pueblos ori
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ginarios (periodo 2009-2013), resalta como uno de los grandes nudos de los conflictos producidos por la expansi?n de actividades extractivas en territorios ind?genas el ?incumplimiento del deber estatal de consulta con los pueblos ind?genas y de adopci?n de los resguardos y medidas para proteger sus derechos antes de otorgar concesiones o autorizar la ejecuci?n de proyectos extractivos?.24 Dicho informe reproduce adem?s un mapeo de las industrias extractivas que muestra que todos los pa?ses de Am?rica Latina donde existen territorios ind?genas presentan conflictos socioambientales. Durante el periodo 2010-2013, el mapa identificaba, al menos, 226 conflictos socioambientales en territorios ind?genas de Am?rica Latina, asociados a proyectos extractivos de miner?a e hidrocarburos (Cepal 2013, 139). Ahora bien, la cuesti?n respecto de la implementaci?n de la cpli est? lejos de ser un?voca, pues ?se trata de interpretar la cpli en t?rminos de consulta o de consentimiento? ??sta debe ser no vinculante, o bien los pueblos originarios tienen derecho a veto? La oit determina que la consulta debe hacerse de buena fe y que su finalidad debe ser intentar obtener el consentimiento de la comunidad o, por lo menos, llegar a un acuerdo. Con posterioridad, la Declaraci?n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind?genas adoptada por la onu en 2007, dio un paso m?s al involucrar el principio del consentimiento libre, previo e informado para el traslado de grupos ind?genas de sus tierras, as? como para la adopci?n y aplicaci?n de medidas legislativas y administrativas que los afecten, entre otras situaciones. Adicionalmente, ordena a los Estados reparar todos aquellos bienes de orden intelectual, cultural o espiritual que los grupos ind?genas hayan perdido sin su consentimiento libre, previo e
24 El informe data de 2013 y el mapeo fue realizado por el Proyecto de Apoyo para el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Ind?genas de la Universidad de Arizona. Los otros ?nudos problem?ticos? remiten a los inadecuados o inexistentes resguardos jur?dicos de los derechos de los pueblos ind?genas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales, biodiversidad y territorio; a los conflictos por la afectaci?n de lugares sagrados; a la inexistente o deficiente evaluaci?n independiente de los impactos ambientales, econ?micos y territoriales de los proyectos extractivos; a la exclusi?n de los pueblos ind?genas de la participaci?n en los beneficios por la explotaci?n de recursos en sus territorios; en fin, a la criminalizaci?n de la protesta social ind?gena por proyectos que afectan sus derechos y territorios (Cepal 2013, 58).
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informado. Aunque estas disposiciones no tienen un car?cter vinculante, establecen un compromiso fuerte por parte de los Estados y ejerce una presi?n sobre los mismos para que lleven a cabo una adecuaci?n. En esta l?nea, el soci?logo y jurista colombiano C?sar Rodr?guez Garavito distingue entre una interpretaci?n fuerte del derecho de consulta y otra d?bil. Desde su perspectiva,
organismos internacionales como la Relator?a sobre Derechos de los Pueblos Ind?genas de la onu y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2007) han fijado interpretaciones del derecho internacional m?s exigentes, sobre todo cuando se trata de grandes planes de desarrollo o inversi?n que tengan un impacto profundo sobre un pueblo ind?gena.
En el otro extremo, tenemos la concepci?n procedimental d?bil, como el expresado por la Corte Constitucional de Ecuador (Rodr?guez Garavito 2012, 48). Existen adem?s otras herramientas jur?dicas a escala regional, como la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (cidh), de la Organizaci?n de los Estados Americanos (oea), con asiento en Costa Rica que tiene un car?cter vinculante para los Estados americanos. Muy importantes son tambi?n los informes del relator especial de la onu sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Ind?genas, ya que suelen dar visibilidad y fuerza pol?tica de las demandas ind?genas, al investigar formas de superar los obst?culos existentes para proteger los derechos de los ind?genas, adem?s de recopilar informaci?n sobre violaciones de dichos derechos, realizar misiones a las regiones en conflicto y elaborar informes. La cidh tiene una tradici?n garantista sobre el tema. As?, por ejemplo, en 2007, a trav?s del an?lisis de cinco casos contenciosos, determin? un marco jur?dico internacional para resolver los problemas entre los Estados y las comunidades ind?genas. En primer lugar, estableci? que es tarea de los Estados asegurar la efectiva participaci?n de los pueblos ind?genas, para lo cual los Estados tienen el deber de consultar a dichas comunidades seg?n costumbres y tradiciones, aceptar y brindar informaci?n, promover la comunicaci?n entre ambas partes; las
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consultas deben realizarse de buena fe, a trav?s de procedimientos culturalmente adecuados, desde las primeras etapas de los proyectos de desarrollo, y asegurarse que las comunidades conozcan los posibles riesgos. En segundo lugar, dio recomendaciones sobre las materias que se deben consultar, entre las que se destacan la extracci?n de recursos naturales en territorios de pueblos ind?genas. Adem?s, son las comunidades y no el Estado las que deben decir qui?nes representar?n al pueblo ind?gena en cada procedimiento de consulta. Por ?ltimo, si el plan de desarrollo es de gran escala o de gran impacto, los Estados no pueden seguir adelante sin obtener el consentimiento previo, libre e informado. Un avance importante en la l?nea de la interpretaci?n en sentido fuerte fue la sentencia de la cidh del 30 de julio de 2012 en relaci?n con el pueblo kichwa Sarayaku de la Amazonia ecuatoriana. Hace m?s de una d?cada se radic? una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por haber otorgado una concesi?n petrolera y permitido que una empresa de capitales argentinos hiciera exploraci?n s?smica en el territorio del pueblo Sarayaku, sin realizar la consulta previa con el mismo. La corte determin? que Ecuador viol? los derechos a la consulta previa e informada, a la propiedad comunal ind?gena y a la identidad cultural. El Estado tambi?n fue declarado responsable por poner en grave riesgo los derechos a la vida e integridad personal y por la violaci?n de los derechos a las garant?as judiciales y a la protecci?n judicial en perjuicio del pueblo Sarayaku. En consecuencia, la corte orden? a Ecuador ?retirar la pentolita del territorio del Pueblo Sarayaku?. Adem?s, ?el Estado debe conducir una consulta adecuada, efectiva y plena antes de empezar proyectos de extracci?n de recursos naturales?. Debe todav?a realizar ?cursos obligatorios? acerca de los derechos de los pueblos ind?genas, dirigidos a funcionarios involucrados con pueblos ind?genas, y organizar ?un acto p?blico de reconocimiento de responsabilidad? por las violaciones. Por fin, la corte estableci? que el Estado deb?a pagar 90 000 d?lares en da?os materiales y 1 250 000 de d?lares en da?os no materiales al pueblo de Sarayaku.25
25 V?ase www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf.
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Este fallo marc? un hito en el tema y se preve?a que tendr?a impacto sobre los litigios pendientes entre derechos ind?genas y avance de la frontera extractiva. No es casualidad, entonces, que desde 2012- 2013, la cidh haya estado bajo la lupa de los pa?ses latinoamericanos: por ejemplo, el gobierno venezolano decidi? retirarse, alegando su parcialidad y decadencia moral, y Brasil amenaz? con hacer lo mismo, luego de que recibiera medidas cautelares por parte de la cidh que implicaban la suspensi?n de la construcci?n de la megarrepresa de Belo Monte, llevada a cabo sin la debida consulta a las poblaciones ind?genas.26 La cpli suele instalarse en un campo de disputa social y jur?dica crecientemente complejo y din?mico. En la perspectiva de los gobiernos latinoamericanos, en tiempos de neoextractivismo desarrollista, la cpli constituye algo m?s que una piedra en el zapato. M?s all? de las declaraciones grandilocuentes en nombre de los derechos de los ind?genas y la defensa de la Pachamama, no hay gobierno latinoamericano que no haya buscado minimizar la cpli para acotarla a sus versiones d?biles mediante diferentes legislaciones y reglamentaciones, que tienen por objeto establecer su car?cter de consulta no vinculante, as? como facilitar la tutela o manipulaci?n en contextos de fuerte asimetr?a de poderes. Esto es v?lido tanto para un gobierno democratizador como el de Evo Morales, que adem?s no se priv? de hacer un uso claramente manipulador de la cpli durante el conflicto del Tipnis. Tambi?n lo fue para el gobierno antiind?gena de Rafael Correa, en Ecuador, pues pese a su ratificaci?n, en la pr?ctica no se cumpli?, antes bien aparec?a reformulada bajo otras figuras, como por ejemplo la consulta prelegislativa. Sucedi? en Per?, donde los sucesivos gobiernos neoliberales, desde Alan Garc?a
26 Recordemos que la cidh es un organismo de la oea, y que su objetivo es realizar un seguimiento general de distintos temas relativos a los derechos humanos. En los ?ltimos a?os, la cidh ha sido muy criticada por la politizaci?n de sus sentencias. Ha tenido numerosos conflictos con Venezuela (denuncias por violaci?n de dd. hh.), Ecuador (denuncias contra la libertad de prensa) y Nicaragua (violaci?n de derechos humanos y por la falta de derechos de los nicarag?enses que trabajan en Costa Rica). Asimismo, se le reprocha que nunca ha condenado a ning?n dictador o dictadura latinoamericana, algo que sucedi? por ejemplo con el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras.
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hasta Ollanta Humala, buscaron colocar un freno (violento) a la demanda del derecho de consulta, tratando de acotarla a los pueblos amaz?nicos, en desmedro de las comunidades andinas, muchas de las cuales se oponen a la instalaci?n de proyectos megamineros. Lo es tambi?n para Argentina, donde se aprobaron leyes estrat?gicas sobre los recursos naturales (como la de hidrocarburos, en 2014, que incluye el fracking) sin incorporar la consulta a los pueblos originarios. En Bolivia, reemplazando toda normativa previa, en marzo de 2015 el gobierno modific? el reglamento de participaci?n y consulta de actividades hidrocarbur?feras. Otro decreto supremo, de mayo del mismo a?o, abri? la exploraci?n hidrocarbur?fera en zonas protegidas. Asimismo, seg?n el Cedib en 7 a?os hubo al menos 49 consultas previas sin evaluaci?n ambiental, con lo cual las poblaciones concernidas desconocen los impactos de dichas actividades.27 La llamada Agenda Patri?tica 2025 compromete diferentes territorios e incluso ?reas protegidas, donde est?n asentadas comunidades de pueblos originarios. Incluso el derecho a la consulta previa fue desnaturalizado para acelerar la ejecuci?n de inversiones petroleras (Gandarillas 2014, 123). La cuesti?n de la cpli resulta ser as? uno de los temas m?s dif?ciles y controversiales de la normativa internacional, regional y nacional sobre los derechos de pueblos ind?genas. Pese a que aparece como ?un
27 ??El investigador del Centro de Documentaci?n e Informaci?n Bolivia (Cedib), Pablo Villegas, inform? que desde 2007 hasta 2014 se realizaron en el pa?s alrededor de 49 consultas previas en materia de hidrocarburos, pero sin tomar en cuenta la evaluaci?n ambiental. A ra?z de ello subsisten conflictos en 18 territorios ind?genas y 11 ?reas protegidas. De 2007 a 2014 se hicieron 49 consultas previas por causa de los hidrocarburos seg?n datos de ese ministerio (?) pero la evaluaci?n de impacto ambiental no est? amarrada a la realizaci?n de la consulta previa?, critic? Villegas. [?] Seg?n cont? un investigador a anf, el tratamiento del impacto ambiental se lo realiza sin base cient?fica y cuando se habla sobre las compensaciones se lo hace sin la evaluaci?n ambiental, lo que implica que los pueblos ind?genas no conocen c?mo les afectar? la exploraci?n en su territorio. Agreg? que las evaluaciones de impacto ambiental son una especie de ?secreto de Estado? y que su acceso es restringido para los ciudadanos y para los pueblos ind?genas?. La informaci?n completa se puede consultar en http://www.cedib. org/post_type_titulares/cedib-en-7-anos-hubo-al-menos-49-consultas-previas-sobre-hidrocarburos-sin-evaluacion-ambiental-pagina-siete-17-8-15/.
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instrumento especializado?, en s?lo dos d?cadas ha sido objeto de conflictos jur?dicos en donde se juegan grandes intereses econ?micos, as? como la supervivencia de pueblos ind?genas y otros grupos ?tnicos. La situaci?n de los pueblos originarios se inserta en un escenario lleno de contrastes y contradicciones. El reconocimiento de los derechos colectivos abre a numerosos debates en Am?rica Latina acerca de los procesos de democratizaci?n plural en las sociedades latinoamericanas del siglo xxi y, especialmente, sobre la viabilidad y el alcance de dichos derechos enunciados a nivel internacional, recogidos por todas las constituciones pol?ticas latinoamericanas hoy vigentes. Estamos pues ante un dilema que da cuenta de la colisi?n entre dos din?micas. Por un lado, a escala global, desde mediados del siglo xx y al calor del proceso de descolonizaci?n, asistimos a la expansi?n de la frontera de los derechos culturales y pol?ticos de los pueblos originarios. Conceptos-horizonte como los de autonom?a, derechos colectivos, Estado plurinacional, recorren la narrativa indigenista e ilustran el empoderamiento pol?tico creciente de los pueblos originarios en diferentes pa?ses de Am?rica Latina. Por otro lado, la expansi?n vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, da cuenta de un nuevo proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, amenazando en su conjunto la preservaci?n de los recursos b?sicos para la vida. Despojo, recolonizaci?n, son algunos de los t?rminos utilizados de modo recurrente, ya sea por numerosos referentes ind?genas como por movimientos sociales. En suma, la expansi?n de la frontera extractiva hace estallar por los aires la posibilidad misma de aplicar los derechos colectivos de los pueblos originarios apenas reconocidos a nivel global, nacional y local.
Feminismos populares del sur
Hist?ricamente, el rol de las mujeres en las luchas sociales en el sur global ha sido muy importante. En Am?rica Latina, el protagonismo femenino se increment? en las ?ltimas d?cadas: mujeres ind?genas, campesinas, afros, mujeres pobres del ?mbito rural y urbano, lesbianas y trans- sa
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len del silencio, se movilizan, recrean relaciones de solidaridad y nuevas formas de autogesti?n colectiva. Para dar cuenta de dicho empoderamiento, se habla cada vez m?s de feminismos populares, los que, m?s all? de sus diferencias, aparecen asociados a los sectores m?s marginados y tienden a cuestionar la visi?n individualista y moderno-occidental, a favor de una mayor valorizaci?n de la ?experiencia colectiva y comunitaria? (Korol 2016). Entre las figuras posibles que adquieren los feminismos populares en la regi?n se destacan los feminismos comunitarios, que subrayan la existencia de otras formas de modernidad, diferente a la occidental dominante, vinculando la descolonizaci?n con la despatriarcalizaci?n. En su interior, hay grupos feministas que enlazan el patriarcado con la historia colonial; otros que, por el contrario, lejos de toda idealizaci?n de la comunidad, destacan su ?refuncionalizaci?n? (Lorena Cabnal, feminista xinka guatemalteca) o su ?entronque colonial? (Julieta Paredes, Asamblea Feminista, Bolivia), en el marco de las comunidades campesino-ind?genas actuales.28 En sinton?a con este empoderamiento, al calor de la expansi?n de los conflictos socioambientales, las mujeres latinoamericanas fueron adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Como ejemplo, se puede destacar el caso de Argentina, donde el movimiento de las Madres del Barrio Ituzaing?, de la ciudad de C?rdoba, fue pionero en denunciar los impactos del glifosato sobre la salud, lo cual condujo al primer juicio penal sobre este tema (Svampa y Viale 2014). Cabe se?alar la persistencia de las mujeres de la Asamblea de Chilecito y Famatina (maestras, amas de casa, comerciantes), que resistieron el embate de las corporaciones mineras (expulsando a cuatro empresas entre 2009 y 2015, entre ellas la Barrick Gold); por ?ltimo, la resistencia de mujeres mapuches contra el fracking en Neuqu?n (Cristina Lincopan, ya fallecida, y Relmu ?ancu, que en 2015 debi? enfrentar un juicio por tentativa de homicidio). En
28 En el campo del feminismo comunitario, como subraya Gargallo (2015), se ha destacado por su repercusi?n continental el feminismo boliviano de La Paz y Cochabamba: grupo de Mujeres Creando y, posteriormente, tambi?n Asamblea Feminista.
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Chile, es el caso de las Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quintero-Puchuncav?, en un polo industrial cerca de Valpara?so, fen?meno analizado por Paola Bolados y Alejandra S?nchez Cuevas (2017) en t?rminos de ecolog?a pol?tica feminista y violencia ambiental. Lo mismo puede decirse de Colombia, acerca de la resistencia de las mujeres frente a la expansi?n de la frontera petrolera (Roa, Roa, Toloza y Navas 2017). Estos son s?lo algunos ejemplos, pero el caso es que el protagonismo de las mujeres en las luchas ecoterritoriales se repite en todos los pa?ses de la regi?n. Se trata de voces personales y al mismo tiempo colectivas, cuya escucha atenta nos sit?a de manera progresiva en diferentes niveles de pensamiento y acci?n, pues detr?s de la denuncia y el testimonio no s?lo es posible ver la lucha concreta y acuerpada de las mujeres en los territorios, lo que conlleva una fuerte identificaci?n con la tierra y sus ciclos vitales de reproducci?n, sino tambi?n la desacralizaci?n del mito del desarrollo y la construcci?n de una relaci?n diferente con la naturaleza. En un vaiv?n que va de lo p?blico a lo privado, va asomando la reivindicaci?n de una voz libre, honesta, ?una voz propia? (Gilligan 2015) que cuestiona el patriarcado en todas sus dimensiones y busca recolocar la ?tica del cuidado en un lugar central y liberador, asociado de modo indiscutible a la condici?n humana. Ciertamente, el car?cter procesual de las luchas conlleva un cuestionamiento del patriarcado, en tanto modelo de dominaci?n de un g?nero sobre otro, sobre una matriz binaria y jer?rquica que separa y privilegia lo masculino por sobre lo femenino.29 En otras palabras, las luchas de las mujeres ?organizaciones ind?genas y campesinas, movimientos socioambientales, ong ambientalistas y colectivos culturales? van construyendo una relaci?n diferente entre sociedad y naturaleza, en la cual el ser humano no es comprendido como un ente exterior a la naturaleza, sino m?s bien como parte de ella. El pasaje a una visi?n relacional instala en el centro la noci?n de interde
29 No es de buenas a primeras que estas mujeres luchadoras se reconocen como feministas. En un primer momento, las mujeres no se reconocen expl?citamente feministas, s?lo en un segundo momento de las luchas, en ese vaiv?n que va de lo p?blico a lo privado, ?stas son resignificadas tambi?n como abiertamente feministas.
