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Crisis civilizatoria

Edgardo Lander

Índice

Introducción 9
La crisis terminal del patrón civilizatorio de la modernidad colonial 14
Acelerada destrucción de las condiciones que han hecho posible  la creación y reproducción de la vida 15 El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 16 Los límites planetarios 19 Biocapacidad y huella ecológica 20 El Antropoceno y la sexta gran extinción  22 Impactos socioambientales presentes y futuros  de las transformaciones climáticas globales 24 ¿Cómo se responde a estos retos desde los poderes fácticos  del sistema mundo capitalista? 28 ¿Qué habría que cambiar para que no cambie nada? 29 La economía verde 38 La geoingeniería 41 ¿Antropoceno o la era de la plutocracia? Las profundas desigualdades  en la distribución de la riqueza y el poder político, comunicacional  y militar que caracteriza al actual mundo post democrático 43 ¿Quién decide sobre el futuro del planeta? 46
Los gobiernos progresistas latinoamericanos ante la crisis civilizatoria 58
Los procesos constituyentes 61 Ecuador ¿Mineralo-Estado? 77 Bolivia: del buen vivir al desarrollismo extractivista  84
La carretera del TIPNIS  87 Venezuela: el paroxismo del extractivismo 92 Extractivismo y los horizontes utópicos de las trasformaciones  que fueron anunciadas  98 Extractivismo, geopolítica e integración latinoamericana 99
Los debates de las izquierdas en torno a las luchas  anticapitalistas actuales en América Latina 105
Comienza el resquebrajamiento de la hegemonía  de estas concepciones del anticapitalismo:  la emergencia de nuevas formas de la política antisistémica 109 Otras formas de la política y la llegada  de los gobiernos progresistas al poder  117 El socialismo del siglo XXI  120 El Foro de Sao Paulo 122 Perspectivas del Foro de Sao Paulo sobre el mundo actual 124 Tres años más tarde se destaca “el combate implacable a la corrupción  por parte de los gobiernos de Lula” (Foro de Sao Paulo 2005) 129 La primacía de la geopolítica 130 El rol de China como punto ciego 131 Perspectivas dicotómicas sobre la ética política 133 Nicaragua 138 Venezuela 141 La crisis de las izquierdas  146 Una insistencia final sobre las izquierdas 150
Bibliografía 152
Autor 174

Introducción
La humanidad vive una profunda crisis, crisis terminal multidimensional del patrón civilizatorio moderno-colonial que está destruyendo las condiciones que hacen posible la producción y reproducción de la vida en el planeta Tierra. Es tal la profundidad de esta crisis que incluso las opciones que durante los últimos dos siglos y medio aparecían como alternativa al capitalismo, la expresión más acabada de dicho patrón civilizatorio, confrontan igualmente una severa crisis. Desde posturas asociadas al marxismo, a horizontes socialistas, y en general desde los más diversos ámbitos de la izquierda, se ha carecido de propuestas creíbles, capaces de señalar rumbos y opciones otras como salidas de la crisis, capaces de dar cauce, expresión, a los profundos y generalizados malestares que se extienden a los más amplios sectores de la población del planeta. Muy por el contrario, en la medida en que se acelera esta crisis sistémica y se extienden los impactos del colapso climático, en que se profundizan las desigualdades y se expande la inseguridad y la incertidumbre sobre el futuro, durante las últimas décadas se ha producido un marcado desplazamiento hacia opciones de derecha y derecha extrema. Gobiernos y partidos de orientaciones autoritarias, patriarcales y xenófobos cuentan con un creciente apoyo en la mayor parte del planeta. En América Latina, en lo que fue considerado en ese momento como el continente de la esperanza, a contramarcha de estas tendencias globales, se produjeron en las primeras dos décadas de este siglo significativos desplazamientos político/culturales que condujeron a las experiencias de los denominados “gobiernos progresistas” que parecían abrir caminos en otras direcciones para la humanidad. Sin embargo, después de varios lustros es posible constatar que, en lo fundamental, 
