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No puede haber paz sin justicia

No hay Estado de Derecho en Nicaragua, por tanto, dif?cilmente se puede (ni se debe) confiar en los procesos que lleva a cabo el Poder Judicial

Ludwing Moncada Bellorin
Confidencial
23 de mayo 2019

?Que para avanzar hacia la naci?n que todos queremos, merecemos y necesitamos, es necesario que la construyamos sobre los pilares basados en la Verdad, la Justicia, la Libertad y la Democracia.?
(Asociaci?n Madres de Abril, 2018)

?Pensaba que la corrupci?n estaba focalizada y que se trataba solo de ?manzanas podridas? pero nunca pens? que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado?.
Iv?n Vel?squez (CICIG)

Nadie tiene m?s legitimidad para exigir justicia que los familiares de las personas asesinadas por el r?gimen Ortega-Murillo. Dichos familiares est?n conscientes que el sistema actual de justicia del pa?s est? incapacitado para cumplir con sus demandas.

En el manifiesto de la AMA, publicado en noviembre del 2018, la exigencia de justicia se acompa?a de una demanda para implementar procedimientos especiales, ajustados y adaptados al contexto social de conflicto que vive el pa?s y que se base en los siguientes pilares: derecho de conocer la verdad; reparaci?n integral y construcci?n de la memoria.

Comparto su punto de partida pero, para que haya una nueva sociedad m?s justa e inclusiva se necesita un esfuerzo a?n mayor. Para eso tenemos que interesarnos en las causas profundas que se han carcomido desde adentro y desde afuera al sistema judicial del pa?s y lo han transformado en un poder del Estado al servicio de unos cuantos, que hoy ha devenido en un sistema autoritario y represivo. Estas causas son la corrupci?n y la impunidad.

La falta de autonom?a e independencia, la corrupci?n y la cooptaci?n por algunos sectores poderosos (pol?ticos y empresarios) hacen que nuestro sistema de justicia, en lugar de brindar justicia de forma ciega a todos los nicarag?enses, otorgue impunidad a unos pocos. No hay Estado de Derecho en Nicaragua, por tanto, dif?cilmente se puede (ni se debe) confiar en los procesos que llevan a cabo el poder Judicial, el Ministerio P?blico y las otras instituciones encargadas de investigar cr?menes, hacer y administrar la justicia. Actualmente, estas instituciones no tienen la capacidad t?cnica, ni la legitimidad y credibilidad para llevar a cabo estos procesos tan complejos y delicados como la lucha contra el crimen, la impunidad y la justicia transicional.

Como muestra de la poca fiabilidad que tienen nuestras instituciones para dar justicia a la ciudadan?a, el indicador de Estado de Derecho desarrollado por el World Justice Project (WJP) calificaba a Nicaragua en el 2018 con un valor de 40 puntos sobre 100, es decir, estamos claramente reprobados. Esta puntuaci?n de Nicaragua se compara solamente con la de Zimbabwe y nos separa ?nicamente 10 puntos de diferencia con Venezuela quien tiene la calificaci?n m?s baja en todo el mundo. En suma, WJP nos ubica en el puesto 114 de 126.

Este indicador de Estado de Derecho lo podemos complementar con el ?ndice de Percepci?n de Corrupci?n (IPC) de Transparencia Internacional (TI). TI nos ubica en el puesto n?mero 152/180 y nos da una calificaci?n de 25 sobre 100 en el IPC. Dicho lo cual, significa que no solamente somos uno de los pa?ses con la peor calificaci?n en respeto al Estado de Derecho, pero adem?s seg?n la percepci?n de TI somos de los pa?ses m?s corruptos del mundo.

Por ello, cambiar estas causas profundas implican mirar m?s all? que lo sucedido desde abril y enmarcar los procesos de Justicia transicional dentro de un esfuerzo m?s amplio para cambiar el sistema de justicia de Nicaragua en su conjunto. ?Qui?n no recuerda el caso de la familia asesinada por la Polic?a Nacional en Las Jag?itas? ?O a los hijos y esposo de Elea Valle asesinados y tirados en una fosa com?n por el Ej?rcito Nacional en la Cruz de R?o Grande en el 2017? ?O los 34 comunitarios ind?genas asesinados entre 2011 y 2018 por colonos?

