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Continuamos las Crónicas del siglo 21 con estas fronteras del cambio de época elaborado por dos de los más destacados sociólogos del continente: Maristella Svampa de Argentina, que con Roberto Gargarela y otros intelectuales constituyeron la Plataforma para la Recuperación del Pensamiento Crítico, y Emiliano Terán Mantovani de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela e investigador asociado al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES).
Jaime Yovanovic (Profersor J)

EN LAS FRONTERAS DEL CAMBIO DE ÉPOCA
Escenarios de una nueva fase del extractivismo en América Latina

Maristella Svampa
Emiliano Teran Mantovani
Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo

Maristella Svampa es socióloga, escritora e investigadora. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y doctora en Sociología (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia). Investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Sus últimos libros son Del cambio de época al fin de ciclo. Extractivismo, gobiernos progresistas y movimientos sociales en América Latina (2017), Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (2018) y Las fronteras del neoextractivismo en América Latina (2018).

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención Magna Cum Laude, y doctorando en Ciencia y Tecnología ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y de la Red Oilwatch Latinoamérica. Autor del libro El fantasma de la Gran Venezuela (Fundación Celarg, 2014), que obtuvo mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Participa en el grupo de trabajo de Clacso sobre Ecología Política y ha colaborado en el proyecto EjAtlas-Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier.

Este texto tuvo como punto de partida los debates durante el encuentro del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, realizado en mayo de 2018, en Playas-Ecuador. Se puede consultar la entrevista realizada a los autores en esa reunión. Maristella Svampa, en español, https://youtu.be/6maaa6jS-ZY, y con subtítulos en inglés, https://youtu.be/JW6D4nRT-LM Emiliano Teran Mantovani, en español, https://youtu.be/y-wgJ_CRmkw y con subtítulos en inglés, https://youtu.be/4sNWDCjKHWo

En América Latina, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se han producido numerosas líneas y corrientes de pensamiento. Entre estas se destacan la estructuralista, muy influida por la obra de Raúl Prebisch y la Cepal (1998), y las teorías de la dependencia, que han estudiado los rasgos de las economías primario-exportadoras, las economías extractivas, el rol de las industrias extractivas (término que empleado recurrentemente por el Banco Mundial) o las economías de enclave (Cardoso y Faletto, 1969). Pese a que algunas de estas corrientes resaltaban el presunto potencial de estas industrias para alcanzar el ‘desarrollo’, prácticamente existe un consenso acerca de las consecuencias que estos modelos económicos conllevan, en relación con la profundización de la dependencia y sus condiciones desventajosas en el mercado mundial. Esto tiene secuelas negativas respecto a la pobreza social y a las relaciones desiguales de poder a escala internacional. Sin embargo, los impactos sociales y ambientales negativos que dichas actividades económicas y el propio modelo de desarrollo producían en los territorios eran marginalizados o poco abordados en estos análisis. Los efectos del avance de las fronteras de la extracción durante el periodo neoliberal, el auge de las luchas de los pueblos indígenas de la región y el progresivo posicionamiento del discurso y las prácticas de organizaciones ecologistas en los años noventa fueron factores claves para constituir una crítica ecológico-política de las economías
primario-exportadoras. Se trata de las bases de la narrativa crítica del extractivismo, que, con más o menos potencia, se ha desarrollado desde entonces, de maneras diferenciadas, en los países de la región. Con los importantes cambios políticos y sociales planteados con la llegada de los gobiernos de perfil progresista,1 se ponía nuevamente sobre la mesa una discusión trascendental sobre el modelo

1 Como Hugo Chávez, en Venezuela en 1999; Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, en Brasil, y Néstor Kirchner, en Argentina, en 2003; Evo Morales, en Bolivia, en 2006, o Rafael Correa, en Ecuador, en 2007, entre otros.

de desarrollo imperante en la región. Estos cambios planteados se orientaban hacia reformulaciones constitucionales, numerosas políticas públicas de transformación y reivindicación social, así como a la elaboración de programas de gobierno, que en algunos casos llegaron a plantear el proyecto del Socialismo del siglo XXI. Asimismo, proponían, al menos en teoría, revalorar la dimensión ecológica, mediante la consagración, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008; la asunción por parte del Estado boliviano del Buen Vivir como principio de gobierno, o la denominación ‘ecosocialista’ del plan de desarrollo del Gobierno venezolano. Sin embargo, lejos de modificarse, el modelo extractivista se profundizó en la región, incluso en aquellos países con gobiernos progresistas (Svampa, 2011; Acosta, 2011; Gudynas, 2009b; Teran Mantovani, 2014b). Las fronteras de la extracción continuaron ampliándose aceleradamente y, con ello, sus consecuencias socioambientales, económicas, culturales y políticas, lo que creó o intensificó múltiples conflictos sociales de diversos grados de intensidad. Estas disputas fueron especialmente marcadas en los países andinos, donde emergieron numerosas resistencias (Pérez Rincón, 2014; Rossel, 2012; Bebbington y Humphreys, 2009; EJAtlas, 2018). Las contradicciones generadas entre el Estado y los gobiernos departamentales, por un lado, y comunidades afectadas, organizaciones populares y movimientos sociales, por el otro, tuvieron repercusiones y generaron dilemas en los progresismos. Los cuestionamientos al modelo neoextractivista fragmentaron el campo de las izquierdas. Mientras los voceros gubernamentales, sectores académicos y organizaciones políticas reivindicaban una distribución más inclusiva de los excedentes económicos provenientes de la renta extractiva –entendida como uno de los pilares materiales para alcanzar la ‘justicia social’–, diferentes intelectuales, activistas y organizaciones sociales señalaban que dicha orientación económica no solo promovía la ampliación de los impactos sobre los ecosistemas y medios de vida de parte de la población, sino que también generaba una creciente injusticia ambiental y profundos impactos en el modelo de democracia.
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A partir de este proceso conflictivo en la región, la crítica al
extractivismo cobró una importancia significativa, y se popularizó no solo en los círculos de investigación académica sino también en muy diversos espacios de debate y activismo político. El discurso crítico del extractivismo ha logrado nuclear diversas corrientes de pensamiento y luchas políticas. En este sentido, se ha convertido en una narrativa articuladora y unificadora (Riofrancos, 2017) en la defensa de los bienes comunes para la vida, los territorios, la justicia ambiental y los derechos de los pueblos indígenas, así como en torno a un profundo cuestionamiento al modelo (neo)desarrollista imperante. Sería imposible sintetizar los aportes y caracterizaciones que existen sobre el extractivismo, debido a la profusión de artículos y libros existentes sobre el tema. En esta primera aproximación nos interesa dar cuenta de algunas lecturas que apuntan a la pluridimensionalidad y multiescalaridad del fenómeno. Por ejemplo, en términos de ‘modelo de acumulación’, todos los autores que abordan el extractivismo reconocen sus raíces históricas. Para Alberto Acosta (2011), “el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años” y está determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. En esa línea, como afirma Horacio Machado Aráoz (2013), el extractivismo no es una fase más del capitalismo ni un problema de ciertas economías subdesarrolladas, sino que constituye “un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo”, “producto histórico-geopolítico de la diferenciación-jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros”.
Extractivismo y neoextractivismo
El auge de los debates sobre extractivismo supone también diversas discusiones sobre su definición. En este sentido, se proponen incluso conceptos ampliados como “extractivismo urbano” (Svampa y Viale, 2014), “extractivismo financiero” (Gago y Mezzadra, 2015) o “extractivismo epistémico” (Grosfoguel, 2016). La definición más
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difundida señala al extractivismo como una forma económica o tipo de actividad basada en la apropiación de grandes volúmenes de los llamados ‘recursos naturales’, los cuales, en su mayoría, tienen como destino la exportación al mercado mundial. Las materias exportadas son de escaso procesamiento y abarcan no solo los casos minero y petrolero, sino también sectores agrícolas, forestales, pesqueros, entre otros (Acosta, 2011; Gudynas, 2009b). Otros trabajos consideran el extractivismo como un estilo de desarrollo basado en la extracción y apropiación de la naturaleza, “que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas”. Así, para el uruguayo Eduardo Gudynas (2015), el extractivismo es un “modo de apropiación”, antes que un modo de producción; esto es, “un tipo de extracción de recursos naturales”, referente a actividades que remueven grandes volúmenes o alta intensidad de recursos naturales, no procesados (o limitadamente), orientados a la exportación. A lo largo de la historia han existido sucesivas generaciones de extractivismos, caracterizados por el uso intensivo de agua, energía y recursos. Habría también diferencias entre el extractivismo tradicional –que replican los gobiernos más conservadores de la región– y el ‘neoextractivismo progresista’. En este, el Estado juega un rol más activo y garantiza su legitimación, aun si se repiten los impactos (sean causados por iniciativas privadas concesionadas por este, por empresas mixtas o por emprendimientos estatales) (Gudynas, 2009b; 2015). Esta última definición ha predominado en la región al conceptualizar el neoextractivismo. En sintonía con estas lecturas, sostenemos que el extractivismo puede leerse como un particular modo de acumulación, sobre todo respecto de las economías latinoamericanas. Está determinado, en su conjunto, por la extracción masiva de los llamados ‘recursos naturales’, con poco o nulo procesamiento dirigido al mercado mundial, lo cual se constituye en el principal patrón organizador de la sociedad. La propuesta que presentamos reivindica un análisis multiescalar (Escobar, 2001; Paulson y Gezon, 2005), que plantea que este modo de acumulación “puede ser estudiado desde el ámbito social y territorial que abarca el Estado-nación (como punto de partida de los análisis), sin menoscabo de otras escalas de análisis territoriales”,
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como la local, la regional y la global (Teran Mantovani, 2016). Si se toma en cuenta que, en cada país, el Estado y el capital ordenan el territorio de acuerdo con la lógica y las demandas del mercado capitalista mundial (zonas extractivas, áreas urbanas, zonas de sacrificio, áreas naturales protegidas, polos agrícolas, entre otros), el extractivismo es aquí considerado no solo un modo de acumulación sino también un ‘modo de territorialización’ (Teran Mantovani, 2017). El concepto de ‘territorialización’ es entendido, desde la perspectiva de la geografía crítica brasileña,2 como la producción social del territorio. De esta manera, resaltamos cómo el territorio se transforma, domina, amolda, controla, significa o disputa socialmente, incluyendo a los elementos ecosistémicos que lo componen, como sus recursos, ciclos y seres humanos. Es importante resaltar la conexión que existe entre los procesos de desterritorialización (entendida como una ruptura de su ordenamiento o configuración en un momento determinado) y reterritorialización (una reconfiguración del territorio). Desde nuestra perspectiva, la dimensión histórico-estructural del extractivismo está vinculada a la invención de Europa –consecuencia y reflejo, según Quijano y Wallerstein (1992), de la conquista de América– y la expansión del capital. Asociado a la conquista y al genocidio, el extractivismo en América Latina es de larga data. Desde tiempos de la conquista, los territorios latinoamericanos han sido coto de destrucción y de saqueo. Rica en recursos naturales, la región se ha reconfigurado una y otra vez al calor de los sucesivos ciclos económicos, impuestos por la lógica del capital, a través de la expansión de las fronteras de las sucesivas mercancías. A escala local, esta reconfiguración ha conllevado grandes contrastes entre rentabilidad extraordinaria y extrema pobreza, así como una gran pérdida de vidas humanas y la degradación de territorios, convertidos en áreas de sacrificio. Potosí, en Bolivia, marcó el nacimiento de un modo de apropiación de la naturaleza a gran escala y de un modo de
2 Sin duda, la geografía crítica brasileña contribuyó a enriquecer y reactualizar el concepto de territorio, sobre todo desde una mirada que pone el acento en la “tensión de territorialidades” y en la necesidad de “grafiar los territorios desde abajo” (Porto Gonçalves, 2001).
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acumulación, caracterizado por la exportación de materias primas y por un tipo de inserción subordinada en la economía mundial. La especialización interna y la dependencia externa han consolidado lo que el venezolano Fernando Coronil llama, con acierto, “Sociedades Exportadoras de Naturaleza” (2002). La historia del extractivismo en la región no es lineal, pues aparece atravesada por los sucesivos ciclos económicos, dependientes de las demandas del mercado mundial, así como por los procesos de consolidación del Estado Nacional –sobre todo a mediados del siglo XX–, los cuales permitieron un determinado control de la renta extraordinaria, tanto respecto de la minería como del petróleo. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, el extractivismo se cargó de nuevas dimensiones. En ese contexto, donde es posible registrar continuidades y rupturas, el concepto aparece recreado como ‘neoextractivismo’. Las continuidades se registran en los sucesivos ciclos económicos, el ‘ADN’ extractivista con que el capital europeo marcó la memoria larga de la región fue alimentando también un determinado imaginario social sobre la naturaleza y sus bondades, y un conjunto de formas de hacer política y de abordar la gestión económica. En consecuencia, el extractivismo se asocia no solo con el despojo y el saqueo a gran escala de los bienes naturales, sino también con las ventajas comparativas y las oportunidades económicas que emergerían al compás de los diferentes ciclos económicos y del rol del Estado. No por casualidad, con los progresismos reinantes el neoextractivismo volvió a instalar con fuerza la ‘ilusión desarrollista’. Esta se expresa en la idea de que, gracias a las oportunidades que brinda el nuevo boom de los commodities y, más aún, del papel activo del Estado, sería posible lograr el desarrollo. Estos patrones compartidos entre gobiernos conservadores y progresistas definen lo que se ha llamado “consenso de los commodities” (Svampa, 2013). En relación con las rupturas, debido a las transformaciones políticas y metabólicas que ha conllevado este periodo histórico, surgieron también novedades y reformulaciones (de diversos grados) en las narrativas, modos de hacer política y mecanismos de distribución de los excedentes que, principalmente en los procesos progresistas,
generaron nuevos escenarios para la política y mecanismos de
dominación social desde arriba. Al mismo tiempo, la nueva fase