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estos proyectos han fracasado tanto como procesos de transformación anti-capitalistas y como alternativas a la modernidad colonial. El presente libro aborda estas cuestiones en tres secciones. En primer lugar, se realiza un análisis de esta profunda crisis civilizatoria que hoy vive la humanidad. Se caracteriza ésta como la crisis terminal del patrón civilizatorio moderno-colonial que ha tenido como dimensiones constitutivas su carácter antropocéntrico, patriarcal, colonial, clasista y racista. Este patrón societal de crecimiento sin fin y asalto continuado al entorno natural, con sus modalidades hegemónicas de conocimiento, la ciencia y las tecnologías del capitalismo, está devastando en forma acelerada las condiciones de creación y reproducción de la vida en el planeta Tierra, amenazando no sólo la sobrevivencia humana, sino igualmente la de una elevada proporción de la vida. Se analizan en esta parte los principales diagnósticos sobre el estado del planeta y las propuestas básicas que están siendo debatidas/implementadas como respuesta a esta profunda crisis. Se abordan igualmente las implicaciones del hecho de que en los debates y respuestas hegemónicas de Estados, instituciones multilaterales, corporaciones y centros científico-tecnológicos, predomina la ausencia de una disposición a cuestionar los supuestos civilizatorios y patrones de conocimiento básicos y relaciones de poder que han conducido a la humanidad a la presente crisis. Con ello se produce una negativa radical a explorar posibles alternativas que den cuenta efectiva de la profundidad de ésta. Las soluciones tecnológicas (technological fix) y de mercado que se proponen desde estas perspectivas hegemónicas, se conciben a partir de los mismos patrones de mercado y modelos científico-tecnológicos que nos han conducido a la situación actual. Se trata, como en El Gatopardo, de definir qué es lo que hay que cambiar, qué respuestas e imágenes de transformación hay que generar, para garantizar que en realidad no cambie nada, para que la concentración del poder y las profundas desigualdades que caracterizan al sistema mundo capitalista colonial moderno, no sólo no se cuestionen, sino que se consoliden y profundicen. En la segunda parte se analizan críticamente algunas dimensiones medulares de las experiencias de los tres gobiernos “progresistas” sudamericanos (Bolivia, Ecuador y Venezuela) en los cuales se postularon 
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rupturas más radicales, no sólo con el régimen capitalista global hoy hegemónico, sino con dimensiones fundamentales, propiamente civilizatorias, constitutivas del sistema mundo colonial moderno. Estos gobiernos emergen en un momento histórico en que no sólo se acentuaba la crisis civilizatoria a la cual se ha hecho referencia, sino en que igualmente avanzaba aceleradamente la globalización neoliberal y se consolidaba la hegemonía unipolar de los Estados Unidos en lo que fue caracterizado como el nuevo siglo americano y el fin de la Historia. Los ojos del mundo se volcaron hacia estos novedosos proyectos de transformación social que parecían dar cuenta de, y presentar alternativas, en forma sistémica, integral, a las principales dimensiones de la crisis civilizatoria multidimensional que confronta la humanidad, a la necesidad de superar el antropocentrismo, el patriarcado, la colonialidad, el racismo, las relaciones de explotación/dominación del capital y los límites excluyentes de la democracia liberal. Se anuncian rupturas significativas en los sistemas políticos que en sus diferentes expresiones habían existido en el continente desde tiempos coloniales. Entran en la escena política como protagónicos otros sujetos sociales y políticos, en particular los provenientes del mundo indígena, y se incorporan novedosos/ancestrales horizontes normativos como los representados por las nociones del buen vivir y los derechos de la naturaleza. No se pretende en este texto un balance global de estas experiencias. El análisis crítico de éstas se realiza a partir de preguntas acotadas, focalizadas: ¿Cómo han respondido estos procesos de transformación a los complejos y multidimensionales retos que nos plantea esta crisis civilizatoria en la que está en juego la sobrevivencia misma de la humanidad y la vida? ¿En qué medida fue posible en estos años dar pasos, aunque fuesen iniciales, en la dirección de transiciones hacia formas alternativas de producir, conocer y convivir con los otros seres humanos y la naturaleza? Contrastando los objetivos formulados en los discursos y documentos fundantes de los procesos políticos de estos tres países, en particular en los nuevos textos constitucionales, es posible concluir que en el logro de sus objetivos extraordinariamente ambiciosos, en lo fundamental, han 
