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Se ha denunciado la presencia de infiltrados en las protestas, persecuciones en las que camionetas sospechosas acosan a dirigentes sociales en distintas ciudades de Chile, y también, la exhibición performática de las armas y del contingente militar como espectáculo del poder y como mecanismos de disciplinamiento mediante el miedo, el circo del terror.
Regresan los fantasmas del pasado en un país con una paradigmática dictadura militar, en la que las violaciones a los derechos humanos y la instalación neoliberal son cuestiones imposibles de olvidar.
2019-10-23 12:02
Días oscuros se viven en Chile. Este 19 de octubre Sebastián Piñera se convirtió en el primer presidente en la historia chilena en decretar estado de emergencia en las provincias de Santiago y entregar el control a los militares en respuesta a la movilización social, humillando a la democracia para enfrentar con represión un problema que requería de liderazgo y de soluciones políticas.
La presencia de los militares y el haber entregado el mando a las fuerzas armadas ha despertado el fantasma de la dictadura, las marcas de la violencia de Estado reviven en un contexto de represión desmedida por parte de las fuerzas militares y policiales. Vuelven los fantasmas del pasado en un país con una paradigmática dictadura militar, en la que las violaciones a los derechos humanos y la instalación neoliberal son cuestiones imposibles de olvidar.
A pesar de la dureza de la represión, de las detenciones, y las golpizas, la ciudadanía no se ha dejado intimidar y ha mantenido y multiplicado las movilizaciones en rechazo al gobierno, las que se multiplican hoy por todo el país desafiando a la represión y al toque de queda. La paciencia del pueblo se agotó frente a la precarización de la vida.
Todo empezó la semana pasada con las evasiones masivas lideradas por los estudiantes secundarios en Santiago de Chile frente al alza sostenida de los pasajes del Metro, convocando a la ciudadanía a no pagar el boleto.
Las jornadas de evasión masiva se reiteraron en la semana y ganaron la simpatía de la opinión pública, demandando el congelamiento y la disminución del valor del pasaje. Durante la semana, las evasiones crecerían y ampliarían su legitimidad, creciendo también el alcance de su respaldo más allá de Santiago de Chile —donde la demanda estaba localizada— abarcando progresivamente al resto de las ciudades y Regiones del país.
El gobierno se mostró inflexible, arrogante y ciego, y mantuvo un abordaje de criminalización de las demandas y de represión policial contra los estudiantes y la ciudadanía, lo que hizo aumentar la tensión ya no solo en el Metro, sino también en las calles.
La incapacidad política no les permitió además advertir dos cuestiones fundamentales, que las evasiones eran transversalmente apoyadas por la ciudadanía —que día a día se sumaba en la práctica a evadir el pago del pasaje—, segundo, que aquella cuestión del pasaje era solo una expresión sintomática, metonímica de un malestar acumulado mucho mayor.
La incapacidad política no les permitió advertir dos cuestiones fundamentales, que las evasiones eran transversalmente apoyadas por la ciudadanía y que aquella cuestión del pasaje era solo una expresión de un malestar acumulado mucho mayor.
Durante todo el día viernes 18 de octubre, la represión policial funcionó como una provocación por parte de la policía, apelando a una vieja estrategia aplicada en las movilizaciones en Chile, usar la violencia policial para provocar el caos y deslegitimar a los actores movilizados frente a la opinión pública.
Sin embargo, esta estrategia —exitosa muchas veces en el pasado— no les fue efectiva esta vez, después de décadas de abuso, el pueblo chileno había agotado su paciencia. Las movilizaciones en contra de la represión se multiplicaron a lo largo de todo el país, la violencia policial derivó en enfrentamientos, y luego de esto, en algunas situaciones de caos y saqueos a tiendas comerciales en varias ciudades.
Antes de intentar comprender la complejidad de la problemática ni controlar policialmente aquellos hechos de desorden, el presidente Piñera optó por profundizar su receta de mano dura contra los actores movilizados, a partir de ese momento todo el malestar latente hizo erupción.
Este desborde se manifestaría en una rebeldía popular creciente, y cuyo malestar acumulado tiene sus causas en procesos que abarcan por lo menos las cuatro últimas décadas, tanto en las esferas de lo económico como en lo político.
En lo económico, en este periodo se institucionalizó una radical subordinación de la vida a las fuerzas del mercado, privatizando y mercantilizando áreas como la salud, la educación y la seguridad social. En el plano institucional, a lo largo del mismo periodo se desarrolló también lentamente una larga, silenciosa y profunda crisis de representatividad política. Si bien este malestar aflora en el gobierno de Piñera y él es responsable en el mal manejo de la crisis, en las causas profundas, hay importantes responsabilidades de los gobiernos anteriores.
Una vez decretado el estado de emergencia y tras insistir el gobierno en su estrategia comunicacional que reducía el fenómeno a una variable delictiva, se generó un rechazo transversal de la ciudadanía, en respuesta, las manifestaciones se trasladaron a las calles y el movimiento se masificó a nivel nacional, ya no había marcha atrás.
El 21 de octubre, rodeado de militares el presidente Piñera declara en una conferencia de prensa: “estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso”, recurriendo a una retórica bélica y resucitando la vieja teoría autoritaria del enemigo interno. La declaración del presidente generó sorpresa entre su propio sector y perplejidad entre sus opositores, recibiendo críticas transversales interpretando el hecho como un “error”, un “exabrupto” o una frase “desafortunada”.
Muchos no han podido si quiera lograr una explicación, sobre todo en relación al “peligroso enemigo”, y la ambigüedad e indefinición dan cuenta de que el gobierno y parte de la derecha chilena manejan teorías conspirativas sin aportar evidencias en torno al hipotético “enemigo poderoso”.
Inclusive, muchos analistas destacaron que hasta el general a cargo de la defensa nacional designado por Piñera a cargo del estado de emergencia, declaró al día siguiente que “no está en guerra con nadie”. Aquella discrepancia entre las versiones del presidente y el jefe militar fue leída como un gesto de moderación del mando militar, y como la toma de distancia de la estrategia del gobierno. Mi impresión es muy distinta.
Claus Von Clausewitz escribió que la guerra es la continuación de la política por otros medios, precisamente la transición castrense de los últimos días en la gestión Piñera, y su opción por el control, la vigilancia y de represión militar, da pistas de que su estrategia es utilizar la guerra como herramienta política, a cargo de la inteligencia militar.
La represión se ha desplegado brutalmente no en los casos de desmanes, desordenes y saqueos emergentes en el caos sino contra manifestaciones pacificas como estrategia de infundir miedo
En ese contexto, la represión se ha desplegado brutalmente no en los casos de desmanes, desordenes y saqueos emergentes en el caos —como se planteó desde el comienzo— sino que se ha reprimido en manifestaciones pacificas como estrategia de infundir miedo, también en casos en los que se desafió el toque de queda, en excesos de violencia contra la ciudadanía.
Según la información de que se dispone hoy 23 de octubre, ya son 16 muertes, tres en contexto de manifestaciones pacíficas, una atropelledo por un vehículo militar y el resto en el marco de distintos de desordenes públicos, existen también denuncias de abuso sexual de mujeres en contextos de detención, 163 heridos por balines y perdigones y 1692 detenidos, a su vez crecen las denuncias por maltratos, golpizas y torturas, y han comenzado a denunciarse las detenciones injustificadas y secuestro de dirigentes sociales, ambientales y estudiantiles.
Se ha denunciado la presencia de infiltrados en las protestas, persecuciones en las que camionetas sospechosas acosan a dirigentes sociales en distintas ciudades de Chile, y también, la exhibición performática de las armas y del contingente militar como espectáculo del poder y como mecanismos de disciplinamiento mediante el miedo, el circo del terror.
Paralelamente, en relación a los saqueos y otros desórdenes, llama la atención que desde el día 18 de octubre —en el que se decreta el estado de alerta—, y contando con refuerzos de contingentes militares y policiales, se hayan producido saqueos a supermercados y tiendas comerciales que no tenían custodia militar, lo mismo en el caso de los incendios en el Metro, no habían ni militares ni policías, y sí los hubo siempre reprimiendo manifestaciones en su mayoría pacíficas. Muchas dudas quedan de la gestión militar de la crisis y no hay información expedita respecto dimensiones sensibles como el estado de los detenidos o el número y las circunstancias de las muertes.
Pese a todo, la ciudadanía sigue manifestándose con fuerza y sin miedo, venciendo un cerco informativo que ha tenido en el gobierno y los grandes canales de televisión, quienes han insistido con la fórmula de la criminalización.
En ese contexto, un lugar muy destacado lo tienen las redes sociales que han servido para registrar múltiples injusticias vividas por la ciudadanía y con la que han podido contrastar la información editada con una multiplicidad de testimonios grabados desde celulares y difundidos a través de internet. Gracias a aquel flujo de información, nos enteramos en tiempo real de los abusos que ocurren a lo largo del país.
El gobierno se vio superado y sorprendido por un fenómeno en ebullición, con sus propios ritmos e imprevisibles velocidades, los que no han sido descifrados ni por el gobierno ni por el resto del mundo político chileno. Sin poder reaccionar a los hechos y optando por la solución autoritaria, el gobierno de Piñera finalmente aceptó descartar la subida del pasaje del Metro, con un torpe sentido de la oportunidad, puesto que a esta altura, el movimiento ha planteado claramente que la lucha no tiene que ver con el Metro. El 22 de octubre convocó a los partidos políticos y propuso un acuerdo por una “Agenda Social” para destrabar la crisis, en tres conferencias de prensa dadas en estos días ha suavizado su discurso, sin embargo no ha hecho una autocrítica y no ha dicho nada de la violencia de las fuerzas militares contra los manifestantes.
Ahora, sobre todo, se pide el retiro de los militares de las calles como condición mínima para un diálogo y recuperar la política. Sin embargo en las calles, ya la demanda popular ha mutado a la renuncia del presidente. Se le cobra su promesa de campaña de que “vendrían los tiempos mejores”, cuando en cambio solo ha aumentado el endeudamiento y la precarización.