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de acumulación del capital, ligada al aumento del metabolismo social y caracterizada por la fuerte presión sobre los bienes naturales y territorios y por la expansión vertiginosa de la frontera de los commodities, dio paso a nuevas disputas políticas, sociales y ecológicas; a resistencias sociales impensadas desde el imaginario desarrollista dominante, así como a nuevas brechas de acción colectiva que cuestionaron la ilusión desarrollista y denunciaron la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor. Este modelo destruye la biodiversidad, y conlleva el acaparamiento de tierras y la destrucción de los territorios. En suma, el neoextractivismo, en tanto actualización de este modo de acumulación histórico en el siglo XXI, trae consigo nuevas dimensiones globales, territoriales y políticas. Las dimensiones globales abarcan la transición hegemónica y la emergencia de China; la expansión de la frontera de commodities; el agotamiento de los bienes naturales no renovables; la crisis socioecológica de alcance planetario; la alta financiarización de la naturaleza, la economía y la política, y la versatilidad del neoliberalismo. Las territoriales se relacionan con la ocupación intensiva del territorio y la expansión de las energías extremas, y las luchas ecoterritoriales con participación de diferentes actores colectivos. Las políticas, con la emergencia de una nueva gramática política contestataria, asociada a organizaciones campesino-indígenas y nuevos movimientos socioambientales, y el aumento de la violencia estatal y paraestatal. Por encima de las diferencias que es posible establecer en términos político-ideológicos y los matices que podamos hallar, en el escenario latinoamericano se consolida un modelo de apropiación y explotación de los bienes comunes y un modo de territorialización, que avanza sobre las poblaciones a partir de una lógica vertical (de arriba hacia abajo). Esto coloca en un gran tembladeral los avances producidos en el campo de la democracia participativa, e inaugura un nuevo ciclo de criminalización y violación de los derechos humanos.
Las fases del neoextractivismo en América Latina
Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista es la explosión de conflictos socioambientales, que se evidencia en la

