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Génesis de la depredación forestal inducida: las quemas para el desmonte son un mal crónico, e irresoluble con el actual enfoque oficial que busca ampliar la frontera agrícola para los agroempresarios. La aparatosa y publicitaria, pero tardía, respuesta oficial ante del desastre en el bosque chiquitano, no oculta que la verdadera razón de la catástrofe natural es la política pública continuadora de un modelo de producción agropecuaria que no ha cambiado en los últimos 30 años
Política pública y presión de la FES para el agronegocio
Incendios develan la madre oculta del desastre
Bolpress
Rolando Carvajal
27 agosto, 2019
Génesis de la depredación forestal inducida: las quemas para el desmonte son un mal crónico, e irresoluble con el actual enfoque oficial que busca ampliar la frontera agrícola para los agroempresarios. La aparatosa y publicitaria, pero tardía, respuesta oficial ante del desastre en el bosque chiquitano, no oculta que la verdadera razón de la catástrofe natural es la política pública continuadora de un modelo de producción agropecuaria que no ha cambiado en los últimos 30 años; y no tanto factores como el cambio climático y sus efectos en el calor, la baja humedad, la falta de lluvias y los vientos cambiantes. Al paso que se va ‒sin afrontar el problema por la vía de la productividad de los suelos y tecnología moderna‒ y sólo alentando desde el Estado los chaqueos, el Supertanker que comenzó a sofocar el fuego, volverá más pronto de lo que pudiera suponerse. Su anunciada compra, prueba que persistirán los siniestros. “Continuarán los incendios”, dijo el presidente Morales, censurado por la sociedad civil debido a que decretó el modo de deforestación que deja los llanos en llamas y 1,2 millón de tierras devastadas.
Pese a regir desde 2015 una pausa en su verificativo, la función económica y social (FES) de las tierras, requisito para evitar su reversión al Estado, se ha convertido, junto con la dilatación de la superficie agrícola, en uno de los factores de política pública generadora de los incendios que asolan a las tierras bajas de Bolivia, según diversos expertos consultados por Bolpress.
Forma parte de una política de tierras corrompida que, asimismo, genera un tráfico de las mismas destinado a intensificar el mercado de suelos, en un contexto donde el INRA (Instituto de Reforma Agraria) y otras instituciones que gestionan la dotación del recurso tierra, están plagados de acusaciones sobre negociados y acciones ilegales.
Se trata, aseguran, de un inflamable incentivo normativo que induce al desmonte mediante quemas, chaqueos o desbrozado de bosques chaqueños y amazónicos, en procura de ampliar la frontera agrícola, ensanchando las tierras de cultivo, objetivo gubernamental para producir biocombustibles, incluso por la vía de transgénicos y agrotóxicos, con el fin de exportar productos agropecuarios (carne, especialmente), debido la nueva demanda china y del mercado internacional.
“Si las pequeñas familias, pequeños productores, no chaquean, ¿de qué van a vivir?”, fue la respuesta insólita, el lunes 19, del presidente Evo Morales, en una especie de primer descargo de su administración, fustigado desde la sociedad civil por reaccionar a destiempo ‒casi un mes después de que comenzaran las quemas‒ y no cuando estaban en su punto alto, hace tres semanas, con unos 8.000 focos de calor en la etapa crítica, según informó este martes el Gobierno, de un total de 33.000, en lo que va del año (Observatorio de la Autoridad de Bosques y Tierra).
La Gobernación de Santa Cruz, reveló hoy que emitió hace un mes la alerta naranja y la alarma roja el 7 de agosto, pidiendo a la ABT se frenen los chaqueos.
Mientras el jefe de Estado apuraba una respuesta tardía a las quemas y el hollín que los vientos no tardan en trasladar desde las tierras bajas hacia la cordillera de los Andes ‒acelerando el deshielo de las cumbres nevadas y glaciares, en desmedro de las reservas de agua en Bolivia, como demostraron exposiciones de Juan Carlos Guzmán y otros expertos (Silvia Molina,2019) sobre la contaminación de restos contaminantes y su impacto en los acuíferos cordilleranos‒, su régimen anunció la compra y cotización del Supertanker que incursiona desde el viernes sobre la superficie en llamas.
En un anticipo de las derivaciones de un mal ya crónico con el que cohabitan el Gobierno y la sociedad, como el narcotráfico, el contrabando y otros flagelos en Bolivia, el mandatario sostuvo el domingo que, a futuro, “continuarán los incendios”.
