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Son 14 años de lucha y la presa El Zapotillo en Temacapulín, Jalisco, permanece detenida por la lucha de los pueblos que no quieren desaparecer. Han recibido promesas de los gobiernos federal y estatal, cuando los titulares de hoy aún eran candidatos, que ahora no están dispuestos a cumplir.
Los de abajo
La lucha contra la presa El Zapotillo
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Son 14 años de lucha y la presa El Zapotillo en Temacapulín, Jalisco, permanece detenida por la lucha de los pueblos que no quieren desaparecer. Han recibido promesas de los gobiernos federal y estatal, cuando los titulares de hoy aún eran candidatos, que ahora no están dispuestos a cumplir.
La lucha de los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín en contra de una presa que los inundaría es una de las más emblemáticas de Jalisco. Defender su existencia durante más de una década les ha costado represión, división y un agotador proceso jurídico, pero no se han rendido.
Luego de firmar un acuerdo con el gobierno de Guanajuato para establecer el porcentaje de agua que cada entidad recibirá de la presa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la altura de la cortina (principal riesgo del proyecto) y demás detalles técnicos serían resueltos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Alfaro promete a Jalisco el 76 por ciento del agua del caudal del río Verde, pero omitió informar que esa cantidad sólo será posible si la cortina de la presa es de 105 metros de altura, lo que representa que los pueblos queden bajo el agua, de acuerdo con una declaración del presidente del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) de León, Jorge Ramírez.
La batalla contra la presa es la defensa de la vida, pues están en riesgo 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles. Que no se olvide que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obligó a las autoridades y constructoras a no rebasar la altura de la cortina de la presa por encima de los 80 metros, medida definida en el proyecto original de 2006. El desacato a este veredicto y la intención declarada de construir una cortina de 105 metros los mantiene en pie de lucha.
Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato resolvieron su diferendo sobre la distribución del agua, y poco importaron las 45 mil personas a las que violan sus derechos territoriales, su derecho a la vivienda y a no ser desplazadas, su soberanía alimentaria, su producción agrícola y su acceso al agua. Pero no está dicha la última palabra.
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Losylasdeabajo@yahoo.com.mx