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Alto al exterminio narcoparamilitar en Guerrero y Chiapas

Pietro Ameglio :: 15.06.19

Se tiene también como uno de los principales objetivos finales el acabar con la organización y el proyecto autonómico de Buen Gobierno del EZLN, que está sufriendo una ofensiva militar y paramilitar creciente.

Pensar en voz alta la justicia y la paz
Alto al exterminio narcoparamilitar en Guerrero y Chiapas

Pietro Ameglio
14 junio 2019 0

En el artículo anterior denunciábamos el artero asesinato por narcoparamilitares de José Lucio Bartolo Faustino (concejal nahua del Consejo Indígena de Gobierno) y Modesto Verales Sebastián (delegado del Congreso Nacional Indígena), asesinados en Chilapa el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de una reunión del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). También apuntamos que 4 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre quienes estaba Gonzalo Molina – recién liberado después de 6 años preso-, fueron desaparecidos en la Ciudad de México el 26 de marzo y luego debieron ocultarse para estar seguros.

Pensamos que estábamos ante un nuevo ataque muy grave a las policías comunitarias y resistencias civiles por la defensa de sus recursos naturales y culturas, honestas, nacidas y gobernadas desde el pueblo organizado en asambleas y consejos de ancianos, como es la CRAC-PC. Pero nos damos cuenta que no es sólo un ataque infame, sino una brutal e impune escalada de la guerra de exterminio selectivo. Casi 20 días después de esos asesinatos, el 23 de mayo a pleno mediodía, aún con un retén militar en la entrada a ciudad, fueron desaparecidos -mientras iban a hacer compras- otros dos luchadores indígenas de la misma organización y miembros de la CRAC-PF (Pueblos Fundadores), en la misma zona de Chilapa, y aparecieron brutalmente asesinados con tortura al otro día. Eran Bertoldo Hilario Morales e Isaías Xantenco Ahuejote.

El primer “observable social” que se nos aparece, es que los sujetos directos victimarios son sicarios de la región al servicio de una banda delincuencial organizada, que está en una sangrienta disputa territorial con otras bandas. Esa región de Chilapa y José de Herrera ha sido diezmada en los últimos años por la guerra y las desapariciones, basta recordar la masacre de 20 personas del pasado 27 de enero en Rincón de Chiautla y Zacapexco.

A su vez, si ahora profundizamos sobre los “inobservados sociales”, que a primera vista parecieran no verse, pero que son los que explican las verdaderas raíces y causas de los procesos, vemos que el ataque no es sólo a las organizaciones indígenas y policías comunitarias de Guerrero, sino que, entre otros casos, también se están dando estos ataques exterminadores selectivos en forma similar en otros territorios del país: en Oaxaca (Gustavo Cruz Mendoza asesinado el 20 de enero, Telésforo Santiago asesinado el 2 de mayo), en Morelos (Samir Flores, asesinado el 20 de febrero), en Chihuahua (Otilia martínez y su hijo Gregorio Chaparro asesinados el 1º de mayo), en veracruz (Abiram Hernández asesinado el 30 de marzo), en Edomex (Eulolia Díaz asesinada el 25 de marzo), en Guerrero (Julián Cortés asesinado el 12 de abril).

Se tiene también como uno de los principales objetivos finales el acabar con la organización y el proyecto autonómico de Buen Gobierno del EZLN, que está sufriendo una ofensiva militar y paramilitar creciente, como denuncia en su reciente comunicado. Además de los brutales y depredadores proyectos industrializadores, dizque turísticos y de desarrollo, que se están echando a andar en todo el sureste como son el Tren Maya y el proyecto transísmico del Istmo. Esta “vuelta de tuerca” en la guerra contra el zapatismo y sus comunidades mayas, contra las organizaciones indígenas del CNI, es en realidad un ataque frontal a la posibilidad de poder construir alternativas de un orden social no hegemónicamente capitalista, con relaciones sociales y de justicia más de co-operación entre iguales.

El zapatismo es una experiencia original y real, una “reserva” incipiente y avanzada, frágil y fuerte, de la especie humana por “humanizarse” desde una cultura milenaria -presente también en muchas de las grandes tradiciones humanistas y espirituales de la humanidad-, que nos parece muy afín a la paz con justicia y dignidad. Por ello, su preservación y expansión es una “defensa estratégica” para la evolución humana de nuestra especie, sin por ello caer en ideologizaciones, exclusiones ni mesianismos.

La CRAC-PC, al igual que el zapatismo es un pueblo en autorganización civil y pacífica, pero con armas que “aspiran a ser inútiles” (Aguascalientes de La Realidad, 8 agosto 1994). Y cuando se dice pueblo, son todas y todos, en edades y géneros. Por ello, también las mujeres y niños/as han comenzado a integrarse más a las diferentes responsabilidades sociales de seguridad, como parte de la respuesta a tantos ataques.