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fracasado. Hubo importantes logros —sin bien temporales— particularmente en el ámbito geopolítico y en la reducción de las desigualdades y la mejoría de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, como ha sido el caso de los gobiernos neoliberales en el continente, con estos gobiernos progresistas se profundizó el extractivismo y la inserción colonial subordinada en la división internacional del trabajo y de la naturaleza. En lugar de confrontar la voraz maquinaria devastadora del capital global, sea éste del occidente o del oriente, se aceleró su alimentación. Ante las resistencias de pueblos y comunidades al avance sistemático de mega proyectos mineros, energéticos y agropecuarios sobre sus territorios, la respuesta gubernamental que ha predominado es la represión, como ha sido el caso en los gobiernos de orientación neoliberal. Las interpretaciones y evaluaciones de los tres o cuatro lustros de estas experiencias han producido profundas confrontaciones en el seno de la izquierda, tanto latinoamericana como global. En la tercera parte de este texto, entre estas diversas posiciones, se analizan críticamente las posturas de lo que se denomina la izquierda oficial, una izquierda predominantemente estadocéntrica y partidista cuya expresión más representativa son los documentos y declaraciones del Foro de Sao Paulo que agrupa a la gran mayoría de las organizaciones que se definen como de izquierda en toda América Latina. Desde perspectivas que en su conjunto pueden ser catalogadas como ortodoxas, en esta izquierda oficial se han priorizado las dimensiones geopolíticas, tendiendo a predominar miradas maniqueas construidas en torno al eje anti-imperialista/imperialista desplazando a segundos o terceros planos las otras dimensiones esenciales de la realidad del mundo contemporáneo: antropocentrismo, patriarcado, racismo, colonialismo, eurocentrismo… Desde estas perspectivas se han tenido miradas poco críticas o autocríticas sobre las experiencias de estos gobiernos, con frecuencia expresando solidaridades incondicionales a dirigentes y gobiernos de estos procesos. Como nos ilustran claramente las declaraciones del Foro de Sao Paulo, esta izquierda oficial, lejos de reconocer la profundidad de la crisis civilizatoria que se confronta y lo que ha venido siendo la impotencia de sus formas de hacer política y el agotamiento histórico del socialismo estadocéntrico, desarrollista y mo
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nocultural como alternativa tanto al capitalismo como a la civilización en crisis, se ha atrincherado en la reafirmación de principios abstractos que han dejado de dar cuenta de la complejidad multiforme de la realidad contemporánea. Esta izquierda se ha cerrado sobre sí misma intentando, por esa vía, defender lo indefendible. Aparte de reconocer algunos “errores” y “desviaciones”, la causa de todos los males que confronta la sociedad contemporánea y los problemas enfrentados por los procesos “progresistas” de cambio siempre están del otro lado, en el capitalismo, en el imperialismo, en la derecha. La indagación reflexiva y genuinamente autocrítica del por qué todas las experiencias históricas del socialismo han fracasado como alternativas a esta sociedad en crisis y por qué el socialismo ha dejado de operar como un imaginario de futuro —tanto deseable como posible— está, en lo fundamental, marginalizado en los debates y preocupaciones de esta izquierda oficial. Esta ausencia de reflexión crítica/autocrítica es, en sí misma, la expresión más clara de la crisis de esta izquierda (¿de toda la tradición de la izquierda?), de su (¿nuestra?) creciente incapacidad para reconocer otras alternativas, otros horizontes de futuro que desde múltiples experiencias locales y regionales están construyendo otras formas de hacer política, están prefigurando otros futuros en el presente, y, por esa vía, dando cuenta de las dimensiones principales de la crisis que confrontamos.1 Este texto está escrito en un tono expresamente polémico, buscando transmitir con ello tanto el apremio de los asuntos que confrontamos, como la urgencia de reconocer la necesidad de acometer rupturas profundas con las formas de pensar y actuar que hemos heredado. Está concebido como una contribución a las reflexiones, debates y polémicas que es indispensable profundizar.
1 Las características, diversidades y potencialidades transformadoras de estas otras formas de la política y de construcción en el aquí y el ahora de alternativas no-capitalistas, no forma parte de los objetivos de este texto, y, por lo tanto, sólo son abordadas en términos someramente referenciales.