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pendencia, resignificada ya como ecodependencia, y plantea una comprensi?n de la realidad humana a trav?s del reconocimiento y el cuidado con los otros y con la naturaleza. En fin, son diversas las autoras que refieren a la importancia creciente de los feminismos del sur, entre ellas Vandana Shiva y Mar?a Mies (1998), quien suele hablar del ecofeminismo de la supervivencia, vinculado a la experiencia diversa de las mujeres en la defensa de la salud, la supervivencia, el territorio, lo cual hizo que naciera la conciencia de que existen v?nculos s?lidos entre mujeres y ambientalismo, feminismo y ecolog?a. En esa l?nea, resulta interesante explorar los v?nculos de los feminismos populares del sur con la perspectiva ecofeminista. Aunque el t?rmino ecofeminista naci? en la d?cada de los setenta y son numerosas las autoras que se inscriben en este campo, es en los ?ltimos a?os que sus aportes han tenido mayor difusi?n. El ecofeminismo retoma el diagn?stico de la crisis ecol?gica, a la cual entiende como una crisis social del car?cter antropol?gico, producto del doble dominio de lo humano en el plano de las relaciones interpersonales, as? como tambi?n en el campo de la relaci?n de lo humano con lo natural. A partir de ello, el ecofeminismo hace una interpretaci?n similar de la relaci?n entre el dominio de un g?nero sobre otro y del ser humano sobre la naturaleza, la cual se expresa en una l?gica identitaria, que justifica la devaluaci?n y marginaci?n de aquellos considerados diferentes: la mujer respecto del var?n y lo natural respecto de lo humano. Por ?ltimo, vale la pena aclarar que existen diferentes corrientes dentro del ecofeminismo, que incluyen desde el feminismo diferencialista o identitario, que naturaliza la relaci?n entre mujeres y naturaleza, hasta el ecofeminismo constructivista,30 que concibe al mismo como una construcci?n hist?rico-social ligada a la divisi?n sexual del trabajo. Desde mi perspectiva, resulta importante no caer en una visi?n esencia
30 V?ase en esta misma l?nea a Aguinaga, Lang, Mokrani y Santillana (2012), Daza, Ruiz y Ruiz (2013), que recogen la experiencia de los feminismos populares en el Per?, vincul?ndolos con los ecofeminismos. Para el caso de Argentina, el rol de las mujeres en los movimientos socioambientales desde la perspectiva del ecofeminismo ha sido analizado de modo pionero por Bilder (2013).
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lista de la relaci?n mujer-naturaleza, pues la clave sigue siendo el campo de afinidades electivas que plantea la explotaci?n de la divisi?n desigual del trabajo y la separaci?n entre la producci?n y reproducci?n de lo social. Sin embargo, hay que decir que en Am?rica Latina hay una presencia importante de feminismos populares y comunitaristas, de corte espiritualista, que retoman ciertos elementos de la perspectiva esencialista, ?pero sin demonizar al var?n? (Puleo 2011), y, sobre todo, destacan la identificaci?n con el territorio y la defensa de los ciclos vitales.
Cap?tulo 4. Hacia un neoextractivismo de figuras extremas
En este cap?tulo propongo leer algunas de las expresiones de la actual fase de exacerbaci?n del neoextractivismo, a trav?s de sus figuras extremas, que incluyen entre otras cosas el incremento de la represi?n estatal y paraestatal, visible en los asesinatos a activistas ambientales, el surgimiento de nuevas territorialidades criminales, ligadas a la miner?a ilegal y/o artesanal y al reforzamiento de la estructura patriarcal en un contexto de masculinizaci?n de los territorios, y, por ?ltimo, la expansi?n de las energ?as extremas. Asimismo, para complementar esta lectura en clave geopol?tica, en el ?ltimo apartado se avanza en la presentaci?n de la ampliaci?n de la geograf?a de la extracci?n en los pa?ses centrales.
El avance de la violencia extractivista
Hacia 2008-2010, asistimos a una etapa de multiplicaci?n de proyectos extractivos, tal como lo reflejan los diversos Planes Nacionales de Desarrollo, como parte de la plataforma electoral de los diferentes mandatarios latinoamericanos, no pocos de ellos en busca de una reelecci?n. Desde la ?locomotora energ?tico-minera? de Manuel Santos (Plan Nacional del Desarrollo, 2010-2014) en Colombia, pasando por el Plan Estrat?gico Agroalimentario 2020 (pea2) en la Argentina de Cristina Fern?ndez de Kirchner, el Arco Minero del Orinoco en Venezuela ?primero formulado en el Plan de Desarrollo de Ch?vez, luego retomado por Maduro?, hasta el paso del ?gran salto industrial? (2010) a la Agenda Patri?tica de 2025 (2015) de Bolivia, el caso es que los pa?ses latinoamericanos
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apostaron al incremento exponencial de megaproyectos extractivos, potenciando la explotaci?n indiscriminada de los bienes naturales con objetivos exportadores. La contracara de este proceso fue el aumento de la conflictividad, lo cual contribuy? directa o indirectamente a la criminalizaci?n de las luchas socioambientales y al incremento de la violencia estatal y paraestatal. Seg?n Global Witness (2014), entre 2002 y 2013 se registraron 908 asesinatos documentados en todo el mundo de activistas ambientales, de los cuales 83.7 % (760 casos) han tenido lugar en Am?rica Latina. Los datos tambi?n muestran que el incremento se produjo a partir de 2007 y a?n m?s en 2009, esto es, en coincidencia con la etapa de multiplicaci?n de los proyectos extractivos, tal como aparece reflejada en los diferentes programas de desarrollo presentados por los diferentes gobiernos. Despu?s de Brasil (50 muertes) y de Filipinas (33), el tercero en el ranking es Colombia, con 26 asesinatos a defensores ambientales en 2015. El listado regional incluye pa?ses como Honduras, Nicaragua, Panam?, M?xico, Guatemala y Per?. As?, a comienzos de 2012, en Panam? se registraron fuertes episodios de represi?n que costaron la vida de dos miembros de la comunidad ind?gena Ng?be-Bugl?. En Per?, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), se produjeron 25 muertos en situaci?n de represi?n, principalmente en la regi?n de Cajamarca, donde los pobladores se movilizaron contra el Proyecto Conga. En marzo de 2016 fue asesinada Berta C?ceres, del Copinh, por las fuerzas represivas de ese pa?s, por oponerse a una represa hidroel?ctrica.31 En enero de 2017 fue asesinada la feminista y activista contra la megaminer?a Laura V?squez Pineda, miembro de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Guatemala. Asimismo, en Argentina, bajo el gobierno conservador de Mauricio Macri, en un contexto de endurecimiento de la disputa por la tierra, durante el a?o 2017 fue asesinado por las fuerzas estatales Rafael
31 En 2015, Berta C?ceres recibi? el Premio Goldman, tambi?n conocido como el Nobel Verde, en reconocimiento a su lucha. C?ceres fund? el Copinh. Dicha organizaci?n y el pueblo lenca lograron que la constructora de hidroel?ctricas m?s grande del mundo ?la compa??a china Synohidro? se retirara del proyecto de construir la presa Agua Zarca en el cauce del r?o Gualcarque.
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Nahuel, de origen mapuche, y otro joven, Santiago Maldonado, muri? por ahogamiento en una situaci?n de represi?n estatal.32 El neoextractivismo se est? cobrando cada vez m?s v?ctimas en la periferia globalizada, mucho m?s en Am?rica Latina, regi?n que ostenta el r?cord mundial. Como en otros tiempos, la ilusi?n eldoradista se va trastocando en una renovada dial?ctica del despojo y la dependencia, que viene acompa?ada de m?s extractivismo, m?s violencia y, por ende, de menos democracia. Este proceso se ha ido incrementando; s?lo en 2016, de 200 asesinatos a activistas ambientales 60% tuvo lugar en Am?rica Latina, cifras que se replicaron en 2017.33 Nada indica que estos ?ndices mejorar?n, m?s bien todo lo contrario, si tomamos en cuenta el actual giro conservador ilustrado por pa?ses como Argentina y Brasil, cuyos actuales gobiernos no s?lo profundizaron el modelo extractivista en todas sus versiones, acentuando la violencia estatal sobre las poblaciones m?s vulnerables, sino tambi?n una serie de pol?ticas p?blicas que conllevan una significativa regresi?n en t?rminos de derechos sociales.
Enclaves y territorialidades criminales
La din?mica del enclave, asociada al extractivismo, cuenta con una larga historia en la regi?n, referida en primer lugar a la extracci?n de minerales y la exportaci?n de diferentes materias primas (ca?a de az?car, guano, caucho, madera, entre otros). Pueblos-campamentos, a veces convertidos en ciudades, conocen de la noche a la ma?ana el esplendor y el derroche, la pobreza y la riqueza extrema. Pero cuando las luces finalmente se apagan y el capital se retira para expandirse en otras latitudes en busca de commodities baratos, dichos territorios suelen ofrecer
32 Desde el inicio del gobierno de Macri, los conflictos se agravaron y son numerosos los dirigentes mapuches judicializados. M?s a?n, durante 2017 hubo dos muertos en situaci?n de represi?n. 33 Cons?ltese https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2017/jul/13/ the-defenders-tracker y http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/02/asesinan-acerca-de-200-defensores-del-medio-ambiente-en-2017-global-witness-5318.html.
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la repetida imagen del saqueo y del despojo; postales de un territorio fuertemente degradado, convertido en zona de sacrificio, que s?lo deja como legado a las comunidades locales los impactos ambientales y sociosanitarios. Son los ciclos del capital, marcados por la expansi?n de la frontera de mercanc?as, un modelo hist?rico-geogr?fico basado en la apropiaci?n r?pida (Moore 2013) que, una vez agotado el recurso, busca volver a expandirse y diversificarse geogr?ficamente. A principios del siglo xx, la din?mica del enclave, ligada a la miner?a y las plantaciones, sum? el ciclo del petr?leo, aun si los diferentes procesos de nacionalizaci?n que se registraron en Am?rica Latina hacia los a?os cuarenta y cincuenta abrieron una nueva etapa basada en esquemas soberanistas. En la ?poca actual, el neoextractivismo minero y, en parte, cada vez m?s el petrolero parecen retomar la v?a m?s cl?sica del enclave de exportaci?n, asociado a la acumulaci?n acelerada y la expansi?n de la frontera de explotaci?n. En t?rminos sociales, la configuraci?n de territorios extractivos se traduce por la dislocaci?n del tejido econ?mico y social previo, y la consolidaci?n de una fuerte estructura de desigualdades que incluye diferentes aspectos, vinculados al estilo y calidad de vida, a las relaciones laborales y de g?nero. La asociaci?n entre enclaves de exportaci?n y rentabilidad extraordinaria provoca un importante aumento del costo de vida, lo cual acent?a las disparidades salariales entre, por un lado, trabajadores petroleros y/o mineros, que perciben altos salarios, y, por otro lado, el resto de la poblaci?n. El boom petrolero/minero tambi?n trae como correlato la crisis habitacional y el alto precio de los alquileres. Por ?ltimo, la desintegraci?n social y la organizaci?n de tiempo de trabajo aparecen entrelazadas, lo cual genera problem?ticas sociales como la adicci?n a las drogas, el alcohol y el juego. En realidad, los territorios extractivos suelen adoptar una configuraci?n propia, diferente a aquella de los territorios no extractivos, en la medida en que potencian problem?ticas sociales ya existentes en la sociedad m?s amplia, entre ellas las disparidades salariales, los precios altos, las adicciones, el aumento de la criminalidad, la prostituci?n, a lo que a?aden m?s recientemente la trata y la expansi?n de redes criminales. En el nuevo siglo hubo cambios de diversa ?ndole a escala nacional y global. El estallido y desorganizaci?n social que viven nuestras socie
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dades produjo transformaciones notorias en el tejido social. Nuestras sociedades est?n mucho m?s fragmentadas, lo cual se complejiz? con la explosi?n del narcotr?fico, con la persistencia de las desigualdades y la marginalizaci?n, con la creciente presencia de la problem?tica de la inseguridad. En consecuencia, tambi?n se acentuaron y diversificaron las formas de violencia colectiva. As?, la amplificaci?n de estas cadenas de violencia34 encuentra un terreno f?rtil en contextos extractivos, en los cuales suelen expresarse a trav?s de figuras extremas, esto es, la emergencia de nuevas territorialidades criminales, en donde la marginalidad ?y la connivencia? en relaci?n con el Estado central se combina con el extractivismo depredador y la b?squeda de rentabilidad extraordinaria. Este fen?meno se registra hoy en ciertas regiones marginales de Venezuela, donde se expande la frontera extractiva (Ter?n 2016). Tengamos en cuenta que a partir de 2013, con el fin del llamado superciclo de los commodities, varios gobiernos realizaron un nuevo giro extractivista ante el d?ficit de la balanza comercial. Tal como se?ala E. Lander, el principal detonante ?aunque no el ?nico? de la crisis de ese pa?s fue la ca?da dr?stica del precio internacional del petr?leo.35 En esa l?nea, el gobierno de Maduro inici? una b?squeda intensiva de divisas, y en sinton?a con el Plan de la Patria (2013-2019) en febrero de 2016 cre?
34 En el libro La violencia en los m?rgenes, escrito por Javier Auyero y Mar?a Fernanda Berti, se introduce el concepto de cadenas de violencia, la ?que hace referencia a las maneras en que distintos tipos de violencia, usualmente pensados como fen?menos apartados y anal?ticamente distintos, se vinculan y responden unos a otros? (Auyero y Berti 2013, 94). Desde mi perspectiva, estas cadenas de violencia que los autores analizan como parte de la cotidianeidad de los barrios m?s relegados tienden a ganar amplitud, extendi?ndose cada vez m?s hacia el conjunto de la sociedad. No es ajeno a esto la incapacidad de los Estados de dar respuestas democr?ticas y al mismo tiempo satisfactorias a las problem?ticas que generan estas formas de violencia. Dicho de otro modo, en un contexto de desigualdad, las cadenas de violencia se potencian y ponen en evidencia la relaci?n de diferentes situaciones de exclusi?n, de despojo y sumisi?n, revelan una preocupante regresi?n democr?tica e incluso un peligro de fascistizaci?n de ciertos sectores de la sociedad. 35 V?ase el llamamiento lanzado en abril de 2016 a detener el ecocidio en el Arco Minero del Orinoco en https://entitleblog.org/2016/04/18/llamado-a-adhesiones-detener-el-ecocidio-minero-en-la-cuenca-del-orinoco-venezuela/.
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mediante decreto una Nueva Zona de Desarrollo Estrat?gico Nacional ?Arco Minero del Orinoco?, por el cual abri? casi 112 000 km2, 12% del territorio nacional, a la gran miner?a para la explotaci?n de oro, diamantes, colt?n, hierro y otros minerales. A fin de atraer inversiones extranjeras, el gobierno chavista suscribi? alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, cuyo contenido se desconoce, pues el decreto de estado de excepci?n y emergencia econ?mica permite que las contrataciones para el Arco Minero puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorizaci?n de la Asamblea Nacional. As?, la expansi?n de la frontera de los commodities a trav?s de la megaminer?a fue presentada como una nueva salida ?m?gica? en la b?squeda de la diversificaci?n del extractivismo petrolero, hoy en crisis. Seg?n Ter?n, esto dise?ar?a una nueva cartograf?a extractivista, en la cual ?la nueva apropiaci?n de frontera desborda el mapa hist?rico y se expande a ?reas de reservas naturales, extracciones offshore y parques nacionales? (Ter?n 2016, 261). Sin embargo, m?s all? de los megaproyectos planificados en el Arco Minero del Orinoco, el caso es que en dicha regi?n han surgido nuevas territorialidades que ilustran nuevas figuras extremas del extractivismo. Recientes investigaciones coinciden en se?alar la emergencia y consolidaci?n de bandas criminales ligadas a la miner?a artesanal e ilegal. La masacre de Tumeremo, en el estado de Bol?var, en 2016 con el tr?gico saldo de 28 mineros asesinados (Pardo 2016), aunque no fue la primera, contribuy? a visibilizar la relaci?n creciente entre rentismo, criminalidad y miner?a artesanal e ilegal, un fen?meno que se hab?a acentuado en los ?ltimos diez a?os (Romero y Ruiz 2018). Lo que hoy ya se conoce con el nombre de pranato minero36 revela los contornos de una nueva territorialidad extractiva, violenta y mafiosa, que tiene como contracara un Estado con escasa capacidad de regulaci?n y de control territorial, que al mismo tiempo desarrolla vinculaciones con las bandas armadas. As?, estamos ante la emergencia de una esfera paraestatal, desde abajo, que involucra un gran n?mero de actores econ?micos
36 En sentido estricto, pran en la jerga carcelera significa jefe. Se suele atribuir esas siglas al t?tulo de ?preso reincidente asesino nato?.