Pese a su reticencia inicial, Morales dio visos de activar por fin la ayuda internacional, aunque su ministro de la Presidencia, sin pruebas fehacientes, acusó a “la derecha opositora” de causar un incendio “deliberado” de pastizales en un punto de la chiquitania, mientras sólo ingresada la octava semana de incendios a partir del decreto del 9 de julio, se decidió hoy, martes 27, por una “pausa ecológica” y la prohibición de reventa de tierras, aceptando los 650 mil dólares de ayuda ofrecida por la banca de desarrollo (CAF, BID) y el sistema de Naciones Unidas.
Pero el mandatario y su administración afrontaban, asimismo, hogueras internas que ponían a prueba la fortaleza electoral oficialista a dos meses de las elecciones, como la declaración del ministro César Cocarico, quien, en contradicción con su jefe, descartó la abrogación de cualquier norma que permita las quemas bajo al argumento de que si no hubiera desmontes, Bolivia podría quedarse sin alimentos; “el agricultor tiene dos caminos, uno ampliar, quemar, chaquear, es lo que siempre se hace, no hay otra tecnología”, dijo.
SOLUCIONES, MUCHAS EVASIVAS Y UNA GRAN PARADOJA
La soluciones de fondo en la actividad agraria pasan por mejorar la productividad y el rendimiento de la superficie cultivada y la incorporación de nuevas tecnologías, pero el partido en el Gobierno se empecina en la entrega de tierras para acrecentar esa frontera, dijo en La Paz el investigador Enrique Ormachea, experto del Cedla en temas agrarios).
“El autodenominado Gobierno indígena originario campesino no ha suprimido las políticas liberales y a pesar de haber dictado norma, que en los hechos no se aplica, la política real continúa desde 1985 y los tiempos en que se eliminaron miles de productores campesinos dando origen a la importación de alimentos, que no dejará de ocurrir precisamente por la destrucción de las unidades productivas agropecuarias”, explicó.
Con el antecedente de que en los últimos años se ha producido la entrega masiva de tierras a comunidades por la expectativa electoral, Miguel Crespo, director de Probioma, explicó en Santa Cruz que, desde hace cuatro años, cuando el presidente Morales promulgó la Ley 741, los focos de quema se duplicaron de 15.000 a más de 32.000, en 2016.
Actualmente, “para que no te reviertan la tierra, como campesino estás obligado al chaqueo, el que demuestra el supuesto uso o no de ella en actividades agropecuarias”, señaló Ormachea.
“Los grupos sociales que reciben tierras deben cumplirla mediante cultivos o ganadería; el agrícola está obligado a demostrar que la tierra no sea ociosa”, enfatizó. Lo paradójico es que esto deviene en un chaqueo gratuito para eventuales futuros dueños, “porque los pequeños chaqueadores terminan acumulando tierra y vendiéndola a los grandes y medianos agroempresarios”.
La FES, entre otros factores como la creencia en el “desarrollo infinito” de la frontera agrícola, induce, así, a las quemas como prueba de la función económico social de la tierra. El economista Ovidio Roca, recordó que en Bolivia, este recurso no es de la persona sino del Estado, y para conservar su tenencia se debe certificar que se esté cumpliendo con la FES, pues si no es revertida.
“Es lógico que el usufructuario (ya que no dueño) de la tierra, perciba que no hay garantía de largo plazo… más el interés del gobierno de acelerar el traslado poblacional y dominio del territorio, la cosa se pone color de hormiga”. En estos 13 años, el MAS en su programa de colonización del oriente ha realizado dotaciones irresponsables de tierras en áreas forestales, concluyó.
La Fundación Tierra encontró que el Gobierno, al dejar cumplir la verificación de la FES, alienta la apropiación de tierras fiscales para la producción agroindustrial, con consecuencias depredadoras.
“La extranjerización de la tierra también ha profundizado el modelo del agronegocio. Dos tercios de la tierra cultivada se usa para producir soya de exportación y no para alimentos; por eso la importación crece cada año y ahora importamos alimentos por 800 millones de dólares anuales”, dijo a la agencia Anf su director, Gonzalo Colque, antes de los recientes incendios.
Puso como ejemplo el precio de la arroba de papa en Perú (12 soles, 24 Bs. aproximadamente), que no permite competir al productor local, por lo que muchos agricultores están dejando de serlo para convertirse en consumidores. La paradoja es que el gran productor tiene incentivos y subvenciones (biocombustibles), “mientras el pequeño productor está condenado a sobrevivir en el mercado informal como proveedor barato de los pobres”.
