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Los últimos 10 meses han sido una montaña rusa de cambios en la política migratoria con un impacto dramático en el acceso a protección para personas migrantes y solicitantes de asilo en México.
Lo efímero de la burbuja humanitaria…
Mujeres Transnacionales
Gretchen Kuhner*
Desinformémonos
26 julio 2019
Los últimos 10 meses han sido una montaña rusa de cambios en la política migratoria con un impacto dramático en el acceso a protección para personas migrantes y solicitantes de asilo en México. En octubre de 2018, el gobierno federal de salida permitió que algunos grupos grandes (caravanas) de personas migrantes caminaran por el país con el apoyo (algunos renuentes) de los gobiernos estatales. El hecho de que la Ciudad de México (CDMX) pudiera instalar un albergue para más de 15,000 personas migrantes, entre octubre de 2018 y febrero de 2019, sin detenciones y deportaciones in situ fue inaudito.
Las personas que necesitaban pedir asilo en el país lo podían hacer, otras solicitaron documentos por razones humanitarias, y por primera vez, pudimos realizar reunificaciones en avión para familias migrantes dentro de México. Pudimos comprar boletos de autobús y enviar a personas con oficios de trámites pendientes –siempre con miedo de que las autoridades las detuvieran por desconocer el oficio o para extorsionarles– pero con la sensación de que una nueva política respetuosa de los derechos (libre tránsito) de personas en situaciones de pobreza y violencia estaba en camino. El sueño duró menos de 5 meses. Hoy, en retrospectiva, le llamamos la etapa de la burbuja humanitaria –cuando se imaginaban respuestas humanitarias para una crisis humanitaria.
Para marzo de 2019 el gobierno estadounidense ya había llamado al mexicano, las detenciones habían iniciado nuevamente, pero sin el despliegue de control de otros momentos como en 2014 con el Plan Frontera Sur. Sin embargo, con la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos, el 07 de junio, todo cambió y nuestra capacidad de apoyar a las personas buscando protección internacional en alguno de esos dos países se vio afectada nuevamente –porque si no tienes libre tránsito, difícilmente puedes llegar con las organizaciones para que te ayuden.
Otra vez teníamos casos de mujeres con hijas e hijos detenidas en autobuses, aeropuertos, y estaciones migratorias, extorsionadas y maltratadas. El esposo de una mujer embarazada que apoyamos fue detenido por oficiales que subieron al camión cuando viajaba para acompañar a su esposa y estar en el nacimiento de su bebé. Durante 10 días corrimos de oficina en oficina haciendo trámites, llamadas, y esperando largas filas para poder sacarlo de la estación migratoria y traerlo de nuevo a la CDMX donde logró llegar antes del nacimiento de su hijo -porque el libre tránsito es lo que te permite, viajar para estar con tus seres queridos.
Pero lo que no dimensionamos fue el golpe que llegó con la entrada en vigor de la Ley de la Guardia Nacional. De la noche a la mañana México tenía 6,000, luego 23,000 y hasta 60,000 agentes migratorios más, a través de la Guardia Nacional, con facultades para revisar documentos, detener a población migrante, y resguardar las estaciones migratorias de donde están deportando a miles de migrantes –más de 1,000 al día. Todo ello sin capacitación en los procedimientos, los diferentes tipos de documentos migratorios, el derecho de solicitar asilo y apoyo humanitario en la frontera o directamente con las autoridades en México. Es la receta perfecta para la ilegalidad –detenciones arbitrarias, extorsión, abusos y violaciones al acceso a la protección internacional en México o Estados Unidos. Y, así ha sido –porque sin libre tránsito, las personas tratan de ser invisibles y acaban sofocadas en tráileres, bajo las ruedas de los trenes o en las manos del crimen organizado.
Pero eso no ha sido todo. A la vez, el gobierno federal obligó a los transportistas en México a convertirse en pseudo agentes migratorios, al solicitar documentos de identidad -que ninguna persona huyendo de su país tendría– para subirse a un autobús en busca de un transporte digno. Porque sin una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), un pasaporte, una licencia, una cartilla militar, o una cedula profesional –aparentemente “una disposición federal”- nuestro derecho a tomar un autobús ha terminado.
Parece que con las amenazas de Trump, las garantías constitucionales pasaron a segundo plano –de hecho, las violaciones al libre tránsito, a la privacidad y a la no discriminación están “de moda”. Hay una ola de iniciativas en el Congreso actual que obligarían a los hoteles y otras empresas a verificar documentos migratorios de sus huéspedes y hasta enviar listas de ellos al Registro Nacional de Extranjeros, llamar a las autoridades migratorios y ser sancionados al no cumplir. Aparte de violar la Constitución, las únicas personas con facultades para verificar la situación migratoria en el país son las autoridades migratorias, y desde finales de mayo pasado también la Guardia Nacional. Lo que no han analizado es que este tipo de medidas no funcionan, pero si abren la puerta para la discriminación por razones de idioma, etnia, o pobreza, y a su vez, a la extorsión.
El tema del libre tránsito es uno que nos ha ocupado en el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) desde 2012 porque sabemos que las mujeres migrantes en tránsito irregular por el país tienden a viajar más por carretera, y que las revisiones en puntos móviles les afectan en su camino por México. Las mujeres nos contaban como los agentes migratorios se subían a los autobuses y bajaban a las personas con base en su forma de vestir, su acento y su etnia. Veían como las autoridades también bajaban a personas indígenas mexicanas porque “parecían guatemaltecas”, incluso los jornaleros agrícolas mexicanos que viajaban a otro estado a trabajar tenían que mostrar documentos de identidad y pagaban extorsiones para transitar en su propio país.
Al ser un tema particularmente indignante que afecta a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, llevamos cuatro años litigando la constitucionalidad de las revisiones migratorias en carretera –por parte de agentes migratorios. Hemos logrado la reparación del daño para algunas víctimas mexicanas de las detenciones arbitrarias y el Instituto Nacional de Migración tiene pendiente una disculpa pública a las comunidades indígenas en México por las violaciones cometidas por sus agentes migratorios, pero ¿cómo va a garantizar la no repetición en el contexto actual en el que está el país, repleto de retenes donde las detenciones arbitrarias ahora se efectúan por 60,000 autoridades adicionales? ¿Por qué estamos tan dispuestas a renunciar a nuestro derecho del libre tránsito en México si ni siquiera confiamos en las autoridades?
Las encuestas recientes nos dicen que la figura de la Guardia Nacional tiene mucho apoyo –es la apuesta del pueblo para lograr mayor seguridad en el país. Además, 65% de la población mexicana está de acuerdo con que las personas centroamericanas sean detenidas y deportadas para evitar los aranceles amenazados por Donald Trump. Aparentemente, si los costos de la seguridad incluyen renunciar a garantías constitucionales como el derecho a moverte por tu país, una gran parte de la población está dispuesta a renunciar a sus derechos.
Sin embargo, nosotras pensamos que es un costo muy alto. La Guardia Nacional debería de estar enfocada en proveer seguridad a todas las personas en México, no gastando recursos en una cacería de personas que lo único que buscan es protegerse y proteger a sus familias de una muerte inminente, o a población indígena que sale de sus comunidades a trabajar en otras zonas de su país.
Hace unas semanas, presentamos un par de acciones legales en ese sentido porque la seguridad no se logra con el debilitamiento del estado de derecho, así que estamos a la espera de la opinión del poder judicial, de saber si para él es válido debilitar o no el estado de derecho.
*Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
Twitter: @imumidf