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Declaramos que los pueblos ancestrales tenemos un sistema de gobierno propio cuya autonomía nos permite movilizarnos en Mingas para reclamar nuestros derechos y defender nuestra pervivencia y territorio.
Declaración del Encuentro Ambiental de la Macro Orinoquía de la ONIC
ONIC
29 Agosto 2019
La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Regional Indígena del Vichada - ASOCRIVI, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del departamento de Arauca - ASCATIDAR, Organización Regional Indígena de Casanare - ORIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Meta - UNUMA, reunidos en el marco del Primer Encuentro Ambiental de Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas de la Orinoquía Colombiana. En uso de los mandatos y facultades que nos conceden nuestras Asambleas de Autoridades y Ley de Origen, la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y nuestros propios Estatutos.
DENUNCIAMOS:
PRIMERO: que los gobiernos locales, departamentales y nacional insisten en ordenar nuestros territorios ancestrales, con normas, políticas, programas y proyectos que amenazan nuestra pervivencia física y cultural, desconociendo nuestros derechos, nuestra Ley de Origen, Planes de Vida y Salvaguarda.
SEGUNDO: que gran parte del sector empresarial y algunas organizaciones sin ánimo de lucro, importan modelos de gestión territorial y ambiental, y estrategias de explotación de recursos naturales, que lejos de garantizar nuestra integridad, bienestar y derechos, genera empobrecimiento, desarraigo, contaminación, agotamiento, envenenamiento y privatización de nuestras cuencas, tierras y semillas, en nombre del desarrollo.
TERCERO: que el gobierno y empresas privadas irrespetan nuestro ordenamiento territorial propio, nuestros saberes y prácticas ancestrales de custodia de la tierra, agua, fauna y semillas, y nuestra autoridad y autonomía sobre su cuidado, y solo les interesa generar riquezas privadas y aprovechar recursos de cooperación Internacional para engrosar sus nóminas, a costa de nuestro empobrecimiento, desarraigo y extinción.
CUARTO: que las entidades que integran el Sistema Nacional Ambiental – SINA (entre ellas ANLA, CORMACARENA y CORPORINOQUIA,) se limitan a una presencia fragmentada, descoordinada e intermitente en la región, imponiendo figuras y modelos de ordenamiento ambiental violatorias de nuestra autonomía y territorio, que favorecen proyectos e intereses del sector privado en la región y no exigen la concertación de los Estudios y Planes de Manejo Ambiental que se requieren para la expedición de licencias ambientales.
QUINTO: que entre los daños generados por desidia de las autoridades ambientales está la privatización inconsulta del río Vita para ecoturismo en territorios ancestrales del Vichada, la destrucción de la laguna del Lipa en el Arauca por parte de la OXY y ECOPETROL, y de los Ríos Tiyabá, Muco y Vichada contaminados por PACIFIC RUBIALES.
SEXTO: que la debilidad y silencio de los delegados para asuntos étnicos, agrarios y ambientales de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República a nivel nacional, vulnera los derechos, territorios, cosmovisiones y necesidades de nuestros pueblos.
SEPTIMO: que las Direcciones de Consulta Previa y de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, omiten su deber legal (artículo 16, Decreto 2893 -11) de proteger el derecho fundamental a la consulta previa y ser promotor, garante y coordinador de las mismas, (artículos 2, 14 y 15 - Decreto 2893 – 11) en los territorios ancestrales a donde se están imponiendo este tipo de proyectos.
OCTAVO: el sector agroindustrial implementa en la Orinoquia un modelo depredador de los recursos naturales, que envenena por el uso de agrotóxicos y el uso intensivo del agua y la tierra, a cambio de contrataciones que generan empleo precario y no compensan las pérdidas ambientales y su impacto negativo en la vida y bienestar de nuestras comunidades.
NOVENO: el desacato del gobierno nacional y sus entidades centralizadas y descentralizadas, de los Fallos y Autos de la Corte Constitucional que ordenan garantizar nuestros derechos fundamentales a la pervivencia, autonomía y consulta previa, prolonga la situación de revictimización e impunidad e incrementa nuestro riesgo de extinción.
Por lo que DECLARAMOS:
PRIMERO: que en nuestros territorios existen lugares y sitios sagrados, regidos por nuestra cosmovisión y Ley de Origen que son intocables y deben respetarse integralmente, pues son esenciales para la pervivencia de nuestras culturas.
