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Plan de contigencia de comunidades, guardia indígena y autoridades ancestrales del Cauca, Colombia, frente a los actos delincuenciales

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Colombia :: 05.08.19

Ninguna persona que esté en nuestro territorio, indígena o foráneo, puede portar armas. Los kiwe thegnas están autorizados para decomisarlas y destruirlas; las personas involucradas deberán someterse a la justicia indígena y se les aplicará el remedio.
Adoptaremos un Plan Autónomo para resolver el problema de los cultivos ilegales hasta lograr su superación definitiva. Será un plan concertado con las familias indígenas cultivadoras; serán elementos de este plan la autonomía indígena, el reconocimiento de la raíz económica del problema y la progresividad; no habrá atropellos, pero vamos a actuar de manera decidida desde nuestra casa. La primera medida incluirá la salida de las personas no indígenas que tengan participación en esos cultivos.

Frente a los últimos actos delincuenciales en el Norte de Cauca, respondemos con serenidad y contundencia

Acin
4 de agosto 2019

Las 126 autoridades ancestrales del CRIC, CXAB WALA KIWE y PLAN DE VIDA PROYECTO NASA, desde esta audiencia comunitaria de rechazo contundente a los asesinatos de las últimas horas y los que vienen presentándose en nuestros territorios,

Manifestamos;

Repudiamos el asesinato de nuestro kiwe thegna y kabwe´sx GERSAIN YATACUE, como defensor del territorio, pues este hecho al igual que el sucedido hoy 4 de agosto de 2019, con el asesinato del kiwe thë, kabuwesx ENRIQUE GUEJIA TAQUINAS, son hechos que desarmonizan y muestran claramente la intención de intimidación y desestabilización de nuestra organización y proceso, haciendo parte de un plan sistemático de exterminio ante quienes hacen frente a un sistema dominante que pretende imponer y defender forzadamente sus intereses políticos y económicos.
Para nosotros es claro que la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca en nuestros territorios tiene como raíz la crisis de la producción agrícola de la región y de todo el país. Los malos precios que han tenido nuestros productos en el mercado los últimos 30 años han presionado a muchas familias a usar sus tierras para cultivar coca con propósitos distintos a los tradicionales, y a incorporar los cultivos de marihuana y amapola. Por eso sostenemos que los cultivos ilegales son esencialmente un problema del Estado y el Estado debe resolverlo en concertación con las comunidades.
También es claro para nuestras comunidades y autoridades los efectos negativos que trae esta economía ilegal: 1) el abandono de la producción de alimentos, al punto que estamos en riesgo de perder la soberanía alimentaria; 2) el aumento de los precios de la comida, los arriendos y otros servicios; 3) el ingreso masivo de personas externas a la comunidad que no reconocen nuestra autoridad, nuestra justicia, ni nuestra cultura, generando desarmonías en el territorio; 4) la aparición de un grupo social que gasta dinero a montones, piensa que todo -incluso lo espiritual- se puede comprar y viene imponiendo como valores la plata fácil, la agresividad y el uso de la violencia para resolver cualquier problema; y 5) hoy encontramos indígenas que explotan indígenas, creando una brecha socio-económica en el territorio. Las propias familias que cultivan reconocen que el remedio ha resultado más grave que la enfermedad.
El problema del narcotráfico y los cultivos ilegales se hubiera podido resolver hace mucho tiempo si el Estado no estuviera interesado en que se perpetúe, faltando una y otra vez a los compromisos realizados con las familias cultivadoras, creando total escepticismo sobre la sustitución de cultivos y el paso a economías sustentables. El gobierno promete, pero luego incumple sin vergüenza y promueve la erradicación forzada y el glifosato, meten a algunas familias a la cárcel… y al final el problema queda. ¿Qué podemos pensar de un gobierno y una Fiscalía que pretende atacar el problema quitando la energía a las comunidades? Esa es una medida injusta e inútil. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que prefiere gastar en glifosato ¡el doble! de lo que gastaría en una sustitución voluntaria y concertada? Lo único que podemos pensar es que quieren que el problema continúe alimentando la guerra.
El problema más grave es la violencia que acompaña esta economía. Los narcotraficantes necesitan de las armas para proteger y promover su negocio ilegal, los dineros del narcotráfico son el combustible para todos los grupos armados -legales e ilegales-, y estos grupos actúan como delincuencia de los narcotraficantes. La terminación del conflicto del Estado con las FARC ha dejado un panorama más grave que el que había antes de los acuerdos, principalmente por los incumplimientos a los excombatientes y a los compromisos en materia de reforma rural. Hoy tenemos decenas de grupos delincuenciales -los llamados disidentes- que operan muy pocas veces como un cuerpo único y en todo caso sin ningún programa político conocido, los mismos que a veces aparece como ELN y otras como EPL, como si fueran marcas que se usan e intercambian. Estos mismos emiten planfletos a nombre de Aguilas Negras, Cartel de Sinaloa, Renacer Quintín Lame dejando entrever claramente que todo corresponde a una estrategia de inteligencia militar para justificar la guerra sucia en nuestros territorios, mostrar los asesinatos como resultado de choques entre grupos ilegales y vincular a nuestras autoridades y organización con la violencia socio-política, arrojando como resultado el asesinato de 33 personas, la ejecución de 7 atentados dirigidos contra autoridades ancestrales y comuneros, circulación de 38 amenazas colectivas e individuales en diferentes territorios indígenas del norte del Cauca en lo corrido del último año
A las autoridades indígenas nos resulta claro el papel de la fuerza pública en este contexto por su conducta cómplice, omisiva o negligente. Es totalmente injustificado -a menos que estén involucrados en el negocio- que la totalidad de cargamentos de marihuana y base de cocaína salgan por la zona más militarizada del país, sin que pase nada; no tiene explicación legal que la fuerza pública haya intentado varias veces impedir que actuemos frente a esos grupos ilegales; no puede ser casualidad que en tres ocasiones en que los kiwe thegna debieron responder ante una situación humanitaria crítica la señal de celular fuera obstruida. Eso sin contar que ante la ola de asesinatos solo hallamos por parte del gobierno y la fiscalía silencio, desvío y bloqueo de las investigaciones, señalamientos a las propias víctimas.
Los ejercicios de control territorial que desarrollan los kiwe thegnas, según las orientaciones de las autoridades son mandato de las comunidades desde los diferentes congresos. Por ello no aceptamos que ningún otro actor delincuencial se atribuya esta función. Se equivocan quienes piensan que esconderemos nuestros bastones y pañoletas, o que dejaremos de ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación.
Como autoridades y en cumplimiento a los mandatos comunitarios hemos tomado las siguientes decisiones en materia de control territorial:

