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Observación crítica de la ONU a las consultas indígenas de la 4T
Magdalena Gómez
La Jornada

Los pasados 8 y 9 de agosto sesionó en Ginebra, Suiza, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), con asistencia de una delegación oficial, para analizar de manera conjunta los informes 18 a 21 de México sobre el cumplimiento de la convención respectiva. Resultado: el 29 de agosto, el CERD emitió un documento amplio con sus observaciones finales. Destaco algunas de las referencias a la situación de los pueblos indígenas en el marco del racismo estructural e institucional en su contra definido por el comité y que se reitera debe ser eliminado. Llama la atención que las mismas se ubican en el marco del actual gobierno y señalan como positivo el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afro­mexicanas en 2019. Sugieren considerar el informe y nota técnica de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa, y al abordar el consentimiento libre, previo e informado, expresó sin concesiones: “Si bien el comité toma nota que el Estado parte re­conoce el derecho de pueblos indígenas a ser consultados no sólo de manera libre, previa, informada, sino además culturalmente adecuada, toma nota con preocupación de que aún existen serios vacíos en los procesos de consulta. Según la información recibida, en la mayoría de casos, los procesos de consultas con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado no son realizados de manera previa, no toman en cuenta usos, costumbres, cultura y debida representación de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, y además, con frecuencia, son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre. En ese sentido, el comité toma nota con preocupación de la información recibida sobre las consultas ciudadanas respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión, como el Tren Maya y el corredor transístmico, que podrían afectar territorios de pueblos indígenas, en las que no se ha tenido en cuenta a las comunidades de los pueblos indígenas ni se han respetado las exigencias del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 2 y 5)”. Respecto a tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas señaló: “El comité nota con preocupación que el Estado parte no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas. Esta situación, y otros factores, incluyendo proyectos de inversión y desarrollo, ha generado el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas, y afecta de manera desproporcionada sus formas tradicionales de vida y de subsistencia”. Así, se recomienda que se cumpla debidamente con los estándares de la consulta y, como parte de ello, se realicen estudios independientes e imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que puedan tener los proyectos de desarrollo en territorios de pueblos indígenas y se informe en un año (Observaciones finales sobre los informes periódicos 18 a 21 combinados de México CERD C/MEX/CO/18-21. 29 de agosto de 2019 parágrafos 20 y 22).

Resulta alentador que desde la ONU se muestre coincidencia con el reclamo de los pueblos indígenas, en contraste con la cerrazón que hasta hoy ha sido respuesta. Le han recomendado al Estado mexicano que difunda y traduzca a diversas lenguas estas observaciones. A 19 días aún no se conoce ampliamente. En contraste, siguen en curso los megaproyectos referidos y en los espacios de gobierno se continúa operando en la lógica de que van porque van. Llama la atención que las cifras propuestas para ellos en el presupuesto 2020 son mínimas, con lo que se confirma que están dirigidos al capital nacional e internacional. Lamentable, que en el caso maya se sugiera que no vendan la tierra, pues les conviene participar con ella “como inversionistas”, mediante un fideicomiso, sin aclarar que las mismas serán irrecuperables una vez que la infraestructura turística se asiente sobre ellas. Hace falta difusión amplia entre los pueblos, pues sus integrantes están sujetos a presiones, desde los compromisos que asumen por participar en los programas de gobierno que les ofrecen recursos económicos. Sin embargo, hay un amplio sector que se organiza y resiste y en condiciones difíciles mantiene la defensa de su territorio. Para ellos es el respaldo de la ONU y para el gobierno el mensaje de que es observado y que la desviación que está practicando respecto a los derechos de los pueblos indígenas no será fácil cubrirla con el manto de impunidad.