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Los negocios de Lula y Correa en Ecuador y otras cosillas

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro :: 01.05.19

Luego de negociar con Lula, Correa recibi? nuevamente a la constructora brasilera entreg?ndole m?ltiples contratos sin licitaci?n, contratos plagados de irregularidades y envueltos en denuncias de corrupci?n. Desde octubre de 2011 Odebrecht retorn? a la lista de empresas elegibles y consigui? millonarios contratos, incluso en tiempo r?cord.

Recordando un billar a tres bandas? en contra del pa?s

Alberto Acosta y John Cajas Guijarro
Ecuador Today

?Aceptar ese arbitraje (con la Oxy) es traici?n a la Patria y todos los que reconozcan un arbitraje inexistente, que Ecuador no ha aceptado y no tiene por qu? aceptar, ser?n traidores a la Patria?
(Rafael Correa Delgado, Presidente Electo 2006)

Son tiempos complejos los que vive el Ecuador, en verdad. Tiempos en los cuales se marcha aceleradamente ?al fondo? y a la ?derecha? , y en donde el neoliberalismo ha vuelto en toda su magnitud. Y si bien abruman los casos de corrupci?n que d?a a d?a se develan y la arremetida neoliberal que nos golpea, una m?xima merece la pena repetirse una y otra vez: ?prohibido olvidar?. El desangre de recursos que afronta el Ecuador no es casualidad ni el mero manejo ?ingenuo? de las finanzas p?blicas. Mucho de ese desangre emerge de un manejo autoritario y corrupto del poder pol?tico, el cual termina de siervo de esos grandes capitales transnacionales que ?sobre todo v?a extractivismos? succionan la riqueza de nuestro pueblo. Ejemplo de ello es una peculiar partida de ?billar a tres bandas? en la cual el capital transnacional y el poder pol?tico confluyeron en perjuicio del estado ecuatoriano?

El campo petrolero que pas? de rojo a azul

A inicios del gobierno de Rafael Correa, el entonces ministro de Energ?a y Minas (y uno de los autores de estas l?neas) conform? un grupo interdisciplinario -entre ge?logos, geof?sicos, ingenieros de perforaci?n, economistas y abogados de prestigio- para investigar varias irregularidades sobre la actividad de la petrolera brasile?a Petrobras. All? particip? el Director de Hidrocarburos, delegados de la Procuradur?a, y cont? con colaboraci?n y asesor?a de la Secretar?a de Transparencia de la Presidencia de la Rep?blica. Esta Comisi?n se cre? v?a acuerdo ministerial.

La Comisi?n analiz? integralmente la situaci?n econ?mica de dos contratos: Contrato de Participaci?n del Bloque 18 (contrato principal) y el Convenio de Explotaci?n Unificada del campo Palo Azul (contrato accesorio). Asimismo, la Comisi?n realiz? por primera vez un estudio t?cnico de registros el?ctricos, s?smicos, geol?gicos y de producci?n de cerca de 30 pozos perforados en el llamado campo Palo Azul, obteniendo m?ltiples resultados que develan un verdadero fraude al pa?s dentro de un campo petrolero manejado m?ltiples veces por petroleras que han violado la Ley de Hidrocarburos, destac?ndose el caso de Petrobras. [1]

En esos an?lisis se verific? que el Bloque 18 nunca fue comercial pues contaba con menos de 5 millones de barriles de petr?leo. Por ello, seg?n el Art 24 de la Ley de Hidrocarburos, el campo deb?a revertirse al Estado. En cambio, el campo Palo Azul (que en realidad era el campo Palo Rojo fuera del Bloque 18), sumado arbitrariamente al Bloque 18 en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano asumi?ndolo como un campo unificado ten?a m?s de 100 millones de barriles de crudo liviano. Aqu? -para empezar- llam? la atenci?n que, si el contrato principal no se justificaba, se haya autorizado el contrato accesorio que era el de campo unificado.