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legales e ilegales y sujetos sociales. Dichas estructuras criminales no s?lo controlan territorios, sino tambi?n la poblaci?n y las subjetividades, lo cual constituye un golpe importante para cualquier tentativa de reconstrucci?n de un proyecto democr?tico. Y todo ello sucede aun antes de que las empresas transnacionales ingresen con su l?gica depredadora a los territorios. Ahora bien, la expansi?n de estructuras criminales ligadas a la miner?a ilegal no es una figura espec?fica de Venezuela, pues tambi?n puede hallarse en Per?, donde en 2016 las organizaciones criminales de ese pa?s tuvieron mayor rentabilidad que las redes del narcotr?fico.37 Sin embargo, el fen?meno en Venezuela asume rasgos m?s espec?ficos y contundentes, a ra?z de la crisis del Estado y debido a la fenomenal debacle econ?mica que expulsa a diferentes poblaciones a la b?squeda de nuevas estrategias de sobrevivencia. En suma, este tipo de configuraci?n socioterritorial puede ser le?da como figuras extremas del extractivismo, caracterizada por la desorganizaci?n social, por la desigualdad, por la sobreapropiaci?n m?xima, por el reforzamiento de la matriz de dominaci?n patriarcal, lo cual potencia las cadenas de violencia ya existentes en la sociedad. Por otro lado, no menos grave es la conjunci?n de clientelismo pol?tico y violencia extractivista que marca la tortuosa relaci?n entre el gobierno boliviano y las poderosas cooperativas mineras, en la disputa por el excedente, una vez finalizado el periodo de rentabilidad extraordinaria. El asesinato en 2016 del viceministro de gobierno Rodolfo Illanes en manos de los cooperativistas, en represalia a una represi?n de la polic?a, fue una noticia que tuvo un gran impacto nacional e internacional. Sin duda, se trat? de una guerra extractivista, pues lo que estaba en juego, en un contexto de ca?da de los precios internacionales de los minerales, era el control del excedente. Cual aprendiz de brujo, el gobierno de Evo Morales debi? enfrentar a un modelo de corporativismo desmesurado, de tipo empresarial, que ?l mismo reforz? mediante privilegios econ?
37 ?Ganaron 2.6 mil millones de d?lares por la producci?n y venta de oro obtenido de forma ilegal; mientras que las redes dedicadas al narcotr?fico tuvieron rentabilidad de 500 a mil millones de d?lares?. La Rep?blica, 25 de abril de 2017. Acceso el 8 de marzo de 2018. http://larepublica.pe/sociedad/1035115-mineria-ilegal-genero-mas-ganancias-que-el-narcotrafico.
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micos a cambio de apoyo pol?tico. Hay que aclarar que muchas de estas asociaciones ni siquiera son cooperativas, sino empresas privadas encubiertas que subcontratan mano de obra, en condiciones de sobreexplotaci?n, que incluyen extensas jornadas laborales (hasta 16 horas diarias), al tiempo que venden lo extra?do a empresas transnacionales. Seg?n el Cedib hay entre 100 000 y 120 000 mineros cooperativistas, pero un sector importante (entre 40% y 50%) es subcontratado. As?, la realidad muestra la emergencia de un sector propietario enriquecido gracias a las condiciones de explotaci?n y a los altos precios de los minerales durante el superciclo de los commodities. Luego del gas, la miner?a representa hoy la segunda riqueza en Bolivia con 25% de las exportaciones, que incluyen esta?o, zinc, plata, cobre y oro. Con la bonanza econ?mica, las cooperativas se incrementaron, pasando de 500 en 2005 a 1 600 en 2015.
La otra cara del patriarcado: extractivismo y cadenas de violencia
Existe una relaci?n hist?rica entre actividad petrolera y minera, masculinizaci?n de los territorios y reforzamiento del patriarcado. En efecto, en un contexto de fuerte concentraci?n de poblaci?n masculina, la prostituci?n tiende a naturalizarse, es decir, a no ser vista como una problem?tica social y cultural. A esto hay que a?adir que en las ?ltimas d?cadas, en un contexto de la globalizaci?n de las redes criminales, la prostituci?n y la trata se incrementaron. La trata de mujeres para la industria sexual genera grandes beneficios, en un circuito cada vez m?s globalizado del crimen (Sassen 2003b), que involucra la complicidad y participaci?n ?ilegal? de diferentes poderes (pol?tico y judicial). En esa l?nea, en toda la regi?n se registra una estrecha relaci?n entre miner?a, prostituci?n y aumento de la trata. En pa?ses como Bolivia, Per?, Colombia y M?xico, la red de trata de personas aparece sobre todo asociada a la miner?a ilegal. Este es el caso de la regi?n de Puno, en Bolivia, donde se han reportado miles de casos de trata de mujeres y ex
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plotaci?n sexual. Como afirma Livia Wagner, autora del informe Crimen organizado y miner?a ilegal en Latinoam?rica, ?hay un fuerte v?nculo entre la miner?a ilegal y la explotaci?n sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tr?fico sexual? (Miranda 2016). Tambi?n sucede en las zonas mineras de Per?, como en la regi?n amaz?nica de Madre de Dios, donde hay extracci?n ilegal de oro. En el caso de Argentina, la trata y la prostituci?n siguen el mismo camino que la ruta del petr?leo y la miner?a, as? como tambi?n la ruta de la soja. A esto hay que a?adir el aumento de la violencia estatal y paraestatal para con las mujeres que se oponen al neoextractivismo. Ya se se?al? que la criminalizaci?n, agresi?n y asesinato de defensores del ambiente se increment? notoriamente en la regi?n. Entre 2011 y 2016, organizaciones de derechos humanos registraron 1 700 agresiones a mujeres ambientalistas en Am?rica del Sur y Am?rica Central (Maldonado 2016). La mayor?a de las agresiones se han realizado en contextos de desalojo forzoso, donde las mujeres son violentadas f?sica y sexualmente por las fuerzas policiales o grupos paramilitares (Fondo de Acci?n Urgente-Am?rica Latina 2017). Uno de los cr?menes recientes m?s impactantes fue el de Berta C?ceres, del Copinh en Honduras. Otro caso resonante de persecuci?n y amedrentamiento es el de M?xima Acu?a en Per?, integrante de la Asociaci?n de Mujeres en Defensa de la Vida y de la Uni?n Latinoamericana de Mujeres (Ulam), en oposici?n al megaproyecto minero Conga.38 Por ?ltimo, cabe agregar el caso de las militantes de Acci?n Ecol?gica, ong ecuatoriana muy reconocida a nivel internacional, dedicada a la investigaci?n y asesoramiento, compuesta casi exclusivamente por mujeres, que ha conocido dos tentativas de disoluci?n por parte del gobierno de Rafael Correa (en 2009 y en 2016), por su lucha a favor de los derechos de la naturaleza y a favor de las comunidades que luchan contra el neoextractivismo. En suma, all? donde irrumpen las actividades extractivas, caracterizadas por la masculinizaci?n de los territorios y la ganancia extraor
38 Para un relevamiento del proceso de criminalizaci?n y asesinato de mujeres luchadoras, v?ase Oxfam (2014).
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dinaria, se intensifican y exacerban diferentes problem?ticas sociales, ya presentes en la sociedad. As?, una de las consecuencias es la acentuaci?n de los estereotipos de la divisi?n sexual del trabajo
que agrava las desigualdades de g?nero, produce el rompimiento del tejido comunitario, al tiempo que potencia cadenas de violencia preexistentes (Svampa 2017). Efectivamente, en un marco agravado por las caracter?sticas sociales, laborales y espaciales del enclave, ello afecta de manera muy negativa el lugar de las mujeres. Por un lado, en un contexto de marcadas asimetr?as salariales, se fortalece el rol tradicional de las mujeres (hombre-trabajador-proveedor/mujer-ama de casa-cuidadora). Asimismo, en muchos pa?ses asistimos al debilitamiento de los roles comunitarios y ancestrales de las mujeres, pues las industrias extractivas rompen el tejido comunitario y producen un desplazamiento de actividades e incluso de poblaci?n (Fondo de Acci?n Urgente-Am?rica Latina 2017). Por otro lado, cobra centralidad el proceso de explotaci?n sexual de las mujeres y se cristaliza el lugar de estas como objeto sexual. Finalmente, en este marco se agravan tambi?n los actos de violencia ?f?sica y sexual? contra las defensoras ambientales. En otros t?rminos, la consolidaci?n de configuraciones socioterritoriales, caracterizadas por la masculinizaci?n, la desarticulaci?n del tejido social, por la desigualdad y por la sobreapropiaci?n m?xima y acelerada, refuerza la matriz de dominaci?n patriarcal y agrava las cadenas de violencia. Todo lo cual se expresa en un grave retroceso en cuestiones de equidad de g?nero y una reactualizaci?n muy peligrosa de las peores figuras del patriarcado y la generaci?n de nuevas figuras, ligadas a la esclavitud sexual.
La expansi?n de las energ?as extremas y nuevos conflictos
La ampliaci?n de la frontera tecnol?gica permiti? buscar otras formas de yacimiento de hidrocarburos, los denominados no convencionales, de extracci?n t?cnicamente m?s dif?cil, econ?micamente m?s costosas
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y con mayores riesgos de contaminaci?n. Siguiendo la definici?n que proponen Tatiana Roa Avenda?o, del Censat-Agua Viva de Colombia, y Hern?n Scandizzo, del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, en este libro utilizamos el concepto de energ?as extremas, m?s amplio que el de hidrocarburos no convencionales, que se refiere ?no s?lo a las caracter?sticas de los hidrocarburos, sino tambi?n a un contexto en el que la explotaci?n de gas, crudo y carb?n entra?a cada vez mayores riesgos geol?gicos, ambientales, laborales y sociales; adem?s de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales? (Roa y Scandizzo 2017). Entre las energ?as extremas encontramos diferentes tipos: a) el gas de esquisto (shale gas), que existe en dep?sitos de esquisto, rocas madres formadas a partir de dep?sitos de limo, arcilla y materia org?nica, a una profundidad de entre 1 000 y 5 000 m. Las lutitas son una roca sedimentaria porosa, pero poco permeables, porque sus poros son muy peque?os y no est?n bien comunicados entre ellos. b) El tight gas o gas de arenas compactas, atrapado en una formaci?n geol?gica m?s compacta, como puede ser una formaci?n de arenisca o caliza. c) El gas de mantos de carb?n, que aparece ligado al carb?n de piedra a una profundidad de entre 500 y 2 000 m. d) Entre los no convencionales existen lo que se denominan los crudos pesados o arenas bituminosas, cuyos costos ambientales son tambi?n muy gravosos y que actualmente se extraen en Canad? (Alberta) y en la faja del Orinoco (Venezuela). e) Por ?ltimo, no hay que olvidar los yacimientos offshore en el mar, cada vez m?s alejados de la costa, en aguas profundas, que son extra?dos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. La profundidad, como sucede con el presal en Brasil, o la distancia entre la superficie del mar y los reservorios de petr?leo pueden llegar a m?s de 7 000 metros. Las energ?as extremas conllevan altos costes econ?micos, as? como gravosos impactos ambientales y sociosanitarios. Parte de ellas requieren para ser extra?dos de la fractura hidr?ulica o fracking,39 una t?cnica
39 A pesar de que se conocen desde hace tiempo, no es sino con la expansi?n de la frontera tecnol?gica y ante la inminencia del agotamiento de los hidrocarburos conven
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experimental por la cual se logra extraer el gas o el crudo atrapado en las rocas desde ?pocas inmemoriales. Esta t?cnica consiste en la inyecci?n a altas presiones de agua, arena y productos qu?micos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a fin de incrementar la permeabilidad y, con ello, mejorar la extracci?n de los mismos. La expansi?n de las energ?as extremas est? muy vinculada a decisiones geopol?ticas adoptadas de modo unilateral por Estados Unidos. Hacia el a?o 2000, dicho pa?s se propuso como objetivo estrat?gico dejar de depender de la producci?n petrolera de los pa?ses ?rabes y lograr el autoabastecimiento energ?tico a trav?s de la explotaci?n de energ?as extremas. Para poder lograr una ecuaci?n econ?mica viable, las compa??as petroleras lograron importantes concesiones, desde fuertes incentivos fiscales hasta la exenci?n del cumplimiento de la normativa ambiental. Esto sucedi? bajo la presidencia de George Bush en 2005, cuando el Parlamento aprob? la cl?usula energ?tica (Energy Politics Act, denominada tambi?n Enmienda Halliburton a ra?z del lobby ejercido por esa empresa) que exim?a a la industria del gas de respetar las leyes de protecci?n del agua potable y otra serie de reglamentos de protecci?n del medio ambiente, e imped?a el control por parte de la Agencia de Protecci?n Ambiental (epa, por sus siglas en ingl?s) sobre la actividad. A esto se sum? que las empresas en Estados Unidos est?n amparadas por la confidencialidad y hasta hace poco tiempo no ten?an por qu? detallar cu?les eran las sustancias qu?micas que se utilizaban en los l?quidos de fractura. Dicha decisi?n, impulsada por el lobby petrolero y justificada en nombre de razones geopol?ticas, gener? una reconfiguraci?n de la cartograf?a energ?tica mundial, basada en la energ?a f?sil. A ra?z de ello, en los ?ltimos diez a?os Estados Unidos fue afianzando su liderazgo
cionales que los llamados hidrocarburos no convencionales comenzaron a ser vistos como una alternativa ?viable?, pese al mayor coste econ?mico, mayor contaminaci?n y da?o ambiental, y el menor rendimiento energ?tico que ?stos tienen. Asimismo, aunque la tecnolog?a de la fractura hidr?ulica es empleada en la actividad petrolera desde hace m?s de sesenta a?os, no es sino desde hace casi dos d?cadas que es utilizada de manera intensiva y a gran escala. V?anse Bertinat, D?Elia, Ochandio, Svampa y Viale (2014) y Svampa y Viale (2014).
