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A las dictaduras no se las saca con votos y el electoralismo solo sirve para convalidar el fraude y el desacato a la Constitución.
RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA, OPOSICIÓN POLÍTICA Y ELECCIONES NACIONALES
Arturo D. Villanueva Imaña
Bolpress
17 junio, 2019
PREÁMBULO.
A los ojos de lo que ocurre con lo que podría asemejarse a un daño estructural provocado contra la democracia; todo el país ha sentido el impacto de aquel golpe artero que ha removido los cimientos mismos de la democracia, la convivencia pacífica y el respeto a las bases fundamentales del Estado de derecho, mismos que constituyen aquel patrimonio fundamental de la nación conquistado con tanto sacrificio hace casi cuatro décadas. Me refiero a la intención autoritaria del actual gobierno, que hace más de 3 años decidió desconocer y burlarse nada menos que del mandato soberano expresado en las urnas, en un referéndum nacional expresamente convocado por ellos, y a pesar de constituir éste el principal y más determinante factor decisivo de la democracia, tal como así se reconoce en cualquier parte del mundo.
Es a partir de ese 21 de febrero de 2016, y como respuesta a semejante golpe que puso en grave riesgo tan invaluable legado democrático, que se han ido generando diverso tipo de iniciativas orientadas a resistir la pretensión prorroguista anticonstitucional y antidemocrática, aunque como veremos a continuación, no solo no atacan el meollo y la causa de tan grave problema, sino que terminan facilitando la convalidación y consolidación de tan despreciable maniobra, hasta el punto de llevar al país a un escenario de violencia completamente indeseado.
Para apreciar mejor lo que exactamente está sucediendo con la democracia nacional, veamos el panorama y el estado de situación actual.
REPASO DEL CONTEXTO DEMOCRÁTICO NACIONAL.
¿Qué ha hecho el oficialismo?
Para resaltar los principales rasgos del quehacer gubernamental en el campo político (donde no destaca precisamente ningún apego a las prácticas democráticas, sino todo lo contrario), se hace indispensable un balance que permite apreciar lo siguiente:
• Conculca sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Baste mencionar los ataques al periodismo independiente y a la libertad de información, como los sucedidos con destacados periodistas como Amalia Pando, Andrés Gómez, Raúl Peñaranda, Juan Pablo Guzmán, etc. El estrangulamiento económico y el uso discrecional de fondos públicos para castigar (o favorecer según se vea) el trabajo informativo y periodístico a la que todos los ciudadanos tenemos derecho, es otro instrumento utilizado que inclusive ha llevado al cierre de varios medios de comunicación. Más graves y abusivas han sido las amenazas de enjuiciamiento y el hostigamiento que el propio ministro de gobierno realizó en contra de defensores de los derechos humanos, y especialmente de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Tampoco son un caso menor las medidas adoptadas respecto de algunas instituciones y ONGs, a las que se busca restringir los derechos de asociación, expresión e investigación, porque son ejemplos elocuentes que se suman a la larga lista de violaciones de los derechos, como los que también afectan a los pueblos indígenas y contra sus territorios que el gobierno ha ejercitado sistemáticamente.
• Reprime violentamente y hace abuso de la fuerza policial y militar en una innumerable lista de casos luctuosos como los sucedidos en Chaparina con el TIPNIS, Takovo Mora contra comunidades y el pueblo indígena guaraní; o aquella sacrificada marcha nacional de discapacitados que llegó a la sede de gobierno. No se puede obviar los casos de muertes sucedidas en represiones como la de Caranavi, la Glorieta en Sucre, la movilización de cooperativistas mineros (donde inclusive perdió la vida un viceministro de gobierno). Tampoco las sucesivas represiones en los Yungas de La Paz, o los casos como el de Tariquía, en Tarija, y las recientes intervenciones a los bloqueos de productores de soya en Cuatro Cañadas, Pailón y San Julian del departamento de Santa Cruz, solo para mencionar algunas de las más graves.
• Las decisiones gubernamentales se imponen a la fuerza, tal como recurrentemente se puede comprobar con la aplicación de aquella afirmación presidencial del “quieran o no quieran”, que se ha convertido en el modo corriente de adoptar y aplicar medidas de gobierno.
• Se ha establecido el culto a la personalidad y la imagen del presidente, como práctica regular y propaganda obligatoria que es insertada inclusive en los más insospechados lugares (como por ejemplo tapas de cuadernos estudiantiles, lápices y hasta envolturas de bocadillos que se reparten en los aviones).