En el plano t?cnico el an?lisis confirm? aquello ya conocido por Petroecuador desde 1999, as? como por la investigaci?n de la Comisi?n Anticorrupci?n en 2001 y 2002: no hab?a campo compartido o unificado. Esto debe quedar claro, lo que se conoce como campo Palo Azul era, en realidad, el campo Palo Rojo, descubierto por la Corporaci?n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en 1969. Para entender bien la cuesti?n cabe anotar que como el Bloque 18 no era comercial, sobre todo el grupo Isa?as -accionista de la empresa Petromanab?, integrante del consorcio a cargo de la explotaci?n- a esa ?poca quer?a ?demostrar? que el campo Palo Rojo era parte del Bloque 18 al ser el mismo yacimiento que Palo Azul

La Contralor?a, en su informe de gesti?n de 2003, exigi? a las contratistas que perforen un pozo intermedio entre el denominado pozo Palo Azul 1 (dentro del Bloque 18) y el Palo Azul 2 (fuera del Bloque 18, al que se conoc?a como Palo Rojo) para definir si en realidad los dos pozos estaban unificados. En un segundo informe de 2004 la Contralor?a observ? que las contratistas incumplieron una disposici?n obligatoria al no perforar el citado pozo intermedio. Reci?n en septiembre de 2006 se perfor? el pozo intermedio denominado Palo Azul 3, extray?ndose 97% de agua, por lo que se cerr? en octubre del mismo a?o, prob?ndose que los pozos no estaban unificados. El haber aceptado lo contrario configurar?a uno de los mayores fraudes geol?gicos de la historia petrolera.

As?, se verific? que lo que se conoce como Palo Azul en el Boque 18 y Palo Rojo fuera del Bloque 18 no estaban unificados.

Teikoku, Petrobras? y Oxy a lo lejos

Adem?s de Palo Azul, la Comisi?n impuls? la investigaci?n hist?rica de una cadena de cesi?n de derechos y obligaciones entre empresas (?de papel?) como Petromanab?, Cayman, Teikoku y Ecuadortlc. El 24 de enero de 2005, en Argentina, Petrobras matriz suscribi? un acuerdo de venta y asociaci?n con Teikoku matriz, transfiriendo el 40% de participaciones en el Bloque 18, Palo Azul y Bloque 31, sin autorizaci?n ministerial: causal de caducidad contractual seg?n la Ley de Hidrocarburos de entonces.

Esto es importante, pues por una situaci?n an?loga se aplic? la caducidad de contrato a la compa??a Occidental u Oxy que suscribi? un acuerdo con Encana, sin autorizaci?n ministerial. La atenci?n se centr? en este debate resumido en la disyuntiva entre ?caducidad o barbarie? (Alberto Acosta 2006):

?El incumplimiento de las leyes, por la raz?n que fuera, equivale a autorizar lo que se pretende prohibir o a marginar la aplicaci?n de las normas establecidas. Ese es el meollo del asunto con la empresa petrolera Occidental, Oxy. En juego no est? un reclamo por da?os econ?micos. Tampoco interesa saber cu?nto invirti? la Oxy en actividades petroleras o en su promoci?n social. Esta compa??a no cumpli? con la ley y el contrato en innumerables ocasiones; el que Oxy no haya reportado el traspaso del 40% de sus acciones a ENCANA es apenas uno de los atropellos jur?dicos (Incluso su operaci?n en los campos compartidos de Eden Yuturi y Limoncocha no se ajusta al marco legal). La caducidad de su contrato, apegada a lo que manda la ley, no es, entonces, una expropiaci?n. Y si otras empresas han procedido de igual manera, lejos de ser un argumento a favor de la Oxy, como pretenden sus apoderados, es raz?n suficiente para revisar el resto de contratos? en juego est? el imperio de la ley o la barbarie, situaci?n que predomina en la actualidad y que no permite asegurar la tan reclamada seguridad jur?dica. La caducidad es la ?nica alternativa si realmente se pretende construir un verdadero Estado de Derecho, que asegure suficientes garant?as hasta para las inversiones extranjeras ?.