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como exportador neto de gas, y se dice que hacia finales de 2030 podr?a convertirse tambi?n en exportador neto de petr?leo, gracias a la utilizaci?n de tecnolog?as de extracci?n como el fracking. Rusia y Oriente Medio perder?an gravitaci?n, as? como China y otros pa?ses. Un informe reciente de la Energy Information Administration (eia) calcula el aumento de la producci?n estadounidense de petr?leo de esquisto en ocho millones de barriles entre 2010 y 2025, lo que supondr?a ?el periodo m?s largo de crecimiento sostenido de la producci?n de petr?leo de un pa?s en la historia de los mercados de crudo?. En 2010, el Departamento de Estado Americano lanz? una Iniciativa Global de Gas de Esquisto (gsgi, por sus siglas en ingl?s), ahora conocido como Programa de Compromiso T?cnico de Gas no Convencional, enfocada sobre la fracturaci?n hidr?ulica. Se trataba de una apuesta a trav?s de la cual Washington invitaba a varios pa?ses del mundo a discutir los beneficios y los riesgos de esta t?cnica que, seg?n sus defensores, cambiar?a el mercado energ?tico. En abril de 2011, la eia public? un informe donde se valoraban y localizaban las principales reservas mundiales. Aunque ese estudio comenz? a ser cuestionado, sobre todo en lo que respecta a las (sobre)estimaciones de gas que presenta, ?ste sigue siendo utilizado como base de una argumentaci?n para defender las posibilidades de acceder a estas reservas. En dicho estudio se se?alan las zonas con mayores yacimientos, entre las cuales se destacan China, Estados Unidos, Argentina, M?xico, Sud?frica, Australia, Canad?, Libia, Argelia y Brasil. Mientras China y Estados Unidos est?n a la cabeza respecto del gas no convencional, con 19.3% y 13% respectivamente, Argentina y M?xico se ubican en tercer y cuarto lugar, con 11.7% y 10.3% cada uno de ellos. Toc? a Argentina ser la cabeza de playa del fracking en la regi?n latinoamericana. En 2012, en un contexto de creciente desabastecimiento energ?tico, las estimaciones m?s que prometedoras sobre la existencia de hidrocarburos no convencionales impulsaron al gobierno de Cristina Fern?ndez a la expropiaci?n parcial de ypf, en ese entonces en manos de la empresa espa?ola Repsol. Los hidrocarburos no convencionales se encuentran sobre todo en el norte de la Patagonia, en la cuenca neu
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quina, la cual abarca en total unos 120 000 km2. M?s all? de la crisis, en Argentina no tard? en desatarse una fiebre eldoradista, lo cual contribuy? a minimizar cualquier debate sobre los riesgos ambientales y sociosanitarios de la fractura hidr?ulica, tal como suced?a en otras latitudes. Esto se vio fortalecido por la ret?rica nacionalista del kirchnerismo que dec?a impulsar el pasaje del paradigma del commodity al de los recursos estrat?gicos, a partir del control de los hidrocarburos y, por ende, de la pol?tica energ?tica por parte del Estado. Seg?n datos de la eia, en 2015, sin considerar a Estados Unidos y Canad?, Argentina y China lideraban el desarrollo de gas de esquisto. Tal como ya sucedi? con la soja, Argentina fue perfil?ndose como un laboratorio a cielo abierto en la implementaci?n de una de las t?cnicas de extracci?n de hidrocarburos m?s controversiales a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez m?s propicio para las inversiones extranjeras, sobre todo a partir de la firma del convenio entre ypf y Chevron, que fue la puerta de ingreso del fracking a gran escala en el pa?s, al cual le siguieron otros convenios de asociaci?n mixta. Pero el progresismo kirchnerista no estaba solo en esta apuesta por las energ?as extremas: tanto la oposici?n de centro como de derecha acompa?aron su decisi?n. Una vez m?s, el Consenso de los Commodities, que proyect? a Neuqu?n como la nueva Arabia Saudita, sobre todo gracias a Vaca Muerta (la m?s grande formaci?n de shale o roca de esquisto de Argentina), tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visi?n sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. La historia no es sin embargo lineal. A partir de 2014, la ca?da de los precios internacionales del petr?leo pusieron un freno a la fiebre eldoradista en Vaca Muerta, lo cual no impidi? el inicio de un proceso de reconfiguraci?n social y territorial, con sede en A?elo, localidad ocupada por las grandes operadoras transnacionales, donde todo est? listo para (volver a) arrancar cuando se d? la se?al de salida; esto es, apenas aumente el precio el petr?leo y proyecte un horizonte de rentabilidad la esperada inversi?n de las grandes corporaciones globales. En esa l?nea, el gobierno kirchnerista se aboc? a subsidiar la producci?n de petr?leo, algo que continu? la gesti?n de Mauricio Macri, quien adem?s, en enero
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de 2017, relanz? Vaca Muerta en su versi?n eldoradista neoliberal al firmar convenios que garantizan la flexibilizaci?n laboral y trasladan el costo de la acumulaci?n a los sectores m?s d?biles de la cadena, es decir, los trabajadores. Hay que destacar que la regi?n de Vaca Muerta est? lejos de ser un territorio vac?o, tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. All? se asientan de modo disperso unas 20 comunidades ind?genas. Tampoco es el ?nico territorio en el cual se hace fracking en Argentina; ?ste se realiza tambi?n en la zona del Alto Valle de R?o Negro, en Allen, donde la explotaci?n de tight gas avanza entre plantaciones de peras y manzanas y amenaza con desplazar este tipo de econom?a. En 2014, a ra?z de las protestas llevadas a cabo por la Confederaci?n Mapuche, el gobierno del Neuqu?n debi? reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa, se?ala el Observatorio Petrolero Sur, son 10 000 ha, pero el gobierno s?lo acepta como parte de la comunidad unas 900. Pero en esta extensi?n es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella. Este es un ejemplo, pero son muchos m?s los territorios en disputa, hoy recuperados por comunidades mapuches que alertan sobre una extendida cartograf?a del conflicto frente al avance de las diferentes modalidades del neoextractivismo y el acaparamiento de tierras. Con argumentos similares a los de Argentina, a partir de 2013, en M?xico el gobierno de Pe?a Nieto propici? la reforma energ?tica, la cual abri? la puerta para suscribir contratos con la inversi?n privada, al tiempo que coloc? en agenda la cuesti?n de la explotaci?n de energ?as extremas en yacimientos de esquisto y de arenas compactas, con el objetivo de enfrentar la ca?da de la producci?n de petr?leo y las crecientes importaciones de gas natural. Son varias las provincias comprometidas en este proceso, desde Tampicas, Burgos, Veracruz, Burro hasta Chihuahua. Adem?s, existe evidencia de que la fractura hidr?ulica ya ha sido utilizada en 2010 en yacimientos de esquistos, por parte de la compa??a estatal Petr?leos Mexicanos (Pemex). En la actualidad, el fracking cuenta ya con 1 500 pozos activos, pero datos m?s recientes, propor
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cionados por una investigaci?n de la asociaci?n CartoCr?tica revela la existencia de 5 000 pozos activos. En Colombia, a mediados de 2017, el Ministerio de Ambiente preparaba una norma que permitir?a iniciar la explotaci?n offshore en el pa?s. Sin embargo, el gobierno no presenta una posici?n un?nime respecto del fracking. Mientras que el Ministerio de Ambiente propon?a extender los estudios sobre los impactos de la fracturaci?n hidr?ulica en los pr?ximos 5 a?os, el Ministerio de Energ?a avalaba su aplicaci?n inmediata. La Alianza Colombiana Contra el Fracking sostiene que de avanzarse en la l?nea que impulsa la expansi?n de la frontera petrolera, el fracking podr?a poner en grav?simo riesgo varios ecosistemas estrat?gicos, tales como el P?ramo de Sumapaz, despensa agr?cola de la capital y reconocido como el m?s grande del mundo, y el P?ramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor de 80% del agua potable de Bogot?, adem?s de otros ecosistemas. Mientras tanto, en Brasil, al comp?s de la reforma energ?tica realizada entre 2016 y 2017, el gobierno de Michel Temer impuls? la inversi?n en exploraci?n y producci?n de hidrocarburos. Como en otros pa?ses, esta reforma abri? la posibilidad de que la estatal Petrobras formara parte de todos los consorcios petroleros abocados a la explotaci?n del presal, esto es, el petr?leo en aguas profundas. Este cambio dio marcha atr?s a las reformas de 2010 que obligaban a la petrolera nacional a adquirir al menos 30% de los campos de hidrocarburos en esta regi?n petrolera (Pulso Energ?tico 2017). En 2017, el ministro de Minas y Energ?a, Fernando Coelho Filho, destacaba que Brasil vivir?a de nuevo el momento de ?euforia? con el presal en los pr?ximos a?os, similar a la observada en la administraci?n del gobierno del expresidente Luiz In?cio Lula da Silva con el descubrimiento de las grandes reservas offshore. El avance del fracking ha provocado la reacci?n de comunidades locales en todo el continente. Asambleas ciudadanas, comunidades ind?genas y campesinas, ong ambientalistas, redes de intelectuales y acad?micos, algunos sindicatos, est?n en el origen de estas resistencias. En Argentina, a partir de 2012 se crearon numerosas asambleas y redes ciudadanas que impulsan la moratoria y/o prohibici?n de la explotaci?n
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de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidr?ulica. A finales de 2017, hab?a unas 50 localidades que contaban con ordenanzas que prohib?an el fracking. En Brasil, en 2016 eran 72 ciudades que prohib?an la fractura hidr?ulica, aunque otros datos se?alan que hab?a 200 municipios libres de fracking y varios estados que est?n considerando la prohibici?n total. No son pocos los activistas brasile?os que se trasladan a Argentina para observar in situ los da?os que produce este tipo de energ?a extrema, sobre todo en el Alto Valle de R?o Negro, donde el fracking avanza entre plantaciones de peras y manzanas. A nivel regional se cre? la Alianza Latinoamericana Contra el Fracking, una red de organizaciones que busca promover el debate, analizando el contexto energ?tico de cada pa?s, las pol?ticas p?blicas que se implementan para promover y regular el fracking, los impactos sociosanitarios, ambientales y econ?micos ocasionados por esta t?cnica en la poblaci?n, los impactos del mismo como modelo de ocupaci?n territorial, as? como las estrategias de incidencia, movilizaci?n y resistencia desplegadas en cada pa?s. Hasta ahora, el ?nico pa?s en la regi?n que aprob? una moratoria en relaci?n con el fracking por cuatro a?os es Uruguay. En agosto de 2017, diferentes agrupaciones ambientalistas de Uruguay, Argentina y Brasil marcharon por el noroeste uruguayo para manifestarse en contra la exploraci?n de hidrocarburos mediante fractura hidr?ulica, levantando como bandera la protecci?n del acu?fero guaran?, una de las reservas de agua dulce m?s grandes del planeta. Finalmente, el proyecto de moratoria fue convertido en ley en diciembre de 2017.
La ampliaci?n de la geograf?a de la extracci?n
Frente a la presi?n por la ampliaci?n de la frontera de los commodities, muy especialmente a trav?s de la expansi?n de las energ?as extremas, bien cabe preguntarse si en la actualidad el neoextractivismo no es una categor?a tambi?n aplicable al norte global. Ciertamente, la profundizaci?n del neoextractivismo y la emergencia de sus figuras extremas afectan muy especialmente los pa?ses del sur, reconfigurando territorios,
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generando nuevas formas de dominaci?n y potenciando la geograf?a del despojo, en un contexto cada vez m?s marcado por la judicializaci?n y represi?n estatal y paraestatal, as? como por la violencia patriarcal. Sin embargo, la presi?n por expandir la frontera energ?tica desborda claramente los pa?ses del sur y permite detectar el avance de una din?mica territorial extractivista en el norte global. El ejemplo elocuente es la vertiginosa expansi?n de la frontera petrolera y energ?tica, mediante la explotaci?n de gas y petr?leo no convencional. Efectivamente, la apuesta por el fracking implica la profundizaci?n de la matriz energ?tica actual, basada en los combustibles f?siles y, en consecuencia, un fuerte retroceso en t?rminos de escenarios alternativos o de transici?n hacia energ?as limpias y renovables. Ya se ha dicho que la v?a del fracking fue decidida por Estados Unidos, en nombre del autoabastecimiento y de la soberan?a hidrocarbur?fera. La historia de su desarrollo, a partir del a?o 2000, y la serie de exenciones ambientales y econ?micas que requiri?, el rol crucial del poderoso lobby petrolero, figuran entre las p?ginas m?s s?rdidas de la pol?tica norteamericana reciente. En consecuencia, a partir del a?o 2000, la fractura hidr?ulica fue transformando la realidad energ?tica de Estados Unidos, otorg?ndole una mayor autonom?a respecto de las importaciones, pero tambi?n lo convirti? en el territorio en el cual pueden comprobarse los verdaderos impactos: contaminaci?n de acu?feros, da?os en la salud de personas y animales, terremotos, mayores emisiones de gas metano, entre otros. El car?cter controversial del fracking aparece ilustrado por una profusa y m?vil cartograf?a global del conflicto, que arranc? en el coraz?n del norte imperial, tal como lo refleja la prohibici?n en Vermont y la moratoria en estados como en Nueva York y Los ?ngeles. En Quebec (Canad?) las luchas desembocaron en su prohibici?n, mientras que en la Columbia brit?nica hoy se desarrollan resistencias ind?genas-urbanas, a ra?z del oleoducto de 1 100 km que transporta el bitumen desde la regi?n de Alberta, que atraviesa territorio comunitario. All?, en Alberta, con epicentro en la localidad de Fort McMurray, la nueva Eldorado, los accidentes y da?os producidos por el fracking son incalculables, y abren
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a un paisaje des?rtico y desolado que abarca m?s de 90 000 m2 de tierra y agua contaminada por la extracci?n de arenas bituminosas, el combustible f?sil m?s sucio de todas las energ?as extremas. Desde el a?o 2000, la explotaci?n de esta zona de frontera convoca a corporaciones globales como Chevron, Esson, Total, Petrochina, entre otras. En Europa, tal como sucedi? en otras latitudes, los informes de la Agencia Norteamericana de Energ?a tendieron a alimentar las expectativas de un nuevo Eldorado y no pocos pa?ses cayeron presos de este discurso seductor. Quiz? el caso m?s dram?tico sea el de Polonia, donde las compa??as norteamericanas hicieron pie hacia 2011. Una de las principales lobistas fue Hillary Clinton, entonces funcionaria del gobierno de Barack Obama. Despu?s de que el gobierno norteamericano predijese que las reservas del gas de esquisto en Polonia eran suficientemente abundantes como para abastecer a dicho pa?s de energ?a en los pr?ximos tres siglos, cuatro a?os m?s tarde la realidad termin? siendo otra; el costo de la extracci?n, la poca accesibilidad de los yacimientos, har?a que los permisos se fueran reduciendo y las compa??as petroleras, entre ellas Chevron, comenzaran a abandonar el pa?s. Francia fue el primer pa?s en prohibir la fractura hidr?ulica en 2011, en una lucha que congreg? resistencias de diferentes y peque?as localidades de los Pirineos, y que cont? con el acompa?amiento de un referente emblem?tico del movimiento alterglobalizaci?n Jose Bov?. Seguir?a Bulgaria, en 2012, mientras que otros pa?ses impulsaron moratorias, como es el caso de Alemania, uno de los pa?ses m?s decididamente embarcado en la transici?n energ?tica hacia energ?as renovables. Tambi?n fue prohibido en Gales, Irlanda y Escocia; en este ?ltimo se realiz? una consulta en octubre de 2017, que arroj? como resultado que 99% de los votantes estaba en contra del fracking ?por motivos ambientales y falta de beneficios econ?micos?. En Espa?a la puja entre gobierno y resistencias sociales contin?a siendo muy intensa, y las brechas llegaron incluso al Partido Conservador hoy en el gobierno. En varias comunidades ?como Cantabria o el Pa?s Vasco? los parlamentarios del partido popular apoyaron leyes antifracking auton?micas. Hacia 2016, ante una iniciativa impulsada por varios partidos para prohibir el fracking, va
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rias de las empresas petroleras interesadas en explotar hidrocarburos no convencionales en Espa?a optaron por retirarse. Un pa?s que presenta un escenario muy conflictivo es Inglaterra. De acuerdo con el Servicio Geol?gico Brit?nico, Gran Breta?a est? asentada sobre yacimientos de gas de esquisto que podr?an abastecer al pa?s durante 25 a?os. Aunque las primeras perforaciones de gas y petr?leo de esquisto ocurrieron en 2011, ?stas fueron relacionadas con movimientos s?smicos en Blackpool, lo que condujo a una primera moratoria nacional. Sin embargo, la moratoria fue levantada tiempo despu?s por el gobierno de David Cameron, quien prometi? ventajas fiscales a los municipios que aceptaran la fractura hidr?ulica, y propuso avanzar incluso en ?reas naturales protegidas. En esa misma l?nea, aunque con un perfil m?s bajo, el planteo del gobierno brit?nico no est? lejos del negacionismo de Donald Trump. Por ejemplo, la actual primera ministra Theresa May decidi? dar impulso al fracking y a la energ?a nuclear, al tiempo que suprim?a el hasta entonces llamado Departamento de Energ?a y Cambio Clim?tico. As?, el cambio de las reglas de juego por parte de Estados Unidos, en la b?squeda de independencia energ?tica, reconfigur? el tablero global impulsando una suerte de profundizaci?n del modelo energ?tico f?sil. Tal es as? que, en el inicio, ni siquiera la Uni?n Europea pudo sustraerse a los cantos de sirena del fracking, y muchos de ellos no dudaron en impulsar el sacrificio de sus territorios, detr?s de la promesa de independencia energ?tica. Sin embargo, en no pocos de esos pa?ses los diferentes gobiernos y el lobby petrolero se encontraron con resistencias sociales inesperadas, que obligaron a reconsiderar la relaci?n costo-beneficio, no s?lo en t?rminos econ?micos, sino tambi?n pol?ticos y sociales. En suma, mientras en el sur se ampl?an las resistencias sociales, al comp?s de la geograf?a de la extracci?n, en el norte emergen nuevas contiendas en torno a los bienes naturales, que en algunos casos dan cuenta del creciente protagonismo de los pueblos ind?genas ?como en Canad? y Estados Unidos?, en otros ponen de manifiesto la capacidad de reacci?n de las peque?as comunidades locales, como en Inglaterra y Francia, entre otros. En consecuencia, el neoextractivismo energ?tico no es exclusivo de los pa?ses perif?ricos, aunque tiene una dimensi?n innegablemente
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colonial, tal como lo muestra de modo paradigm?tico el caso de Am?rica Latina. La reconfiguraci?n de la geograf?a neocolonial cl?sica nos obliga a complejizar las relaciones entre norte y sur, frente a una pol?tica que impulsa la expansi?n de las energ?as extremas. Ello no significa que las asimetr?as entre pa?ses centrales y perif?ricos, norte y sur, no se hayan amplificado, pero la nueva configuraci?n geopol?tica nos lleva a repensar la problem?tica en clave civilizatoria, al tiempo que plantea la posibilidad de crear otros puentes y lazos de solidaridad a escala global en el marco de la nueva cartograf?a de las resistencias.
Cap?tulo 5. Fin de ciclo y nuevas dependencias
Este cap?tulo indaga sobre el contexto geopol?tico, a partir del ascenso global de China y la multiplicaci?n de intercambios comerciales con Am?rica Latina. Explora por ello las formas que asume la nueva dependencia en relaci?n con China, a la luz de una integraci?n latinoamericana trunca o, m?s bien, del fracaso del regionalismo aut?nomo, propuesto por los gobiernos progresistas. En esta l?nea, en los dos apartados finales se propone una reflexi?n sobre los l?mites del ciclo progresista.
