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Duro golpe y burla la libertad de 24 policías del caso Ayotzinapa de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en México

La Jornada :: 17.09.19

En el contexto de la jornada de lucha por los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer, los padres de familia tomaron por algunas horas varias radiodifusoras de la capital del estado
Al mediodía, contingentes de estudiantes y padres de familia ocuparon la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México-Acapulco, y dieron paso libres a los automovilistas.

Condenan padres de los 43 “el retroceso judicial”

Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 17 de septiembre de 2019, p. 13

Chilpancingo, Gro., Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal rural de Ayotzinapa condenaron la liberación de 24 policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, por el juez de Distrito de Matamoros, Tamaulipas, ocurrida este fin de semana.

Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, manifestó que esto constituye un grave retroceso y un golpe para el movimiento, pues “siempre le dieron largas al asunto”.

Recordó que en el sexenio de En-rique Peña Nieto (2012-2018) se ocultó toda la información respecto a la tortura y las pruebas, que hoy están haciendo caos. Señaló que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca ofreció ningún dato o denuncia”.

Sin duda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo, ” ya hizo la parte que le corresponde; pero instituciones como el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República no han avanzado con la investigación”.

Desde el principio, agregó, se señaló a la entonces Procuraduría General de la República que había irregularidades en el proceso de los detenidos y ahora liberados.

En el contexto de la jornada de lucha por los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer, los padres de familia tomaron por algunas horas varias radiodifusoras de la capital del estado

En la emisora de la Universidad Autónoma de Guerrero reclama-ron que el gobierno federal no haga nada por impedir que se continúe liberando a los implicados en la desaparición de los normalistas.

Al mediodía, contingentes de estudiantes y padres de familia ocuparon la caseta de cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México-Acapulco, y dieron paso libres a los automovilistas.

La jornada de protestas concluyó por la tarde con una marcha que partió de la Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, rumbo a la alcaldía, donde protestaron contra la alcaldesa perredista Erika Alcaraz, a quien acusaron de mandar retirar mantas con las fotografías de sus hi-jos desaparecidos.
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Juez: en caso Iguala se torturó a policías y no se probó que exista Guerreros Unidos
Eduardo Murillo

Periódico La Jornada
Martes 17 de septiembre de 2019, p. 13

El juzgado primero de distrito de procesos penales federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que liberó a 24 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dice en sus sen-tencias que las investigaciones del caso de la Procuraduría General de la República (PGR) no aportaron datos suficientes para probar la culpabilidad de los detenidos.

El domingo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, anun-ció que solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al juez Samuel Ventura Ramos, titular de dicho juzgado.

El funcionario sostuvo que el juez les negó la ampliación del plazo para que el Ministerio Público efectuara el Protocolo de Estambul, que es el examen reconocido por convenciones internacionales para poder comprobar un caso de tortura.

Sin embargo, las sentencias de libertad de los implicados dan cuenta de lesiones visibles cuyo origen el juez atribuye a la tortura. Por ejemplo, en el caso de Raúl Núñez Salgado, se relata que “si bien se advierte que el detenido presentó diversas lesiones –que afirman los aprehensores, él solo se las ocasionó y continuó realizándose durante el trayecto–, lo cierto es que aun cuando algunas de éstas podrían corresponder a la narrativa expuesta por los aprehensores, es ilógico que reiteradas veces el detenido se lesionara en la forma que indican y menos que los captores se abstuvieran de evitar que durante su traslado continuara dañándose”.

El juez señala que las pruebas aportadas por la PGR no fueron suficientes ni siquiera para poder comprobar la existencia de los Guerreros Unidos, organización criminal señalada como responsable de secuestrar a los estudiantes.

En varias sentencias, el juez Ven-tura Ramos y su secretaria de acuer-dos, Blanca Otilia Ramírez, quien firma algunos fallos, señalan que “la autoridad judicial no puede enmendar los errores u omisiones del órgano acusador, tomando en consideración los límites establecidos en el artículo 21 de la Constitución Federal, que dispone que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público”
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Rosales: duro golpe a familias, la libertad a 24 policías de caso Ayotzinapa
Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Martes 17 de septiembre de 2019, p. 11

La liberación de los 24 policías involucrados en el caso Ayotzinapa es un “duro golpe” para las familias de los jóvenes desaparecidos de manera forzada, pues “se llevan información relevante que podría conducir al paradero de los muchachos”.

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los normalistas, enfatizó que fueron precisamente los policías municipales quienes los detuvieron, desaparecieron y entregaron a integrantes del crimen organizado.

“Varias personas que tuvieron participación en los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre (de 2014) están obteniendo su libertad y eso es de suma preocupación para las familias. Los policías son pieza clave, ellos tuvieron una participación efectiva y saben el paradero de los 43. Su liberación es un paso más hacia la impunidad y se pierde información que podría ser relevante”, aseveró.

Investigación irregular

Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias, aseveró que si bien la liberación de varios implicados en días recientes es responsabilidad de la pasada administración en la Procuraduría General de la República (PGR) por las “ilegales e irregulares” indagatorias que se desarrollaron, también es de la actual Fiscalía General de la República (FGR) que “no ha movido un solo dedo” para reponer los procedimientos y acreditar la responsabilidad de los acusados con nuevas pruebas.

Las liberaciones son “resultado de una investigación irregular e ilegal en la que se usó la tortura, detenciones arbitrarias, maltratos, una defensa inadecuada, todo con el fin de que la PGR construyera una ‘verdad’ del caso. Todas esas irregularidades fueron documentadas por los expertos independientes y por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Remarcó que el primer tribunal colegiado de distrito con sede en Tamaulipas resolvió en mayo de 2018 que se había dado la tortura y ordenó reponer el procedimiento contra los implicados, no considerar las pruebas obtenidas de forma irregular y crear una comisión extraordinaria de investigación.

“Esto ocurrió el año pasado, y la PGR atacó el fallo, pero únicamente en la parte de la creación del mecanismo extraordinario de investigación; pero nunca se preocupó por la ilegalidad de su indagatoria o por reponer los procedimientos, ampliar las pruebas, rencauzar las líneas de investigación. Esa es responsabilidad de la administración anterior.”
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