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Ante el hundimiento del sueño de la “Argentina competitiva” de Macri, todos los sectores importantes del empresariado empiezan a hacerse a la idea de esperar que sea otra vez el peronismo el que tome las medidas para que la crisis, otra vez, no la paguen los capitalistas.
No será magia, indicios de lo que se viene
Esteban Mercatante
Ideas de Izquierda
25-09-2019
El proyecto de presupuesto girado el lunes por Economía al Congreso, pronostica para este año una caída del Producto Bruto Interno (PBI) de 2,6 %, y podría estar quedándose muy corto, porque la última disparada del dólar después de las PASO y sus consecuencias continúan produciendo resultados negativos. Las restricciones cambiarias empezaron a tener consecuencias que amenazan pegar sobre la actividad en lo que va del año. Es el caso de la obligación a liquidar divisas de las exportaciones, que pasó de un plazo de 10 años a solo 15 días. Argumentando la imposibilidad de cumplir los plazos, muchas firmas están paralizando sus despachos. También se alteraron las cadenas de distribución intrafirma de las multinacionales, que requieren que las filiales locales salden deudas por los insumos adquiridos de plantas de la misma empresa en el exterior. Pero lo que más fastidia, sobre todo a grandes empresas como IRSA, es la imposibilidad de cumplir con sus pagos de deuda en dólares. Si ya el peso de sus pasivos aumentó exponencialmente con el salto de la cotización del dólar, lo cual empeoró todos sus indicadores de solvencia, ahora no pueden cumplir sus compromisos por la imposibilidad de obtener los billetes verdes a causa de las medidas del BCRA. La alternativa es conseguirlos a través del contado con liqui (que consiste en obtener dólares comprando acciones de empresas que cotizan en el exterior en la plaza local y vendiéndolas afuera), maniobra que se puede hacer sin restricciones pero, al hacerse con un dólar más caro, aumenta para las firmas los costos de repago de la deuda. Quienes se unieron al festival de endeudamiento macrista (y sin duda lo aprovecharon en una medida no menor para colocar activos en el exterior cuando el dólar estaba “barato”) ahora claman por el quebranto que esto les provoca ¿Se preparan para reclamar otro salvataje que convierta sus quebrantos privados en un problema a socializar, cómo ocurrió con la estatización retroactiva de deudas que hizo el Banco Central en 1982 y con la “pesificación asimétrica” de Duhalde? Este interrogante será respondido después del 10 de diciembre. Por lo pronto, sus contratiempos financieros agravan el deterioro de la economía, que ya se mide en duros efectos sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre. La desocupación ya estaba en 10,6 % en el segundo trimestre, según dio a conocer el jueves el Indec. La pobreza podrá llegar a fin de año a 40 %, afectando al 60 % de niños y adolescentes. Las provincias, altamente endeudadas en dólares, empiezan a tener nubarrones en el horizonte, con Chubut como anticipo inquietante de lo que puede venir.
Las últimas decisiones de Macri, el default selectivo y la implementación de restricciones para la compra de divisas que impiden que las empresas atesoren divisas y ponen para las personas “humanas” un techo que sólo limita las compras por encima de USD 10.000 mensuales, buscaron evitar que la crisis pasara del estadio de corrida contra cambiaria a bancaria. En lo inmediato se redujo el ritmo de retiro de depósitos en dólares a niveles “manejables”, pero la resistencia del esquema volverá a ser testeada después de las elecciones del 27 de octubre. Si todo resiste, y dando por hecho que el FMI no aportará los USD 5.400 millones que estaban programados para este mes, al menos hasta que haya llegado a nuevos términos de acuerdo con un presidente electo, la administración actual puede contar como mejor escenario terminar con reservas en el Banco Central utilizables menores a USD 10.000 millones, considerando que los montos a pagar por deuda de acá hasta fin de año por parte del Tesoro superan los USD 6.000 millones, que deberá tomar de ahí porque no puede sacar del mercado.