China y los marcos de una nueva dependencia
En los ?ltimos a?os, los intercambios entre Am?rica Latina y China se intensificaron notoriamente. Hacia el a?o 2000, China no ocupaba un lugar privilegiado como destino de exportaciones u origen de importaciones de los pa?ses de la regi?n. Sin embargo, en 2013 ya se hab?a convertido en el primer origen de las importaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay; el segundo en el caso de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, M?xico, Panam?, Per? y Venezuela; y el tercero para Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. De esta manera, fue desplazando como socios comerciales de la regi?n a Estados Unidos, pa?ses de la Uni?n Europea y Jap?n. Para el caso de las exportaciones, China es el primer destino de Brasil y Chile, y el segundo de Argentina, Colombia, Per?, Uruguay y Venezuela (Svampa y Slipak 2016). Este intercambio es, empero, asim?trico. Mientras 84% de las exportaciones de los pa?ses latinoamericanos a Chi
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na son commodities, 63.4% de las exportaciones chinas a la regi?n son manufacturas. Por mencionar algunos casos: Argentina exporta b?sicamente soja, frutos oleaginosos y aceites vegetales; Chile el cobre; Brasil soja y mineral de hierro; Venezuela y Ecuador petr?leo; Per? mineral de hierro y otros minerales (Svampa y Slipak 2016). Incluso la relaci?n con China de un pa?s como Brasil discurre por una v?a asim?trica, y ha sido le?da ?como ya se se?al?? en t?rminos de ?desindustrializaci?n temprana?, debido a la incapacidad de los gobiernos para contrarrestar los efectos de la enfermedad holandesa; esto es, la exportaci?n masiva de materias primas ligadas a la explotaci?n de recursos naturales (Salama 2011). En materia comercial, China tiene firmados tres Tratados de Libre Comercio (tlc) con pa?ses de la regi?n. Se tratan de Chile (2005), Per? (2008) y Costa Rica (2011), y est? pr?ximo a firmar uno con Colombia. Transcurridos casi diez a?os de firma del tlc entre Chile y China las exportaciones del primer pa?s al segundo pr?cticamente se cuadriplicaron, pero la composici?n de las mismas muestra la profundizaci?n de la tendencia a la concentraci?n en productos primarios (cobre y sus derivados, mineral de hierro, madera, frutas y otros minerales) (Svampa y Slipak 2016). Asimismo, la presencia de capitales de origen chino es cada vez m?s importante en la regi?n. Algunos ejemplos pueden servirnos para graficar lo dicho. En el sector de hidrocarburos, est?n presentes las cuatro grandes empresas de origen chino: Sinopec, la Corporaci?n Nacional de Petr?leo de China (cnpc), la China National Offshore Oil Company (cnooc) y Sinochem. Estas cuatro firmas se encontraban participando ya hacia 2010 en unos 15 proyectos de extracci?n, localizados en Per?, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina. En cuanto a miner?a y metales, el principal destino de las inversiones mineras chinas ha sido siempre Per?, secundado por Brasil y de modo m?s reciente por Ecuador. Las firmas m?s din?micas son Minmetals y Chinalco. En 2014, Minmetals le compr? a Glencore-Xstrata la mina peruana de Las Bambas ?uno de los mayores proyectos de cobre del mundo?. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa concedi? a la firma Ecuacorriente (Ecsa) ?cuyos accionistas son las firmas p?blicas chinas
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Tongling Nonferrous Metals Group Holdings y China Railway Costruction Corporation Limited?, la explotaci?n de los proyectos San Carlos Panantza y Mirador. Con estas concesiones, las estatales chinas controlar?an m?s de la mitad de la producci?n de cobre y al menos un tercio de la producci?n de oro y plata de Ecuador (Chicaiza 2014). De acuerdo con Acci?n Ecol?gica, en 2012 empresas chinas ligadas al proyecto minero Mirador fueron denunciadas por incumplimiento de beneficios laborales, malos tratos, salarios injustos y accidentes por la comunidad shuar. En 2016, hubo nuevos conflictos cuando ind?genas shuar tomaron un campamento minero en la regi?n de la Amazonia. El ingreso de la empresa china se realiz? sin consulta previa y con militarizaci?n de los territorios.40 Por otra parte, no podemos dejar de destacar que la firma china Shandong Gold adquiri? 50% del Proyecto Veladero para la explotaci?n de oro en la provincia de San Juan, en Argentina, responsable de dos importantes derrames de cianuro (2015 y 2016), anteriores a su asociaci?n con la empresa canadiense Barrick Gold. Otro de los temas que cobran mayor relevancia son los pr?stamos. Estudios recientes consignan que la mayor?a de los pr?stamos chinos en la regi?n han sido para infraestructuras (55%), seguido de energ?a (27%) y miner?a (13%). El principal prestamista ha sido el Banco de Desarrollo de China al haber concedido alrededor de 71% de los pr?stamos hacia la regi?n, y el principal beneficiario Venezuela con algo m?s de la mitad de los fondos prestados para financiar 13 proyectos. Como beneficiarios de los pr?stamos se destacan Brasil y Argentina al recibir cada uno de ellos cerca de 14% de los pr?stamos realizados en la regi?n. Los pr?stamos chinos a Ecuador y Venezuela est?n ocupando el lugar de los mercados de deuda soberana, y se garantizan con petr?leo o alguna materia prima
40 En diciembre de 2016, frente al reclamo de la comunidad shuar, los niveles del conflicto escalaron de tal manera que hubo un muerto y varios heridos. La respuesta del entonces presidente Correa fue declarar el estado de excepci?n, acusar de ?grupos paramilitares y semidelincuenciales? a los ind?genas shuar y anunciar la disoluci?n de Acci?n Ecol?gica. Finalmente, a ra?z de la solidaridad nacional e internacional, el Ministerio de Ambiente de ese pa?s desestim? el pedido de disoluci?n enviado por el Ministerio de Interior.
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(pr?stamos condicionados por commodities), que incluye una pol?tica de inversi?n con la participaci?n de las empresas chinas.41 Por otro lado, cabe preguntarse sobre el destino de las inversiones provenientes de China. En esa l?nea, los estudios coinciden en afirmar que ?stas se establecen mayoritariamente en actividades extractivas (miner?a, petr?leo, agronegocios, megarrepresas), lo cual refuerza el efecto reprimarizador que las econom?as viven bajo el Consenso de los Commodities. En algunos casos se orientan al sector terciario para dar apoyo a las primeras. Este desembarco implica incluso una amenaza a cl?steres conformados por peque?as y medianas empresas, sea por la contaminaci?n ambiental o por la posibilidad de exportar directo a China productos que antes eran transformados por pymes locales. Al inicio del Consenso de los Commodities y al calor del ascenso de los gobiernos progresistas, no pocos analistas y pol?ticos vieron con buenos ojos la incipiente relaci?n entre los pa?ses latinoamericanos y China, argumentando que ?sta ofrec?a la posibilidad de ampliar los m?rgenes de autonom?a de la regi?n, en relaci?n con la hegemon?a estadounidense. Fue el propio expresidente venezolano Hugo Ch?vez quien lider? este tipo de posicionamiento, llevando a cabo una pol?tica de notorio acercamiento con China. Apoyado en la riqueza petrolera, Ch?vez vio en China el aliado comercial y pol?tico id?neo para tomar distancia de Estados Unidos. En ese marco, en un escenario de pasaje acelerado de un mundo bipolar a uno de car?cter multipolar, la relaci?n con China adquir?a un sentido pol?tico estrat?gico, en los equilibrios geopol?ticos de la regi?n latinoamericana. Para los m?s optimistas, la nueva vinculaci?n comercial abr?a la posibilidad de una colaboraci?n Sur-Sur entre pa?ses ?en desarrollo?. Sin embargo, m?s all? del r?tulo de ?pa?s emergente? y de lo dif?cil que resulta aceptar la autopresentaci?n de China como ?pa?s en desarrollo?, es claro que el mete?rico ascenso global del pa?s asi?tico, as? como la realpolitik de las relaciones comerciales con
41 En diciembre de 2014, la deuda externa p?blica de Venezuela con China ascend?a aproximadamente a los 70 000 000 000 de d?lares, y este pa?s abonaba su deuda externa con 600 000 barriles de petr?leo diarios.
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los pa?ses latinoamericanos, est?n lejos de ilustrar la hip?tesis de una relaci?n sim?trica Sur-Sur. Con el correr del ciclo progresista, el rumbo que fueron adoptando las relaciones entre China y los diferentes pa?ses latinoamericanos fue atenuando la tesis de la cooperaci?n Sur-Sur. Asimismo, la hip?tesis del regionalismo desafiante fue relativizada a ra?z del pasaje a una Unasur de ?baja intensidad? (Comini y Frenkel 2014), signada por el final de los grandes liderazgos regionales (la muerte de Ch?vez y de N?stor Kirchner, y el alejamiento de Lula da Silva, tres l?deres que apostaron fuertemente a la integraci?n regional). Una segunda cuesti?n apunta a evaluar cu?les fueron los alcances del regionalismo latinoamericano. Hay que recordar que uno de los hitos m?s importantes de este nuevo regionalismo fue la cumbre de Mar del Plata (Argentina), realizada en 2005, cuando los pa?ses latinoamericanos enterraron la posibilidad de la Alianza Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), promovida por Estados Unidos, y crearon la Alternativa Bolivariana para las Am?ricas (Alba), bajo el impulso del carism?tico Hugo Ch?vez. En una clara l?nea latinoamericanista se perge?aron proyectos ambiciosos, como el de la creaci?n de una moneda ?nica (sucre) y el Banco del Sur, los cuales sin embargo no prosperaron, en parte debido al escaso entusiasmo por parte de Brasil, pa?s que a ra?z de su rol de potencia emergente juega en otras ligas globales. La creaci?n de la Unasur, en 2007, y posteriormente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe?os (Celac), en 2010, inicialmente como foro para procesar los conflictos de la regi?n, por fuera de Washington, jalonaron dicho proceso de integraci?n regional. Sin embargo, todo esto estuvo lejos de evitar que, con posterioridad, Estados Unidos firmara tlc de forma bilateral con varios pa?ses latinoamericanos, y que en 2011 se creara un nuevo bloque regional, la Alianza del Pac?fico, con la participaci?n de pa?ses como Chile, Colombia, Per? y M?xico. Tanto la tesis del nuevo regionalismo desafiante como el de una cooperaci?n Sur-Sur con China, parecen tener que ver m?s con una suerte de wishfull thinking, antes que con las pr?cticas econ?micas y comerciales realmente existentes de los diferentes gobiernos progresistas
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latinoamericanos. En efecto, la firma de convenios o acuerdos unilaterales (tlc) con el gigante asi?tico por parte de los gobiernos latinoamericanos (muchos de los cuales comprometen a sus econom?as por d?cadas), est?n lejos de ser la excepci?n. Al contrario, constituyen una regla bastante generalizada en los ?ltimos tiempos, lo cual en lugar de afianzar la integraci?n latinoamericana, no hace m?s que potenciar la competencia entre los pa?ses como exportadores de commodities. En consecuencia, si bien es cierto que la irrupci?n y r?pida consolidaci?n de la influencia de la Rep?blica Popular de China en Am?rica Latina fue vista como una oportunidad para lograr una mayor autonom?a en relaci?n con Estados Unidos, lo rese?ado ?el latinoamericanismo m?s bien ret?rico, las negociaciones unilaterales con China, la competencia de hecho entre los diferentes pa?ses de la regi?n, el aumento de las exportaciones de materias primas? termin? por consolidar las asimetr?as, configurando como tendencia la profundizaci?n de un extractivismo neodependentista. As?, lo m?s notorio de ello no es la vinculaci?n de la regi?n latinoamericana ?inevitable y necesaria, por cierto con China?, sino el modo en c?mo ?sta se va operando a trav?s de la demanda de commodities y del intercambio desigual. En realidad, esta relaci?n se ha ido traduciendo por la potenciaci?n del extractivismo y de la reprimarizaci?n de las econom?as latinoamericanas, en un contexto de declive del regionalismo latinoamericano desafiante.
El fin del ciclo progresista como lingua franca
La emergencia de diferentes gobiernos progresistas gener? grandes expectativas pol?ticas en la ciudadan?a. Al calor del Consenso de los Commodities, el progresismo se fue constituyendo una suerte de lingua franca, es decir, un marco colectivo capaz de unificar las diferentes experiencias pol?ticas a trav?s de un lenguaje com?n, al tiempo que las ordenaba o jerarquizaba, estableciendo una suerte de gradaci?n que iba desde aquellas m?s radicales desde el punto de vista pol?tico (el eje bolivariano ilustrado por Venezuela, Bolivia y Ecuador) hasta aquellas otras m?s
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moderadas (Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros). Los elementos modulares que caracterizaron esta lingua franca fueron el cuestionamiento del neoliberalismo, las pol?ticas econ?micas heterodoxas, la expansi?n del gasto social y la ampliaci?n del consumo, por ?ltimo, la aspiraci?n a la construcci?n de un espacio latinoamericano, desde el cual pensar el horizonte de la integraci?n regional. Sin duda, la consolidaci?n de una hegemon?a pol?tica progresista, asociada a estos elementos modulares, estuvo ligada al auge de los precios internacionales de las materias primas, lo que en t?rminos no s?lo econ?micos sino tambi?n pol?ticos y sociales se caracterizan aqu? como el Consenso de los Commodities. A lo largo del ciclo progresista (2000-2015) hubo quienes tendieron a identificar de manera m?s o menos autom?tica progresismos e izquierdas. Sin embargo, a nivel nacional y regional, aquello que se entend?a por progresismo ser?a objeto de ?speros debates e interpretaciones, sobre todo en relaci?n con cuestiones ligadas a la concepci?n del cambio social, el v?nculo con los movimientos sociales y la expansi?n del neoextractivismo, entre otras. Dichas pujas revelaron la tensi?n creciente entre diferentes narrativas pol?ticas descolonizadoras, sobre todo entre la narrativa nacional-desarrollista y aquella indianista, las cuales tuvieron un gran protagonismo en el cambio de ?poca, a partir del a?o 2000, esto es, en el cuestionamiento de la hegemon?a neoliberal y la apertura de un nuevo escenario pol?tico. Mientras que, por un lado, la narrativa desarrollista, actualizada en clave de neoextractivismo, se fue articulando con otras dimensiones, propias de la tradici?n populista tan profundamente arraigada en Am?rica Latina, por otro lado, al comp?s de las luchas contra el neoextractivismo, la narrativa indigenista ir?a articul?ndose con el discurso ambiental y auton?mico, incluso hacia el final del ciclo, con los feminismos populares, originando lo que hemos denominado como giro ecoterritorial de las luchas. Sin embargo, es importante tener en cuenta las gradaciones y matices, propias de cada contexto nacional. En algunos pa?ses, pese a la consolidaci?n del neoextractivismo como estrategia de desarrollo y la explosi?n de conflictos socioambientales, la acentuaci?n de la disputa entre narrativas diferentes no se expres? con gran intensidad ni tuvo la misma
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visibilidad p?blica. As?, en Brasil y en Chile, la narrativa ecologista, en clave comunitaria, aparece asociada a un conjunto de voces bajas y dispersas, encapsuladas localmente, que ocupan la periferia de la periferia (grupos ind?genas, campesinos, asambleas de peque?as y medianas localidades); mientras que en Bolivia y Ecuador, dichas narrativas, de la mano del protagonismo ind?gena y de organizaciones ambientalistas, adquirieron una gran notoriedad y relevancia en la agenda p?blica. Cierto es que su asociaci?n con conceptos-horizontes, contenidos en las nuevas constituciones pol?ticas, tales como buen vivir, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza, otorgaban a aquellas organizaciones una legitimidad de origen, que poco a poco le ser?a cuestionada por los populismos ascendentes. De modo que, hacia adentro del espacio contestatario, este proceso de confrontaci?n entre las diferentes narrativas pol?ticas fue agudiz?ndose a lo largo del ciclo progresista, no s?lo al comp?s de las luchas contra el neoextractivismo y la criminalizaci?n creciente de las luchas socioambientales, sino tambi?n a ra?z de las insuficiencias y limitaciones pol?ticas y socioecon?micas de los progresismos latinoamericanos. As?, el profuso lenguaje de derechos, la reducci?n de la pobreza y las pol?ticas de inclusi?n social, el aumento del salario y del consumo, durante la ?poca de las vacas gordas del Consenso de los Commodities, coexistir?an con una estrategia de sometimiento y p?rdida de autonom?a de las organizaciones y movimientos sociales, con una din?mica creciente de personalizaci?n del poder pol?tico, en fin, con la persistencia de las desigualdades y el compromiso cada vez m?s visible con los sectores extractivos, con notoria influencia del capital transnacional ?y en las transformaciones del mundo rural, a trav?s de un acelerado proceso de acaparamiento de tierras?. A medida que una de las narrativas contestatarias, la populista-desarrollista, fue imponi?ndose como dominante y tendencialmente excluyente, absorbiendo y refuncionalizando ciertos elementos de otras matrices (la izquierda clasista y autonomista), expulsando aquellos otros m?s molestos o dif?ciles de incorporar (asociados a la ecologista y comunitarista), la discusi?n acerca de qu? se consideraba como izquierda fue agudiz?ndo
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se en el espacio contestatario latinoamericano. El caso es que hacia el fin de ciclo (2015-2016), procesos pol?ticos y din?micas sociales recursivas mediante el desacoplamiento entre progresismos e izquierdas se fue tornando m?s elocuente. En algunos casos ?como del Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil? podr?a hablarse, incluso como se?ala Modonesi, de una ?mutaci?n gen?tica? (transformismos); en otros, se ver?a la evoluci?n hacia modelos de dominaci?n m?s tradicional, anclados en una determinada tradici?n pol?tica (populismos de alta intensidad, Svampa 2016); en fin, en ambos casos se tratar?a de una ?modernizaci?n conservadora? (Schavelzon 2016, Singer 2012, entre otros). Incluso la apuesta por institucionalizar un espacio latinoamericano potente y desafiante qued? trunco. Vista a la distancia, una d?cada m?s tarde, aquella cumbre de Mar del Plata de 2005 contra la Alalc termin? por convertirse en el punto m?ximo de regionalismo desafiante latinoamericano, cuando en realidad deber?a haber sido el punto de partida de una nueva construcci?n latinoamericanista, en clave verdaderamente integradora, orientada a la creaci?n de una plataforma de alcance regional y con capacidad de negociaci?n con los nuevos y poderosos socios comerciales, entre ellos China. Por otro lado, hacia afuera, los progresismos (populistas o transformistas) acentuaron la pugna ideol?gica con diferentes grupos de poder, sobre todo con grandes medios de comunicaci?n. En esa l?nea, hist?ricamente los populismos latinoamericanos del siglo xx estuvieron asociados a la figura del pacto social, aun si ello aparece realizado a trav?s de la agitaci?n de un lenguaje de guerra. Los progresismos del siglo xxi instalaron un esquema similar, esto es, por un lado, cuestionaron el neoliberalismo, pero, por otro lado, llevaron a cabo el pacto con los grandes capitales. Pese a ello ?o precisamente a causa de ello?, pronto se encontraron inmersos en una gran confrontaci?n pol?tico-ideol?gica con sectores de derecha, articulados con grandes medios de comunicaci?n. As?, aunque de modo diverso y con temporalidades diferentes seg?n los casos, la acentuaci?n de la polarizaci?n fue simplificando la puja electoral, dividiendo el campo pol?tico entre dos bloques antag?nicos: por un lado, las fuerzas progresistas, que se arrogaron la representa
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ci?n de la voluntad popular; por el otro lado, los diferentes partidos o coaliciones de derecha ascendentes, bajo la supuesta defensa de la rep?blica. Esta simplificaci?n del espacio pol?tico conllev?, del lado de los progresismos, la exacerbaci?n de las hip?tesis conspirativas: al final todo terminaba siendo culpa del imperio, de la omnipresente derecha o de los grandes medios de comunicaci?n; m?s a?n, desde este punto de vista, toda cr?tica a los progresismos (realizada desde la izquierda ecologista, comunitarista o clasista) terminaba siendo ?funcional? a la l?gica de los sectores m?s concentrados. Del lado de los sectores de derecha, esta oposici?n se tradujo por la demonizaci?n de las diferentes experiencias progresistas, las que hacia mediados/fin de ciclo comenzaron a ser caracterizadas como ?populismos irresponsables?, culpables de haber desperdiciado la ?poca de bonanza econ?mica asociada al boom de los commodities, y reducidos sin m?s a una pura matriz de corrupci?n. Para ello, los sectores de derecha tambi?n contar?an con sus intelectuales, sus discursos salv?ficos y el apoyo y/o promoci?n de grandes medios de comunicaci?n. La sobreactuaci?n pol?tica de los progresismos ?que, en un punto, buscaron instalar la idea de que ellos y s?lo ellos encarnan o pueden encarnar la voluntad popular?, potenciado por la creciente crisis econ?mica y los esc?ndalos de corrupci?n, termin? por configurar escenarios cada vez m?s caracterizados por la divisi?n y la confrontaci?n, donde la sola posibilidad de alternancia electoral fue vivida con hondo dramatismo. As? ocurre desde hace a?os en Venezuela, donde la situaci?n de crisis es generalizada, pero el gobierno de Maduro, contra todos los pron?sticos, parece consolidarse luego de su reelecci?n en mayo de 2018. Fue en Argentina, en 2015, donde finalmente triunf? la derecha, la cual se consolid? dos a?os m?s tarde en las elecciones de medio t?rmino; tambi?n sucedi? en Ecuador, en 2017, donde Lenin Moreno se impuso de manera ajustada sobre el candidato de la derecha, para r?pidamente distanciarse y romper lazos con su antecesor, Rafael Correa. La divisi?n y polarizaci?n se vivi? incluso en la Bolivia de Evo Morales, uno de los presidentes m?s exitosos del periodo, asociado ?entre otras cosas? a su pertinaz voluntad por desconocer el refer?ndum de febrero de 2016, que
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le imped?a presentarse como candidato a la primera magistratura por cuarta vez consecutiva, y la posterior manipulaci?n de la justicia, que finalmente autoriz? dicha posibilidad. Pese a las sobreactuaciones, no todo es hip?tesis conspirativa, pues los procesos de polarizaci?n pol?tica habilitaron la v?a m?s espuria del golpe parlamentario, tal como lo ilustran la temprana expulsi?n de Zelaya en Honduras (2009), la r?pida destituci?n de Fernando Lugo en Paraguay (2012) y el impeachement a la presidenta de Brasil Dilma Roussef (2016), agravado luego por el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva (2018), todo lo cual aceler? el retorno a un escenario abiertamente conservador en estos pa?ses.