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potenciación de las luchas ancestrales por la tierra (protagonizadas por movimientos indígenas y campesinos), así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de lo común, la biodiversidad y el ambiente.3 Dadas sus características (fragmentación social, desplazamientos de otras formas de economía, verticalidad de las decisiones, fuerte impacto sobre los ecosistemas), la conflictividad puede ser vista como inherente al neoextractivismo y no como su consecuencia, aun si esto no se traduce en todos los casos por la emergencia de resistencias sociales. Con los años, y al calor de las nuevas modalidades de expansión de las fronteras del capital, en general los conflictos también se fueron multiplicando, al tiempo que las resistencias sociales se hicieron más activas y organizadas. En función de ello, proponemos distinguir tres fases del neoextractivismo, que presentamos como una imagen dinámica y cambiante de los procesos de interacción entre gobiernos y conflictividad socioambiental, bajo el ciclo progresista (y más allá). La fase de positividad se desarrolla entre 2003 y 2008. Ciertamente, al comienzo del cambio de época, y con el boom del precio de los commodities, se leyó al giro neoextractivista en términos de ventajas comparativas, como un ‘nuevo desarrollismo’, más allá de las diferencias entre gobiernos progresistas o conservadores. Se trató de una fase de positividad porque el aumento del gasto social y su impacto en la reducción de la pobreza, el creciente rol del Estado y la ampliación de la participación de lo popular generaron grandes expectativas en la sociedad, sobre todo luego de que esta transitara sucesivas crisis y décadas de estancamiento económico y ajuste neoliberal. Así, entre 2002 y 2011, la pobreza en la región descendió del 44 % al 31,4 %, mientras que la pobreza extrema bajó de 19,4 % a 12,3 % (Cepal, 2012). La mayoría de los países extendió la oferta de planes sociales, la cual alcanzaría al 19 % de la población (Cepal, 2013), esto es, unos 120 millones de personas.
3 Retomamos la periodización propuesta en Svampa, 2018a.
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Esta primera fase del neoextractivismo también se caracterizó por una suerte de expansión de las fronteras del derecho, visibles en la constitucionalización de nuevos derechos individuales y colectivos, primordialmente en los gobiernos y procesos políticos de perfil progresista. Aun así, conviene mencionar que en casos como el colombiano (con los gobiernos consecutivos de Álvaro Uribe Vélez entre 2002-2010) o en México, con el surgimiento de la ‘guerra contra el narcotráfico’ en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), dichas fronteras fueron severa y drásticamente retraídas. Al inicio, tal como sucedía en Bolivia y Ecuador, coexistían la narrativa estatalista en los progresismos, con sus articulaciones y tensiones, y la narrativa indigenista y ecologista, más allá de la hegemonía creciente de la matriz estatal-populista y su articulación con los nuevos liderazgos. Sin embargo, durante la década y con los diferentes conflictos territoriales y socioambientales y sus dinámicas recursivas, dichos gobiernos terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo. Este discurso estuvo acompañado de una práctica criminalizadora y tendencialmente represiva de las luchas socioambientales, así como por una voluntad explícita de controlar las formas de participación de lo popular. Este periodo de auge económico y de reformulación del rol del Estado es también un periodo de escasa visibilidad, incluso de no reconocimiento de los conflictos. Este hecho se extiende aproximadamente hasta 2008, época a partir de la cual los gobiernos progresistas, consolidados en sus respectivos mandatos (muchos de ellos habían renovado mandatos presidenciales), fueron afirmando una matriz explícitamente extractivista, a raíz de la virulencia que adquirieron ciertos conflictos territoriales y socioambientales. En el caso de Venezuela, ocurre un neoextractivismo progresista temprano –en realidad, el primero de este tipo en emerger en la región–. El afianzamiento y relanzamiento de la matriz extractivista se inicia en esta primera fase con el ambicioso plan de desarrollo estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco –junto al impulso de otros ‘polos de desarrollo’–, cuyo objetivo era convertir al país en una ‘potencia energética mundial’ y así sustentar el proyecto del Socialismo del siglo XXI.
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La apuesta abierta al extractivismo
La segunda fase se corresponde con la multiplicación de los megaproyectos y, en consonancia, con las resistencias sociales, la cual está contemplada entre el periodo 2008 y 2013/2015. Respecto de lo primero, esto aparece reflejado en los planes nacionales de desarrollo presentados por los diferentes gobiernos, que enfatizaron en el incremento de diferentes actividades extractivas, según la especialización del país, fueran estas la extracción de minerales, de petróleo, las centrales hidroeléctricas o la expansión de los cultivos transgénicos. En Brasil, el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado a partir de 2007 por el gobierno de Lula da Silva y heredado como un proyecto estratégico hasta la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), contemplaba la construcción de un gran número de represas en la Amazonía, además de megaproyectos energéticos ligados a la explotación del petróleo y del gas. En Bolivia, la promesa del gran salto industrial, propuesto por el gobierno de Evo Morales a partir de 2009, se basaba en multiplicar los proyectos de extracción de gas, litio y hierro, y en expandir el agronegocio, entre otros. En Ecuador, se impulsó la megaminería a cielo abierto, al emitir la Ley de Minería de 2009 y priorizar varios proyectos de gran escala a partir de 2010; así como al expandir la frontera petrolera. En Venezuela, Hugo Chávez propuso en 2011 crear el Arco Minero de Guayana (o del Orinoco) y el Plan de acción estratégica conjunta para articular ese proyecto con la Faja Petrolífera, en un gran polo de desarrollo. En Argentina, el Plan Estratégico Agroalimentario 20102020 proyectaba aumentar el 60 % de la producción de granos, y posteriormente (2012) apostó por el fracking. Estas dinámicas también se evidenciaron en países de perfil conservador, como Perú, con el muy notorio incremento de las inversiones en minería y la puesta en marcha de importantes proyectos de este tipo (Toromocho, Constancia, Las Bambas, etc.) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). En Colombia, se propuso la ‘Locomotora minero-energética’, en el gobierno de Juan Manuel Santos (iniciado en 2010), en la que se destacaban, por ejemplo, mantener las titulaciones mineras y formalizar varios de estos emprendimientos,
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aunque se trataba de una continuación de las políticas impulsadas en el gobierno de Álvaro Uribe. Así, incluso de la mano de retóricas pretendidamente industrialistas, las políticas públicas de los diferentes gobiernos se orientaron a profundizar el modelo neoextractivista, todavía en aquellos tiempos, en un contexto de rentabilidad extraordinaria. Este incremento de megaproyectos se expresó también a través la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), llamada luego Cosiplan. Esta abarca proyectos de transporte (hidrovías, puertos, corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones; unos 544 proyectos que totalizan una inversión estimada en 130.000 millones de dólares. Para el 2014, 32,3 % de las inversiones dentro de Iirsa estaba reservadas al área energética y se concentraban principalmente en centrales hidroeléctricas, muy cuestionadas por sus efectos sociales y ambientales, sobre todo en la ya fragilizada zona de la Amazonía brasilera y boliviana (Carpio, 2017). Esta segunda etapa nos inserta en un periodo de ‘blanqueo’ del consenso de los commodities, esto es, de abierta conflictividad en los territorios extractivos. Efectivamente, numerosos conflictos socioambientales y territoriales lograron salir del encapsulamiento local y adquirieron una visibilidad nacional, como aquel en torno al proyecto de una carretera que atravesara el Tipnis (Bolivia, 2011); la construcción de la megarrepresa de Belo Monte (Brasil); la pueblada de Famatina y las resistencias contra la megaminería (Argentina, 2012) o la suspensión final de la propuesta Yasuní (Ecuador, 2013). La expansión de la frontera de derechos (colectivos, territoriales, ambientales) alcanzada en la fase de positividad encontró un límite en la expansión creciente de las fronteras de explotación del capital, en busca de bienes, tierras y territorios. Esto echó por tierra las narrativas emancipatorias que habían levantado fuertes expectativas, sobre todo en países como Bolivia y Ecuador. El estallido de la conflictividad ligada a las actividades extractivas pondría en evidencia las dimensiones y alianzas propias del desarrollismo hegemónico, y las limitaciones impuestas en los procesos de participación ciudadana y la apertura de escenarios de criminalización del conflicto.
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A estos conflictos de carácter emblemático en los países con
gobiernos progresistas, hay que sumar aquellos que se producían, en la misma línea, en los de signo neoliberal o conservador. Este fue el caso del proyecto minero Conga, en Perú, hoy suspendido; de la oposición al megaproyecto minero La Colosa, en el departamento de Tolima, en Colombia, finalmente suspendido en 2017; de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en Honduras, que fue suspendido en 2017 gracias a la acción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016. En suma, con los diferentes conflictos territoriales y ambientales, y sus dinámicas recursivas, los gobiernos latinoamericanos asumieron un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del neoextractivismo. En estos, la narrativa productivista y ‘eldoradista’ estuvo acompañada de una abierta práctica de criminalización de las resistencias. Este sinceramiento entre discurso y práctica, que ocurrió sobre todo en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado, primordialmente en relación con las promesas de Buen Vivir vinculadas al cuidado de la naturaleza
–como Ecuador y Bolivia–, ilustraba la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación que retomaban formas más tradicionales (en mucho, ligados al clásico modelo populista o nacional-estatal). Igualmente, obligaba a reconocer el ingreso a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia, visibles en la intolerancia hacia las disidencias. Uno de los elementos presentes en los diferentes gobiernos progresistas es la estigmatización de la protesta ambiental. En algunos casos, derivó hacia una lectura conspirativa. Esto sucedió, por ejemplo, a partir de 2009 en Ecuador, sobre todo respecto de la megaminería; en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de Belo Monte, y en Bolivia, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde se blanqueó el
discurso gubernamental respecto a lo que este entiende por desarrollo y se enrareció notablemente la posibilidad de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. En los tres casos, los distintos oficialismos optaron por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del