El tardío y tímido intento de poner algún techo a los efectos inflacionarios del nuevo salto del dólar, se está cortando por el eslabón más débil: el congelamiento de los combustibles se derritió en la última semana. Con la excusa de los bombardeos en Arabia Saudita que amenazan la provisión global y aumentaron los precios del barril de crudo, Lopetegui autorizó en el país aumentos de hasta 4 %.
Hundimiento económico, inflación acelerada y riesgos financieros, son las señas de la transición. La cuestión a dilucidar es qué puede esperarse cuando el gobierno electo dentro de un mes empiece a mostrar sus cartas.
¿El trabajo sucio está cumplido?
La Argentina había concluido 2017 con un déficit fiscal total (sumando primario y financiero) de 6,1 % del PBI. En 2019 se encamina a concluir en 3,5 %, un recorte de 2,6 puntos porcentuales, encarado desde mayo del año pasado bajo presión de la crisis y con un compromiso formalizado ante el FMI. No será alcanzado el “déficit cero” (primario, al que hay que sumar luego los pagos de intereses de deuda), pero Hacienda asegura que tampoco se pasarán del 0,5 % de tolerancia acordado con el staff del organismo internacional de crédito.
En lo que hace a la cuenta corriente de la balanza de pagos (el saldo entre los dólares que el país genera y los que pierde en comercio exterior y rentas), pasó de la friolera de 5,1 % del PBI (USD 30 mil millones de dólares de rojo anual) a un proyectado de 0,9 % para este año, logrado mayormente a fuerza de hundimiento de la economía que redujo las importaciones. La posibilidad de que aumente esta brecha entre las ventas al exterior, que este año recuperaron lo perdido en 2018 por la sequía pero no prometen un gran crecimiento el año próximo y las compras, llevó al equipo de Hernán Lacunza a fantasear con un superávit comercial de USD 17 mil millones en 2020. Sólo en los tiempos más álgidos del boom de las commodities el comercio exterior rondó semejantes resultados. Pero la condición para que algo así ocurra es que la economía continúe su caída (o como mínimo no crezca) y que nada ocurra que afecte los despachos al exterior. Las “guerras comerciales” y anuncios de recesión global no auguran que esto vaya a ocurrir.
Las (excesivamente optimistas) proyecciones del presupuesto 2020, son de superávit gemelo, fiscal primario y externo: 1 % y 0,4 % del PBI, respectivamente. Podríamos decir que el programa implementado con el FMI fracasó en sus objetivos: ni restableció la confianza de los acreedores, ni estabilizó la economía, como muestran la inflación galopante, el descontrol monetario y los riesgos de default generalizado. Pero, camino a este traspié, se anotó logros no menores para sus objetivos, como son una primera cuota de austeridad fiscal y reducción de los dólares que el país debe financiar de desequilibrio externo.
Considerando que estos rojos son los que alimentaron los desequilibrios que estallaron en abril del año pasado, junto con la explosiva bicicleta financiera armada con la atracción de capitales especulativos durante los dos primeros años de gobierno de Macri, podríamos preguntarnos si estos logros, resultado de la aplicación de una primer cuota de duro ajuste, dejan el camino más despejado para la próxima administración. Anne Krueguer, quien ocupaba la silla que hoy tiene David Lipton como número dos del FMI en 2001, no cree que así sea. Considera que la “medicina” (sic) “no fue lo suficientemente fuerte”. La próxima administración tendrá que “continuar las medidas fiscales, monetarias y de tipo de cambio establecidas en el programa del FMI. Más aun, el país necesita reformas estructurales, especialmente una reducción de su sector público, empezando por las pensiones. Más gradualismo solo prolongará el dolor” [1]. Aunque hoy no es parte del FMI, su diagnóstico anticipa lo que puede esperarse del organismo a cambio de continuar los desembolsos. Pero esta no es solo la mirada de los burócratas de esta entidad que actúa contra los países en nombre de los acreedores, como sostiene Axel Kicillof aunque no saque de ahí la conclusión que lógicamente se desprende. Similar opinión podemos esperar de los financistas privados, por lo cual el “saneamiento” de las cuentas públicas no es motivo para esperar que, sin medidas adicionales, se restablezca el crédito externo. Menos aún con el “reperfilamiento” anunciado por Lacunza en marcha; hasta tanto no este claro lo que ocurra con los bonos ya emitidos, si se cambiarán por otros de más largo plazo sin quita, o si habrá alguna pérdida de valor, no habrá posibilidad de colocar deuda nueva en los mercados. Con el valor de los bonos hundidos y múltiples ingenierías financieras que se dibujan en las mesas de arena (evaluando viabilidad, pros y contras de todas las variantes posibles entre Ucrania 2015, Uruguay 2003, Argentina 2005, y un largo etcétera) la Argentina deberá convivir en el arranque del próximo mandato sin crédito, con fuertes compromisos, y las dudas del único prestamista de última instancia de seguir acompañando y no ser otra vez quien termine empujando al país a un default.
¿Volver a crecer?
La actividad económica cayó durante 3 de los cuatro años de gobierno de Macri. Después del nuevo empujón descendente que veremos en estos meses por los descalabros pos PASO, ¿podemos esperar que la economía deje de caer? ¿podría imaginarse incluso que vuelva a crecer en 2020?
Convendría manejarse con cautela. “No hay rebote a la vuelta de la esquina para la economía argentina”, avisó hace unos días Emmanuel Álvarez Agis a los clientes que asesora. Y en esto tiene razón.
Veamos. Podríamos decir, esquemáticamente, que lo que pueda mover a la economía argentina hacia una recuperación, podría venir de cuatro fuentes: recuperación del consumo, aumento de la inversión, crecimiento de las exportaciones, estímulo del sector público. En ninguno de estos terrenos hay señales de un panorama muy dinamizador.
Empecemos por el final. El objetivo de resultado fiscal buscado para 2020 (1% de superávit), determina un recorte del gasto de 1,43 puntos porcentuales de acuerdo a lo estimado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esto es inferior al realizado este año (1,84 % del PBI), pero seguirá convirtiendo al sector público en un factor que contribuye a la contracción. Menos subsidios (más golpes al poder adquisitivo por hasta 0,5 % del PBI), menos inversión pública y menos plata para las provincias, son las claves para este recorte según el presupuesto. A pesar de las promesas de “poner plata en el bolsillo de la gente” de Alberto Fernández, no hay margen para que esto ocurra si al mismo tiempo se buscará hacer un nuevo acuerdo con el FMI como el equipo del candidato del Frente de Todos se propone.
Del consumo como empuje para la actividad, más vale olvidarse por un largo rato. Una de las claves del ajuste viene siendo el desplome del poder adquisitivo de los salarios que se traduce en reducción de la compra de bienes finales. En lo que va del gobierno de Macri (hasta el último dato registrado del mes de junio) el poder adquisitivo de los salarios retrocedió 24 %. Esto es casi lo mismo que perdieron en 2002 después de la megadevaluación que siguió al abandono de la convertibilidad. El deterioro salarial repercute en menor consumo, y esta es la clave para bajar el “gasto doméstico” (lo que permite que bajen las importaciones y falten menos dólares para que cierren las cuentas y se los puedan llevar los acreedores externos). No sorprende entonces que Kulfas, uno de los aspirantes a ministro de Fernández, recomiende “cautela” a la hora de “subir el salario real”, lo que sería en realidad apenas devolver parte de lo que se robó el ajuste de estos años de gobierno de Macri.
Las exportaciones difícilmente puedan aportar más que lo que han hecho este año. El campo, después de un 2018 signado por la sequía, alcanzó este año una producción récord. Los precios de venta están lejos de los niveles récord que mostraron durante los años del boom de commodities, pero no es de esperar que en la próxima campaña vayan a ser mayores. Por eso, lo máximo que puede esperarse son “expansiones puntuales”, en palabras del consultor Gabriel Rubinstein, que no mueven el amperímetro a nivel agregado, en sectores como litio o Vaca Muerta, aunque acá habrá que considerar el entuerto de los subsidios del gas y la suspensión de la dolarización de tarifas, revisada la última semana pero sin conformar a las petroleras.
¿Podrá acaso la inversión dinamizarse? Suena tentador esperarlo, considerando que un desplome salarial de gran magnitud como el que mencionamos tiene como correlato un aumento de la participación de las ganancias en el ingreso generado (a las empresas se les desploma el “costo salarial”). Pero acá la comparación con 2002 sería apresurada: además de menores costos y mayor protección del mercado local que permite una devaluación (porque encarece las importaciones) haría falta que estas condiciones fueran durables en el tiempo, cosa que impide hoy la inflación espiralizada, que pudo evitar Duhalde. Las tasas de interés astronómicas y el entuerto de las Leliq que las acompaña, tampoco crean condiciones que favorezcan la inversión.
En suma, no hay luz al final del túnel a la vista, más allá de que no pueda descartarse algún rebote después de tamaña caída como la que acumula y seguirá mostrando la economía argentina. Pero nada que se parezca a crecimiento a “tasas chinas”. Y todo signado por el problema de la deuda. He aquí otra gran diferencia con 2002. En ese momento, luego de haber hecho hasta lo imposible por pagar, con el FMI soltándole la mano y después de las ingenierías financieras escandalosas del Blindaje y Megacanje, el default terminó siendo inevitable. Esto dejó a la Argentina durante tres años sin tener que pagar deuda (hasta que Kirchner la negoció y empezaron otra vez los “pagos seriales”), lo que produjo un alivio de sus cuentas externas momentáneo. Hoy Alberto y su equipo parecen dispuestos a hacer hasta lo imposible para evitar este default. Esto significa renegociar para “aliviar” los pagos, pero solo en la medida justa para que la soga apriete fuerte, sin ahorcar del todo. Nada que se pueda parecer a una situación holgada para la balanza de pagos.
Salir del Fondo
Ante el hundimiento del sueño de la “Argentina competitiva” de Macri, todos los sectores importantes del empresariado empiezan a hacerse a la idea de esperar que sea otra vez el peronismo el que tome las medidas para que la crisis, otra vez, no la paguen los capitalistas. Es decir imponernos un “sinceramiento” a la clase trabajadora y los sectores populares. Para intentar administrar la contradicción entre las motivaciones que llevaron al triunfo de Fernandez en las PASO, y preanuncian una victoria holgada en octubre, que no son otras que terminar con las políticas de Macri y el FMI que están hundiendo el nivel de vida de las grandes mayorías, y las posibilidades de hacer esto último cuando no se piensa cuestionar la “herencia” de Macri, es que barajan políticas como el Pacto Social, que no significa otra cosa que apoyarse en la burocracia sindical para garantizar que este paquete pueda avanzar en un marco de paz social.
Macri, casi seguro, saldrá de escena en diciembre. Pero queda el acuerdo con el FMI y la imposición de un ajuste para cumplir con los acreedores. La única forma de que no descarguen los costos sobre nuestras espaldas, es rechazar de plano las exigencias del FMI y el chantaje de la deuda, repudiándola de la mano de otras medidas fundamentales para imponer una salida a la crisis en favor de las grandes mayorías, como la nacionalización de los bancos, conformando una banca estatal única gestionada por sus trabajadores, para asegurar los depósitos y el crédito para las necesidades sociales fundamentales, y el monopolio del comercio exterior para terminar con el chantaje de unas decenas de grandes exportadores con la liquidación de divisas. Esto es lo que plantea el FIT-Unidad ante la crisis nacional, en la perspectiva de conquistar un gobierno de la clase trabajadora.
Esteban Mercatante es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista (segunda edición Ediciones IPS, 2018).