LEYES QUE VAN Y VIENEN, SIN TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA
La Ley 741, vigente desde 2015 y que define la pausa en la certificación de la FES, es una de las piezas legislativas y normativas dictadas en los últimos años para estimular la ocupación de tierras fiscales por deforestación.
Otra es el reciente y cuestionado decreto supremo 3973 (julio 2019) que modifica (en favor de la deforestación actual) el artículo 5 del DS 26075, que, a su vez, data de 2001 y se remonta a los tiempos del ex presidente neoliberal Hugo Banzer, autorizando ahora el desmonte ‒hasta 20 hectáreas‒ para propiedades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias no sólo de Santa Cruz sino también del Beni.
Subsiste, asimismo, sin que el partido en el gobierno la haya abrogado, la ley 1745 del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 durante el primer gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Loza, cuyo segundo artículo establece la FES.
Cuatro días después que Morales “optimizara” hace unas seis semanas el decreto banzerista con otro suyo ‒observado desde el Colegio de Biólogos porque incentiva al chaqueo “en un contexto de anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y aumentar los monocultivos industriales, sin evidencia de sostenibilidad”‒, los empresarios privados de Beni anunciaron sus planes de habilitar de 4,5 a 6 millones de hectáreas para desarrollar agricultura y ganadería intensiva.
Para ello preparaban inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los próximos diez años, según el líder regional de la Federación de Empresarios Privados, Jorge Núñez del Prado.
“¿No será que más bien que la modificación del DS 26075 es una manera fácil de legalizar la deforestación en estos dos departamentos en los cuales urge la expansión de la agroindustria y así consolidar el corredor agroindustrial que se expande desde Santa Cruz y tiene como horizonte en Beni?”, se preguntó el especialista del CIPCA, Carmelo Peralta, inmediatamente que fue promulgado el decreto.
O, añadió, ¿era imprescindible abrir el candado para que la ganadería se expanda por la demanda actual de carne para el mercado de la China?, al tiempo que cuestionó “una visión economicista que no considera los potenciales problemas en materia socioambiental para diferentes grupos que habitan la región”.
El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Abdón Nacif, sostuvo en descargo del sector que los ganaderos, por la experiencia que tienen, saben controlar las quemas y están al margen de responsabilidades por los incendios en la llanura beniana, con cerca de tres millones de reses.
Sin embargo, otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 21 instituciones privadas de desarrollo social agrupadas en UNITAS, censuraron la aprobación de medidas normativas y administrativas “atentatorias a los derechos de la Madre Tierra y de la vida” y reprocharon la “actitud indolente” de las autoridades al no actuar de manera diligente contra el desastre natural.
UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social) consideró que las autorizaciones de chaqueo en el bosque seco chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de “flagrante negligencia”, y atribuyó especial responsabilidad a la estatal Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que debió rechazar los desmontes.
Las instituciones de la sociedad civil exigieron al estado boliviano “cumplir con su deber de garante de los derechos medioambientales y de la Madre Tierra” y a los altos funcionarios “garantizar políticas públicas adecuadas para prohibir la deforestación”.
Contra las argumentaciones gubernamentales, remarcaron que las quemas controladas y su autorización vulneran “los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía”, puesto que afectan al ecosistema y el medioambiente en que todos nos desarrollamos.
LA CRECIENTE FRONTERA AGRÍCOLA
De acuerdo con datos del Censo Agropecuario (Instituto Nacional de Estadística, 2005-2006), lo que se considera como frontera agrícola abarcaba 2.508.923 millones de hectáreas (ha).
Según proyecciones del INE al 2016-2017 había subido 3.498.203 ha, lo que muestra un crecimiento a 989.281 hectáreas que, dividido entre doce años resulta en unas 82.416 ha anuales, promedio, de ampliación de la frontera agrícola por la vía de la deforestación.
Sin embargo, en los últimos tres años alcanzó niveles de 350 mil hectáreas por año, según la fundación Friedrich Ebert Stiftung, “aunque solo en cinco días se ha consumido medio millón, en un bosque que es único en el mundo, no hay otro como él en todo el planeta”, reclamó el especialista chiquitano Alex Willka a la cadena RTP.
El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo en la zona de desastre, horas antes de que el Supertanker estadounidense sobrevolara los incendios para sofocarlos con descargas de agua, que el total de las hectáreas afectadas por las quemas era de 774 mil hectáreas solo en Santa Cruz y fundamentalmente en la chiquitania.