UNA RAÍZ: CONTUBERNIO AUTORIDADES Y CRIMEN ORGANIZADO

Continuando este análisis, nos encontramos rápidamente con uno de los orígenes centrales de la actual guerra de más de 10 años en México: el profundo contubernio y asociación para delinquir y exterminar a la población entre las autoridades civiles y armadas -de todos los niveles- y las distintas bandas del delito organizado. Si no fuera así, de ninguna manera podría explicarse el nivel de impunidad, guerra e indefensión ciudadana en que estamos. Señala bien Anabel Hernández en su libro clave “Los Señores del narco”, cómo los verdaderos jefes del delito en el país son la clase política.

Los policías comunitarios de la CRAC-PF detuvieron a tres sospechosos de haber participado en el asesinato de Bertoldo e Isaías, entre los que se encontraba quien dicen que los ‘entregó’, Braulio Palatzin Tranquero, sobrino de Tranquilino Tecorral Palatzin, dirigente del grupo paramilitar Paz y Justicia, acusado de ser uno de los ejecutores de los dos líderes indígenas asesinados. El CIPOG-EZ denunció (La Jornada, 26-5-19) que el edil priísta de Chilapa, Jesús Parra, les ofreció 1 millón de pesos por liberar a los tres retenidos. Como bien señala el comunicado del CNI y el EZLN (25-5-19): “la política de terror de los grupos narcoparamilitares, cuenta con la ayuda descarada de los tres niveles de gobierno”.

A su vez, hoy 5 de junio, hacemos memoria de 9 años de una de las mayores tragedias humanitarias de este país en las últimas décadas: el asesinato por incendio de 49 niños y otros 60 con daños graves a su salud en la Guardería ABC de Hermosillo. Ninguna justicia real hasta ahora. ¡Una foto tan increíble e indignante como la del edil de Chilapa ofreciendo dinero para liberar a asesinos narcoparamilitares!

En Morelos, hubo una masiva marcha por la paz de decenas de miles de personas el 1° de junio, encabezada por el obispo Ramón Díaz, quien denunció que “en 18 de los 36 municipios del Estado, se paga derecho de piso de 100 mil a 500 mil pesos mensuales a las bandas criminales, coludidas con policías municipales y estatales” (La Jornada, 2-6-19). Como complemento de la impunidad de las autoridades: luego de que fueron acribillados 5 custodios de un CEFERESO femenil del sur de Morelos el pasado 10 de mayo, se descubrió que los custodios no cuentan con seguro de vida.

UNA ESPERANZA: ACCIONES DIRECTAS NOVIOLENTAS MASIVAS

Si no se ataca verdaderamente con acciones penales y justicia, destitución y revocación de mandato a las autoridades corruptas y bélicas, no podrá detenerse y regredir mínimamente esta guerra que nos atraviesa. Pero las autoridades -y menos las bandas delictivas-, sin una verdadera presión social, jurídica y política de todo tipo (incluídas movilizaciones masivas de no-cooperación y desobediencia civil), nacional e internacional, no van a abandonar su negocio tan fructífero e impune de la guerra, la ilegalidad, el despojo de los recursos naturales y los cuerpos. De ahí que justamente ataquen con tanta violencia a las pocas alternativas reales de seguridad comunitaria y honesta como son las policías comunitarias, las organizaciones indígenas y el zapatismo, verdaderamente emanadas de las asambleas locales del pueblo.

Cerremos esta reflexión con dos acciones noviolentas esperanzadoras de No-Cooperación, una nacional y otra internacional, de las que se necesitará multiplicar mucho más en nuestro país: se condonó una millonaria deuda en Tabasco a usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llevan más de 25 años luchando con un Boicot contra el pago de las altas tarifas eléctricas; en más de 1600 ciudades del mundo hubo manifestaciones para promover una “Huelga global por el futuro”, que ojalá se realice pronto, para exigir acciones oficiales contra el cambio climático.

Y, asimismo, también dos noticias esperanzadoras, fruto directo e indirecto de las presiones civiles de organizaciones sociales ejemplares de familiares de víctimas y pueblos en resistencia civil:

Renunció Jaime Rochín como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de una actuación vergonzosa, según todos los familiares que he escuchado en estos años. La lucha ahora estaré en lograr que verdaderamente se tome en cuenta la opinión de los familiares de víctimas para nombrar al sucesor y transformar la organización de esa Comisión para que verdaderamente esté en función del servicio a los familiares en búsqueda.

Liberaron a 16 policías comunitarios de la CRAC y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de La Parota (CECOP), entre ellos a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP, acusados injustamente por delitos graves en los enfrentamientos en la comunidad de La Concepción (Acapulco) el 7 de enero del 2018.


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