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Los empresarios infiltran el gobierno y utilizan grupos armados legales e ilegales para dominar a los pueblos

Acin
28 Marzo, 2019

Seg?n informe de justicia[1] de marzo del a?o pasado hay 439 casos de empresarios relacionados con violaciones a derechos humanos en el conflicto colombiano. Esto va de la mano con el apoyo que ha mostrado el consejo gremial empresarial del cauca a la postura intransigente del presidente Duque de no asistir a atender nuestras demandas.

El conflicto colombiano en toda su duraci?n no podr?a haberse sostenido sin una gran cantidad de dinero de por medio. Aparte del narcotr?fico, miner?a ilegal, los secuestros, las extorsiones y otras actividades il?citas a las que recurrieron los grupos armados al margen de la ley para financiarse, las comunidades sabemos que en Colombia tambi?n se presentaron casos de complicidad entre grupos armados y empresas privadas.

Sabemos y denunciamos la alianza existente entre poderes econ?micos, ?lites locales y grupos armados para promover sus intereses econ?micos y pol?ticos a trav?s de la cooptaci?n de las instituciones locales en las regiones y a nivel nacional, este mismo informe muestra como el paramilitarismo tuvo su auge con la inyecci?n de recursos empresariales en el que se resalta que la mayor?a de empresas c?mplices son colombianas, pues solo el 2 por ciento de los casos registrados corresponden a empresas multinacionales, y el 98 por ciento restante est? asociado a empresas nacionales.

En este informe se habla de empresas que montaron su propio centro de detenci?n, o que hicieron salas de tortura dentro de la planta o f?brica. El financiamiento de centros de tortura y exterminio, la producci?n y provisi?n de maquinaria de tortura y armamento. As? como la explotaci?n forzada de tierras mediante violencia contra sus propietarios.

De all? que sabemos con qu? tipo de gobierno estamos conversando y que nuestras demandas no tengan eco en las instituciones del estado hemos reiterado en diferentes comunicados el camino recorrido para llegar a esta minga y los llamados de meses anteriores que hemos hecho al presidente quien ha mostrado o?dos sordos, as? como lo que no se ha incluido en el cap?tulo ?tnico para el plan nacional de desarrollo y dem?s.

Rechazamos el apoyo que han hecho los gremios empresariales a la postura del presidente y rechazamos el bombardeo medi?tico que los medios de comunicaci?n, al servicio de estos empresarios, hacen para justificar una posible arremetida violenta contra nuestras comunidades. Son ellos los responsables directos de lo que nos pueda pasar.

Hasta que se apague el sol, La minga no se rinde carajo

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?Los grupos paramilitares sacaron provecho de sus alianzas con empresarios?

https://pacifista.tv/notas/los-grupos-paramilitares-sacaron-provecho-de-sus-alianzas-con-empresarios/
Juan Pablo Sep?lveda -
Marzo 15, 2018

Seg?n Leigh Payne hay 439 casos de empresarios relacionados con violaciones a derechos humanos en el conflicto colombiano.

El conflicto colombiano -largo y violento, como fue- no podr?a haberse sostenido sin una gran cantidad de dinero de por medio. Aparte del narcotr?fico, miner?a ilegal, los secuestros, las extorsiones y otras actividades il?citas a las que recurrieron los grupos armados al margen de la ley para financiarse, en Colombia tambi?n se presentaron casos de complicidad entre grupos armados y empresas privadas.

Un informe llamado Cuentas claras, presentado por Dejusticia, evidencia esta esta realidad. Desde 1971, seg?n el documento, se han presentado 439 casos de complicidad de empresas en el conflicto. Por complicidad los investigadores se refieren a ?la asistencia o participaci?n de los actores econ?micos en graves violaciones de los derechos humanos (incluyendo genocidio, tortura, cr?menes de lesa humanidad y cr?menes de guerra) cometidos por el Estado o agentes similares al Estado, como grupos paramilitares y guerrilleros, durante situaciones de autoritarismo o conflicto civil?.

Fuente: Dejusticia
Seg?n el informe, la complicidad entre sectores econ?micos y actores del conflicto se dio por ?la alianza entre poderes econ?micos, ?lites locales y grupos armados para promover sus intereses econ?micos y pol?ticos a trav?s de la cooptaci?n de las instituciones locales en las regiones y a nivel nacional?.

Informaci?n: Dejusticia
En Colombia los casos de complicidad entre empresas y grupos armados se dispararon a finales de los noventa y principios de la d?cada del 2000, periodo que coincide con los di?logos de paz del Cagu?n y el momento de mayor poder militar de las Farc, as? como de auge de los grupos paramilitares. Los casos de complicidad tambi?n se concentran geogr?ficamente, pues el 76 por ciento de los casos registrados ocurrieron en seis departamentos: Antioquia (19 por ciento), C?rdoba (13 por ciento), Norte de Santander (8 por ciento), Sucre (7 por ciento), Urab? (18 por ciento) y Valle del Cauca (11 por ciento). Otro hecho a resaltar es que la mayor?a de empresas c?mplices son colombianas, pues solo el 2 por ciento de los casos registrados corresponden a empresas multinacionales, y el 98 por ciento restante est? asociado a empresas nacionales.