El director de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, había informado un día antes a la red PAT, fuera de la cifra señalada por el ministro, que se estimaban en 280 mil las hectáreas afectadas en el Beni, en la amazonia boliviana.
Este martes, el jefe de Estado oficializó que la superficie afectada por incendios alcanzaba hoy a 1,2 millón de hectáreas, 500 mil en bosques y 700 mil en chaqueos agropecuarios, de acuerdo con su reporte a radio Panamericana. “Casi el 20, 30 por ciento de bosque, lo demás son aéreas de chaqueo”, insistió, según Erbol.
La frontera agrícola bordearía, entonces, los 5,4, millones de hectáreas, si se añaden las 700 mil de los años 2017 y 2018, calculadas por otros organismos.
De acuerdo los datos del Censo Agropecuario 2013 (INE), la superficie total cultivada de 6,2 millones de hectáreas comprendía una superficie agrícola cultivada de casi 3,8 millones de ha ( incluidos los cultivos de verano e invierno) pastos cultivados por 2,3 millones de ha y 150.219 ha de cultivos forestales maderables.
De ese total, unos 5 millones se encontraban en los llanos o tierras bajas, menos de 588 mil ha en los valles y poco más de 617 mil ha en el altiplano.
De la superficie agrícola cultivada de 3,7 millones de hectáreas, 2,7 se hallaban en los llanos, unas 457 mil en los valles y 564 mil en el altiplano.
En la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de 2015, el Gobierno y los agroempresarios anticiparon el inicio de un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola, con metas de un millón de hectáreas por año que, para beneficio de la Madre Tierra, no se alcanzaron.
Mitigadas las proyecciones, de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas, a través del plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, por estos días las previsiones gubernamentales parecen haberse cumplido, sin embargo, sobrepasando los límites con el 1,2 millón de hectáreas deforestadas, según el reporte presidencial.
Tendencias de extensión de la frontera agrícola bolivia. Fuente: CIPCA
SIN CAMBIOS SUSTANCIALES EN TRES DÉCADAS
“La estructura agraria, vista desde el ámbito de la propiedad o usufructo privado de la tierra, no ha sufrido modificaciones en los últimos 30 años”, afirma el más reciente análisis de Enrique Ormachea
Comparando datos de los censos agropecuarios de 1984 y 2013, evidencia que la gran mayoría de las unidades productivas agropecuarias (UPA) siguen accediendo a una fracción minoritaria de las tierras declaradas en propiedad o usufructo, mientras una alta concentración de las mismas continúa en poder de una fracción minoritaria de explotaciones agropecuarias.
En cifras, 33 mil UPA (de un total de 861 mil) concentran 27,4 millones de hectáreas (de un total de 34,6 millones de hectáreas declaradas en propiedad o usufructo de todas las UPA censadas), mientras 827 mil UPA solamente acceden a 7,1 millones de hectáreas.
Fuente: Enrique Ormachea, Tierras y producción agrícola, a 13 años del gobierno del MAS, Cedla, 2019
El estudio establece que las tierras comunitarias de origen y los territorios indígenas originarios campesinos (TCO/TIOC) de las tierras bajas, concentran un significativo 44% del total de las tierras de producción forestal permanente del país, y muchas de ellas comparten doble estatus de territorio indígena y reservas o parques nacionales.
En la medida en que la mayor parte estas tierras no son aptas para la agricultura y la ganadería, y en razón de que una porción importante de las mismas son tierras marginales (fundamentalmente por su difícil acceso), esta distribución no incidirá significativamente en un incremento de los niveles de producción agrícola o ganadera.
“Salvo ‒advierte Ormachea‒ que la ampliación de la frontera agrícola con fines de exportación o para la producción de biocombustibles que promueve el Gobierno se realice a costa de estos territorios. En este caso, lo que se incrementará será la producción de explotaciones agropecuarias de corte capitalista que concentrarán progresivamente estas tierras”.
El saldo es que, “de manera contraria a los propósitos que señalaba en 2007, el Gobierno del MAS ha profundizado las desigualdades sociales en el campo”, ha ahondado las diferencias regionales en el ámbito de la producción agropecuaria y ha agravado la dependencia alimentaria del país.
Sobre todo, “no ha logrado incrementar el aporte de los campesinos e indígenas a la producción agropecuaria nacional, y promueve la colonización de los pueblos indígenas de las tierras bajas a través de la expansión de la frontera agrícola y de la explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios”.