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reclamo y atribuyéndolo, sea al “ecologismo infantil” (Ecuador), a las ONG extranjeras (Brasil) o al “ambientalismo colonial” (Bolivia).
La exacerbación de la dependencia
Por último, en continuidad con la segunda fase, a partir de 2013-2015 y hasta la actualidad, asistimos a una exacerbación del neoextractivismo. Uno de los elementos relevantes que explica esta línea, en términos de continuidad agravada, se refiere a la caída de los precios de las materias primas, lo que impulsó a los gobiernos latinoamericanos a incrementar aún más los proyectos extractivos y ampliar las fronteras de los commodities (Moore, 2013a; Teran Mantovani, 2016). En ese contexto, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no estaban preparados para la caída de los precios de los productos básicos (como puede verse de manera cabal con Venezuela), por lo que rápidamente se observarían consecuencias en la tendencia a la caída en el déficit comercial (Martínez Allier, 2015) y la recesión (Peters, 2016). En esta fase comienza el declive y el fin del ciclo progresista. Se registra una clara retracción de las fronteras del derecho y una pérdida creciente de espacios para la participación popular, así como un sensible aumento de la violencia contra las resistencias sociales y ambientales. Esto abre un escenario que hace más evidente la convergencia entre la expansión extractivista; nuevas o mayores flexibilizaciones y desregulaciones paulatinas en las pautas y acuerdos de explotación, y la intensificación de la externalización socioambiental sobre la población y los territorios. Todo esto apunta a incrementar aún más el conflicto en torno a los bienes comunes naturales. La explosión de conflictos socioambientales tuvo como correlato aquello que el reconocido ensayista mexicano Enrique Leff (2004) llamó “la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas y la emergencia de un pensamiento ambiental latinoamericano”. A esto hay que añadir que el escenario aparece marcado por luchas indígena-campesinas y por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos (pequeñas y medianas localidades), de carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y un potencial antagonista importante. A su vez, en este nuevo entramado social juegan un rol no menor diferentes colectivos culturales,
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ciertas ONG ambientalistas (con lógica de movimientos sociales),
e intelectuales y expertos, que acompañan –e incluso coprotagonizan– la acción de organizaciones y movimientos sociales. Como suele suceder en otros campos de lucha, la dinámica organizacional tiene como actores centrales a jóvenes, muchas de ellas mujeres, cuyo rol es también crucial en las grandes estructuras organizacionales y en los pequeños colectivos de apoyo a las acciones. Los cruces y articulaciones entre organizaciones dieron lugar a numerosos espacios de coordinación, como el de Vía Campesina o, en otra escala, foros temáticos (de defensa del agua, de defensa de los recursos naturales, contra el fracking), plataformas de acciones conjuntas (contra el ALCA y contra los megaproyectos del Iirsa, contra el Tratado TransPacífico). En este sentido, lo más novedoso es la articulación entre actores diferentes,4 lo cual promueve un diálogo de saberes y disciplinas, caracterizado por la valorización de los saberes locales y por la elaboración de un saber experto independiente de los discursos dominantes. A partir de esta articulación, las organizaciones y movimientos elaboran diagnósticos comunes, expanden la plataforma discursiva, que excede la problemática local y nacional, y diversifican las estrategias de lucha. En este sentido, combinan la movilización de base y la articulación de redes sociales con la generación y aplicación de diferentes instrumentos técnicos y legales (amparos colectivos, nuevas ordenanzas, demanda de consulta pública y leyes de protección del ambiente y de los derechos de los pueblos originarios). De las actividades extractivas en América Latina, la más cuestionada es, sin duda, la minería metalífera a gran escala. Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos mineros que no tenga conflictos sociales que enfrenten a las empresas mineras y el
gobierno con las comunidades. Existen varios espacios consagrados al tema minero, entre ellos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), creado en 1991, y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), que funciona desde 1997 y articula a más de 40 organizaciones, entre las cuales se halla Acción Ecológica, del Ecuador. Según el Ocmal, en 2010
4 Veáse el artículo de Alejandro Mantilla en este libro.
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había 120 conflictos mineros que afectaban a 150 comunidades.
En febrero de 2014, el número de conflictos era de 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2019, había 256 conflictos, 5 transfronterizos, que involucraban 274 proyectos, 192 casos de criminalización y 37 consultas realizadas. Los países con mayor cantidad de conflictos son Perú (39), México (46), Chile (44), Argentina (29), Brasil (26), Bolivia (10), Colombia (16) y Ecuador (8).5 Según el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés), el incremento de los conflictos se produjo a partir de 1997 y especialmente a partir de 2006-2008.6 La base del Ocmal muestra un incremento a partir de fechas similares (Villegas, 2014). Resulta imposible realizar un relevamiento de los conflictos socioambientales o un listado de las redes autoorganizativas, nacionales y regionales, de carácter ambiental que hoy existen en América Latina. Como ejemplo, revisaremos brevemente algunos conflictos y redes en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y Argentina. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Perú, en 2013, de un total de 120 conflictos, el 48 % estaba referido a la minería.7 En 2016, el porcentaje había ascendido a 68 %, de un total de 220 conflictos.8 En la actualidad, frente al debilitamiento de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), que tuvo una gran capacidad de articulación hasta 2008-2009, otras estructuras organizativas locales, como las rondas campesinas, tienen un protagonismo en las luchas contra la megaminería (Hoetmer et al, 2013).
5 Véase; https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/ 6 El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) es un proyecto en el cual participa un equipo internacional de expertos, de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países, y está coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA), bajo la dirección de Joan Martínez Alier. Al mismo tiempo, se trata de un proyecto colectivo en el cual participa la sociedad civil. 7 Véase: http://www.defensoria.gob.pe/blog/mineria-y-conflictos/ 8 Véase: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016 /09/16/peru-150-conflictos-mineros/, consultado el 12/01/2017
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En Bolivia, la ola extractivista abarca la minería, la explotación de hidrocarburos, el avance de los agronegocios y, más recientemente, una serie de proyectos energéticos incluidos en la llamada Agenda Patriótica 2025, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que involucra la construcción de varias megarrepresas y una central nuclear en El Alto. El parteaguas fue el conflicto del Tipnis en 2011, por la construcción de una carretera. La defensa del extractivismo está a cargo del vicepresidente Álvaro García Linera, quien en 2015 amenazó con expulsar a cuatro ONG bolivianas (Cedib, Terra, Cedla y Milenio), varias de las cuales investigaban sobre el neoextractivismo y el agronegocio, acusándolas de defender “los intereses de la derecha política internacional”.9 En 2016, el Gobierno sancionó una nueva ley, que apunta a restringir la libertad de asociación y pone a las ONG críticas en riesgo de cierre, si estas no se ajustan al Plan Nacional de Desarrollo. En Ecuador, la respuesta del gobierno de Rafael Correa a los conflictos socioambientales fue criminalizar y judicializar la protesta. Optó, por ejemplo, por juicios penales a voceros de organizaciones indígenas, con sentencia de cárcel por diez años,10 así como por retirar la personería jurídica y expulsar a ONG (Fundación Pachamama, 2013), u hostigar y amenazar con disolver la reconocida ONG Acción Ecológica (en 2009 y en 2016). Asimismo, el Gobierno invalidó la demanda de Iniciativa Popular, que propuso el
movimiento ciudadano Yasunidos, luego de poner fin a la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera en esa zona. A partir de 2013 avanzó a través de la militarización de los territorios, entre ellos Intag (provincia de Imbabura), un bastión en la lucha contra la megaminería. A esto se agrega el rol creciente de las empresas chinas, que lideran la inversión minera en ese país, acusadas de prácticas laborales abusivas (Chicaiza, 2014; Sacher,
9 Véase la carta pública de intelectuales al vicepresidente García Linera. http:// www.eldeber.com.bo/bolivia/intelectuales-piden-garcia-linera-respete.html 10 Véase el informe de la FIDH, que recoge casos de criminalización de defensores de DD.HH. en América Latina, entre ellos, se ocupa de casos de criminalización en Intag y de los indígenas de la Federación Shuar (2015) https://www. fidh.org/IMG/pdf/criminalisationobsangocto2015bassdef.pdf .
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2017). En 2016, hubo nuevos conflictos, cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonía Sur, y en 2018 hubo protestas contra el proyecto Río Blanco en la provincia de Azuay, que finalmente fue interrumpido por la vía legal, por falta de consulta previa. En Colombia, entre 2001 y 2011, el 25 % de los conflictos tuvieron relación con el petróleo, el oro y el carbón (Roa Avendaño y Navas, 2014). La Colosa fue uno de los proyectos mineros de la Locomotora minero-energética de Juan Manuel Santos que suscitó enormes resistencias. Este proyecto estuvo a cargo de la empresa Anglo Gold Ashanti, y, de haberse construido, se habría convertido en la quinta mayor mina de oro en el mundo, lo que hubiera afectado a numerosas localidades del departamento de Tolima, considerada la despensa agrícola del país. Allí se crearon comités ambientales en defensa de la vida, que impulsaron consultas públicas en Piedras y Cajamarca. En 2017, ante la ausencia de licencia social, la empresa Anglo Gold Ashanti decidió suspender todas las actividades el proyecto. En Venezuela, a pesar de tener una economía eminentemente petrolera, la minería genera la mayor cantidad de conflictos socioambientales. Según la base de datos del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, del total de casos registrados (40),11 el 37 % está vinculado a la minería. Además del extraordinario auge de la minería ilegal en la región Guayana y en la Amazonía venezolana, dos de los conflictos más emblemáticos y mediáticos durante el proceso bolivariano se relacionaron con esta actividad extractiva: las luchas de comunidades yukpa contra la expansión de la minería de carbón en la Sierra de Perijá (Zulia) y las movilizaciones contra el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco. Este último representa un proyecto de dimensiones faraónicas, al delimitar la zona minera (oro, coltán, diamantes, bauxita y hierro) en un área de 111.843 km2, una superficie equivalente al tamaño de Cuba. Este y otros proyectos se enmarcan en el llamado Motor minero de la Agenda Económica Bolivariana (2016), que busca llevar a la minería a una escala sin precedentes en el país. Frente a los pronunciamientos y movilizaciones contra el
11 Véase: http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/
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188 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Arco Minero, la respuesta gubernamental ha sido de una total falta de transparencia en relación con los acuerdos firmados y los estudios de impacto ambiental, así como la ausencia de consultas o consultas ‘exprés’ que aprovechan para dividir a los pueblos y comunidades indígenas, y una estigmatización de las críticas (Lander, 2018). En México, se creó en 2008 la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), contra la megaminería, las represas hidroeléctricas, la urbanización salvaje y las megagranjas industriales. Hay experiencias emblemáticas como las del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Perota (Cecop), que durante 10 años reunió la lucha de campesinos indígenas, en Guerrero, bajo la consigna “Nosotros somos los custodios del Agua” (Navarro, 2015). Otra experiencia importante es la del Frente Amplio Opositor (FAO) contra la minera San Xavier, el cual se convirtió en un espacio de numerosas actividades públicas, rondas informativas, consultas y disputa legal. Culminó en 2006, cuando la empresa construyó las bases del yacimiento (el que inicialmente planeaba demoler el pueblo) (Composto y Navarro, 2011). En Nicaragua existe uno de los megaproyectos más ambiciosos y controversiales de la región, el Canal Interoceánico, tres veces mayor que el Canal de Panamá, concesionado a la empresa china HKND. En noviembre de 2015, el inicio de las obras fue postergado debido a las protestas campesinas y al cuestionamiento del estudio de impacto ambiental de parte de expertos internacionales convocados por la Academia de Ciencias de Nicaragua (2015). Como consecuencia, nació el Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional. La primera protesta de comunidades afectadas ocurrió en 2014. A fines de 2016, una marcha campesina contra el proyecto canalero que pretendía llegar a Managua fue reprimida por la policía y los militares, y generó heridos y detenidos. La megaobra afectaría numerosas comunidades y tendría graves impactos sobre el lago de Nicaragua, la reserva de agua dulce más grande de la región. Por último, en Argentina se destacan las asambleas en defensa del agua, nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, surgida en 2006). Las resistencias contra la megaminería han