Los l?mites del progresismo realmente existente
La construcci?n de la hegemon?a progresista estuvo asociada al crecimiento de las econom?as y la reducci?n de la pobreza. Hacia 2012, un informe de la Cepal daba cuenta de la ca?da global de la pobreza (de 44% a 31.4%), entre 2001 y 2011, as? como del descenso de la pobreza extrema (de 19.4% a 12.3%). Esto se debi? no s?lo al aumento de salarios, sino tambi?n a la expansi?n de una pol?tica de bonos o planes sociales (programas de transferencia condicionada). En l?nea con la reducci?n de la pobreza, los primeros trabajos basados en el coeficiente de Gini daban cuenta de una reducci?n de la desigualdad, entre 2002 y 2010, que inclu?a diferentes pa?ses latinoamericanos. Sin embargo, hace ya algunos a?os, varios autores comenzaron a matizar tales afirmaciones, sosteniendo que los datos disponibles s?lo med?an periodos cortos y no permit?an tener una mirada de largo plazo. Por otro lado, la baja en la desigualdad de ingresos estuvo atada a un aumento de los salarios, pero no a una reforma del sistema tributario, el cual se torn? muy complejo, opaco y sobre todo regresivo (Salama 2015).
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Otros argumentos introducen la distinci?n entre desigualdad estructural y coyuntural. Mientras que en los a?os noventa aumentaron la pobreza y la desigualdad en la regi?n, en la primera d?cada de 2000 ambas se redujeron en todo el continente, lo cual permite concluir que estar?amos frente a un comportamiento independiente de los signos ideol?gicos de los gobiernos, y hace suponer que se trata de una tendencia causada por factores econ?micos estructurales, ligados a la inserci?n de la regi?n en el sistema mundial (Machado y Zibechi 2016). A esto hay que agregar que tampoco hubo reforma tributaria, no se tocaron los intereses econ?micos de las ?lites. El sistema tributario sigue siendo regresivo; en 2013, el gravamen a los sectores m?s ricos alcanz? 3.5% del total de la recaudaci?n fiscal, mientras que el impuesto al valor agregado (iva) subi? un tercio, hasta alcanzar 36%, y en no pocos pa?ses se convirti? en la principal fuente de recaudaci?n fiscal (Burchardt 2016, 69). Finalmente, estudios m?s recientes sostienen que la reducci?n de la pobreza registrada en Am?rica Latina no se tradujo por una disminuci?n de las desigualdades. Investigaciones inspiradas en los estudios de Thomas Piketty, concentradas en los sectores superricos y que toman las declaraciones fiscales de las capas m?s ricas de la poblaci?n, muestran que 1% en pa?ses como Argentina, Chile y Colombia se apropia entre 25% y 30% de la riqueza (Kessler 2016, 26). Otras investigaciones realizadas en Brasil, uno de los pa?ses m?s desiguales de la regi?n, cuestionan que en ese pa?s haya disminuido la desigualdad entre 2006 y 2012. Los trabajos de ipea muestran un aumento de la desigualdad, ya que en 2012 el 1% m?s rico acaparaba 24.4% de la renta del pa?s, siendo que en 2006 ese porcentaje era de 22.8%. Entre el 10% m?s rico, la renta apropiada pas? de 51.1% a 53.8% en el mismo periodo (Zibechi 2015). As?, aunque la pobreza extrema en Brasil se redujo y el consumo se expandi?, las desigualdades persisten e incluso aumentan ligeramente. En suma, los progresismos realizaron pactos de gobernabilidad con el gran capital (extractivo y, en algunos casos, financiero), por encima de las confrontaciones sectoriales, sobre todo con los grandes medios de comunicaci?n, que marcaron la agenda pol?tica y medi?tica. Asimismo, s?lo realizaron t?midas reformas del sistema tributario, cuando no inexis
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tentes, aprovechando el contexto de captaci?n de renta extraordinaria. Como se?ala Stefan Peters, el neoextractivismo se constituy? en condici?n tanto para una consolidaci?n exitosa de los gobiernos progresistas, pero al mismo tiempo fue uno de los obst?culos mayores para el logro de reformas profundas y estructurales en la regi?n (Peters 2016, 22). Ahora bien, el cierre del ciclo progresista no significa el fin de los gobiernos progresistas realmente existentes. Uruguay y Bolivia se mantienen en esta l?nea. Ecuador se debate entre la mutaci?n progresista y el giro a la derecha. Vaya a saber qu? ocurrir? con M?xico, donde se dio el triunfo de Andr?s L?pez Obrador. El caso es que asistimos al final del progresismo como lingua franca, m?s all? de los continuismos gubernamentales e incluso las mutaciones que puedan observarse. Y este escenario de declive nos enfrenta a una cruda realidad: al interior de las izquierdas, el panorama es muy cr?tico. El progresismo selectivo de los gobiernos latinoamericanos termin? por abrir heridas profundas dentro del espacio contestatario, dif?ciles de sanar, tal como lo muestra el caso del Ecuador, donde sectores de la Confederaci?n de Nacionalidades Ind?genas del Ecuador (Conaie) que antes se identificaban con el espacio de las izquierdas, terminaron por votar al candidato de la derecha en el balotaje de las ?ltimas elecciones a presidente en 2017. El agotamiento y fin del ciclo progresista no es algo que pueda celebrarse. Ciertamente, nos conmina a pensar sobre la disociaci?n entre progresismos realmente existentes e izquierdas, sobre la evoluci?n de dichos reg?menes hacia modelos de dominaci?n m?s tradicional: populismos, transformismos, revoluciones pasivas. El nuevo ciclo pol?tico nos confronta con un nuevo escenario, cada vez m?s desprovisto de un lenguaje com?n, donde algunos gobiernos progresistas persisten (con todas sus mutaciones), incluso existe la posibilidad de que se sumen otras experiencias (M?xico). El escenario muestra tambi?n una derecha refortalecida, que exhibe un lenguaje abiertamente neoempresarial (Argentina y Brasil). En efecto, ah? donde hubo alternancia en el poder, se perciben continuidades y rupturas respecto del ciclo progresista; las primeras ligadas a la profundizaci?n de los extractivismos vigentes, y las segundas a un abierto retroceso de derechos sociales conquistados.
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Estas continuidades y rupturas se dan en un marco que coloca cada vez m?s en un tembladeral el respeto de libertades y derechos b?sicos de las poblaciones m?s vulnerables. Se abre as? un nuevo escenario a nivel global y regional, m?s atomizado e imprevisible, que marca el final de ciclo del progresismo como lingua franca y muestra el avance de una derecha regresiva, que busca impulsar de modo m?s abierto la l?gica del capital en los territorios.
Reflexiones finales. Dimensiones de la crisis sist?mica
La humanidad atraviesa una crisis sist?mica de alcance global, una crisis civilizatoria que abarca diferentes factores y se halla estrechamente vinculada a la expansi?n del capitalismo neoliberal y sus fronteras.42 Por ello, en este ?ltimo cap?tulo propongo una reflexi?n sobre las diferentes dimensiones de la crisis, empezando por la crisis socioecol?gica y cerrando por la crisis pol?tica que atraviesa Am?rica Latina. Para ello, retomo el concepto de Antropoceno, con el fin de establecer sus v?nculos con la cr?tica al desarrollo y el neoextractivismo. Asimismo, avanzo sobre algunos de los conceptos-horizontes que atraviesan el an?lisis cr?tico en relaci?n con los modelos de desarrollo hegem?nico en Europa y Am?rica Latina, necesarios para pensar las alternativas a la crisis.
Dimensiones de la crisis: el Antropoceno
El Antropoceno designa un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformaci?n con alcance global y geol?gico. Dicha categor?a fue propuesta por algunos cient?ficos eminentes para sustituir el Holoceno, una edad caracterizada por la estabi
42 En esta l?nea se coincide con la mirada que ofrece el libro colectivo Alternativas Sist?micas, publicado por la Fundaci?n Sol?n (Bolivia), Attac France (Francia) y Focus on the Global South en 2017, el cual establece un diagn?stico en t?rminos de ?crisis sist?mica? y realiza un recorrido por diferentes conceptos-horizontes, desde el vivir bien hasta decrecimiento, derechos de la Madre Tierra, ecofeminismo, los comunes, desglobalizaci?n.
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lidad clim?tica, que dur? aproximadamente entre 10 000 y 12 000 a?os y permiti? la expansi?n y dominio del ser humano sobre la tierra. El ingreso a una nueva edad, el Antropoceno, instala la idea de que hemos transpuesto un umbral peligroso, que puede llevarnos a experimentar cambios bruscos e irreversibles, ilustrado ?cual punta del iceberg? por el calentamiento global y sus consecuencias sobre el cambio clim?tico, as? como por la extinci?n masiva y la consecuente p?rdida de biodiversidad a gran escala. El t?rmino Antropoceno junta dos ra?ces provenientes del griego, ἄ νθρωπος (anthropos), que significa hombre, y καινός (kainos), que significa nuevo o reciente. Fue propuesto por algunos cient?ficos eminentes, entre ellos el qu?mico Paul Crutzen, en el a?o 2000, para sustituir el Holoceno, y designa una nueva era geol?gica en la cual el hombre se convierte en una fuerza de transformaci?n con un alcance global y geol?gico. Los factores que justifican hablar del pasaje a una nueva edad son numerosos. Un primer elemento alude al cambio clim?tico, asociado al calentamiento global, producto del aumento de las emisiones de di?xido de carbono y otros gases de efecto invernadero. En la actualidad, en relaci?n con 1750, la atm?sfera contiene m?s de 150% de gas metano y m?s de 45% de di?xido de carbono, producto de emisiones humanas. Consecuencia de ello es que desde mediados del siglo xx la temperatura aument? 0.8 ?C, y los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Clim?tico (ipcc, por sus siglas en ingl?s) prev?n un aumento de la temperatura que ir?a entre 1.2 y 6 ?C para finales del siglo xxi. Los cient?ficos consideran que la barrera de m?s de 2 ?C es considerada un umbral de peligro, y el aumento de temperatura bien podr?a ser mayor si todo contin?a como hasta ahora (business as usual). Los enfoques sist?micos y los avances cient?ficos m?s recientes muestran que aun una d?bil variaci?n en la temperatura media del globo terr?queo podr?a desencadenar cambios imprevisibles y desordenados. En 2017, un informe de The Carbon Majors, una organizaci?n sin fines de lucro, encontr? que m?s de la mitad de las emisiones industriales mundiales desde 1988 corresponden a 25 empresas y entidades estatales. Grandes empresas petroleras como ExxonMobil, Shell, bp y
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Chevron est?n entre las m?s emisoras. Asimismo, de acuerdo con dicho informe, si los combustibles f?siles siguen siendo extra?dos al ritmo actual durante los pr?ximos 28 a?os, las temperaturas medias subir?an cerca de 4 ?C para el final del siglo. El segundo factor de alarma se refiere a la p?rdida de biodiversidad, la destrucci?n del tejido de la vida y de los ecosistemas. Se trata de un proceso de car?cter recursivo, ya que la p?rdida de biodiversidad tambi?n es acelerada por el cambio clim?tico. Basta subrayar que en los ?ltimos decenios la tasa de extinci?n de las especies ha sido mil veces superior que la normal geol?gica. Por eso mismo se habla ya de la sexta extinci?n, aunque a diferencia de las cinco anteriores, que se explicaban por factores ex?genos (el enfriamiento global o para el caso de la extinci?n de los dinosaurios la ca?da de un asteroide), la hip?tesis de una sexta extinci?n es de origen antr?pico, lo cual coloca en el centro la responsabilidad de la acci?n humana y sus impactos sobre la vida del planeta. Hace ya varios a?os, en 2004 un grupo de cient?ficos utiliz? la relaci?n especie-?rea para hacer un primer c?lculo del riesgo de extinci?n en un contexto de cambio clim?tico, utilizando dos escenarios extremos. Uno de m?nima, si el calentamiento global se manten?a en umbrales bajos, estimaba que para 2050 quedar?an condenadas a la extinci?n entre 22% y 31% de las especies; si el calentamiento global se disparaba a un m?ximo probable, el porcentaje subir?a instal?ndose entre 38% y 52%. Otros estudios indican porcentajes diferentes (mayores o menores), pero aun as? los resultados son siempre alarmantes. Las especies amenazadas son muchas, desde el solitario oso polar, que podr?a desaparecer en unas d?cadas si contin?an reduci?ndose las placas de hielo del oc?ano ?rtico, hasta las abejas, cuyas colonias estar?an sufriendo un colapso debido tanto al uso de pesticidas como a la aparici?n de diversos virus y, por supuesto, al cambio clim?tico. No s?lo los ecosistemas terrestres est?n amenazados. As?, la acidificaci?n de los oc?anos es la otra cara del calentamiento global, producto de la concentraci?n de di?xido de carbono, que cambia la qu?mica de las aguas y pone en riesgo la vida de los ecosistemas marinos. Desde el comienzo de la Revoluci?n Industrial, el promedio de acidez aument?
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30% debido a la absorci?n de di?xido de carbono proveniente de la quema de combustibles f?siles. Se calcula que el mar ha venido absorbiendo unas quinientas mil millones de toneladas de CO2, ?lo que equivale en peso a 500 mil millones de Volkswagen Escarabajos arrojados al mar?, seg?n Bonneuil y Fressoz (2013). En un texto lleno de iron?as y filosos comentarios, la fil?sofa y feminista norteamericana Donna Haraway (2016), citando a la bi?loga Anna Tsing, sostiene que el Holoceno fue un largo periodo en el cual todav?a eran abundantes las ?reas de refugio en las cuales los distintos organismos pod?an vivir en condiciones desfavorables, para luego volver y desarrollar lentamente una estrategia de repoblamiento. Es cierto que las sucesivas extinciones terminaron con una parte importante de las especies debido a factores ex?genos (cambio clim?tico y/o grandes cat?strofes), pero la vida en la tierra siempre mostr? una gran capacidad de resiliencia. Lo novedoso y tambi?n lo dr?stico que trae el Antropoceno es que conlleva la destrucci?n de espacios y tiempos de refugio para cualquier organismo, sean animales, plantas o seres humanos; no s?lo por la magnitud, sino tambi?n por la velocidad del proceso. Todo indica que la aceleraci?n de los cambios dificultar?a tambi?n la posibilidad misma de adaptaci?n. En consecuencia, el Antropoceno es menos una nueva edad que una ?bisagra?, que nos obliga a reconocer que ?lo que viene no ser? como lo que vino antes?. Otro de los factores cr?ticos se refiere a los cambios en los ciclos biogeoqu?micos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Tal como sucedi? con el ciclo del carbono, los ciclos del agua, del nitr?geno, del ox?geno, del f?sforo, esenciales para la reproducci?n de la vida, pasaron a manos del hombre en los ?ltimos dos siglos. El aumento desmedido de la actividad industrial, la deforestaci?n, la contaminaci?n de los suelos por acci?n de fertilizantes y del agua est?n produciendo la alteraci?n de estos ciclos vitales. Por ejemplo, la creciente demanda de energ?a conllev? una modificaci?n del ciclo del agua, a trav?s de la construcci?n de represas. ?Hemos represado la mitad de los r?os del mundo, a la tasa sin precedentes de uno por hora, y en dimensiones tambi?n sin precedentes de m?s de 45 mil represas? en m?s
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de 140 pa?ses del mundo, de una altura de m?s de cuatro pisos, seg?n el sitio web de la Comisi?n Mundial de Represas (Castro 2009). Esto trae como consecuencia el desplazamiento de millones de personas. Adem?s de la afectaci?n a los ecosistemas, la p?rdida de bienes naturales y el patrimonio cultural que queda sumergido bajo agua para siempre, las represas han generado entre 40 000 000 y 80 000 000 de personas desplazadas en el mundo, aunque algunos destacan que esa cifra es conservadora y podr?a extenderse a 100 000 000, de los cuales la mayor?a es poblaci?n ind?gena y campesina. Los dos pa?ses m?s poblados del mundo, China e India, tienen la mayor cantidad de personas desplazadas; en nuestra regi?n, Brasil est? a la cabeza del ranking con m?s de 1 000 000 de personas desplazadas. A esto hay que agregar el aumento de la poblaci?n mundial. Pasamos de 900 000 000 de habitantes en el a?o 1800, a casi 7 500 000 000 de habitantes en 2018. La huella ecol?gica global de la humanidad hoy excede la capacidad de regeneraci?n de los ecosistemas; se ha incrementado en 50% entre 1970 y 1997. En la actualidad, consumimos una vez y media lo que el planeta puede proveer de manera sustentable. Esto significa que la tierra se tomar? m?s de un a?o y medio en regenerar lo que hemos utilizado y los desechos producidos en un a?o, realidad que nos coloca ante un ?ndice insostenible que no har? m?s que empeorar, pues se espera que para el a?o 2050 la poblaci?n mundial habr? crecido hasta los 10 000 000 000 de habitantes, la mayor parte en los pa?ses emergentes o en v?as de desarrollo. De persistir el actual sistema de consumo, se calcula que para 2030 necesitar?amos el equivalente a dos planetas tierra para mantener a la humanidad. Otro de los factores de alarma alude a los cambios en el modelo de consumo, fundado en el esquema de obsolescencia precoz y programada, que limita la vida ?til de los productos, obligando a las personas a renovar el mismo una y otra vez, en funci?n de la maximizaci?n de los beneficios del capital. Una pr?ctica insostenible en t?rminos socioambientales, iniciada tempranamente por empresas fabricantes de autom?viles, exacerbada desde los a?os sesenta por el sector industrial, que incluye desde los electrodom?sticos, las computadoras, los tel?fonos
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celulares hasta la industria textil. A su vez, este proceso se inscribe en un movimiento mucho m?s extenso vinculado con las mutaciones del modelo alimentario, acontecido en las ?ltimas d?cadas. Hemos asistido a un notorio giro hacia un modelo alimentario con enormes impactos sobre nuestra salud, sobre la vida de animales, plantas y campos, promovidos por pol?ticas de Estado, l?gicas de mercadotecnia y poderosos lobbies empresariales que se concretan a espaldas de la sociedad. Se trata de un modelo construido por las grandes firmas agroalimentarias del planeta, que se acompa?a de una degradaci?n de todos los ecosistemas: expansi?n de monocultivos ?como la soja y la palma africana? que conllevan la aniquilaci?n de la biodiversidad, tendencia a la sobrepesca, contaminaci?n por fertilizantes y pesticidas, el desmonte y deforestaci?n, acaparamiento de tierras. Todas estas formas de producci?n y degradaci?n de los ecosistemas son responsables del incremento de la emisi?n de gases de efecto invernadero, no s?lo durante el proceso de producci?n, sino tambi?n en el transporte de los bienes.
Antropoceno, cr?tica al neoextractivismo y alternativas
El concepto Antropoceno estaba llamado a tener una gran fortuna. Pronto fue expandi?ndose no s?lo en el campo de las llamadas ciencias de la tierra, sino tambi?n en las ciencias sociales y humanas, incluso en el campo art?stico, raz?n por la cual devino un punto de convergencia de ge?logos, ec?logos, climat?logos, historiadores, fil?sofos, artistas y cr?ticos de arte, entre otros. Para un sector importante de cient?ficos, entre ellos Paul Crutzen, el ingreso a una nueva era se oper? a partir de la Revoluci?n Industrial, es decir, con la invenci?n de la m?quina de vapor y el comienzo de la explotaci?n de los combustibles f?siles, primero el carb?n, luego el petr?leo. A esta primera fase le sigui? una segunda llamada ?la gran aceleraci?n?, iniciada luego de 1945 e ilustrada por una gran cantidad de indicadores de la actividad humana que van desde la mayor pe
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trolizaci?n de las sociedades, la concentraci?n atmosf?rica del carbono y del metano, hasta el aumento de represas, pasando por los cambios en el ciclo del nitr?geno, del f?sforo y la dr?stica p?rdida de biodiversidad. Todos estos indicadores dan cuenta de un impulso exponencial de impactos de origen antr?pico sobre el planeta desde 1950 en adelante. Para otros, como el Anthropocene Working Group, compuesto por un grupo de cient?ficos de la Universidad de Leicester, del Servicio Geol?gico Brit?nico, bajo la direcci?n de Jan Zalaslewicz, el planeta ha ingresado a una nueva era geol?gica, el Antropoceno, m?s tard?amente. Tras siete a?os de trabajos, a fines de 2016, el grupo de ge?logos realiz? pruebas estratigr?ficas que mostraron la presencia de aluminio, hormig?n, pl?stico, restos de pruebas nucleares, el aumento del di?xido de carbono, la lluvia radioactiva, entre otras huellas en los sedimentos. En consecuencia, dicho grupo vot? la tesis de que el Antropoceno habr?a comenzado en 1950, con los residuos radiactivos de las bombas at?micas, pues la marca que determina ese cambio son los residuos radiactivos del plutonio tras los numerosos ensayos con bombas at?micas realizados a mediados del siglo xx. En contraste, para otros analistas como el historiador marxista Jason Moore, se trata de un proceso de larga duraci?n, pues habr?a que indagar sobre los or?genes del capitalismo y la expansi?n de las fronteras de la mercanc?a en el largo periodo medieval, para dar cuenta de una nueva edad, que ?l prefiere denominar ?capitaloceno?. Los ciclos del capital fueron generando un modelo hist?rico-geogr?fico basado en la apropiaci?n r?pida y la expansi?n y diversificaci?n geogr?fica, una vez agotado el recurso. ??Se agota la tierra? Nos movemos a la frontera. Este fue el lema mostrado en el escudo de armas del capitalismo temprano? (Moore 2013). De modo que la crisis actual debe ser le?da como un proceso de larga duraci?n en el cual van tomando forma nuevas maneras de ordenar la relaci?n entre los humanos y el resto de la naturaleza. Desde mi perspectiva, hay que estimular el alcance cr?tico y desacralizador del concepto, pensar el Antropoceno en clave de expansi?n de la mercantilizaci?n y frontera, lo cual nos obliga a volver sobre la cr?tica al capitalismo neoliberal. Esto no significa, sin embargo, que haya
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que abandonar la noci?n-s?ntesis de Antropoceno. Antes bien, resulta imprescindible subrayar la tensi?n que lo atraviesa, pues se trata de un concepto en disputa, atravesado por diferentes narrativas, no todas convergentes, no s?lo respecto del comienzo de la nueva edad sino, sobre todo, respecto de las salidas posibles de la crisis sist?mica.43 El Antropoceno como diagn?stico cr?tico nos desaf?a a pensar la problem?tica socioecol?gica desde otro lugar. Instala la idea de que la humanidad ha transpuesto un umbral, lo cual nos confronta a respuestas cada vez m?s imprevisibles, no lineales y a gran escala por parte de la naturaleza. Dicho esto, es evidente que no se trata s?lo de una crisis de la humanidad, del anthropos, entendida en t?rminos gen?ricos. En la medida en que los actores econ?micos y pol?ticos dominantes contin?en promoviendo modelos de desarrollo insustentables, no es s?lo la vida humana la que est? en peligro, sino tambi?n la de otras especies y del sistema Tierra en su conjunto, al menos tal como lo conocemos. En consecuencia, en tanto diagn?stico cr?tico el Antropoceno conlleva el cuestionamiento de las l?gicas actuales del desarrollo. En esta l?nea, es en la periferia globalizada y a trav?s del neoextractivismo donde se expresa a cabalidad la mercantilizaci?n de todos los factores de producci?n, ligadas a la actual fase del capitalismo neoliberal, lo cual tiene como consecuencia la expansi?n de las fronteras de explotaci?n del capital a trav?s de la imposici?n de modelos de desarrollo insustentables a gran escala, donde se conjugan rentabilidad extraordinaria, destrucci?n de territorios y desposesi?n de poblaciones. A esto se suma el aumento de los eventos extremos: incendios, inundaciones, sequ?as, que adem?s de ser fen?menos extendidos en el planeta, est?n vinculados a las pol?ticas que los diferentes gobiernos potencian a tra
43 En un escenario en el cual ninguna potencia quiere dar el primer paso, de cara a la cada vez m?s escasa credibilidad que despiertan los acuerdos globales para controlar las emisiones de CO2, el capitalismo prepara su plan B para reciclar el proyecto de la modernidad capitalista, sin tener que salir del capitalismo. Ese plan B se llama geoingenier?a y est? basado en el principio de que es posible superar los riesgos del calentamiento global, a partir de la intervenci?n deliberada sobre el clima a escala global. Para el tema, puede verse Hamilton (2013).
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v?s de medidas en favor de agronegocios y sus modelos alimentarios, la megaminer?a, la expansi?n de la frontera petrolera, las megarrepresas, entre otros. En suma, vista desde el sur, la asociaci?n entre Antropoceno, expansi?n de la frontera de commodities y exacerbaci?n del neoextractivismo es indiscutible. Desde el sur, ello ha conducido a debatir no s?lo sobre las consecuencias, ya inocultables del neoextractivismo, sino tambi?n a pensar c?mo enfrentar la crisis sist?mica. Asumir la crisis socioecol?gica y civilizatoria que plantea el Antropoceno conlleva el desaf?o de pensar alternativas al extractivismo dominante, de elaborar estrategias de transici?n que marquen el camino hacia una sociedad posextractivista. Para ello, es necesario superar aquellas visiones hegem?nicas que contin?an viendo el desarrollo desde una perspectiva productivista (crecimiento indefinido), como si los bienes naturales fueran inagotables, al tiempo que conciben al ser humano como aut?nomo y alguien exterior a la naturaleza o por encima de ella. Asimismo, exige pensar la transici?n y salida del patr?n actual de desarrollo, algo que abarca no solamente el neoextractivismo dominante ?en t?rminos de modo de apropiaci?n de la naturaleza y modelo de acumulaci?n?, sino tambi?n los patrones de circulaci?n y de consumo dominantes para elaborar alternativas integrales y sist?micas. En suma, el Antropoceno como diagn?stico cr?tico exige repensar la crisis desde un punto de vista sist?mico. Lo ambiental no puede ser reducido a una columna m?s en los gastos de contabilidad de una empresa, en nombre de una pretendida responsabilidad social empresarial, ni tampoco a una pol?tica de modernizaci?n ecol?gica o de econom?a verde, que grosso modo apunta a la continuidad del capitalismo a trav?s de la convergencia entre l?gica de mercado y defensa de nuevas tecnolog?as proclamadas como ?limpias?. Finalmente, la actual crisis socioecol?gica no puede ser vista como un aspecto o una dimensi?n m?s de la agenda p?blica o inclusive como una dimensi?n m?s de las luchas sociales. ?sta debe ser pensada desde una perspectiva hol?stica, integral, decididamente inter- y transdisciplinaria. Desde el punto de vista te?rico, y en coincidencia con los planteamientos de Alberto Acosta y Ulrich Brand (2017), es posible pensar
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la transici?n articulando dos conceptos cada vez m?s arraigados en el campo contestatario a nivel global: posextractivismo y decrecimiento. Se trata de dos conceptos-horizonte de car?cter multidimensional, que comparten diferentes rasgos o elementos cr?ticos: por ejemplo, aportan un diagn?stico cr?tico sobre el capitalismo actual, no s?lo en t?rminos de crisis econ?mica y cultural, sino tambi?n desde un enfoque m?s global, entendida ?sta como una crisis socioecol?gica de alcance civilizatorio. Ambos realizan una cr?tica a los l?mites ecol?gicos del planeta, al tiempo que enfatizan el car?cter insustentable de los modelos de consumo y alimentarios, difundidos a escala global, tanto en el norte como en el sur. Por ?ltimo, son nociones que constituyen el punto de partida para pensar horizontes de cambio y alternativas civilizatorias, basadas en otra racionalidad ambiental, diferente de la puramente economicista, que impulsa el proceso de mercantilizaci?n de la vida en sus diferentes aspectos. Efectivamente, desde Am?rica Latina la transici?n se piensa desde nuevas formas de habitar el territorio, algunas de las cuales se hallan en ciernes, otras vigentes, al calor de las luchas y las resistencias sociales que asumen un car?cter anticapitalista. Estas nuevas formas de habitar van acompa?adas de una narrativa pol?tico-ambiental, asociada a conceptos como buen vivir, derechos de la naturaleza, bienes comunes, posdesarrollo, ?tica del cuidado, entre otros. Todos estos conceptos se apoyan en la defensa de lo com?n, que aparece hoy como una de las claves en la b?squeda de un nuevo paradigma emancipatorio, en la gram?tica antagonista de los movimientos sociales, tanto en los pa?ses centrales, donde la lucha en defensa de lo com?n se define hoy en contra de las pol?ticas de ajuste y privatizaci?n (el neoliberalismo) y en contra de la expansi?n de las energ?as extremas, como en los pa?ses perif?ricos, donde ?sta se define sobre todo contra las diferentes y m?ltiples formas del neoextractivismo desarrollista. Ciertamente, para revertir la l?gica del crecimiento infinito es necesario explorar y avanzar hacia otras formas de organizaci?n social, basadas en la reciprocidad y la redistribuci?n, que coloquen importantes limitaciones a la l?gica de mercado. Desde Am?rica Latina y desde el sur, existen numerosos aportes desde la econom?a social y solidaria,
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cuyos sujetos sociales de referencia son los sectores m?s excluidos (mujeres, ind?genas, j?venes, obreros, campesinos), cuyo sentido del trabajo humano es producir valores de uso o medios de vida. Existe, as?, una pluralidad de experiencias de autoorganizaci?n y autogesti?n de los sectores populares ligadas a la econom?a social y el autocontrol del proceso de producci?n, de formas de trabajo no alienado, otras ligadas a la reproducci?n de la vida social y la creaci?n de nuevas formas de comunidad. Por ejemplo, en un pa?s tan sojizado como Argentina ?o precisamente por ello? se crearon redes de municipios y comunidades que fomentan la agroecolog?a, proponiendo alimentos sanos, sin agrot?xicos, con menores costos y menor rentabilidad, que emplean m?s trabajadores. Un nuevo entramado agroecol?gico va surgiendo, un archipi?lago de experiencias que buscan conectarse por puentes y pasarelas, al margen del gran continente sojero que hoy aparece como el modelo dominante, basado en el cultivo transg?nico para la exportaci?n. Aunque son modestas, de car?cter local y limitado, siempre acechadas por la vulnerabilidad, la posibilidad de cooptaci?n, estas experiencias de autoorganizaci?n van dejando su huella a trav?s de la creaci?n de un nuevo tejido social, un abanico de posibilidades y experiencias que es necesario explorar y potenciar. Por otro lado, en Europa, las m?ltiples dimensiones de la crisis entremezclan el cuestionamiento y fracaso del neoliberalismo, visibles en la exclusi?n de vastos sectores no contenidos por una globalizaci?n capitalista cada vez m?s excluyente y desigual, en la estabilizaci?n de un modo de vida consumista, que impulsa el aceleramiento del metabolismo social del capital (la exigencia de materias primas y de energ?a). En el marco de una crisis no s?lo pol?tica y econ?mica sino tambi?n cultural, reapareci? a partir de 2008 la idea de decrecimiento, lanzada hacia los a?os setenta, la cual estaba llamada a tener una suerte de segunda vida. Lejos de la literalidad con la que algunos asocian el concepto de ?decrecimiento? (le?do simplemente como la negaci?n del crecimiento econ?mico), el l?xico experiencial desarrollado en Europa en las ?ltimas d?cadas profundiza el diagn?stico de la crisis sist?mica (los l?mites sociales, econ?micos y ambientales del crecimiento, ligados al modelo capitalista actual) y abre
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el imaginario de la descolonizaci?n a una nueva gram?tica social y pol?tica, en la que se destacan diferentes propuestas y alternativas: auditoria de la deuda, desobediencia, ecocomunidades, horticultura urbana, indignados, reparto del trabajo, monedas sociales. Por ejemplo, en el marco de la transici?n energ?tica, se est?n impulsando las transition towns, un movimiento pragm?tico en favor de la agroecolog?a, la permacultura, el consumo de bienes de producci?n local y/o colectiva, el decrecimiento y la recuperaci?n de las habilidades para la vida y la armon?a con la naturaleza. Nacido en Irlanda en 2006, este movimiento apunta a crear sociedades m?s austeras, utilizando energ?as limpias y renovables, con un fuerte aumento de la eficiencia energ?tica. Las comunidades en transici?n buscan generar resiliencia social contra el progresivo colapso social provocado por el cambio clim?tico, el agotamiento de los combustibles f?siles y de la degradaci?n de los reg?menes pol?ticos.