Esta irregularidad en la que incurri? Petrobras fue confirmada con el viaje de delegados de la Procuradur?a a la Comisi?n de Valores de Buenos Aires y a la Securities and Exchange Commission (SEC) en Nueva York.

Luego, el Ministerio de Energ?a solicit? a Petrobras que presente el acuerdo suscrito con Teikoku en Argentina. Tres meses despu?s, entreg? una carta de intenci?n, suscrita por Teikoku Oil Ecuador, empresa no registrada en el pa?s, creada meses antes en las Islas Cayman. Esto constituye otra causal de caducidad, pues al no domiciliarse en Ecuador, no pod?a suscribir ning?n documento p?blico. Fue el presidente de Petroecuador de ese entonces, en el gobierno de Alfredo Palacio -Galo Chiriboga- quien calific? equivocadamente la idoneidad de Teikoku. Cabe agregar que en el a?o 2000 ya se hab?a abierto un expediente en la Fiscal?a.

Empieza la partida

Esta compleja situaci?n, bien documentada, fue puesta en conocimiento del entonces presidente Correa por el ministro de Energ?a y Minas en junio de 2007, como una de sus ?ltimas gestiones en esa cartera [2] . En la comunicaci?n ?fechada en junio 13 de 2007- entregada al primer mandatario, el ministro indic? la necesidad de iniciar de inmediato la caducidad, caso contrario se pod?a perder la demanda que Occidental plante? al Estado en el CIADI por trato discriminatorio; hecho que ya se ve?a venir y que termin? sucediendo a?os m?s tarde

El coordinador de la Comisi?n Especial remiti? el informe a la Fiscal?a, Contralor?a y Procuradur?a del Estado. El procurador de entonces, Xavier Garaicoa, solicit? en febrero de 2008 iniciar la caducidad bajo las mismas causales aplicadas a Occidental: ?Suscripci?n de acuerdo previo y cesi?n de derechos y obligaciones sin autorizaci?n ministerial?. [3] El entonces presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, notific? a la compa??a con el expediente de caducidad, pero cuando iba a firmar el documento pidiendo al ministro la caducidad, fue separado del cargo, y poco despu?s el propio procurador renunci?.

Luego, el entonces fiscal Washington Pesantez decidi? reabrir el caso, que hab?a sido cerrado por la fiscal Cecilia Armas en 2005, y que ya hab?a sido denunciado por fraudulento ya en el a?o 2000. Pesantez pidi? el inicio de juico por peculado basado en la existencia de lo que podr?a ser un fraude t?cnico al calificar de compartido el campo Palo Azul (en realidad campo Palo Rojo) con el Bloque 18. Otra raz?n para la acci?n de Pesantez fue la contrataci?n de la compa??a norteamericana Gaffney & Cline, la que en apenas 15 d?as emiti? un informe se?alando que el campo era compartido; informe que, seg?n la Fiscal?a, carecer?a de independencia y legitimidad pues esa empresa trabajaba para Petrobras. Adem?s, tal informe no tiene el car?cter de vinculante, sino un simple valor referencial; sin embargo, las autoridades le dieron un peso vinculante.

Posteriormente el siguiente fiscal -quien como vimos ya actu? como presidente de Petroecuador y como Ministro de Energ?a y Minas en este caso-, Galo Chiriboga pidi? anular el caso, rompiendo el principio b?sico de la Fiscal?a de defender los intereses del Estado. As?, sorprendentemente la Fiscal?a en la pr?ctica respaldaba a los presuntos implicados en un posible caso de perjuicio millonario en contra del pa?s. N?tese que el perjuicio de Palo Azul ser?a enorme. En casi una d?cada de explotaci?n del campo se extrajeron alrededor de 78 millones de barriles de crudo, de los cuales casi un 50% benefici? a las contratistas (si se calcula en un precio promedio -bajo- de 40 d?lares por barril y se considera que la empresa se llevaba el 50%, el perjuicio superar?a los 1.500 millones de d?lares).