• A los anteriores rasgos típicamente representativos de regímenes dictatoriales, se añade el sometimiento y cooptación de los 4 poderes del Estado. Producto de ello, de forma por demás cuestionable, han logrado conseguir un fallo judicial que habilita inconstitucional y antidemocráticamente al binomio oficialista con un argumento legalmente impugnable.
• Se desacata prohibición expresa de la Constitución Política del Estado, contenida en el Art. 168, con tal de imponer a toda costa una nueva reelección antidemocrática y anticonstitucional.
• Con el mismo propósito prorroguista anticonstitucional, también se pretende desconocer el mandato soberano expresado en referéndum nacional vinculante; lo cual constituye una flagrante transgresión y burla a la máxima expresión de la voluntad y decisión democrática de un pueblo.
• Se ha impuesto una ley de organizaciones políticas de carácter colonial y partidocrático, que al margen de pretender legitimar la candidatura trucha mediante su inclusión en la papeleta electoral, también ha alterado el tipo de relacionamiento y la dinámica política entre el Estado y la sociedad, puesto que terminó anulando a diversos actores sociales y formas organizativas de representación, para imponer a los partidos políticos como los únicos referentes.
• Finalmente, se ha montado sistemáticamente el fraude electoral con base en el respaldo y la obediencia servil del Organo Electoral. Ante la sucesiva disidencia y renuncia de algunos vocales nacionales, el OEP se dio a la tarea de favorecer la intención prorroguista, con base en el despido y alejamiento de varios técnicos y profesionales clave (principalmente en el campo informático), la emisión de reglamentos y otras disposiciones que han generado fundadas sospechas ciudadanas acerca del manejo del sistema electoral y de cómputo, y un claro favorecimiento y parcialización de parte de los principales miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Todo este conjunto de acciones y medidas adoptadas, dan cuenta de la configuración de un régimen dictatorial mucho más sofisticado y perverso que aquellos gobiernos militares conocidos en el pasado, pero que además de fungir como democrático, le asestan un golpe demoledor a las bases y principios fundamentales de sustento democrático que fingen ejercer. El país aparece formalmente como democrático, siendo que el régimen y la manera cómo se gobierna y ejerce el poder, corresponde a un sistema dictatorial y autocrático. Se ha retrocedido tanto que en vez de avanzar y profundizar la democracia, el país más bien la ha perdido. Ya no basta defender la democracia, hay que recuperarla.
El desempeño de la oposición política partidista.
En el campo de la sociedad frente al poder encaramado en el gobierno, la oposición política partidista tiene un papel realmente lamentable. Los partidos políticos que durante años habían permanecido arrinconados y despreciados por la ciudadanía que se había organizado y autoconvocado en diversidad de colectivos, plataformas y otras formas de representación social; en vez de rescatar y asumir las banderas de lucha y resistencia por la defensa de la democracia y el 21F (que en varias ocasiones ya había logrado paralizar el país con sendas movilizaciones ciudadanas), decidió aprovechar la aprobación de la ley de organizaciones políticas astutamente aprobada por el oficialismo, para arrastrar a varias plataformas y colectivos que se habían mantenido hasta ese momento movilizadas y en pie de resistencia, para subirse inmediatamente a la comparsa electorera (tan conveniente para los intereses gubernamentales de perpetuarse en el poder). Su propósito fue muy claro desde el comienzo: satisfacer y reproducir también sus aspiraciones políticas, encaramarse en la carrera por el poder y buscar medrar del mismo. Es decir, hace todo lo contrario de lo que pregona. Va en contra de todo principio ético y valor democrático, traicionando y dando la espalda a la defensa del 21F y la democracia, y con ello a la propia base de sustento social que busca seducir.
Tan lamentable y pernicioso ha sido su rol, que dice defender la democracia, pero solo reclama apoyo electoral, adhesiones y votos para sus candidatos. Dice que tiene principios y valores democráticos, pero está dispuesta a convalidar una candidatura anticonstitucional y antidemocrática, nada menos que en las urnas, con tal de conseguir acceder al poder. Ha proclamado su respaldo a la lucha y resistencia ciudadana y popular para defender el 21F y la democracia, pero sin embargo sus acciones se limitan a realizar proselitismo y campaña en su favor.
Es la misma oposición derrotada ideológicamente y expulsada materialmente del país, que durante 14 años ha mostrado su total inoperancia e incapacidad para plantearse como una alternativa frente a la impostura y la traición del oficialismo.