SEGUNDO: no aceptamos y rechazamos la aplicación de normas, políticas o proyectos que no sean concertados con el pleno de nuestras autoridades en nuestros territorios. Cualquier Consulta Previa debe hacerse de acuerdo a nuestra cultura y tradiciones, con garantía de horizontalidad, no estigmatización y transparencia en el acceso a información técnica, científica, jurídica, ambiental y administrativa de los políticas, proyectos y programas a Consultar.
Nota: para decidir la conveniencia de una consulta previa, requerimos que se “socialicen” previamente los proyectos a consultar. Proyectos como el Corredor Vial Pacifico Orinoquía se proyectan actualmente a espaldas de los pueblos indígenas de la Orinoquía, y con acceso restringido a la totalidad de su información técnica y documentos, y requiere socialización previa con nuestra región antes de consultarlo.
TERCERO: exigimos al gobierno nacional, voluntad política para respetar, garantizar e implementar los planes de vida y salvaguarda de nuestros pueblos, así como la reparación integral de los lugares sagrados perdidos por estos proyectos y programas impuesto en nuestros territorios.
CUARTO: que nuestras culturas perviven desde conceptos propios como el del Nakua; que es la tierra como unidad, por lo que hablamos de “ambiente integral”, como un todo que incluye la biodiversidad, los animales, el territorio, las semillas, los conocimientos de los pueblos, nuestra cosmovisión y derecho mayor. Este pensamiento y visión propia debe ser incorporado por las instituciones y el sector privado en cualquier política, norma, proyecto o programa, que pretenda aplicarse a nuestro territorio.
QUINTO: cualquier consulta que se acuerde con nuestros pueblos no solo debe ser previa, libre e informada, sino clara, oportuna y suficiente, con el presupuesto para su desarrollo, dentro de nuestro territorio y calendarios propios, y contraria a cualquier medida que tienda a estigmatizar, reprimir o manejar prevendas, así como intimidar, desinformar o negar el acceso a documentos de los proyectos a consultar. Entidades públicas o privadas de cualquier nivel, deberán consultarnos toda propuesta que afecte directa o indirectamente nuestro territorio.
SEXTO: declaramos que los pueblos ancestrales tenemos un sistema de gobierno propio cuya autonomía nos permite movilizarnos en Mingas para reclamar nuestros derechos y defender nuestra pervivencia y territorio.
SEPTIMO: las lagunas y ríos que pasan por nuestros territorios ancestrales (ejemplo: ríos Meta, Vichada, Arauca, Vita, Plana, Casanare, Ariporo, Aguas Claras, Orinoco, etc), sus afluentes, nacimientos, entornos y desembocaduras, son seres vivos con derechos propios que se rigen por nuestra Ley de Origen, y están bajo nuestra protección y autoridad, por lo que no pueden ser administrados, concesionados o delimitados sin la debida concertación con nuestros gobiernos propios.
Por lo que SOLICITAMOS:
A los entes de control estatal y Defensoría del Pueblo, A las gobernaciones y Alcaldías de la Orinoquía Colombiana, al gobierno nacional y de forma especial a los Ministerios del Interior, Transporte, Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y Transporte. A entidades como CORPOMARENA Y CORPORINOQUIA, Parques Naturales, la Agencia Nacional de Tierras - ANT, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural -ADR, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, la Agencia Nacional de Infraestructura, ECOPETROL e INVIAS:
PRIMERO: el respeto por nuestra autoridad, territorios y derechos fundamentales como la consulta previa, desde el respeto a nuestra ley de origen, planes de vida y salvaguarda, así como por los instrumentos internacionales, fallos judiciales y normas nacionales, que ordenan priorizar en nuestra protección y defensa, desde nuestras necesidades, cosmovisiones y realidades.
SEGUNDO: el cumplimiento efectivo y material del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz, del Capítulo Indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y de los Acuerdos de la Minga Nacional por la Vida 2019 suscritos entre el gobierno y la ONIC, en materia de consulta previa, ambiental, agraria, y minero energética.
TERCERO: las investigaciones judiciales, disciplinarias, fiscales y penales pertinentes, frente a los casos y situaciones denunciados.
Comuníquese, publíquese y cúmplase,
Firmando a los 22 días del mes de agosto de 2019,
CABILDOS, REGIONALES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA
Informes: territorio@onic.org.co