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“Si la empresa y el Estado no quieren reconocer nuestros derechos, entonces ya no queremos más actividad en nuestro territorio”, señaló Néstor Sakurai Maynas, sabio de la comunidad.
Comunidades achuar continuarán lucha tras diálogo infructuoso
Servindi
26 de julio, 2019
Las comunidades Nueva Jerusalén y Nueva Nazareth anunciaron que retomarán sus medidas de protesta frente a las malas prácticas ambientales de la petrolera Frontera Energy.
Tras un diálogo de dos días, mediado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no obtuvieron los frutos esperados. Las comunidades exigen un diálogo el 1 de agosto con la gerencia de la empresa, la embajada de Canadá, el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo.
La protesta de las comunidades del pueblo Achuar se inició el 1 de julio de 2019, hartos de seguir expuestos a la contaminación de dos derrames ocurridos en los km. 11 y 34 de la carretera interna en el 2018.
Según una nota informativa de Puinamadut, la empresa admitió malas prácticas ambientales y que los derrames no han sido remediados a la actualidad lo cual genera afectaciones a la salud de la población local.
Las principales exigencias de la población es que se le garantice que los sitios afectados serán remediados integralmente, se frene la contaminación con válvulas que controlen el flujo del petróleo, y se les indemnice por los daños.
“Nosotros estamos acá en esta lucha primero para enseñar a la empresa, porque si no le dices lo que te ha dañado, ella hace lo que le da la gana” dijo Julio Maynas, apu de Nueva Jerusalén.
“Y así también va a aprender el Estado que le dio permiso a una empresa irresponsable, y que esto ya no más vamos a permitir”, agregó Maynas.
“Si nadie respeta nuestros derechos, no habrá ni petróleo ni consulta”
El conflicto ocurre en el contexto de la consulta previa del lote 192. El contrato de Frontera Energy vence entre enero y febrero de 2020; sin embargo, la empresa aún hasta ahora no presenta un Plan de Abandono para la remediación de los sitios contaminados durante sus cuatro años de operaciones.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registró hasta diciembre de 2018, 67 emergencias ambientales, las cuales han ascendido a 71 en tan solo 7 meses.
A la población le preocupa que estos crímenes ambientales queden sin resolverse y que, tal y como pasó con Pluspetrol, nadie se haga responsable de los daños y que sea la población la que se perjudique con la exposición a sustancias tóxicas.
Esta situación de impunidad hacia las empresas y de vulneración de derechos a los pueblos es una condición que la población no está dispuesta a tolerar más, sobre todo ahora que el Estado dará el lote en concesión por 40 años más.
“Si la empresa y el Estado no quieren reconocer nuestros derechos, entonces ya no queremos más actividad en nuestro territorio”, señaló Néstor Sakurai Maynas, sabio de la comunidad.
“El Estado debe llevarse la infraestructura, tampoco debe pasar petróleo por nuestra tierra, que se detenga el bombeo. Si nadie respeta nuestros derechos, no habrá ni petróleo ni consulta”.
Durante la reunión, la empresa Frontera Energy asumió su falta en los trabajos de remediación mal realizados en los sitios mencionados. Sin embargo, no asumió compromisos claros al respecto.
“Han venido a destruir mis bosques, si no van a respetar nuestros derechos, ¡que se vayan y se lleven sus cosas! No quiero ver más a mis nietos morir”, señaló ofuscada Carmen Nahuasi, madre indígena y vocera de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR).