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Enfrentamos una etapa de transición desde el intervencionismo estatal regulador de Correa hacia un intervencionismo estatal desregulador. Ambas estrategias son propias de un gobierno de los ricos, pero en contextos diferentes: el primero en un momento de auge económico (donde el Estado tenía muchos recursos del petróleo que permitían financiar programas sociales) y el segundo en un momento de recesión del capitalismo. Pero finalmente una transición que no modifica lo central: las empresas antes y ahora se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios.
Jornada Progresiva de Lucha
Conaie
26 septiembre, 20190
No extractivismo, flexibilización laboral y neoliberalismo
1.- Diálogo solamente entre iguales
Las resoluciones alcanzadas en la Asamblea Anual de la CONAIE (23 agosto 2019), que comulgan con las decisiones adoptadas por otras organizaciones sociales, abren el camino para levantar una agenda de lucha que rompa con la pasividad de acción, y enfrente la disgregación de las múltiples luchas fragmentadas a lo largo del país.
La declaratoria de ruptura con el gobierno se sustenta en lo siguiente:
Los diálogos fueron infructuosos y básicamente crearon la ilusión de momento democrático; ocultando el progresivo montaje del proyecto de Estado desde los socialcristianos (neoliberal heterodoxo) y otras fracciones de la clase dominante (neoliberal ortodoxo).
La agenda de diálogo se ha limitado a la entrega de puestos públicos de segundo orden como direcciones, secretarías, etc.; procedimiento que congeló las demandas de las organizaciones de beneficios y derechos para las mayorías.
La mitigación de la judicialización de la lucha política sólo ha sido parcial: continúan casos de criminalización a dirigentes[1] y luchadores populares, continuando con la política de criminalización que supuso cientos de compañeros y compañeras presas, judicializadas, e inclusive, muertos (como los valerosos Bosco Wisum, José Tendetza y Freddy Taish).
La principal enseñanza de este periodo confirma un hecho conocido hace tiempo: el gobierno y el poder burgués no están dispuestos a ceder si es que no existen medidas de fuerza que respalden las demandas del campo popular.
Rompemos el diálogo con el gobierno por los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica, que no dependen solo de “funcionarios corruptos” sino que hacen parte de lo más neurálgico de la política económica. Es claro que este gobierno sirve a las élites dominantes igual que los anteriores, sólo que sin el ropaje de “izquierda” que su predecesor sostuvo a partir de las políticas de asistencia social.
En definitiva, enfrentamos una etapa de transición desde el intervencionismo estatal regulador de Correa hacia un intervencionismo estatal desregulador. Ambas estrategias son propias de un gobierno de los ricos, pero en contextos diferentes: el primero en un momento de auge económico (donde el Estado tenía muchos recursos del petróleo que permitían financiar programas sociales) y el segundo en un momento de recesión del capitalismo. Pero finalmente una transición que no modifica lo central: las empresas antes y ahora se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios.
En esta dirección, y con sustento en las cláusulas estipuladas en la Carta de Intención firmada con el FMI y en las exigencias de los empresarios plasmadas principalmente en La Ley de Reactivación Económica[2] y la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de inversiones y Generación Empleo[3], el gobierno implementó un conjunto de medidas a favor de los empresarios:
1º La vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado, entre los cuales se encuentran el Ministro de Finanzas Richard Martínez (ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano); el Ex Ministro de Comercio Exterior Pablo Campana (vinculado al Grupo Empresarial NOBIS) y el Ex Ministro de Trabajo y actual Ministro de Ambiente Raúl Ledesma (vinculado a la agroindustria).
2ª La remisión tributaria[4] para las grandes empresas que implicó la condonación de deudas tributarias a las grandes empresas por un monto que podría llegar, según cálculos del mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de 4.600 millones aproximadamente. Lo cual se suma a la devolución del anticipo del Impuesto a la Renta (sólo al grupo Eljuri se le devolvió 30 millones según datos SRI). Todo esto mientras un comerciante ambulante debe pagar puntual su RISE.
3º La desregulación y precarización laboral que en un amplio conjunto de medidas, que incluyen el uso flexible de las 40 horas semanales y la extensión del periodo de prueba del trabajador en la empresa[5]; la legitimación de despidos intempestivos para eliminar sindicatos; la legalización del teletrabajo y la explotación a los jóvenes mediante pasantías y convenios con empresas; la precarización laboral en plataformas como Uber, Cabify y Glovo, en centros comerciales y call centers; la persecución a los trabajadores informales; la absoluta falta de garantía a los derechos laborales en la agroindustria, donde no existen mínimas condiciones para la organización sindical, y la jornada y el salario lo determina la empresa bajo la figura del jornal, sumado a una actitud permisiva al trabajo esclavo como se evidencia en el caso Furukawa.
Y esto se remata con una política de ocultamiento de la corrupción (lobby) de las grandes empresas privadas, afirmando que la corrupción sólo viene de los funcionarios públicos y asegurando impunidad en los juicios a grandes empresarios como Juan Eljuri[6] y Fidel Egas[7].
Adicionalmente, el Gobierno ha lanzado campañas públicas permanentes para posicionar los “beneficios” de la minería y el extractivismo en grandes medios de comunicación, como El Comercio y Televistazo, y con apoyo de instituciones del Gobierno, mientras avanza el despojo de los territorios y el malestar entre la población, entre los cuales (y sólo como ejemplo) podemos mencionar:
La imposición de la concesión petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza[8].
Los conflictos por el inicio de la explotación minera en las zonas del subtrópico de las provincias de Cotopaxi y Bolívar, en Intag (en el límite entre las provincias de Imbabura y Pichincha) y en Río Blanco (Molleturo, provincia de Azuay).
El inicio de la fase de explotación de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y el territorio Shuar[9]
Los atropellos por parte de las empresas camaroneras en la zona del Golfo de Guayaquil y en la Isla Puná contra sus trabajadores y contra las comunas adyacentes que, previamente, fueron despojadas de sus territorios.
La persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y encubrimiento de los abusos cometidos en las haciendas.
Por último y no menos preocupante, estamos observando cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario, que prepara a la sociedad para un giro aún más pronunciado hacia la derecha social cristiana, cuya expresión más brutal es la satanización de la lucha por los derechos de las mujeres. Este neofascismo ha permeado los discursos y las políticas públicas criminalizando y tergiversando la agenda de lucha de las mujeres, especialmente del sector popular, por derechos fundamentales como el aborto en caso de violación, la denuncia del femicidio y, en general, la lucha contra el patriarcado-capitalismo. Esto sumado a un despliegue de manifestaciones con demandas conservadoras: marchas como “pro vida” lideradas por la iglesia, “marchas blancas” contra la violencia, desfiles “con mis hijos no te metas” o marchas convocadas por el socialcristianismo.
A esto se suma una apología de la violencia institucional y el racismo, con la popularización del discurso de la seguridad para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país[10] y la difusión de consignas contra los migrantes pobres para criminalizar la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos[11]. Todo ello, apuntalando el giro a la derecha con campañas para desprestigiar las ideas de izquierda y el horizonte comunista, confundiéndolo con la intervención estatista reguladora.
En este contexto no podemos sino entender que este momento político, más allá de las actuaciones individuales de funcionarios más o menos voluntariosos, no existe ninguna decisión política de destrabar los temas de fondo, y que la implementación del programa neoliberal ortodoxo está en marcha, sostenido por la derecha social cristiana y el neofascismo.
2.- Jornada de Lucha Progresiva y demandas del campo popular
En este escenario, es momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares, e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres. La convocatoria a una Jornada de Lucha Progresiva es una consigna estratégica para mantener en pie a las organizaciones populares, conquistar beneficios para las mayorías y motivar en cada provincia a sumarse a una acción de protesta de mayor contundencia.
Nuestro pliego de peticiones contiene dos tipos de demandas: 1) un conjunto de reclamos para el plazo inmediato que tienen relación con las necesidades más sentidas del sector popular en cada localidad; 2) aspiraciones de mediano y largo plazo para posicionar demandas de carácter nacional y la crítica estructural a la gestión neoliberal (ortodoxa o heterodoxa) del capitalismo.
En tal virtud, las demandas del movimiento indígena, el movimiento sindical, las organizaciones populares, el movimiento de mujeres y el pueblo en general se juntan para empujar un programa de unidad, que, de forma no exhaustiva, incluye:
Confrontación íntegra a la agenda neoliberal:
Reversión íntegra de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertas en la figura de “concesión”.
Frente al extractivismo y en el horizonte de declaratoria de país libre de minería metálica:
a. Cancelación de las concesiones petroleras del Bloque 28 y de la explotación minera que está ya provocando alta conflictividad en el subtrópico, el austro, el noroccidente y el sur amazónico.
b. Investigación a la corrupción de empresas privadas para la obtención de concesiones y licencias en industrias extractivas, y garantías para que las sentencias favorables obtenidas por las comunidades en defensa de sus derechos territoriales y los de la naturaleza sean respetadas. Entre algunos casos testigo están:
– La sentencia histórica que protege al río Piatúa de la construcción de la hidroeléctrica Genefrán S.A. (Santa Clara, provincia de Pastaza).
– La victoria del pueblo Huaorani en la acción de protección que impide la explotación petrolera del bloque 22 que protege 180.000 hectáreas de selva amazónica.
– La acción de protección que rechaza la acción minera en territorio del pueblo Cofán de Sinangoe.
c. Cumplimiento de los acuerdos entre Petroamazonas y los comuneros levantados en el Paro de Chontapunta.
d. Terminación de los abusos de los grandes empresarios camaroneros en el Golfo de Guayaquil y la Isla Puná.
En defensa de la plurinacionalidad:
Fin de las limitaciones y la criminalización al ejercicio de la justicia indígena, al trasporte comunitario, educación intercultural bilingüe.
Investigar la corrupción de las grandes empresas privadas:
Fin a la impunidad y enjuiciamiento a los grandes empresarios vinculados a casos de corrupción, en particular los procesos judiciales contra Juan Eljuri y Fidel Egas.
Incluir el lobby y mercadeo estratégico que desarrollan las grandes corporaciones extranjeras y los magnates del país en la definición de corrupción.
En materia de garantías para el ejercicio del derecho al trabajo digno:
Archivo de las propuestas de horarios y contratos flexibles de trabajo.
Eliminación y sanción a la práctica de despidos intempestivos a trabajadores sindicalizados, y garantía del derecho de asociación.
Garantía de condiciones para la organización sindical en la agroindustria, el teletrabajo, los contratos de tiempo parcial, pasantías, por convenios con empresas, entre los trabajadores de plataformas digitales, de los centros comerciales y call centers.
Investigación y eliminación a la persecución de los gobiernos locales a los trabajadores informales (como es el caso de los municipios de Guayaquil, Quito y Cuenca).
Cumplimiento de la obligación estatal con los trabajadores jubilados, igualación del pago mensual monetario de la jubilación y no a través de bonos u otras formas extra monetarias.
Solución al pliego de peticiones de los trabajadores de Furukawa.
Declaración en emergencia al sector de la cultura y solución a las demandas de las asociaciones de artistas y gestores culturales.
Reconocimiento de las organizaciones sindicales de los trabajadores del brócoli.
Investigación, sanción y eliminación de la persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y los abusos cometidos en sus haciendas y la agroindustria.
Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado.
En defensa de las pequeñas economías campesinas
Protección e incentivos para las economías familiares campesinas.
Acceso a créditos a bajos intereses para la pequeña producción campesina, condonación de deudas a los pequeños productores.
Política pública fitosanitaria ecológica que permita romper con los grandes monopolios de agro tóxicos.
Garantizar la guardianía de semillas nativas a las comunidades campesinas e indígenas, y eliminación de acaparamiento de simientes en las empresas oligopólicas como Agroquímica y Pronaca.
Auditoría integral sobre el acaparamiento del agua y tierra fértil en manos de la agroindustria.
Redistribución del agua y tierras aptas para cultivo.
Puesta en marcha de la agenda de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres:
Despenalización del aborto en caso de violación, como derecho humano fundamental.
Política integral, no solo judicial, contra el femicidio, el machismo y la violencia de género, con la asignación de presupuesto y aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género
Fin de la campaña de tergiversación y ataque a los derechos de las mujeres del sector popular.
Respuestas para la crisis del sector de pequeños productores:
En proporción con la condonación de las deudas tributarias de las grandes empresas, condonación de las deudas de los hogares pobres adquiridas para la subsistencia con las instituciones financieras de crédito, con el SRI y la no elevación del IVA por encima del 12%.
Respeto al precio mínimo del maíz duro, del arroz y de la leche.
Solución integral al problema de los intermediarios con los productos del campo.
En defensa del derecho a la educación:
Resolución de los graves problemas de aprendizaje del sistema escolar, especialmente de las unidades escolares de los pobres del campo y la ciudad, antes de la exigencia de un examen de ingreso a la universidad.
Ampliación de los cupos para las universidades públicas para ingreso, lo mismo que conlleva la asignación presupuestaria que permita fortalecer la infraestructura de la educación superior y establecimiento de políticas de acción afirmativa para pueblos, nacionalidades indígenas y afroecuatorianos.
Restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural de manera integral, esto implica la reapertura de escuelas comunitarias y ampliación de partidas presupuestarias que posibiliten la estabilidad laboral de los maestros.
Nombramiento definitivo y estabilidad laboral para los maestros del sector público a nivel nacional
En defensa de la salud pública:
Terminación de las millonarias transferencias financieras al sistema de salud privadas y fortalecimiento de la infraestructura del sistema de salud público.
Auditoría de las empresas privadas aseguradoras y prestadoras de servicios de salud que se enriquecieron con fondos públicos durante el periodo 2007-2019.
Pago de las deudas del Estado al IESS para repotenciar las inversiones en infraestructura de salud.
Terminación de las negociaciones e intentos de privatización de la Seguridad Social.
En defensa de los medios comunitarios
Estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación en lo que respecta al porcentaje del espectro radioeléctrico del 34% para medios comunitarias
Democratización de las concesiones del espectro radioeléctrico del porcentaje correspondiente en las urbes.
3.- Unidad en la acción y consecuencia
La movilización permitirá visibilizar las demandas del campo popular y dará un horizonte a la ciudadanía dispersa, puesto que en los últimos meses se produjeron una serie de luchas que no lograron articularse a un pliego de carácter nacional.
Se requiere por tanto recomponer las fuerzas de las organizaciones sociales con medidas de hecho en cada territorio y con diferentes formas de lucha, para romper la terquedad de la clase dominante y el Gobierno. El objetivo es avanzar a una acción que permita alcanzar grandes victorias para las mayorías obreras, campesinas, populares, de las mujeres, estudiantes, la juventud, artistas, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
Como en épocas anteriores, el Gobierno Nacional utiliza el instrumento dorado para apagar la lucha popular: la práctica divisionista y clientelar, agravada por la práctica de algunas dirigencias que desde una precaria formación ideológica son arrastrados por la agenda del gobierno o que de manera consciente se incorporan servilmente en la agenda de la socialdemocracia e, incluso, de la derecha.
¡No nos vendemos por ni un plato de lentejas, ni por millones! La dignidad de los pueblos no se vende y se consigue, tanto en las luchas históricas como en el presente, gracias a la movilización constante. Caminemos desde la Jornada Progresiva de Lucha hacia una declaratoria unificada de Levantamiento Indígena, Huelga Nacional de las centrales sindicales y Paro del Pueblo de las organizaciones populares.
¡Todos a las calles, a parar la producción y cerrar carreteras el martes 15 de octubre!
¡Diálogo entre trabajadores y pueblos, y lucha contra el gobierno y los ricos!
¡Jornada de lucha sin Lassos, Nebots, Morenos ni Correas!
¡Cómo luchan los pueblos del Ecuador: diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo!
¡Al molde nuestras palabras, la llenaremos con nuestras acciones!
“Mama Rosa Elvira y Tayta José María: Su lucha contra el huasipungo germina en nuestra lucha contra el capitalismo”
Referencias y notas al pie:
[1] Caso Cristian Aguinda, pueblo Kichwa Pastaza, acusado por empresa Genefran de presunto delito de intimidación.
Los dirigentes Marlon Vargas-Confeniae, Cristian Aguinda-Ponakisc, Antonio Vargas-Kichwa, con investigación previa por el presunto delito de paralización de servicios públicos por la lucha caso Piatúa.
[2] Aprobada el miércoles 27 de diciembre de 2017 en la Asamblea Nacional fue publicada el viernes 29 de diciembre de 2017 en el Registro Oficial
[3] Publicada en el Registro Oficial Suplemento 309 del 21-ago.-2018,
[4] La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal contempla el plazo de 90 días laborables para beneficiarse de la remisión del 100% de intereses, multas y recargos y aplica a Obligaciones tributarias administradas y/o recaudadas por el SRI
[5] El gobierno junto a empresarios dentro del denominado Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) establecen tres tipos de jornada laboral: la ordinaria, de 40 horas en cinco días y 8 horas diarias; la especial, que se creará con un acuerdo escrito y registro en el ministerio, con 40 horas que se cumplirán hasta en 6 días y podría ser de hasta 12 horas diarias. Se elimina el tiempo de prueba de 90 días y se deja la posibilidad en una nueva forma de contrato “de emprendimiento y nuevas inversiones” se pueda usar la figura del desahucio y no sea considerado despido intempestivo por el periodo de hasta 3 años.
[6] Miembros del grupo Eljuri fueron investigados en el caso Odebrecht por conexiones con la banca nacional e internacional Sai Bank, Juan Pablo Eluri Vintimilla el 12 de marzo del 2018 recibió la notificación de un dictamen abstentivo dado por la Fiscalía a su favor.
[7] Vinculado al caso “notario Cabrera” y lavado de activos ilícitos a través del Banco Pichincha
[8] El 7 de septiembre, en acto de proselitismo gubernamental pro extractivista, durante la inauguración del año lectivo en la provincia de Pastaza, en el Colegio Héroes del Cenepa del cantón Mera el consorcio Bloque 28, conformado por PetroAmazonas-ENAP Chile y Belaruse, entregó mochilas con el lema “Consorcio Bloque 28” a los estudiantes, con la presencia de la gobernadora de Pastaza y autoridades gubernamentales.
[9] Proyectos Panantza-San Carlos y Mirador propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan Investement Company con casi 50000 mil hectáreas concesionadas y el proyecto Fruta del Norte de propiedad de la empresa sueco canadiense Lundin Gold Corp con 75000 hectáreas concesionadas.
[10] Las últimas reformas del COIP, legalizan mostrar rostros de detenidos en flagrancia lo cual viola la presunción de inocencia. Durante el paro del 2015 la mayoría de manifestantes fueron reportados como delitos flagrantes.
Se da mayor base legal a la policía para el “uso de la fuerza disuasiva”, la policía en el caso Saraguro demandó esta posibilidad para actuar contra los manifestantes.
[11] Exigencia de visado a ciudadanos venezolanos lo cual fue repudiado por organizaciones de DDHH a nivel mundial. En la primera semana de instaurada la medida el Ecuador recibió cerca de 2000 solicitudes de visa humanitaria