Enfoques relacionales y v?as de la interdependencia
El giro antropoc?nico tiene hondas repercusiones filos?ficas, ?ticas y pol?ticas; obliga a repensarnos como anthropos, pero tambi?n, de modo central, nos lleva a replantear el v?nculo entre sociedad y naturaleza, entre humano y no humano. Cierto es que hace siglos ya que hemos abandonado la visi?n organicista de la naturaleza, Gaia, Gea o Pachamama, aquella que profesaban nuestros ancestros. Como hijos de la modernidad o v?stagos colonizados por ella, nos hemos vinculado a la naturaleza a partir de una episteme antropoc?ntrica y androc?ntrica, cuya persistencia y repetici?n, lejos de conducirnos a una soluci?n de la crisis, se ha convertido finalmente en una parte importante del problema. En sus versiones m?s cr?ticas, el giro antropoc?nico plantea un cuestionamiento del paradigma cultural de la modernidad, basado en una visi?n instrumental de la naturaleza, funcional a la l?gica de expansi?n del capital. En esta l?nea, la antropolog?a y la filosof?a cr?tica de las ?ltimas
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d?cadas nos recuerdan con insistencia la existencia de otras modalidades de construcci?n del v?nculo con la naturaleza, entre lo humano y lo no humano. En otros t?rminos, no todas las culturas ni todos los tiempos hist?ricos incluso en Occidente desarrollaron un enfoque dualista de la naturaleza. No todos los pueblos transitaron el mismo camino, aislando la naturaleza o consider?ndola un ?mbito apartado, exterior, al servicio del ser humano. Existen otras matrices de tipo relacional o generativo, basadas en una visi?n m?s din?mica, tal como sucede en algunas culturas orientales, donde el concepto de movimiento, de devenir, es el principio que rige el mundo y se plasma en la naturaleza, o aquellas visiones inmanentistas de los pueblos ind?genas americanos que conciben al ser humano en la naturaleza, inmerso y no separado o frente a ella. Estos enfoques relacionales, que subrayan la interdependencia de lo vivo, dan cuenta de otras formas de relacionamiento entre los seres vivos, entre humanos y no humanos, toma diversos nombres: animismo, para el antrop?logo Philippe Descola; perspectivismo amaz?nico o amerindio, para Eduardo Viveiros de Castro. As?, para Descola (2011), mientras el naturalismo (dualismo sociedad/naturaleza) asociado a la cultura occidental se basa en la idea de que el ser humano comparte la misma realidad f?sica que el animal (la corporeidad), distingui?ndose por su interioridad, para el animismo todos los seres tienen una interioridad similar, pero ?stos se diferencian por sus cuerpos. Por su parte, Viveiros de Castro argumenta en un sentido similar, en su conocido ensayo La mirada del jaguar, donde conceptualiza el modelo local amaz?nico de relaci?n con la naturaleza. El perspectivismo amerindio afirma que el mundo est? poblado por muchas especies de seres dotados de conciencia y de cultura, y que cada uno de esos seres se ve a s? mismo como humano, viendo a los otros como no humanos, esto es como animales o especies de esp?ritus. En contraste con la visi?n moderna, el fondo com?n entre humanos y no humanos no es la animalidad, sino la humanidad. La humanidad no deviene la excepci?n, sino la regla; cada especie se ve a s? misma como humana, por ende, como sujeto, bajo la especie de la cultura. ?La humanidad es el fondo universal del cosmos. Todo es humano? (Viveiros de Castro 2008).
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Estas formas de relacionamiento y apropiaci?n de la naturaleza cuestionan los dualismos constitutivos de la modernidad. En esta l?nea, el colombiano Arturo Escobar sostiene que:
Antrop?logos, ge?grafos y ecologistas pol?ticos han demostrado con creciente elocuencia que muchas comunidades rurales del Tercer Mundo ?construyen? la naturaleza de formas impresionantemente diferentes a las formas modernas dominantes: ellos designan, y por ende utilizan, los ambientes naturales de maneras muy particulares. Estudios etnogr?ficos de los escenarios del Tercer Mundo descubren una cantidad de pr?cticas ?significativamente diferentes? de pensar, relacionarse, construir y experimentar lo biol?gico y lo natural (Escobar 2000, 71).
Estas ?ontolog?as relacionales?, como las denomina Escobar (2011 y 2014) siguiendo al antrop?logo Mario Blaser, tienen al territorio y sus l?gicas comunales como condici?n de posibilidad. La interrelaci?n genera espacios de sinergia entre el mundo de hombres y mujeres con el resto de los otros mundos que circundan el mundo de los humanos. Esos espacios se materializan en pr?cticas, se manifiestan como monta?as o lagos, aunque se entiende tienen vida o son espacios animados, que por supuesto resulta dif?cil demostrarlo desde la visi?n del positivismo europeo (Escobar 2011 y 2014). Por otro lado, a la hora de repensar nuestro v?nculo con la naturaleza desde una perspectiva relacional, sin duda la ?tica del cuidado y el ecofeminismo abre otras v?as posibles. Sus aportes pueden ayudarnos a reelaborar los v?nculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la visi?n reduccionista basada en la idea de autonom?a e individualismo. Ciertamente, la ?tica del cuidado ofrece otra puerta de entrada, en la necesaria tarea de repensar nuestro v?nculo con la naturaleza al colocar en el centro la noci?n de interdependencia lo que en clave de crisis civilizatoria debe ser le?da como ecodependencia. La universalizaci?n de la ?tica del cuidado, como afirma Carol Gilligan (2015), abre a un proceso de liberaci?n mayor, no solamente de liberaci?n feminista, sino de toda la humanidad.
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Esta l?nea de acci?n aparece reflejada en el involucramiento cada vez mayor de las mujeres en las luchas contra el neoextractivismo y sus diferentes modalidades. Dichas luchas abren a una din?mica que cuestiona la visi?n dualista consolidada desde la modernidad occidental que considera a la naturaleza como algo exterior, pasible de ser dominada y explotada. En este punto crucial, los feminismos populares van tejiendo una relaci?n diferente entre sociedad y naturaleza a trav?s de la afirmaci?n de la noci?n de interdependencia, en la cual el ser humano es comprendido como una parte de la naturaleza, dentro de ella y, en consecuencia, proyecta una comprensi?n de la realidad humana a trav?s del reconocimiento con los otros y con la naturaleza. Por otro lado, este car?cter procesual de las luchas conlleva tambi?n un cuestionamiento del patriarcado, en tanto modelo de dominaci?n de un g?nero sobre otro, basado en una matriz binaria y jer?rquica que separa y privilegia lo masculino por sobre lo femenino. El rol protag?nico que asumen en Am?rica Latina las mujeres en las luchas contra la expansi?n de la frontera extractiva y el acaparamiento de tierras es una ilustraci?n paradigm?tica de este doble proceso. Se trata de voces personales y al mismo tiempo colectivas, cuya escucha atenta nos sit?a en diferentes niveles de pensamiento y acci?n, pues detr?s de la denuncia y el testimonio no s?lo es posible ver la lucha concreta y acuerpada de las mujeres en los territorios, lo que conlleva una fuerte identificaci?n con la tierra y sus ciclos vitales de reproducci?n, sino tambi?n la desacralizaci?n del mito del desarrollo y la construcci?n de una relaci?n diferente con la naturaleza. No pocas veces va asomando la reivindicaci?n de una voz libre, honesta, ?una voz propia?, que cuestiona el patriarcado en todas sus dimensiones y busca recolocar el cuidado en un lugar central y liberador, asociado de modo indiscutible a nuestra condici?n humana. As?, en un mundo cada vez m?s mercantilizado, donde la totalidad de nuestros bienes comunes naturales est?n cada vez m?s sometidos a la presi?n del capitalismo neoliberal, la ?tica del cuidado deviene una piedra basal para repensar las relaciones de g?nero, as? como las relaciones con la naturaleza. As?, al calor de las luchas se han venido afirmando otros lenguajes de valoraci?n del territorio, otros modos de construcci?n del v?nculo con la
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naturaleza, otras narrativas de la madre tierra, que recrean un paradigma relacional basado en la reciprocidad, la complementaridad y el cuidado, que apuntan a otros modos de apropiaci?n y di?logo de saberes, a otras formas de organizaci?n de la vida social. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices pol?tico-ideol?gicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterog?neo mundo de las clases subalternas, y recorren el campo de las ciencias humanas y sociales, el de las ciencias de la tierra, incluso el campo del arte, asociadas a las vanguardias est?ticas. Estos lenguajes construidos desde abajo constituyen los puntos de partida ineludibles en el proceso de construcci?n de otra convivialidad, de otros modos de habitar la tierra. En suma, los enfoques relacionales que al calor de la crisis sist?mica van cobrando una nueva significaci?n nos hablan de que vivimos en un mundo en el cual la pluralidad ontol?gica se funda en la multiplicidad de mundos, de ?pluriversos?, como sostiene Escobar, lo cual conlleva el respeto hacia otros modos de comprender la cultura y de organizar la vida.
Las dimensiones de la crisis en Am?rica Latina
Hasta hace pocos a?os se consideraba que Am?rica Latina se hallaba a contramano del proceso global marcado por el aumento de las desigualdades sociales. Sin embargo, hacia el final del llamado superciclo de los commodities, los indicadores sociales y econ?micos muestran un panorama preocupante, luego de m?s de diez a?os de crecimiento y de ampliaci?n del consumo. Ciertamente, los gobiernos latinoamericanos ?sobre todo aquellos progresistas? aumentaron el gasto p?blico social, lograron disminuir la pobreza a trav?s de pol?ticas sociales y mejoraron la situaci?n de los sectores con menores ingresos, a partir de una pol?tica de aumento salarial y del consumo. No obstante, no redujeron la desigualdad. Al no tocar los intereses de los sectores m?s poderosos, al no realizar reformas tributarias progresivas, tal como se explic? en el cap?tulo anterior, las desigualdades persistieron al comp?s de la concentraci?n econ?mica y del acaparamiento de tierras.
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As?, desde una mirada de m?s largo plazo, la expansi?n del neoextractivismo se tradujo por una serie de desventajas, que echaron por tierra la tesis de las ventajas comparativas que durante el tiempo de las vacas gordas del Consenso de los Commodities algunos supieron defender. Por un lado, el neoextractivismo no condujo a un salto de la matriz productiva, sino a una mayor reprimarizaci?n de las econom?as, lo cual se vio agravado por el ingreso de China, potencia que de modo acelerado se fue imponiendo como socio desigual en el conjunto de la regi?n latinoamericana. Al mismo tiempo, la creciente baja del precio de las materias primas gener? un d?ficit de la balanza comercial que impuls? a los gobiernos a contraer mayor endeudamiento y a multiplicar los proyectos extractivos, entrando de este modo en una espiral perversa, que conlleva la consolidaci?n de un patr?n primario-exportador dependiente y acent?a el proceso de violaci?n de derechos humanos. Por otro lado, se hace evidente el v?nculo entre neoextractivismo, acaparamiento de tierras y desigualdad. Am?rica Latina resulta ser no s?lo la regi?n m?s desigual del planeta, es tambi?n la regi?n con la peor distribuci?n de tierras a nivel global, a ra?z del avance de los monocultivos y la desposesi?n, en beneficio de grandes empresas y latifundistas privados. En esta l?nea, el neoextractivismo produjo profundos impactos en el ?mbito rural a trav?s de los monocultivos, lo cual termin? por redefinir la disputa por la tierra en contra de las poblaciones pobres y vulnerables. As?, la expansi?n de la frontera agr?cola se hizo en favor de los grandes actores econ?micos, interesados en implementar cultivos transg?nicos ligados a la soja, la palma de aceite, la ca?a de az?car, entre otros. Los datos de los censos agropecuarios de 15 pa?ses muestran que ?en conjunto en la regi?n, el 1% de las fincas de mayor tama?o concentra m?s de la mitad de la superficie agr?cola. Dicho de otro modo, el 1% de las fincas acapara m?s tierra que el 99% restante? (Oxfam 2016). Por ?ltimo, m?s all? de las diferencias internas, los modelos de desarrollo imperantes presentan una l?gica com?n, gran escala, ocupaci?n intensiva del territorio, amplificaci?n de impactos ambientales y sociosanitarios, preeminencia de grandes actores corporativos, democracia de baja intensidad y violaci?n de derechos humanos. En esta l?nea, hay
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que recordar que Am?rica Latina ostenta otro triste ranking, pues es la regi?n del mundo donde se asesinan mayor cantidad de defensores de derechos humanos y activistas ambientales, siniestros indicadores que se han recrudecido en los ?ltimos diez a?os al comp?s de la expansi?n de la frontera extractiva y la criminalizaci?n de las protestas socioambientales. En esta l?nea, la apertura de un nuevo ciclo de violaci?n de los derechos humanos pone de relieve la limitaci?n de los modelos de gobernanza democr?tica hoy implementados en la regi?n, m?s a?n la retracci?n de las fronteras de derechos. Esto incluye tanto la violaci?n de derechos pol?ticos b?sicos ?derecho a la informaci?n, derecho a la manifestaci?n, derecho a participar en las decisiones colectivas (consultas, refer?ndums)?, as? como de la violaci?n de los derechos territoriales y ambientales, presentes en las nuevas constituciones y en la legislaci?n nacional e internacional. Esta realidad incontestable que necrosa la democracia y reconfigura negativamente el tejido social, como producto del neoextractivismo hegem?nico, fue erigiendo nuevas barreras entre las diferentes narrativas contestatarias que recorren el continente, muy especialmente entre, por un lado, los progresismos populistas y desarrollistas, con su vocaci?n estatalista y su tendencia a la concentraci?n y personalizaci?n del poder, y, por otro lado, la gram?tica pol?tica radical, elaborada desde el campo ind?gena y los movimientos sociales, al comp?s de la emergencia de una nueva agenda socioambiental. En suma, el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities instal? problem?ticas y paradojas que reconfiguraron incluso el car?cter antagonista de los movimientos sociales y el horizonte del pensamiento cr?tico latinoamericano, enfrent?ndonos a desgarramientos te?ricos y pol?ticos, que fueron cristaliz?ndose en un haz de posiciones ideol?gicas dif?ciles de procesar y resolver. A esto hay que agregar que la actual fase de exacerbaci?n de la din?mica extractiva, con sus figuras extremas, potencia la crisis en sus diferentes dimensiones. A diferencia de ?pocas anteriores donde lo ambiental era una dimensi?n m?s de las luchas, poco asumida expl?citamente, en la actualidad las luchas ecoterritoriales de Am?rica Latina dan cuenta de una resignificaci?n de la problem?tica, en clave social,
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territorial, pol?tica y civilizatoria, que cuestiona la visi?n hegem?nica del desarrollo y por ende la din?mica del capitalismo neoliberal. As?, se torna necesario indagar en aquellas experiencias colectivas que se nutren de valores como la reciprocidad, la complementaridad, la justicia social y ambiental, el cuidado y la armon?a en las relaciones de interdependencia entre lo humano y lo no humano. Desde el punto de vista de las alternativas, en Am?rica Latina existe una perspectiva ecoterritorial, de corte propositivo, con ?nfasis en la agroecolog?a; existe una perspectiva indigenista, de corte comunitario, con ?nfasis en la descolonizaci?n y el buen vivir; una perspectiva ecofeminista, con ?nfasis en la ?tica del cuidado y en la despatriarcalizaci?n. Dichos enfoques y lenguajes plantean la desmercantilizaci?n de los bienes comunes y la necesidad de elaborar propuestas alternativas viables, con base en las econom?as locales y regionales, las experiencias de agroecolog?a, los espacios comunitarios (ind?gena-campesinos), entre otros. Para cerrar, hay que recordar un dato menor: si al comienzo del cambio de ?poca con el cuestionamiento del neoliberalismo, el protagonismo de las luchas y la elaboraci?n de un lenguaje emancipatorio tuvieron como gran actor a los pueblos ind?genas (buen vivir, derechos de la naturaleza, autonom?a, Estado plurinacional), el final del ciclo progresista y el inicio de una nueva ?poca aparece signado por las luchas de las mujeres, en diferentes escalas y niveles, visibles ?aunque no exclusivamente? en las resistencias contra el neoextractivismo. En otros t?rminos, Am?rica Latina transit? del ?momento indianista? al ?momento feminista?, una tendencia que acompa?a y suma a la narrativa del buen vivir y de los derechos de la naturaleza, el lenguaje ecofeminista del cuerpo/territorio, la ?tica del cuidado y la afirmaci?n de la interdependencia. As?, a la narrativa de la descolonizaci?n, asociada al momento ind?gena, se suma ahora la exigencia de la despatriarcalizaci?n y la ecodependencia, vinculada al momento feminista. En suma, en un contexto ideol?gico global donde predominan cada vez m?s las derechas empresariales y/o xenof?bicas, y en un escenario regional de crisis de las izquierdas y giros abiertamente conservadores, surge como gran desaf?o la tarea de repensar y recrear el pensamiento
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cr?tico antisist?mico. Para ello, la creaci?n de puentes entre las diferentes izquierdas realmente existentes deber? partir de la incorporaci?n del diagn?stico en t?rminos de crisis global, asociada al modo de apropiaci?n y explotaci?n de la naturaleza que promueve el capitalismo neoliberal, estrechamente ligado al neoextractivismo. Sin ello, no existe posibilidad de recomposici?n alguna de ese espacio pol?tico e intelectual que pretendemos llamar izquierda. M?s simple, tanto en Am?rica Latina como en otras latitudes, la izquierda a (re)construir, si ello es posible, tendr? que ser no s?lo popular y plural, decididamente antipatriarcal, sino tambi?n profundamente ecologista.
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AUTORA
Maristella Svampa
Es soci?loga, escritora e investigadora. Es licenciada en Filosof?a por la Universidad Nacional de C?rdoba y doctora en Sociolog?a (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia). Es investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) de Teor?a Social Latinoamericana. En 2006 obtuvo la Beca Guggenheim y el Diploma Konex en Sociolog?a, en 2014 el Diploma Konex en Ensayo Pol?tico y Sociol?gico y en 2016 el Premio Konex de Platino en Sociolog?a. Sus primeros trabajos estuvieron dedicados a los movimientos sociales y la sociolog?a pol?tica. Posteriormente, se orient? hacia el estudio de la problem?tica socioecol?gica y al acompa?amiento de diferentes luchas ecoterritoriales, en clave latinoamericana. Fruto del v?nculo con luchas socioambientales han sido los libros colectivos 15 mitos y realidades de la miner?a transnacionl (2011), publicado en diversos pa?ses (Argentina, Uruguay, Ecuador), y 20 mitos y realidades del fracking (2014), ambos muy difundidos en la regi?n. Entre sus ?ltimos libros se encuentran Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (2014, en colaboraci?n con E. Viale), Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo (2016) y Del cambio de ?poca al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, Extractivismo y movimientos sociales en Am?rica Latina (2017).
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Es autora de tres novelas, todas ellas situadas en la Patagonia argentina: Los reinos perdidos (2006), Donde est?n enterrados nuestros muertos (2012) y El muro (2013). En 2018 tambi?n se public? el ensayo autobiogr?fico Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (Argentina)