Sin duda el entonces fiscal Chiriboga, de participaci?n directa en varios momentos del caso, debi? al menos excusarse de actuar. Cabe recordar que ?l fue presidente de Petroecuador cuando se dio la cesi?n de derechos antes del gobierno de Correa, fue ministro de Minas y Petr?leos en 2007 luego de saberse los resultados de la investigaci?n de la Comisi?n, cuando se pidi? la caducidad, y siendo ?l ministro se contrat? a Gaffney & Cline. Chiriboga adelant? criterios se?alando que no hab?a causales de caducidad contractual cuando era ministro y juez de la causa. Hab?a un claro conflicto de intereses.

Entra Lula en la partida

En el caso de Petrobras tambi?n particip? activamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y por carambola a tres bandas, su intervenci?n benefici? a la petrolera norteamericana OXY. Ser?a ilustrativo saber los pormenores de dicho caso, el cual se complic? justo cuando Correa negoci? con Lula el retorno de Odebrecht, juntamente con la salida protegida de Petrobras, empresa que hasta sac? una indemnizaci?n de 217 millones de d?lares al Estado ecuatoriano . Alg?n d?a Correa deber? explicar qu? acord? con Lula para permitir la salida protegida de Petrobras (empresa que hasta plante? un par de reclamaciones arbitrales en contra del Ecuador).

Incluso ya antes se negoci? para que el contrato de Petrobras se transforme en un contrato de Prestaci?n de Servicios, como textualmente sostuvo Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador, en la Revista Vanguardia, del 19 de agosto de 2008: ?No hay proceso de caducidad. En eso quedamos y as? se estableci? cuando conversamos con el Presidente (Rafael Correa) y la gente de Petrobr?s. (?) Con Petrobr?s pasaremos directamente al contrato de prestaci?n de servicios?. Pero Petrobras no estaba dispuesta a quedarse, quiz? estimaba que el riesgo de la caducidad (por las razones expuestas anteriormente) era muy grande?

Con los cambios contractuales impulsados por el gobierno de Correa en 2010, Petrobras, que antes devolvi? el poco atractivo bloque 31 -aleda?o el 43 o ITT en el Yasuni- no renov? el contrato del Bloque 18, con el jugoso ap?ndice de ?Palo Azul?, luego de explotarlo por a?os. Los cambios de los contratos petroleros, con ?reformas con muy poca reforma?, ? definitivamente incompletas y no necesariamente beneficiosas para el pa?s ?, no abordaron estas irregularidades aun cuando se insisti? en ello. Petrobr?s sali? protegida y Odebrecht retorn? beneficiada, como resultado de las conversaciones Lula-Correa.

Aqu? cabe recordar que Correa expuls? a Odebrecht en 2008, por ?corrupta y corruptora?. Refiri?ndose a Odebrecht ? como rese?a Plan V ? Correa dijo que los problemas ?que hemos descubierto son terribles, no solo en San Francisco, (sino) en muchos otros proyectos donde siempre se quiere perjudicar al Estado? (Los contratos) son horrorosos?. Mencion? haber descubierto ?que el contrato con Toachi-Pilat?n, que lo hizo la Prefectura de Pichincha en este gobierno con esa Odebrecht tiene los mismos horrores que el contrato de San Francisco; as? que lo mandamos a cortar?.

En suma, luego de negociar con Lula, Correa recibi? nuevamente a la constructora brasilera entreg?ndole m?ltiples contratos sin licitaci?n, contratos plagados de irregularidades y envueltos en denuncias de corrupci?n. Desde octubre de 2011 Odebrecht retorn? a la lista de empresas elegibles y consigui? millonarios contratos, incluso en tiempo r?cord: un t?nel de la hidroel?ctrica Pucar?, el primer tramo de la Ruta VIVA, nivelaci?n del suelo y preparaci?n del ?rea (rellenos) para la Refiner?a del Pac?fico (?rea que, por cierto, hasta se ver?a involucrada en el tr?fico de droga ), la construcci?n de la hidroel?ctrica Manduriacu, la construcci?n del Poliducto Pascuales-Cuenca, la construcci?n de la primera fase de ampliaci?n del puerto de aguas profundas de Manta, la construcci?n del Metro de Quito?