Todas las estructuras armadas deben salir de inmediato de nuestros territorios. Su presencia daña nuestra armonía y viola nuestra ley de origen. Hemos orientado a nuestros kiwe thegnas y al conjunto de comuneros para profundizar el control territorial e impedir que se asienten en nuestras veredas. A las agresiones armadas -asesinatos, atentados, amenazas contra cualquier miembro de la comunidad por parte de estos grupos se responderá de forma unificada por todas las autoridades indígenas y kiwe thegna del norte del Cauca.
Ninguna persona que esté en nuestro territorio, indígena o foráneo, puede portar armas. Los kiwe thegnas están autorizados para decomisarlas y destruirlas; las personas involucradas deberán someterse a la justicia indígena y se les aplicará el remedio.
Los kiwe thegna y autoridades ancestrales continuaremos la tarea de decomisar vehículos hurtados y liberar cualquier persona que esté privada de la libertad por parte de grupos delincuenciales en nuestros territorios. Como hasta ahora, estas actuaciones se realizarán con total autonomía, sin coordinación alguna con la fuerza pública y teniendo como enlace con la institucionalidad únicamente a la Defensoría del Pueblo.
Reforzaremos los planes de contingencia, el Plan de Acción en emergencia y con ello el Plan de Regulación y Atención de actividades que propician la generación de desarmonías, tales como el consumo de licor y drogas, la realización de festividades y ferias.
Adoptaremos un Plan Autónomo para resolver el problema de los cultivos ilegales hasta lograr su superación definitiva. Será un plan concertado con las familias indígenas cultivadoras; serán elementos de este plan la autonomía indígena, el reconocimiento de la raíz económica del problema y la progresividad; no habrá atropellos, pero vamos a actuar de manera decidida desde nuestra casa. La primera medida incluirá la salida de las personas no indígenas que tengan participación en esos cultivos.
Las autoridades ancestrales en el norte del Cauca en desarrollo del pacto de control territorial no solicitarán la competencia jurisdiccional ante otras autoridades indígenas -de resguardos vecinos- para conocer de casos de transporte, posesión de marihuana o base de cocaína en los que estén involucrados comuneros de nuestros resguardos; se acordarán entre nuestras autoridades las medidas de cooperación judicial.
Las autoridades indígenas de Chxab Wala Kiwe iniciarán un proceso de armonización de las medidas de respuesta, prevención y regulación de los cultivos ilegales. Esta armonización entre las diferentes autoridades incluye medidas como decomisos, cultivos, sanciones y remedios, planes de sustitución, etc.

Es nuestra casa. No vamos a dejar que otros la destruyan.
AUTORIDADES ANCESTRALES DEL CRIC, CXAB WALA KIWE Y PLAN DE VIDA PROYECTO NASA


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