Por esas razones, debemos abogar por la asistencia de un cuerpo internacional experto e independiente, con suficientes recursos econ?micos, con capacidad de maniobra flexible y un mandato espec?fico que le permitan no solo investigar la temporalidad en la que se cometieron los cr?menes de lesa humanidad (abril 2018- 2019), juzgar caso por caso a los culpables y c?mplices, sino que tambi?n, ir atr?s en el tiempo para investigar las redes de corrupci?n pol?tica y econ?mica que dinamitaron la incipiente institucionalidad del pa?s.

Este cuerpo internacional, adem?s, deber?a tener la capacidad de recomendar al Estado las modificaciones que debe hacer en el marco jur?dico y por tanto a las Instituciones P?blicas en aras de garantizar la no repetici?n de las violaciones de Derechos Humanos.

Existen ya varios pa?ses con experiencias similares de los cuales podemos retomar elementos que nos ayuden a consolidar nuestro sistema judicial, m?s espec?ficamente me refiero a la Comisi?n Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG).

Una vez firmados los acuerdos de paz en 1996, Guatemala deb?a desaparecer los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad que ten?an fuertes v?nculos entre el Estado y Ej?rcito. No obstante, Guatemala tuvo claro que eso solo era posible si se fortalec?a el Sistema Judicial. Es por ello que por medio de un acuerdo entre el Estado y el Secretario General de Naciones Unidas se cre? la CICIG en el 2006.

En su lucha contra la impunidad la CICIG ha tenido resultados enormes. Prueba de ellos es que fue capaz de descubrir que el ex presidente Otto P?rez Molina junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti eran l?deres de la red de corrupci?n llamada ?La L?nea?. Por supuesto, esto gener? una gran ola de movilizaciones sociales que fueron determinantes para que Molina dimitiera. La CICIG tambi?n ha descubierto los v?nculos de corrupci?n entre un sector de la empresa privada y funcionarios p?blicos o partidos pol?ticos.

Del mismo modo, la CICIG ha tenido un impacto positivo en la reducci?n de la impunidad. Esto se ve reflejado en la eficiencia de imputaci?n de sus casos. Mientras la eficiencia de imputaci?n de los casos llevados por la Fiscal?a es de 32%, los casos investigados por la CICIG tienen un grado de eficiencia del 85 al 93%. Es decir 8 de cada 10 casos que lleva la CICIG terminan imputados, por el contrario 7 de cada diez casos que lleva el Estado quedan impunes.

Por lo antes descrito, en Nicaragua la sociedad civil debemos impulsar una Comisi?n Internacional que nos permita fortalecer nuestro sistema judicial, cuyo mandato est? basado en el Derecho a saber, Derecho a la justicia y Derecho a obtener reparaci?n y garant?as de no repetici?n, en aras de que ?abril? no se vuelva a repetir.

Para que esto suceda, oficialmente debe existir una solicitud de parte del Estado de Nicaragua para la Secretar?a General de Naciones Unidas. En nosotros est? la tarea de presionar para que una Comisi?n de este car?cter sea un resultado de las negociaciones, o para que haya un compromiso de llam?rsele una vez que asuma un nuevo gobierno. Lo que s? es claro, es que de momento las instituciones del Estado y, mucho menos, el sistema judicial actual bajo el mando de Ortega tienen credibilidad como para llevar a cabo esta tarea.

Si nuestro inter?s es la Justicia, la Verdad, la Reparaci?n y no Repetici?n, pero adem?s la lucha contra el crimen y la impunidad, esta Comisi?n Internacional podr?a no necesariamente ser la panacea, pero s? un medio efectivo y transparente para cambios profundos. Solo la justicia nos garantiza un cambio real, porque no puede haber paz sin justicia, y una transici?n sin justicia no es una transici?n.

* Polit?logo, miembro de la Articulaci?n de Movimientos Sociales, productor y presentador de Hora Cero.