Entre esos m?ltiples beneficios que obtuvo Odebrecht cabe resaltar la participaci?n con unos 662,48 millones de d?lares de los 1.500 millones gastados en la refiner?a ?invisible? del Pac?fico , tanto por nivelaci?n del suelo como por construcci?n de un acueducto para dicha refiner?a (solo el acueducto habr?a costado 294 millones ). A eso se suma denuncias de sobornos y hasta campa?as pagadas por Odebrecht , como el financiamiento del documental de Royal Tour para exaltar la imagen de Rafael Correa .

Un perjuicio a tres bandas

Como antecedente para entender la relaci?n de Odebrecht con Petrobras y de las dos con Occidental, tengamos presente todo lo se?alado. Bien sabemos c?mo concluy? el caso de Occidental en el CIADI, en el cual Ecuador termin? pagando una indemnizaci?n millonaria a la transnacional, bajo el argumento expuesto anteriormente; es decir, no haber dispuesto la caducidad de Petrobras.

Tal laudo arbitral del CIADI obligaba al Ecuador pagar a Occidental, la suma de 2.300 millones de d?lares, incluyendo 1.769 millones por indemnizaci?n y 531 millones de intereses; al final la cifra qued? en 980 millones . El arbitraje constituy? -como siempre- un atentado a la soberan?a jur?dica y econ?mica del pa?s. El fallo evidencia la absoluta parcializaci?n del Tribunal tutelado por el Banco Mundial a favor de la compa??a; a la vez, devela una defensa inconsistente, contradictoria e imprudente, por parte del Estado ecuatoriano, bajo responsabilidad de los gobiernos de Palacio y Correa.

A eso se suma el perjuicio multimillonario con Petrobras. Y cierra el terceto la larga carpeta de arbitrariedades y corrupci?n que arrastra la contrataci?n con Odebrecht.

Esta curiosa relaci?n entre Odebrecht, Petrobras y Oxy es apenas uno de muchos otros casos , algunos que quiz? ser?n p?blicos cuando se establezca por primera vez una justicia de verdad independiente y aut?noma en el Ecuador. Penosamente el futuro no parece caminar para all?, pues luego de una d?cada desperdiciada por el corre?smo , con la arremetida neoliberal arrancada en el propio gobierno de Correa y continuada aceleradamente por el gobierno de Len?n Moreno , el pa?s se apresta a reforzar cada vez los beneficios al capital transnacional. En particular, con la llegada de nuevos tratados bilaterales de inversi?n (como una pieza m?s de los Tratados de Libre Comercio) , claramente aumenta el riesgo de que casos como la derrota contra la OXY ante el CIADI se repitan (junto con las millonarias indemnizaciones) a menos que el pa?s decida entregar su soberan?a de lleno a los intereses transnacionales?

Por eso el olvido no es aceptable. Solo desde la memoria hist?rica podremos seguir exigiendo que se devele quienes obtuvieron -y siguen obteniendo- beneficios del abuso corrupto e impune del poder pol?tico en beneficio del lucro privado.

Notas:

[1] Sobre este tema se puede consultar la entrevista a Alberto Acosta, entonces ministro de Energ?a y Minas: ?Chiriboga rompe el principio b?sico de fiscal?a , en Palo Azul?, La l?nea de fuego, mayo 10 de 2012.

[2] El ministro renunci? para asumir la candidatura como asamble?sta en la Asamblea Constituyente.

[3] La caducidad habr?a significado para el pa?s recuperar el control sobre 100 millones de barriles de reservas, una producci?n diaria de entre 35 y 40 mil barriles, equivalentes entonces a 3,5 millones de d?lares diarios.


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