CORRUPCIÓN EN EL INRA Y TRÁFICO ILEGAL DE TIERRAS
En medio de la polémica, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania, Germaín Caballero, calculó en casi mil las comunidades asentadas durante los últimos años en la región chiquitana.
Para Ormachea, el resultado actual es corolario de una política agraria y de tierras corrompida, con un irracional criterio de ampliación de la frontera agrícola que no toca la productividad.
“No se afronta el problema y los desastres seriamente, desde la raíz; el mal es crónico y desde hace décadas, y no se lo enfoca desde el punto de vista del rendimiento del producto por hectárea y la aplicación de nuevas tecnologías”, dijo a Bolpress.
“El gobierno no ve el conflicto desde la productividad; para el, la solución va por ampliar la frontera agrícola, chaqueando la selva amazónica o el bosque chiquitano; no les importa nada la naturaleza. Ya lo dijo el Vicepresidente: ‘No somos guardabosques del imperio’, lo cual les daría un supuesto “derecho a desboscar y deforestar”
El INRA y las instituciones indígenas y campesinas son otro problema, aquejados por denuncias de acoso de inspectores a los campesinos y casos de corrupción como los protagonizados recientemente por el hermano del actual ministro Cocarico, sobre una concesión de tierras a menonitas, o en anteriores años por la exministra Nemesia Achacollo o el ex senador Isaac Ávalos, sobre la facilitación del mercantilismo de la tierra y su especulación.
En junio de este año, el director de la ABT, Cliver Rocha, denunció a siete funcionarios del INRA por desmonte ilegal y ‘blanqueo’ de madera, equivalente en daños al Estado a seis millones de dólares, en las gestiones 2015 y 2018
Hace cuatro meses, al renunciar a la dirección del INRA, Juan Carlos León, reveló que hay un centenar de procesos contra traficantes de tierras. Y que el gran problema sin resolver es el tráfico ilegal de las mismas.
Respecto a los resultados del saneamiento respondió: “Tenemos 109,8 millones de hectáreas (ha) de superficie total en Bolivia. De éstos, hay 103,5 millones de ha objeto de saneamiento. De ese total, 86,1 millones de ha (84%) ya está saneada y titulada. En el saneamiento que se ha hecho en el municipio de San Miguel de Velasco se ha identificado 345.000 ha de tierras fiscales donde ahora ingresan comunidades, ganaderos, productores… Desmentimos que haya algún acarreo de personas. Tenemos 8.000 solicitudes de comunidades en todo el país (El Deber 18-abril-2019)
DESARROLLISMO Y DERECHIZACIÓN
El filósofo Rafael Bautista considera, sin embargo, que, si bien es “simplona” la referencia mecánica causa-efecto de disposiciones legales que viabilizan los chaqueos o “quemas controladas” y la extensión de la frontera agrícola, como detonantes del incendio de la Chiquitanía y del Pantanal, “pues ningún gobierno socavaría su vigencia de modo tan explícito; hay que decir que las apuestas gubernamentales ya han sido funcionalizadas por una apuesta desarrollista que, en muchos casos, ha derechizado la política gubernamental”.
Ello ha hecho que “adquiera compromisos que van en franca contradicción con la propia Constitución y con la enarbolada ‘defensa de los derechos de la Madre Tierra’. En los mismos discursos del jefe de Estado es ya notable la ausencia del ‘horizonte plurinacional’ y del ‘vivir bien’; lo que se reitera es, más bien, una cándida apología de los criterios básicos del capitalismo, como son el crecimiento y el desarrollo”.
Para Bautista, este viraje desarrollista que festeja el crecimiento como único fin económico, lleva al “gobierno del cambio”, inevitablemente, al pacto con los grupos de poder que influyen en el viraje de la producción nacional a la pura exportación.
“No es raro que el vicepresidente sea uno de los principales promotores de este viraje, pues representa a una izquierda, precisamente, ‘progresista’, fiel al dogma de una ‘economía del crecimiento’, que es justamente lo que ha entrado en crisis en el siglo XX”. No vamos a negar el carácter anti-imperialista del gobierno, advierte, pero también hay que decir que ese anti-imperialismo no significa necesariamente un anti-capitalismo.
Entiende por último que el gobierno posee todavía la sensibilidad de atender, ya no sólo el desastre, sino la exigencia hasta natural de retornar a una agenda plurinacional y descolonizadora, lo que servirá para promover un re-encauce del diferido “proceso de cambio” y, acaso, revertir el desencantamiento actual●