No es que no quiere; lo que pasa es que NO puede, porque responde a una visión, un enfoque y un modelo agotados en el país. En su ceguera por subirse al poder, no comprende que las elecciones no son la solución, sino el desastre que reafirmará la autocracia.
Por eso es que no se le ocurre mejor idea que pedir ayuda al exterior y hacer gestiones internacionales para que algún organismo internacional se apiade del país, porque persiste su lógica colonial y dependiente. Por eso pide unidad del país, pero no para recuperar la democracia, sino para lograr respaldo electoral y conseguir canonjías. En fin, por eso se adhiere tímidamente al pedido de renuncia y cambio del Tribunal Supremo Electoral, pero no dice nada de que el único obstáculo para tener verdaderamente elecciones limpias, transparentes e imparciales, es la inclusión y permanencia anticonstitucional y antidemocrática del binomio oficialista en la papeleta y las elecciones nacionales.
CONSECUENCIAS: LA DEMOCRACIA COMO GENERADORA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
La recuperación de la democracia (no solo su defensa), es un asunto que ha quedado a la deriva; pero en cambio la consigna de la defensa del 21F y la democracia, se ha convertido en una coartada para la oposición electorera, con el único propósito de conseguir adhesiones y respaldo electoral. Es decir, la oposición política partidista no solo está permitiendo la transgresión de las reglas de juego democrático, sino que va en contra de sus principios básicos.
Estamos en un escenario de ficción donde no hay democracia; las elecciones nacionales no resolverán la disputa acerca de la candidatura anticonstitucional y antidemocrática; y tampoco el solo cambio del TSE resolvería el problema de la legalidad, constitucionalidad y legitimidad de unas elecciones amañadas. Pero además, estamos viviendo un Estado autoritario, y sin embargo nos aferramos a creer que alguien nos salvará, sea éste el candidato mejor posicionado, la unidad electoral de todos contra el oficialismo, un pronunciamiento internacional, o hasta el control electoral ciudadano en las urnas (que tan candorosamente se ofrece como viable).
Parece como si no quisiéramos o no pudiéramos comprender que las elecciones nacionales en las actuales condiciones no son la solución sino el desastre, porque conducen a un nuevo engaño, a un nuevo fraude, a una nueva burla del mandato soberano, que además no será ya motivo de persuasión y convencimiento, sino que será impuesta a la fuerza y con furia de ser necesario. Es decir, no se percibe que las elecciones en este caso no conducirán a la resolución del conflicto y la disputa, sino que tal como se plantea la actual polarización entre las fuerzas en disputa, las elecciones más bien están dirigidas a generar conflictividad social y enfrentamiento. Es como si estuvieran pensadas para llevarnos otra vez a las calles para enfrentarnos entre bolivianos.
Por supuesto que no se trata de un escenario deseado, mucho menos buscado, pero tal y como se dan las cosas aparece como probable y hasta previsible, porque gobierno y oposición electorera se han empecinado en hacer prevalecer sus mezquinos intereses políticos por encima del bien común y el interés nacional.
Debe considerarse que el gobierno se engaña y pretende engañarnos, si cree ingenuamente que puede llevar al país a las elecciones y que todo el pueblo acepte el fraude y la imposición. Y en la otra acera, la oposición electorera también se engaña y pretende engañarnos, si cree realmente que puede ganarle al fraude montado y desalojar pacíficamente a un gobierno prorroguista que no se ha cansado de decirle al país que resistirá inclusive con las armas.
En esas condiciones, es claro que solo queda hasta Octubre para resolver la disputa a buenas, y ahorrarnos la furia que se desatará si se persiste en este intento desbocado por hacer prevalecer la conservación/acceso al poder a toda costa y por encima del interés democrático de la nación. De otra forma, siendo que no existen muestras de disposición al diálogo y, mucho menos, declinación en los intentos anticonstitucionales y antidemocráticos que buscan ser impuestos a toda costa, entonces, más temprano que tarde, es previsible esperar que los bolivianos nos veamos nuevamente enfrentados en las calles.
¿QUÉ HACER?.
Articular fuerzas, pero NO para ir a elecciones amañadas, ni siquiera para botar al TSE y cambiarlo por otro idóneo, transparente e imparcial. Hay que lograr la anulación y retiro de la candidatura anticonstitucional y antidemocrática como primer paso para recuperar la democracia, pero sobre todo para evitarle al país el riesgo de enfrentamiento. A las dictaduras no se las saca con votos y el electoralismo solo sirve para convalidar el fraude y el desacato a la Constitución.
(*) Sociólogo, boliviano. La Paz, Junio 17 de 2019.