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México D.F. Sábado 10 de enero de 2004
Las Abejas exigen que salga la fuerza pública de Los Chorros, bastión de paramilitares
Incompetencia judicial orilla a campesinos a acudir a juntas de buen gobierno del EZLN
San Cristobal de Las Casas, Chis., 9 de enero. Crece el rechazo a la presencia invasora del Ejército federal y las corporaciones policiacas en las comunidades indígenas de Chiapas, rebeldes o no. La situación se ha vuelto intolerable para miles de indígenas, incluidos muchos de los que anteriormente no se oponían a los cuarteles y campamentos, o incluso los solicitaban.
Ahora es la organización Las Abejas la que ha demandado el desmantelamiento del campamento policiaco en Los Chorros, y de todo el municipio de Chenalhó. Esto, “para garantizar la seguridad de las personas que habitan en dicha colonia”, y en general de la población indígena de la región.
“Evidentemente la presencia de esta fuerza pública sólo viene a violar nuestros derechos humanos. Nosotros y nosotras siempre hemos denunciado que los policías y los militares no los queremos en nuestras comunidades, porque ellos no vienen a darnos protección ni seguridad, al contrario, sólo vienen a darnos inseguridad, amenazas físicas y sicológicas. Además esta corporación fue la que adiestró y permitió a los paramilitares que quemaran casas, que robaran pertenencias y que masacraran a 21 mujeres, nueve hombres y 15 niños en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997.”
Cabe recordar que Los Chorros fue, y sigue siendo, uno de los bastiones del grupo paramilitar, a veces denominado Máscara Roja, cuyos miembros son autores materiales de la matanza.
En un documento fechado precisamente en Acteal, la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas denuncia “enérgicamente” los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, a las 20:30 horas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros. “Un elemento de la Policía Sectorial, quien responde al nombre de Pedro Moreno Alvarez, golpeó sin ningún motivo y apuntó con su arma, enfrente del destacamento de su corporación policiaca, al joven José Jiménez Vázquez, cuando estaba tomando refresco con sus primos Sebastián Sántiz Gómez y Javier Sántiz Entzin, en un puesto ubicado atrás de la iglesia de aquella localidad.”
La mesa directiva de Las Abejas en pleno expresa: “Ante este acto tan violento, solicitamos a las autoridades competentes que se tome cartas en el asunto y a la vez pedimos las medidas precautorias para evitar un derramamiento de sangre, ya que este individuo van dos veces que golpea a la misma persona”.
En consecuencia, Las Abejas exigen al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía “que ordene el desmantelamiento urgente del destacamento policial ubicado en la localidad mencionada, y en todo el municipio de Chenalhó”. Firman José Pérez Vázquez, Victorio Pérez Pérez, José Alfredo Jiménez Pérez, Pablo Hernández Arias, Fernando Gómez Hernández y Mariano Pérez Guzmán.
Muchos prefieren acudir a las juntas de buen gobierno
En tanto, la Organización Campesina Autónoma Caudillos del Sureste de la Selva Lacandona acusó al juez mixto de primera instancia de Ocosingo de “prepotente”, y de “carecer de conocimientos jurídicos”, lo cual ha creado “inestabilidad judicial” en el distrito.
En un documento dirigido por la mencionada organización a Milton Escobar Castillejos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se afirma que “la ciudadanía en general” está inconforme con este funcionario, y muchos son los que han acudido a la Junta de Buen Gobierno (JBG) zapatista de La Garrucha.
El juez Carlos Alberto Coello Ortiz, titular del distrito judicial Alvaro Obregón en Ocosingo, “aplica fianzas demasiado altas sin tomar en cuenta las condiciones económicas de la población”, según la organización campesina.
Este hecho no es aislado. Para preocupación de las autoridades civiles y militares, en la denominada zona de conflicto cada vez más personas, organizaciones y autoridades ejidales y municipales acuden a las distintas JBG zapatistas para resolver problemas judiciales, agrarios, de transporte y otros. Esto explica las reiteradas declaraciones gubernamentales que pretenden minimizar el tamaño y la influencia de los municipios autónomos rebeldes en las cañadas de la selva y Los Altos y la región fronteriza.