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México D.F. Viernes 9 de enero de 2004
Militares han obligado a niños a tener relaciones sexuales con prostitutas, señalan
Indígenas chiapanecos conminan al Ejército a retirarse del ejido Zapata
Protestan ante base de operaciones castrense; fijan plazo de dos semanas para la salida
Ejido Emiliano Zapata, Chis., 8 de enero. La población de Emiliano Zapata se le plantó hoy al 31 Regimiento de Infantería de la 39 Zona Militar y le exigió que “inmediatamente” salga de la comunidad, donde el Ejército mantiene una base de operaciones desde hace ocho años. Por acuerdo de la asamblea ejidal, los indígenas dieron un plazo de dos semanas a las tropas federales para que se retiren pues, argumentan, su presencia ha alterado la vida cotidiana y propiciado divisiones entre la población.
Como para ilustrar y confirmar esto último, un grupo de mujeres de las casas vecinas al cuartel, pertenecientes a Paz y Justicia y amigas de los soldados, arrojaron piedras y palos contra los ejidatarios cuando éstos concluyeron su protesta. Hubo minutos de tensión, pues algunos campesinos recibieron golpes y quisieron calmar los ánimos de sus agresoras.
Luego, acompañadas por algunos hombres, las mismas mujeres apedrearon los vehículos de los periodistas cuanto éstos se retiraban. Ni siquiera la extraña y “oportuna” llegada de una patrulla de la policía municipal de Tila les hizo cambiar su actitud; hasta parecía que los agentes policiacos habían llegado a proteger a los agresores.
Así es la vida en las tierras choles de la zona norte. Así se vive en Tila, donde la guerra de baja intensidad se calienta continuamente, gracias a la presencia masiva de tropas federales y la sobrevivencia (o renacimiento) de los paramilitares de Paz y Justicia, organización hoy dividida, pero que aún controla los ayuntamientos de la región y recibe la pertinaz bendición priísta, en la persona de la senadora Arely Tovilla Madrid, quien “incidentalmente” preside la Comisión de Concordia y Pacificación desde hace cinco meses (si bien su cargo no debió durar más de un mes, según reglamentos que ya nadie osa recordar en el Congreso).
“Varias de nuestras hijas han sido seducidas por miembros de Ejército, para luego abandonarlas. En algunos casos, niños y niñas”, aseguraron los indígenas ante una veintena de policías militares parapetados tras una densa cerca de púas con cascos y escudos de acrílico y garrotes, mientras a pocos pasos acechaban soldados armados, en uniforme de campaña (de camuflaje, no el habitual verde olivo).
En septiembre de 1995 llegaron 30 soldados. Hoy son un centenar. El “Regimiento García”, se lee en un gran letrero a la entrada del cuartel. Los choles inconformes son lo mismo priístas que perredistas o simpatizantes del EZLN. Comparten el hartazgo y la inconformidad, y son mayoría en Emiliano Zapata.
“¡Fuera los ejércitos!”, gritan las mujeres que participan el plantón, mientras los representantes comunitarios preguntan. “¿Qué queremos compañeros?”, y los hombres y niños responden: “Que se retire el Ejército”. Un teniente les sale al paso: “¿Qué desean, señores?”, y los indígenas, sin responder directamente, siguen gritando la razón de su presencia, y dan lectura a tres actas de la asamblea ejidal.
“Venimos pacíficamente; queremos nada más que se retiren,”, expresa el comisariado Francisco Díaz Méndez, acompañado por Oscar Peñate Arcos, presidente del comité de vigilancia, y todas las autoridades ejidales, así como varias decenas de habitantes de la comunidad.
Mandos incumplen acuerdos
Aseguran que repetidamente han buscado a los mandos castrenses, los coroneles Francisco G. Ruiz Romero y Florencio G. Castillo Ventura; han concertado citas, y éstos los han dejado plantados. “Nos desprecian porque somos indios”, señalan. Refieren que los soldados se posicionaron en 5 mil metros cuadrados de la propiedad ejidal, diciendo que venían para cuidar la paz, mantener el orden y evitar el tráfico de drogas.
“Ya posicionados, los soldados empezaron a buscar mujeres en las casas y fumar mariguana en el puente. Hacen fumar a algunos niños y los obligan a tener relaciones sexuales con las prostitutas que llegan a la base de operaciones. Ellos trajeron el alcohol, que ya no existía en la comunidad”. En una ocasión hirieron a un niño “que arrojaron de un hummer”, y aunque el coronel se comprometió a indemnizarlo, nunca cumplió.
“Es muy evidente que la base de operaciones ocasiona división en el ejido. Su presencia ha resultado perjudicial para la educación de los niños. Algunas mujeres trabajan para los soldados, prestándoles servicios, y apoyan su presencia”. Ellas, desde las casas vecinas al cuartel, lanzaron burlas a los indígenas que protestan. Poco después les arrojarían piedras.
“Hemos visto cómo llegan las prostitutas y tienen relaciones con los soldados a la vista del pueblo”, agregaron los ejidatarios, quienes han tomado un acuerdo: “Estamos cansados de los actos del Ejército. Demandamos que la base de operaciones se retire inmediatamente. Exigimos el derecho a vivir tranquilos”.
Es el “último aviso” para que se retiren, advierten. Si el 22 de enero no lo han hecho, “volveremos todos y todas para exigirles que desocupen el predio. Nosotros mandamos aquí entre nosotros; ustedes, que por órdenes de sus patrones ocuparon nuestras tierras, no hacen falta”.
En presencia de los indígenas y de miembros de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Red de Defensores Comunitarios, varios reporteros y una decena de observadores civiles, el teniente a cargo de la base firmó “recibido” en las actas ejidales que le fueron entregadas. “Los coroneles no se encuentran ahora”, se justificó, tratando de ser amable