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desembocado en la sanción de leyes provinciales (7 en total) que prohíben dicha actividad con algún tipo de sustancia tóxica. Respecto de los agronegocios, vinculados con la expansión de la soya transgénica, el corazón del capitalismo agrario en Argentina, las resistencias han sido más difíciles de visibilizar, pese al rol pionero de las Madres del Barrio Ituzaingó, en la provincia de Córdoba. Desde 2007 existe la campaña “Paren de fumigar”, promovida por el Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat), de Santa Fe, el Grupo de Reflexión Rural (GRR), entre otros.
Nuevos escenarios del neoextractivismo en el fin de ciclo progresista
Nos encontramos en un proceso de exacerbación del neoextractivismo, el cual se desarrolla en consonancia con el declive de la hegemonía progresista y el fin del ciclo de esta. Analizaremos, en este sentido, un conjunto de nuevos escenarios que se van configurando en este cambio de época. Nos centraremos en la relación entre las transformaciones en los mecanismos de acumulación de capital y de apropiación de la naturaleza del modelo extractivista (principalmente en los países en los cuales han gobernado los progresismos), los patrones de gobernabilidad y control social, y el marco de nuevos conflictos socioambientales y disputas territoriales. En estos últimos, se evidencia también la creciente presencia y relevancia de actores y grupos que operan fuera de los marcos legales. Esto supone, por un lado, evaluar los procesos de ajustes y flexibilización económica, y el avance de formas de acumulación neoliberal en los modelos extractivistas gestionados por los propios gobiernos progresistas, junto a una expansión de las energías extremas. Por otro lado, examinaremos cómo las fronteras del derecho se retraen en sintonía con un sensible aumento de la violencia ejercida contra las resistencias sociales y ambientales, de expresión estatal y paraestatal. A partir de esto último, nos proponemos analizar cómo se instalan formas de normalización y permanencia diferenciadas de estados o regímenes de excepción, como patrón de gobernabilidad en la región, al tiempo que se expanden enclaves y territorialidades criminales.
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Flexibilización económica de los progresismos y las formas mutantes del neoliberalismo
Los gobiernos progresistas llegaron a la región como resultado de una serie de revueltas y movilizaciones sociales que emergieron como resistencia a las políticas de ajuste neoliberal implementadas desde finales de los años ochenta hasta principio de los 2000. Estos gobiernos se presentaron como una alternativa al neoliberalismo, mientras que diversos intelectuales propusieron que entrábamos a un periodo “posneoliberal”12 en América Latina. En efecto, estos gobiernos cuestionaron el recetario ortodoxo del Consenso de Washington, primordialmente estructurado por el FMI y llevado adelante mediante paquetazos y la llamada ‘terapia de shock’. Sin embargo, es conveniente evaluar dos elementos cruciales en el devenir del neoextractivismo. En primer lugar, está la forma en la cual el neoliberalismo desarrolla una faceta más heterodoxa, híbrida, estratégica y flexible, lo que supone que desborda su ortodoxia y se ajusta, reacomoda y muta de acuerdo con los tiempos políticos y ciclos económicos en curso. En este sentido, impulsa mecanismos de flexibilización y desregulación, mercantilización y financiarización (Harvey, 2007), comercialización (orientación a las exportaciones y al mercado global), corporativización (organización según el modelo de negocios) (Bakker, 2007), o formas parciales de privatización. Estas formas se pueden mezclar, articular y coexistir con mecanismos de intervención estatal, políticas de asistencia social masiva, y narrativas con ciertos niveles de inclusión y reconocimiento social y cultural. En América Latina, el último boom de los commodities contribuyó a generar un proceso de versatilización del neoliberalismo post-Consenso de Washington, que se evidenció en políticas de financiarización de las clases populares; se utilizaron múltiples mecanismos distributivos para la incorporación de buena parte de la sociedad anteriormente excluida del consumo y de los instrumentos financieros.
12 Esta idea fue muy difundida, entre otros, por el sociólogo brasileño Emir Sader. Véase: Posneoliberalismo en América Latina, http://archivo.cta.org.ar/ IMG/pdf/Posneoliberalismo-_Emir_Sader.pdf
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Si bien las recetas más ortodoxas no desaparecen en este nuevo periodo (la dirección del actual gobierno de Mauricio Macri en Argentina así lo evidencia), el posicionamiento de China en América Latina supuso también la penetración de sus particulares formas de acumulación neoliberales, que Harvey (2007) llama “neoliberalismo con características chinas”. Estas formas se evidencian, por ejemplo, en zonas económicas especiales (promovidas desde las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping post-1979); en el impulso de reformas graduales; en la promoción de endeudamiento público masivo por parte de los Estados receptores, principalmente para la expansión del sector primario, entre otras. En este sentido, el variado ensamblaje de modalidades y tipologías del extractivismo en la región está también marcado por las políticas del llamado Consenso de Beijing (Svampa y Slipak, 2016). Otro elemento importante se relaciona con la manera en la cual formas particulares de acumulación neoliberal cohabitan, integran y van avanzando progresivamente en la compleja composición del esquema económico del extractivismo de los gobiernos progresistas, con el estancamiento y el declive político y económico de estos. Además de las ya conocidas políticas neoliberales de gobiernos conservadores como los de Chile, Colombia y México, podemos destacar las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff, promovidas en la Agenda Brasil (2015). En Argentina, pueden mencionarse reformas en el último periodo de Cristina Kirchner, como la Ley de Hidrocarburos (octubre de 2014), que conllevó una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con las regalías más bajas de toda la región– para facilitar la extracción de hidrocarburos
no convencionales. En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (que entró en vigor en enero de 2017). Asimismo, desde 2014 se llevó a cabo la más agresiva política de endeudamiento externo: unos 16.000 millones de dólares, de los más de 21.000 millones de dólares que adquirió desde el inicio de su mandato (Acosta y Cajas, 2017). Además, se desconoció y se omitió la obligación de pagar casi 3.000 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo cual afectó el futuro
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de las jubilaciones (Ospina, 2015). Igualmente, abrió a la participación
privada la prestación de gestiones públicas, a partir de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas (2015). Por último, es muy significativa la evolución del modelo de acumulación en esta fase de exacerbación del neoextractivismo por parte de Bolivia y Venezuela, dos de los gobiernos progresistas más emblemáticos. En Bolivia, se ha producido un avance imparable de proyectos de diverso tipo mediante una serie de medidas legales y políticas orientadas a incrementar los niveles de extracción de industrias claves. Podemos resaltar tres de ellas: la expansión de la frontera de hidrocarburos, la de la agroindustria y la profundización de la política minera heredada de los gobiernos anteriores al de Evo Morales (Chávez, 2018). Con respecto a la primera, en una extraordinaria ampliación de zonas para la actividad hidrocarburífera, que incluye áreas de exploración concesionadas –que pasaron de 2,6 millones de hectáreas en 2006 a 28,7 millones en 2017,13 y afectaron a la mitad de áreas protegidas del país–, desde 2015 se profundizan medidas de flexibilización en los términos de negocios y normativas con las empresas transnacionales (como se evidencia en los Decretos Supremos 2.298, 2.366 y 2.400).14 Esto ha implicado relajar parámetros ambientales, modificar el derecho a la consulta previa para hacer prevalecer la decisión del Estado, y ofrecer “incentivos a la exploración” para las petroleras, que implica un enorme subsidio de 3.556 millones de dólares para elevar los ingresos de estas en un
64 % para los próximos diez años.15 En segundo lugar, se ha impulsado la consolidación del modelo del agronegocio (Osorio y Soruco, 2013), mediante un proceso que comienza con acercamientos y se concreta en alianzas con las principales organizaciones agroempresariales del país, y, por ende, con
13 Véase: https://cedib.org/post_type_titulares/cedib-advierte-que-frontera-petrolera-con-subasta-se-ampliara-a-29-millones-de-hectareas-el-pais-13-11-17/ 14 Véase: http://senaforo.net/2015/06/26/fob1965/; https://elpais.com/internacional/2015/06/23/actualidad/1435013092_038387.html 15 Véase: http://www.la-razon.com/economia/Congreso-preven-invertir-incentivos-exploraciones_0_2330167014.html
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las transnacionales vinculadas con estas, en detrimento de sectores indígenas y de la seguridad alimentaria boliviana (Chávez, 2018). Ya para 2013, una tercera parte de la superficie agrícola del país estaba cultivada con soya transgénica (Jiménez, 2015). La Agenda Patriótica 2025 se propone incorporar 10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años (Fundación Tierra, 2015), y los acuerdos firmados en diciembre de 2017 entre el Gobierno y empresas agroindustriales del país posibilitan la libre exportación de productos como la soya, carne de res, derivados del alcohol, entre otros, en detrimento de la seguridad alimentaria boliviana (Chávez, 2018). En tercer lugar, respecto a la política minera, se priorizan las iniciativas privadas, con bajos aportes impositivos (de 9 % a 10 %), similares a los de principios del siglo XX; la reducción de la participación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) de un 9 % en el 2011 a un 3 % en 2013; o la aprobación de leyes como la 535 de Minería y Metalurgia (2014). Esta ley consolida la participación de empresarios privados de la minería transnacional, mediana y cooperativas, otorga beneficios a las mineras para el uso de aguas, y afecta a la propiedad agrícola y a los territorios indígenas, así como criminaliza la protesta (Arze Vargas, 2015). En Venezuela, ante la crisis política y del modelo rentista petrolero, y en el marco de un progresivo desmantelamiento de los principios de nacionalismo energético que caracterizó al proceso bolivariano en sus primeros dos lustros, al menos desde 2014 se impulsan reformas legales, normativas, políticas y económicas, que dan cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal. Desde la configuración de un “régimen especial de inversiones”, se avanza hacia procesos de flexibilización económica que favorecen a las corporaciones transnacionales. Estos procesos, en sus inicios, se orientaban hacia la Faja Petrolífera del Orinoco, y posteriormente fueron tomados como modelos en el resto de los sectores extractivos. Es importante mencionar leyes y medidas como la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (diciembre 2017) y el decreto de exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (agosto de 2018), que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas y cuyo
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cobro ha sido una especie de emblema histórico del ejercicio de
soberanía por parte del Estado petrolero venezolano. En 2014 surgió la figura de las zonas económicas especiales (ZEE) –decretada en la Ley de Regionalización Integral–, las cuales representan una liberalización radical de regiones geográficas del país, para derribar rápidamente obstáculos del capital. Destaca también el avance de fronteras de la extracción, con miras a abrir nuevos polos extractivos para captar divisas y el relanzamiento de otros ya existentes. Esto impulsa el nuevo rol de la megaminería y del enorme proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual comenzó a reemerger en 2015 y se oficializó en 2016 por medio del Decreto 2.248, en el cual se crea una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (o ZEE). Se expanden y sofistican formas de mercantilización y financiarización de la naturaleza, mediante mecanismos como retribuir a los inversores con el pago directo con commodities (por ejemplo, el ‘atractivo’ carbón venezolano); avances en la certificación de todas las reservas mineras del país –y su consiguiente inscripción en las dinámicas de valores de las principales bolsas mundiales de commodities–, y la aparición del petro, anunciado como una criptomoneda ‘soberana’, que también fungiría como unidad de cuenta y bono. Esta moneda está respaldada por 5.342 millones de barriles de petróleo provenientes del campo I del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco (petróleo a futuro) o por las fuentes de oro del país. Adicionalmente, se ha intensificado la orientación de la economía nacional a las exportaciones y al mercado global, y se evidencian la introducción y el posicionamiento de términos económicos propios de la ortodoxia neoliberal; esto se expresa en los discursos en torno al llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, anunciado en agosto de 2018: disciplina fiscal, crecimiento sostenido, prosperidad, equilibrio macroeconómico, poderoso mercado interno, entre otros. Todos estos procesos regionales no deben interpretarse de manera lineal, unidireccional e inevitable. El contexto político latinoamericano de este nuevo periodo del neoextractivismo es accidentado, inestable, volátil y de intensas disputas nacionales, regionales y geopolíticas. Es necesario resaltar que los liderazgos, las élites, o incluso los grupos de poder en pugna, comparten los principios de
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reestructuración económica –en consonancia con las orientaciones de los grandes capitales transnacionales–. Esto grupos prevén solucionar los problemas internos de liquidez por parte de los Estados, recuperar o relanzar la economía extractivista, equilibrar el mercado interno, desmontar los obstáculos al crecimiento, favorecer al capital y a arreglos favorables a los inversores foráneos y, por supuesto, mantener el poder político. La configuración de este nuevo periodo implica reconocer las modalidades y tendencias dominantes que se configuran en los modelos de acumulación extractivista en la región. En este sentido, el simple binarismo progresismo-neoliberalismo no da cuenta de los complejos y heterodoxos ensamblajes económicos en los que opera un movible y fluido este “neoliberalismo mutante” (Teran Mantovani, 2014a).

