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(Reuters/Quito). En la selva de palmeras gigantes y vistosos árboles de laurel, se libra una batalla entre comunidades indígenas ecuatorianas que quieren proteger sus tierras ancestrales y empresas petroleras que pretenden extraer crudo en la Amazonía.
En el norte del pequeño país andino, los indígenas han enjuiciado a una petrolera estadounidense por acusaciones de daños ambientales, que destruyeron la tierra y afectaron a sus habitantes. Hacia el sur, manifestantes indígenas han liderado violentas protestas para exigir que las petroleras se vayan.
Ecuador es uno de los países menos estables en Latinoamérica y tiene un poderoso movimiento indígena. Pero también es uno de los más prometedores para el desarrollo petrolero, con 5.000 millones de barriles en reservas que el gobierno desea explotar.
Según analistas, Ecuador enfrentará grandes dificultades para atraer inversiones si no reduce las tensiones con las comunidades indígenas, que son cerca de la mitad de los habitantes en la región amazónica y están apoyados por el movimiento indígena nacional.
Vestido de rosado y un largo collar de nueces, el dirigente secoya Elías Piyahuaje es uno de 30.000 demandantes que acusan a la petrolera estadounidense ChevronTexaco en un juicio de una década, que ha dejado algunas comunidades preocupadas por la actividad petrolera.
“El pueblo secoya no puede recuperar su estilo de vida”, dijo Piyahuaje, líder de una comunidad de 400 personas, al explicar que los restos de crudo dejados por la petrolera se desbordan cuando llueve en las provincias norteñas de Sucumbíos y Orellana, corazón de la industria hidrocarburífera del país.
Hasta ahora, el juicio no ha ahuyentado a la inversión privada, lo que se evidencia con un nuevo oleoducto de 1.400 millones de dólares construido este año por el sector privado. Pero las empresas miran con interés al caso para una eventual sentencia que podría impactar a la industria, según analistas.
Texaco, que se fusionó con Chevron en el 2001, dice que siguió los procedimientos aceptados durante sus dos décadas en la selva ecuatoriana y financió un proyecto de remediación de 40 millones de dólares, que fue aprobado por Quito después de que concluyera su contrato en 1992. Texaco ya no produce petróleo en Ecuador.
Hacia el Sur.
El gobierno ecuatoriano anhela un segundo “boom” petrolero con el nuevo oleoducto privado, que podría duplicar la producción nacional de petróleo, como una herramienta para reducir la pobreza que aflige al 60 por ciento de sus habitantes.
Sin embargo, a unos 200 kilómetros más al sur, la empresa argentina CGC y la estadounidense Burlington han tenido contratos con el Estado para la exploración petrolera por al menos tres años pero no han podido desarrollar ni un solo pozo.
Los indígenas Achuar han protestado contra el desarrollo petrolero, al secuestrar a trabajadores y realizar manifestaciones, para proteger el bosque donde viven y un proyecto de ecoturismo que les da sustento. “No hay garantía del mismo Estado ecuatoriano, de la misma empresa petrolera en vista de que tenemos pruebas suficientes, no queremos que nos pase lo que pasó en Orellana y Sucumbíos”, dijo Milton Callera, dirigente comunitario.
“Nuestro gobierno no puede resolver este problema”. La comunidad Sarayacu, dice que se opone a cualquier tipo de actividad petrolera.
Desde el 2000, Burlington está en situación de fuerza mayor. CGC, que se adjudicó su contrato en 1996, frenó sus operaciones este año después del secuestro de sus trabajadores por manifestantes. “Nosotros hemos sido hasta ahora el jamón del sándwich entre el Estado y Sarayacu y los únicos que estamos perdiendo en toda esta historia somos nosotros”, dijo Ricardo Nicolás, representante de la empresa CGC en Ecuador.
El Ministerio de Energía ha suscrito acuerdos de cooperación con varias comunidades indígenas que sí apoyan a la actividad petrolera y acusa a ambientalistas extranjeros de provocar a las organizaciones indígenas que se oponen a la obra. “Cuando empiecen nuevamente las actividades nosotros tendremos la precaución de disponer que las autoridades civiles y de policía estén presentes para darles el respaldo”, dijo el ministro de Energía, Carlos Arboleda.
Inversiones con cautela.
El gobierno pretende atraer 6.400 millones de dólares en inversiones para duplicar la producción petrolera a más de 750.000 barriles por día en ocho años. El petróleo es el mayor rubro de exportación del país y representa un 20 por ciento del producto interno bruto, según el Banco Central. Pero analistas del sector dicen que el país enfrentará dificultades al competir por inversiones con países como Irak, pese a sus abundantes reservas de crudo.
¿Cómo se va a lograr que una compañía se presente a una licitación si no está resuelto el problema de la moratoria con algunas comunidades indígenas?”, dijo René Ortiz, presidente de la asociación de la industria hidrocarburífera en Ecuador.
Una razón por la que Ecuador no ha podido convencer a los habitantes amazónicos de las bondades del crudo es que los recursos que genera van al gobierno central en Quito en vez de ir a la Amazonía, donde el 78 por ciento de la población es pobre.
Al frente de su tienda de cosméticos en la ciudad selvática de Lago Agrio, Santiago Alomoto señala a los adoquines rotos en la calle como prueba de que los que viven junto al petróleo son los últimos en percibir sus beneficios. “Todo el petróleo y el oro en la tierra debe explotarse”, dijo Alomoto, un residente amazónico de 25 años de edad, “Pero la riqueza debería quedar aquí”