Una de las autoras del informe es Leigh Payne, quien tambi?n es autora de 4 libros sobre derechos humanos, confesiones de violencia, justicia transicional y complicidad empresarial. Ha participado, adem?s, en Comisiones de Verdad en Brasil y M?xico.

Hace unas semanas Leigh estuvo en Colombia, y convers? con ?Pacifista! acerca de la participaci?n de las empresas en el conflicto colombiano y el papel de la Comisi?n de la Verdad a la hora de visibilizar esta realidad.

?C?mo se da la complicidad de una empresa en el conflicto?

La complicidad de las empresas se da en situaciones de represi?n autoritaria y conflictos armados que conducen a violaciones de derechos humanos. Entendemos por complicidad una acci?n directa de parte de las empresas en los conflictos. Por ejemplo, tenemos empresas que montaron su propio centro de detenci?n, o que hicieron hicieron salas de tortura dentro de la planta o f?brica.

Estas violaciones no son leves? no son casuales.

Otra forma de complicidad que tenemos es el financiamiento de centros de tortura y exterminio, la producci?n y provisi?n de maquinaria de tortura y armamento. Tambi?n est? la explotaci?n forzada de tierras mediante violencia contra sus propietarios.

En t?rminos econ?micos, ?qu? da?o le hace al pa?s la participaci?n de las empresas en el conflicto?

Pues hemos visto que el costo de la reparaci?n a las v?ctimas es relativamente bajo, pero puede haber empresas que no puedan pagarlo. Por esto pueden estar obligadas a cerrar, y esto puede hacerle algo de da?o a la econom?a del pa?s.

Por otro lado, las empresas pueden perder su reputaci?n o su buen nombre y la gente puede considerar que no toleran a una empresa que haya participado en violaciones a derechos humanos. Esto a la larga puede ocasionarles p?rdidas, cierres y afectar el flujo de la econom?a.

Leigh Payne | Foto: Luc?a Romero ? ?Pacifista!
El Congreso le hizo una reforma a la JEP con la que le quit? la facultad de juzgar a actores no armados. ?Esto representa impunidad para las empresas c?mplices en el conflicto?

Yo creo que la visibilidad de por si ya es impresionante, pues estos casos por lo general son desconocidos o no son tenidos en cuenta. La importancia est? tambi?n en la v?ctima, en que pueda conocer la verdad de lo que le sucedi?.

?Podr?a convertirse la Comisi?n de la Verdad en una instancia para obtener justicia frente a estas empresas?

En la Comisi?n de la Verdad se puede hacer justicia -simb?lica- pero de todos modos justicia. Adem?s, con la voluntad de los empresarios, pueden haber reparaciones por los da?os. De todos modos, lo m?s importante es garantizar que estas cosas no vuelvan a suceder.

Si en la Comisi?n de la Verdad, al menos, se le pone un costo reputacional a los actos de las empresas, se estar?n dando las condiciones para la no repetici?n.

El documento habla de paraeconom?a. ?A qu? se refiere?

Cuando pensamos en los grupos paramilitares de la historia de Colombia, si estos hubieran sido actores aislados podr?an considerarse en este momento solo como criminales. Pero, por el contrario, ellos estaban relacionados con distintos agentes del Ej?rcito, del Gobierno, y de estructuras empresariales.

Los grupos paramilitares sacaron provecho econ?mico de sus alianzas con empresarios y las actividades en este c?rculo estuvieron relacionadas a violaciones a derechos humanos. Esta es la pareconom?a.

?Alg?n caso grave puntual de violaciones de derechos humanos que se haya presentado en Colombia en relaci?n a las empresas que participaron en el conflicto?

El caso m?s emblem?tico, porque ya se iniciaron los procesos judiciales correspondientes, es el caso Chiquita. De 1997 a 2004 esta empresa trabaj? directamente con los paramilitares (con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC) quienes mataron sindicalistas y trabajadores acus?ndolos de ser guerrilleros. La empresa financi? de manera directa estos actos y esto es una grave violaci?n a los derechos humanos.

Tambi?n hay que decir que la mayor?a de los registros muestran que estas violaciones las hacen empresas peque?as y medianas, y no tanto las grandes. Y es muy dif?cil llevar a las grandes empresas a procesos judiciales.

?Cu?les recomendaciones le har?as a la Comisi?n de la verdad en Colombia?

Primero, la visibilidad es muy importante, por lo que hay que generar conciencia sobre este tema. Lo ideal, luego, ser?a que se realice una investigaci?n seria de las violaciones graves de derechos humanos. Esta va a ser una responsabilidad de la Comisi?n de la Verdad, y creo que ser? dif?cil porque hay presiones externas en este trabajo.

Ser?a muy valioso que la Comisi?n de la Verdad reciba apoyo internacional para este trabajo investigativo. Si no tienen el apoyo, por ejemplo, de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, es m?s posible que lleguen presiones externas e internas, porque trabajar?an de forma aislada.

La mejor manera de acompa?ar a las v?ctimas es darles respuestas y garantizar que las violaciones no se repitan. Luego, con la informaci?n de esta investigaci?n seria, considero que debe ser el pa?s entero -m?s que solo un organismo del Gobierno- el que debe decidir sobre las acciones judiciales a tomar en el futuro contra los responsables.