El avance de la violencia extractiva y la instalación creciente de estados de excepción
Hacia 2008, asistimos a una etapa de multiplicación de proyectos extractivos, cuya contracara fue el aumento de la conflictividad, lo cual contribuyó directa o indirectamente a criminalizar las luchas socioambientales e incrementar la violencia estatal y paraestatal. Según Global Witness (citado en el Informe de la FIDH, 2014), entre 2002 y 2013 se registraron 908 asesinatos de activistas ambientales en el mundo. Los datos también muestran que el incremento se produjo a partir de 2007 y, aún más, de 2009; esto coincide con esta etapa de multiplicación de los proyectos extractivos. América Latina es la región que ostenta el récord mundial: el 60 % de los asesinatos de activistas ambientales en 2016 se produjeron en nuestra región, cifras que se replicaron en 2017.16 Después de Brasil (50 muertes) y de Filipinas (33), el tercero en la lista es Colombia, con 26 asesinatos a defensores ambientales en
16 Véanse: Global Witness, Defender_la_tierra_-_Global_Witness_informe_sobre_asesinatos_de_defensores_2017.pdf y https://www.theguardian.com/ environment/ng-interactive/2017/jul/13/the-defenders-tracker; http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/02/asesinan-a-cerca-de200-defensores-del-medio-ambiente-en-2017-global-witness-5318.html
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2015. El listado regional incluye países como Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Guatemala y Perú. A comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida de dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En marzo de 2013, en Machiques, estado Zulia (Venezuela), sicarios asesinaron al cacique yukpa Sabino Romero, líder de las resistencias contra la expansión de la minería de carbón en la Sierra de Perijá y emblema nacional de las luchas contra el extractivismo en ese país. En Perú, durante el gobierno de Ollanta Humala (20112016), 25 personas murieron en represiones, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se movilizaron contra el proyecto minero Conga. En marzo de 2016, las fuerzas represivas hondureñas asesinaron a Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), debido a que se oponía a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. En enero de 2017 fue asesinada la feminista y activista contra la megaminería Laura Vásquez Pineda, miembro de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, de Guatemala. Asimismo, en Argentina, bajo el gobierno conservador de Mauricio Macri, en un contexto de endurecimiento de la disputa por la tierra durante 2017, fue asesinado por las fuerzas estatales Rafael Nahuel, de origen mapuche, mientras que otro joven, Santiago Maldonado, murió ahogado mientras se llevaba a cabo la represión estatal. A esto hay que añadir el aumento de la violencia estatal y paraestatal hacia mujeres que se oponen al neoextractivismo. Entre 2011 y 2016, organizaciones de derechos humanos registraron 1.700 agresiones a mujeres ambientalistas en América del Sur y América Central (Maldonado, 2016). La mayoría de las agresiones se han realizado en contextos de desalojo forzoso, donde las mujeres son violentadas física y sexualmente por las fuerzas policiales o grupos paramilitares (FAU-AL, 2016). Nada indica que estos índices mejorarán; más bien, todo lo contrario. Si tomamos en cuenta el actual giro conservador, ilustrado por países como Argentina y Brasil, cuyos gobiernos profundizaron el modelo extractivista en todas sus versiones, acentuaron la violencia estatal sobre las poblaciones más vulnerables y aplicaron una
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serie de políticas públicas que conllevan una significativa regresión en términos de derechos sociales. Como en otros tiempos, la ilusión ‘eldoradista’ se trastoca en una renovada dialéctica del despojo y la dependencia, acompañada de más extractivismo, más violencia y, por ende, menos democracia. Por tanto, conviene evaluar estos procesos en el marco de la reformulación de esquemas de gobernabilidad que se ajusten a las transformaciones económicas y políticas que se advierten en esta fase de exacerbación extractivista y fin de ciclo progresista. Los factores de contracción económica regional y global, y las crecientes tensiones geopolíticas que impactan a Latinoamérica, así como el avance de las tendencias conservadoras, configuran un escenario donde se instalan y consolidan las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. En este contexto, proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados. A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes, en las cuales resaltan la tipificación de amenazas y la idea del ‘enemigo público’ o el ‘enemigo interno’ que se debe combatir. Todo esto pone en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas democracias latinoamericanas. Estas dinámicas de excepcionalidad atraviesan, con diversos grados de intensidad, a gobiernos conservadores y a los aún considerados progresistas. Esto incide significativamente en sus regímenes de gobernabilidad y en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalecen la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del neoextractivismo en América Latina. En Argentina, al declarar la emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una “nueva doctrina” del ejercicio de la autoridad, en la cual “el Estado realiza las acciones para impedir el delito”. Mediante una modificación al Código Penal, se buscaría dar más garantías a la Policía –pues “solo” se les permite disparar en legítima defensa– y
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otorgar funciones de seguridad interior al sector militar.17 En Brasil, tras el decreto de militarización de Río de Janeiro en febrero de 2018, el gobierno de Michel Temer declaró que este plan servirá como un “laboratorio” para todo el país, por lo que no descartó que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas en otras regiones.18 En Venezuela, se ha aumentado la militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho –por decretos oficiales emitidos permanentemente desde enero de 2016 19–, de un estado de excepción. En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario postacuerdo de Paz (desde noviembre de 2016) no supone interrumpir el proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de EE.UU., ni de la intensa represión social y desaparición de activistas. En el caso mexicano, se instauró de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) –que ha dejado al menos 200.000 muertos− hasta la promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, que ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna. En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, aumenta la militarización desde el golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se fue intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo), con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación con el control de la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Militar de Orden Público (2013). La configuración de regímenes de excepción no debe interpretarse como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se registran
17 Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434 18 Véase: https://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html 19 Véase: http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Extraordinaria-6298-Extension-Estado-Excepcion.pdf
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también estados de excepción selectivos, que se establecen local e
incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan generar los acontecimientos. En estas claves, se puede evaluar, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico.20 Del mismo modo, a mediados de diciembre de 2016, durante el gobierno de Rafael Correa, se estableció el estado de excepción durante dos meses en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en sus territorios. Se destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y se normalizan en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurímac) y Capacmarca (Cusco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras,21 se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En septiembre de 2016 se decretó el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cusco, para combatir a los “remanentes terroristas” y los carteles del narcotráfico en la zona.22 Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Así, en Argentina, en diciembre de 2017, el
20 Véase: https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-San-Lorenzo-tras-explosion-20180127-0030.html 21 Véase: https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apurimac-evitar-actos-violencia-noticia-450779 22 Véase: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo
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Gobierno creó un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir al “enemigo mapuche”, con quienes mantiene una ardua disputa por la tierra, al calor de la expansión de la minería y el fracking.23 Por último, mencionamos ejemplos sobre la instauración, consolidación o radicalización de los estados excepción en su relación con los desastres ambientales, lo que resalta si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Por ejemplo, en Ecuador, ante la posible erupción del volcán Cotopaxi, en agosto 2015, se declaró el estado de excepción a nivel nacional y se ordenó movilizar a las Fuerzas Armadas.24 En Puerto Rico, se reimpulsa y se busca normalizar el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.
Enclaves y territorialidades criminales
El desarrollo del periodo neoliberal del Consenso de Washington en América Latina –con un notorio retroceso del Estado–, tuvo impactos económicos, sociales y culturales, y generó fragmentación,
desgarramiento e individuación en los tejidos socioterritoriales. En el ciclo progresista, aunque se dio bajo formatos diferentes, se produjo una ola modernizadora (sostenida en el auge de los precios de los commodities) y una profunda financiarización de las clases populares, que tuvo importantes efectos directos e indirectos en los entramados sociales, en sus formas de organización y en sus expectativas generales. Este largo proceso de transformaciones que ocurre desde la década de los ochenta ha generado sociedades mucho más fragmentadas, en las cuales persisten y se complejizan la violencia, las desigualdades y la marginalización, las economías informales, la problemática de la inseguridad y las estructuras delincuenciales.
23 Véase: https://www.lanacion.com.ar/2095980-conforman-un-comandoconjunto-para-combatir-a-ram-en-la-patagonia 24 Véase: https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662 969_985121.html
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En este proceso, las economías informales se han robustecido, pues son un sector muy significativo la región, que superan en promedio el 50 % del total de nuestras economías.25 Estas economías vigorizan y complejizan sus redes, amplían sus ámbitos de operación e incidencia, e incrementan su relevancia en el conjunto de las economías, de las dinámicas territoriales y los entramados sociales latinoamericanos. En este contexto, se ha generado un importante despliegue de las economías ilícitas, que ha contribuido enormemente a acentuar y diversificar las formas de violencia colectiva y las “cadenas de violencia” (Auyero y Berti, 2013). Grupos de delincuencia social, urbanos y rurales, han mutado a formas mucho más sofisticadas de acción, con mayor capacidad de fuego y tecnológica, y con mayor conciencia de su poderío político, principalmente en los territorios que logran controlar; en este sentido, desatan la explosión del narcotráfico. Diversos factores como el alza de los precios de las materias primas y las políticas internacionales de guerra contra las drogas, impulsada por el Gobierno de EE.UU. en la región (Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016; Organización de los Estados Americanos, 2013), han contribuido a una especie de inmersión de sectores del crimen organizado hacia la apropiación de bienes comunes naturales y la gestión de actividades extractivas, entre las que se destaca la minería (principal pero no únicamente de oro). En este marco, la minería ilegal ha tenido un crecimiento extraordinario en Sudamérica, al menos en los últimos dos lustros, principalmente en la región Amazónica. Es notable la expansión de este fenómeno en Perú (Torres, 2015), Venezuela y Colombia (Contraloría General de la República, s/f), y con menor intensidad en Ecuador, Bolivia y Brasil (SPDA, 2014). En Perú, esta expansión se ha registrado en 21 de las 25 regiones del país, entre ellas Madre de Dios, Puno, La Libertad y la zona del Sur Medio, donde existen

