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Gairá: Bases campesinas forman Organización Comunitaria local con piquetes y sistema de vigilancia y bloqueos

08.01.04

REUNIÓN EN FASSARDI, GUAIRÁ, TERMINÓ AYER CON OTRO FRACASO

Labriegos exigen que se erradique el cultivo de la soja y que se suspenda su exportación

JOSÉ FASSARDI, Guairá, Paraguay.
Campesinos nucleados en la Organización Comunitaria, que agrupa a 10 nucleaciones de Fassardi, Paso Yobai y Colonia Independencia, exigen la suspensión de las exportaciones de soja y la erradicación de la oleaginosa del país. Sigue el conflicto con empresarios sojeros de José Fassardi, quienes no pueden fumigar sus cultivos por imposición de la dirigencia labriega.

Bernardino Figueredo, dirigente de la Organización Comunitaria, exigió ayer la suspensión de las exportaciones de soja y la erradicación de la oleaginosa del país. Este reclamo fue expresado en el transcurso de una reunión que tuvo lugar en la tarde de ayer, de la que tomaron parte productores sojeros de José Fassardi, el fiscal Juan Domingo Vera, de Villarrica, y el ingeniero Oscar Benegas, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El encuentro de referencia fue la continuación de una reunión iniciada el martes último, en la que productores sojeros intentaron llegar a un acuerdo con los campesinos para que levanten la prohibición de fumigar los cultivos de soja, que rige en diversas zonas del distrito de Fassardi y Colonia Independencia, por imposición de la Organización Comunitaria.

DESESPERACIÓN E IMPOTENCIA ENTRE LOS PRODUCTORES

Sojeros y productores acordaron el martes una nueva reunión, con el objetivo de intercambiar opiniones técnicas, en torno al uso de agroquímicos. Los campesinos se comprometieron a levantar la medida de fuerza si lograba demostrarse que los productos no representan un riesgo para la salud humana.

Los productores lograron el concurso de un técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Dirección de Defensa Vegetal, el ingeniero Oscar Benegas, quien intentó en vano explicar a los dirigentes que la inspección realizada en los depósitos de los sojeros no reveló el empleo de productos prohibidos por nuestra legislación.

Cuando los sojeros preguntaron quién era el técnico que representaba a los campesinos, la respuesta de los dirigentes fue: “Nuestro técnico es la realidad. Si vemos cómo la gente se enferma y nuestros cultivos se pierden, son Uds. los que tienen que demostrarnos que nosotros estamos equivocados. Y hasta que no veamos lo contrario, vamos a seguir con nuestra medida”.

Desde el inicio, el encuentro entre las partes estuvo cargado de tensión. Cerca del mediodía, el fiscal Juan Domingo Vera se acercó al campamento donde se encuentran agrupados los campesinos. Faltó poco para que fuera agredido, ante la impotente custodia de tres efectivos policiales. Al final optó por alejarse, por falta de garantías.

Por ello decidió trasladar el sitio de reunión en las cercanías del colegio de Caguare’i, limitando el encuentro a siete personas por cada parte. A las 14:00, los campesinos llegaron al sitio en bloque, armados con garrotes y palos.

Los campesinos impusieron un fuerte dispositivo de seguridad en torno a los sojeros, funcionarios de la fiscalía y agentes policiales. El ingeniero Benegas reconoció que sentía temor por la presencia de hombres y mujeres portando objetos contundentes, al tiempo que entonaban estribillos amenazadores. Los policías, a su vez, se instalaron alrededor de los funcionarios del Ministerio Público.

Bernardino Figueredo dijo: “Son compañeros que quieren escuchar la reunión, por eso nomás vinieron” mientras miembros del grupo de seguridad de la Organización Comunitaria ocupando posiciones alrededor del sitio de reunión.

OTRA REUNIÓN, OTRO FRACASO

La reunión fue un fracaso. La dirigencia campesina se limitó a cuestionar el modelo agroexportador vigente en el país. Señalaron que los beneficiarios son extranjeros, sobre todo brasileños, quienes apenas dejan beneficios en el Paraguay.

“El Gobierno apoya a los sojeros y abandona a los pequeños y medianos productores. En realidad nos tienen en el abandono”.

Los sojeros, por su parte, “podemos perder todo si siguen impidiendo que nuestras máquinas pulverizadoras lleguen a los cultivos”, expresaron.

Los dirigentes campesinos insistían en que el modelo neoliberal debe ser erradicado del país.

Ante el fracaso, el tema quedará en manos de la justicia. Para hoy se espera una orden judicial que permita el ingreso de las maquinarias en los campos cultivados con soja, así tenga que emplearse la fuerza pública para romper el cerco impuesto por la dirigencia campesina.

Fuerte control campesino sobre sojales

JOSÉ FASSARDI, Guairá. Los campesinos de la Organización Comunitaria montan guardia las 24 horas alrededor de los cultivos de soja de las compañías Caguare’i y colonia Guaraní, del distrito de Fasardi.

En caso de observarse movimiento de maquinaria con dirección a los sojales, los centinelas utilizan petardos para alertar a sus demás compañeros. En cuestión de minutos se agrupan en el camino de las máquinas e impeden su paso.

El campamento principal de los campesinos se encuentra en la compañía Caguare’i. En ella están unas 250 personas, que se relevan en los turnos de guardia.

Sacerdotes católicos, diáconos y ex religiosos brindan el apoyo logístico necesario para que los campesinos puedan llevar a cabo la medida de fuerza. La alimentación es proveída por los religiosos, quienes inclusive permanecen gran parte del tiempo en el campamento.

Ante el fracaso de la reunión de la víspera, los productores sojeros solicitaron amparo judicial y garantías de la fuerza pública para que la maquinaria pueda llegar a los cultivos, para llevar a cabo las fumigaciones.

El fiscal Juan Domingo Vera imputará hoy a siete dirigentes campesinos por los supuestos delitos de invasión de inmueble, coacción grave, asociación criminal y resistencia a la autoridad. Entre los denunciados se encuentran Pedro Acosta, Bernardino Figueredo, Severiano Martínez, Wenceslao Guillén, Juan Ayala, entre otros.

Para hoy se espera que el juez penal de garantías, Gustavo Auadre, determine una medida judicial de protección a los productores, para que puedan llegar hasta sus cultivos.


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