25 Véase: Organización Internacional del Trabajo. Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. Informe 2018. https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/—dgreports/—. En países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala o Perú, se supera notablemente la media presentada. dcomm/ documents/publication/wcms_635149.pdf
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entre 100.000 y 500.000 mineros informales e ilegales. Además,
según cálculos de la organización peruana Cooperación, de cada 100 toneladas de oro producidas en Perú entre 2003 y 2014, poco más de 19 toneladas provinieron de la minería ilegal o informal (y poco más de la cuarta parte en promedio del total del oro durante 2010-2013).26 La minería ilegal se encuentra entre las primeras actividades delictivas del país –junto al narcotráfico y la tala ilegal–, y mueve importantes cantidades de dinero, al punto que las organizaciones criminales vinculadas con la actividad tuvieron mayor rentabilidad que las propias redes del narcotráfico –en 2016 ganaron 26 mil millones de dólares por la producción y venta de oro, y entre 500 y 1000 millones de dólares obtenidos por las redes dedicadas al narcotráfico.27 En Venezuela, la minería ilegal se ha expandido de manera muy acelerada desde mediados de la década pasada, y abarca múltiples rincones de la región sur del río Orinoco (región Guayana), con una situación más dramática en el estado Bolívar. Según diversas estimaciones, existen en estas regiones entre 70.000 a 200.000 mineros (Antillano, Fernández-Shaw y Castro, 2018). En relación con los volúmenes que moviliza, el exministro de Petróleo (y Presidente de PDVSA), Eulogio del Pino, afirmó en 2016 que entre 10 a 15 toneladas de oro eran sacadas cada año a partir de la minería
ilegal. Tal ha sido el auge de esta, que se ha expandido a zonas del norte del río Orinoco, como ha ocurrido desde 2017 en el sur del estado Carabobo, a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia, la tercera en importancia en el país. Esto se ha producido junto con grupos criminales que han logrado no solo controlar minas, sino también procesos de comercialización de los commodities. Asimismo, estos ejercen poder sobre los territorios con armamento de guerra, impulsan grandes transformaciones de la naturaleza evidentes en cuencas de ríos como el Cuyuní, Caura o Ventuari, o en Parques Nacionales como Canaima, y crean economías locales, permeando así el tejido social.
26 Véase: http://cooperaccion.org.pe/el-caso-de-la-mineria-ilegal-en-el-peru/ 27 Véase: https://larepublica.pe/sociedad/1035115-mineria-ilegal-genero-mas-ganancias-que-el-narcotrafico
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Estos ejemplos reflejan no solo los impactos que estos enclaves y territorialidades criminales generan, sino también ciertos patrones compartidos a escala regional que apuntan a incrementar la incidencia y el poder de estos grupos delictivos sobre determinados territorios, sobre las economías informales, sobre los ecosistemas y las formas en que se ejerce la violencia, y, por tanto, sobre las sociabilidades, y los códigos culturales e imaginarios sociales. Incluso, en numerosas ocasiones, grupos criminales de considerable poder operan y funcionan en articulación con importantes redes de corrupción compuestas por funcionarios de diverso grado de las instituciones públicas. En Venezuela, los enormes volúmenes de minerales se extraen ilícitamente en colusión y cooperación
–e incluso coordinación– con integrantes del sector militar del país (Teran Mantovani, 2017). Proponemos analizar estos procesos no solo como la emergencia de un poder externo al Estado, sino también evaluar los escenarios en los cuales se produce la articulación del crimen organizado con sectores de las instituciones estatales, motivado por intereses particulares y por estructuras de poder –o lo que podríamos llamar ‘regímenes de cogobierno’–, que buscan, entre otras cosas, generar nuevos órdenes territoriales que favorezcan el despojo y el flujo de materias primas al mercado mundial. Las fronteras entre lo formal/legal y lo informal/ilegal se hacen cada vez más borrosas, mientras que se evidencia la configuración de nuevas soberanías y gobernanzas descentralizadas, donde las formas delincuenciales tienen un rol cada vez más importante. Esto nos trae a la pregunta de si estamos ante tendencias coyunturales o experimentamos la conformación de nuevas maneras de estatalidad en la región en el siglo XXI. El caso mexicano es tal vez el más emblemático (Saxe-Fernández, 2014; Zibechi, 2014) y los debates sobre la idea de un ‘narcoestado’ proponen algunos rasgos para pensar la evolución de la institución estatal en el neoextractivismo, en un contexto de profunda crisis civilizatoria.
La expansión de las energías extremas y nuevos conflictos
A principios del siglo XXI, ante el agotamiento de los hidrocarburos convencionales, el afán por mantener una matriz energética ligada
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a los combustibles fósiles se tradujo en la expansión de la frontera tecnológica y la explotación de las energías extremas. Retomamos aquí el concepto de “energías extremas”, que se refiere
no solo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales (Scandizzo y Avendaño, 2017; Svampa, 2018a).
Entre las energías extremas encontramos el gas de esquisto o shale gas; el tight gas o gas de arenas compactas; el gas de mantos de carbón; los crudos pesados o arenas bituminosas, y los yacimientos offshore, mar afuera o en aguas profundas. Este tipo de explotaciones conllevan altos costes económicos, así como gravosos impactos ambientales y sociosanitarios. En muchos casos, la extracción requiere de la fractura hidráulica o fracking, una técnica experimental por la cual se logra extraer el gas o el crudo atrapado en las rocas desde épocas inmemoriales. Esta técnica consiste en inyectar altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a fin de incrementar la permeabilidad y, con ello, mejorar la extracción. Cabe recordar que Estados Unidos, a partir de 2010, promovió activamente la explotación de los hidrocarburos no convencionales (a partir de la Iniciativa Global de Gas de Esquisto), lo cual
reconfiguró la agenda energética global y amplió la cartografía de conflictos. En la región latinoamericana, Argentina, tercer país con los mayores yacimientos de gas no convencional en el mundo, se convirtió en cabeza de playa del fracking. En 2012, en un contexto de creciente desabastecimiento energético, las prometedoras estimaciones sobre la existencia de hidrocarburos no convencionales impulsaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la expropiación parcial de YPF, en ese entonces en manos de la española Repsol. Los hidrocarburos no convencionales se encuentran en el norte de la Patagonia, en la cuenca neuquina, que abarca unos 120.000 km2. Estos anuncios no tardaron en desatar
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una fiebre ‘eldoradista’, la cual contribuyó a generar el ‘Consenso del fracking’ (Svampa y Viale, 2014), que tuvo la particularidad de mostrar el resistente hilo negro que une en una misma visión sobre el desarrollo a progresistas, conservadores y neoliberales. En 2013, la firma del controvertido convenio entre YPF y Chevron fue la puerta de ingreso del fracking a gran escala en el país, al cual le siguieron otros convenios de asociación mixta con otras corporaciones petroleras. En un contexto de caída de los precios del petróleo, el Gobierno kirchnerista se abocó a subsidiar la producción de combustibles fósiles no convencionales, algo que continuó la gestión de Mauricio Macri. Este, además, en enero de 2017, relanzó Vaca Muerta, firmó convenios que garantizan la flexibilización laboral, y trasladó el costo de la acumulación a trabajadores y usuarios. En mayo de 2018, el actual Gobierno, que aumentó la deuda externa en un 35 % en los últimos tres años,28 decidió solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional y colocó como ‘garantía’ los yacimientos de Vaca Muerta. Hay que destacar que la región de Vaca Muerta está lejos de ser un ‘territorio vacío’, tal como es concebido por las autoridades provinciales y nacionales. Allí se asientan de modo disperso unas veinte comunidades indígenas mapuches. También se realiza fracking en la zona del Alto valle de Río Negro, en Allen, donde la explotación de tight gas avanza entre plantaciones de peras y manzanas, y amenaza con desplazar este tipo de economía regional. Por último, se destaca el notorio aumento de la tasa de accidentes laborales (26 fallecimientos entre 2011 y 2018)29 y ambientales (fuga de gas, explosión de pozos de fracking, desbordes de basureros petroleros, multiplicación de pequeños sismos, entre otros). En Venezuela, el anuncio e impulso del proyecto del Socialismo del Siglo XXI propuso como base material la explotación de los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).

28 Datos vigentes a enero de 2018. Véase: https://elpais.com/economia/2018/01/01/actualidad/1514832832_626904.html 29 Véase: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/11/05/se-dispara-la-cantidadde-casos-fatales-en-neuquen/
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206 ¿Cómo se sostiene la vida en América Latina?
Se plantearon faraónicas inversiones de más de 240.000 millones de dólares en unos 10 años, y la meta de ‘producción’ de 4 millones de barriles diarios para 2021 –solo en este cinturón petrolero, para totalizar en el futuro 6 millones de ‘producción’ total nacional. En 2007 el gobierno de Chávez nacionalizó la FPO y, con el pasar de los años, se alcanzó un salto histórico de producción en la zona: de 563.000 barriles diarios en 2006 a 1.228.300 en 2014, fundamentalmente a partir del desarrollo de los bloques Junín y Carabobo. Esto implica que la extracción de crudos pesados y extrapesados pasó de representar el 38 % del total del petróleo extraído en Venezuela en 2006 al 58,8 % en 2014. Sin embargo, en el marco de las caídas de los precios internacionales del crudo (2009 y 2014 hasta la actualidad), el auge de la corrupción en la industria, las dimensiones de la crisis doméstica y sus múltiples repercusiones, la ineficiencia, entre otros factores, el proyecto entró en una fase de parálisis/declive, pese a que hubo varios intentos por parte de China por tratar de reanimar y evitar el descalabro de este y de toda la industria (a través de nuevas inversiones). Así, se reafirmó la petrodependencia –que ha causado importantes daños al país– y se han generado notables daños ambientales, siendo que las comunidades que habitan esas áreas sufren de contaminación y escasez de agua, a raíz de su expansión. Con argumentos similares a los de Argentina, a partir de 2013, en México, el gobierno de Peña Nieto propició la Reforma Energética. Esta abrió la puerta para suscribir contratos con la inversión privada y colocó en agenda la explotación de energías extremas en yacimientos de esquisto y de arenas compactas, con el objetivo de enfrentar la caída de la producción de petróleo y las crecientes importaciones de gas natural. Son varios los estados comprometidos en este proceso, como Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua. En Colombia, a mediados de 2017, el Ministerio de Ambiente preparaba una norma que permitiera iniciar la explotación offshore en el país. Sin embargo, el Gobierno no presenta una posición unánime respecto del fracking. Mientras que el Ministerio de Ambiente proponía extender los estudios sobre los impactos del fracking en los próximos cinco años, el Ministerio de Energía avalaba su

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aplicación inmediata. La Alianza Colombiana contra el fracking
sostiene que, si se avanza en la línea que impulsa la expansión de la frontera
petrolera, el fracking podría poner en gravísimo riesgo varios ecosistemas estratégicos, tales como el páramo de Sumapaz, despensa agrícola de la capital y reconocido como el más grande del mundo, y el páramo de Chingaza, cuyo sistema abastece alrededor del 80 % del agua potable de Bogotá, además de otros ecosistemas. Mientras tanto, en Brasil, dentro de la reforma energética realizada entre 2016 y 2017, el gobierno de Michel Temer impulsó la inversión en exploración y producción de hidrocarburos. Como en otros países, esta reforma abrió la posibilidad de que la estatal Petrobras formara parte de todos los consorcios petroleros abocados a la exploración y explotación del presal, esto es, el petróleo en aguas profundas. Este cambio dio marcha atrás a las reformas anteriores (de 2010), que obligaban a la petrolera nacional a adquirir al menos 30 % de los campos de hidrocarburos en esta región petrolera. El avance de actividades como el fracking ha producido la reacción de comunidades locales en todo el continente. Asambleas ciudadanas, comunidades indígenas y campesinas, ONG ambientalistas, académicos y algunos sindicatos impulsan estas resistencias. A fines de 2017, había unas 50 localidades que contaban con ordenanzas que prohíben esta técnica. En el caso de Brasil, en 2016, 72 ciudades prohibían el fracking, aunque otros datos señalan que habría 200 municipios libres de este y varios estados que están considerando la prohibición total. A nivel regional, se creó la Alianza Latinoamericana contra el fracking,30 una red de organizaciones que busca promover el debate, de acuerdo con el contexto energético de cada país, las políticas públicas que se implementan para promoverlo y regularlo; los impactos sociosanitarios, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población; los impactos como modelo de ocupación territorial, así como las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. Hasta ahora, Uruguay es el
30 Véase el sitio del Observatorio Petrolero Sur, que sin duda ha sido pionero en el tema en la región: opsur.gov.ar
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único país en la región que aprobó en diciembre de 2017 una
moratoria en relación con fracking por cuatro años. En agosto de ese año, diferentes agrupaciones ambientalistas de Uruguay, Argentina y Brasil marcharon para manifestarse en contra de esta técnica, levantando como bandera la protección del acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. En suma, la expansión de las energías extremas constituye una vuelta de tuerca del modelo neoextractivista, y amplía considerablemente la cartografía de conflictos y los riesgos de todo tipo (laborales y ambientales).
A modo de cierre: narrativa indigenista y feminismos populares en el cambio de época
En el marco del neoextractivismo y durante el periodo reseñado, la dinámica de las resistencias socioambientales asentó las bases de un lenguaje común de valoración sobre la territorialidad, algo que hemos denominado “giro ecoterritorial” (Svampa, 2011). Este expresa la convergencia de diferentes matrices y lenguajes, a partir del cruce innovador entre matriz indígena-comunitaria y narrativa autonómica, en clave ambientalista. ‘Buen Vivir’, ‘bienes comunes’, ‘comunalidad’, ‘derechos de la naturaleza’, ‘autonomía’ y ‘ética del cuidado’ son algunos conceptos/horizontes que diseñan este nuevo lenguaje. Estos conceptos tienden a desarrollar una importante capacidad movilizadora e instalan nuevos temas y consignas, en términos de debates de sociedad, al tiempo que orientan la dinámica interactiva hacia la producción de una subjetividad común en el espacio latinoamericano de las luchas. Ciertamente, el Buen Vivir tiene como uno de sus ejes centrales la relación del ser humano con la naturaleza, como parte integrante de ella. Sin embargo, en tanto superficie sobre la cual pueden inscribirse diferentes sentidos, la narrativa del Buen Vivir se insertó en un espacio de disputa, con lo cual desde los inicios existía ya el riesgo del vaciamiento o de la ‘vampirización’. No es casual que, en pleno auge de los gobiernos progresistas, hacia 2010, diversos actores y organizaciones indígena-campesinas comenzaran a denunciar la
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manipulación del concepto de Buen Vivir por parte de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, así como de organismos internacionales.31 La narrativa del Buen Vivir no puede desconectarse de los
derechos de la Naturaleza. Estos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona las lógicas antropocéntricas dominantes y se convierte en una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis civilizatoria (Acosta, 2010). Asimismo, la igualdad debe trascender lo humano para reconocer en la naturaleza una vida que debe ser respetada, y una interrelación necesaria entre la humanidad y la naturaleza. Por último, reconocer los derechos de la naturaleza insta a contar con otro campo de la justicia, la ecológica, cuyo objetivo no será cobrar multas por los daños ocasionados y exigir la recomposición ambiental, independientemente de su costo económico. El criterio de justicia se centrará en asegurar los procesos vitales y no en compensaciones económicas (Gudynas, 2011). En consecuencia, se trata de expandir y completar el paradigma de los derechos humanos (visión antropocéntrica) e incluir el de los derechos de la naturaleza (enfoque relacional). Hay ejemplos de ello. Más allá del caso ecuatoriano, que es el único en haber incluido en la Constitución los derechos de la naturaleza, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció en 2016 al río Atrato –cuya cuenca está afectada por la minería– como sujeto de derechos. Asimismo, en 2018 declaró a la Amazonía región ecológica y sujeto de derechos (Gudynas, 2018). Por otro lado, se han dado otras iniciativas: desde la sociedad civil se crearon el Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza –que visitó el Tipnis en agosto de 2018– y el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, presentado en diversos países. Si al comienzo del cambio de época, con el cuestionamiento del neoliberalismo, el protagonismo de las luchas y la elaboración de un lenguaje emancipatorio tuvieron como gran actor a los pueblos indígenas (Buen Vivir, derechos de la naturaleza, autonomía, Estado
31 Por ejemplo, ya en 2010, el secretario de la Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador (Senplades) definía el Buen Vivir en el largo plazo, en términos de socialismo distributivo y republicanismo. La visión de la Senplades no podía despegarse de la perspectiva del desarrollo humano (Svampa, 2016).
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plurinacional), el final del ciclo progresista y el inicio de una nueva época aparece signado por las luchas de las mujeres, en diferentes escalas y niveles, visibles –entre otros frentes– en las resistencias contra el neoextractivismo. Esta tendencia acompaña y suma a la narrativa del Buen Vivir y de los derechos de la naturaleza, el lenguaje ecofeminista del cuerpo/territorio, la ética del cuidado y la afirmación de la interdependencia. Así, a la narrativa de la descolonización, asociada al momento indígena, se añade ahora el nuevo ethos feminista, que une mujer y territorio, esto es, la defensa de derechos con la afirmación de la empatía; la capacidad de comprensión mutua con la crítica al patriarcado; la reivindicación de la emoción, la atención y el cuidado con la conciencia de la interdependencia entre lo humano y lo no humano. En todo caso, estas potentes narrativas, matrices y formas de lucha se enfrentan con nuevos desafíos, transitan nuevos rumbos y se desarrollan bajo nuevas condiciones materiales. Los impactos en los tejidos sociales señalan no solo los nuevos escenarios del neoextractivismo, sino también de la producción y posibilidades de lo común, como ámbito privilegiado para la acción colectiva, cooperativa y para la reproducción de la vida socioecológica. En suma, el rico acervo histórico y reciente de luchas en América Latina, producido fundamentalmente desde abajo, colisiona con la severidad de la crisis de la democracia, de las izquierdas y, en general, con las múltiples expresiones de este tiempo de la crisis civilizatoria. Estas dimensiones no son posibles de obviar y parecen apuntar, además de los extraordinarios desafíos, a la emergencia de nuevos códigos y subjetividades que marcarán y darán sentido a los ciclos de lucha por venir en la región.
Encuentre aquí la versión digital ampliada de este texto: http://rosalux.org.ec/pdfs/En-las-fronteras-del-cambiode-epoca.pdf
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