La crisis terminal  del patrón civilizatorio  de la modernidad colonial
Confrontamos, como humanidad, una profunda crisis civilizatoria. La crisis terminal del patrón civilizatorio prometeico de la modernidad colonial. Se trata de una crisis multiforme, multidimensional, de un patrón civilizatorio que en términos sintéticos puede ser caracterizado como antropocéntrico, patriarcal, colonial, clasista, racista y cuyos patrones hegemónicos de conocimiento, su ciencia y su tecnología, lejos de ofrecer respuestas de salida a esta crisis civilizatoria, contribuyen a profundizarla. Estas diversas dimensiones del patrón civilizatorio hegemónico no son de modo alguno independientes una de otra. Por el contrario, se retroalimentan y refuerzan entre sí. Los dogmas antropocéntricos y patriarcales del progreso y del desarrollo, las fantasías de la posibilidad de un crecimiento sin fin en un planeta limitado, están socavando aceleradamente las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida en el planeta Tierra. Este patrón de desarrollo y progreso ha encontrado su límite. A pesar de que una elevada proporción de la población no tiene acceso a las condiciones básicas de la vida (alimentación, agua potable, vivienda, etc.) la humanidad en su conjunto ya ha sobrepasado los límites de la capacidad de carga de la Tierra. Sin un freno a corto plazo de este patrón de crecimiento desbordado y una reorientación hacia el decrecimiento, la armonía con el resto de la vida y sin una radical redistribución del acceso a los bienes comunes del planeta, no está garantizada la continuidad de la vida humana a mediano plazo. Cada una de las principales dimensiones de esta crisis ha sido profundizada durante las últimas décadas por la globalización neoliberal. Durante estas décadas han avanzado a pasos agigantados los procesos de mercantilización, apropiación y sometimiento tanto de las dinámicas 
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naturales de reproducción de la vida, como de las prácticas culturales y modos de conocer de los diferentes pueblos del mundo para someterlos a las exigencias de la acumulación del capital. La civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada “naturaleza”, que identifica el bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y con el crecimiento económico sin fin —cuya máxima expresión histórica es el capitalismo— tiene el tiempo contado. La incorporación de nuevos territorios para la explotación, la apropiación del conocimiento de otros, así como la manipulación de los códigos de la vida (biotecnología) y de la materia (nanotecnología), aceleran la aproximación a los límites en un planeta finito. En un momento histórico en que los patrones civilizatorios hegemónicos demuestran su inviabilidad, en que la monocultura de la modernidad colonial se aproxima a su límite, la humanidad precisa con urgencia de la diversidad y multiplicidad de culturas, formas de conocer, pensar y vivir, como fuentes de alternativas para responder a esta crisis civilizatoria. Sin embargo, esos otros, como es el caso de los pueblos y culturas indígenas y campesinas de todo el planeta, están siendo amenazados/devastados por el avance inexorable de la lógica de mercantilización de todas las dimensiones de la vida y los procesos de acumulación por desposesión. El capitalismo, en su escala actual, con su inevitable lógica expansiva de devastación, es incompatible con la preservación de la vida tal como la conocemos. Esto convierte en un asunto de vida o muerte la necesidad de poner freno a esta desbocada maquinaria.
Acelerada destrucción de las condiciones que han hecho posible la creación  y reproducción de la vida
A pesar de que, como veremos más adelante, persiste el negacionismo, principalmente entre sectores ligados a la industria fósil y por parte de neoconservadores en los Estados Unidos, entre la comunidad científi
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co-académica internacional y los centenares de millones de personas que enfrentan hoy en todo el planeta las consecuencias del colapso climático, ha quedado atrás toda duda sobre la realidad y gravedad de éste, y sobre sus determinantes antropogénicos. 
El Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
El análisis más exhaustivo, el más detalladamente documentado sobre las actuales transformaciones climáticas en escala planetaria, es el que ha venido realizando el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático en cinco sucesivos informes desde el año 1990.2 Dichos informes son el resultado del trabajo de centenares de especialistas en una amplia gama de disciplinas relacionadas con el clima, de todas partes del mundo, sobre la base del análisis de todos los trabajos publicados en revistas científicas especializadas sobre estos temas y demás informes producidos por la totalidad de los centros de investigación científica dedicados a asuntos relacionados con éste en todo el planeta. En cada uno de los sucesivos informes del ipcc, se ha presentado una caracterización más severa y con mayores niveles de confianza sobre las tendencias climáticas presentadas. Se trata de informes que, lejos de tener intencionalidades alarmistas, tienen un sesgo conservador. No sólo requieren elevados niveles de consenso entre los científicos participantes para cada una de sus afirmaciones, sino que, adicionalmente, dichas conclusiones pasan por el filtro de los representantes de los gobiernos de todo el mundo a nombre de los cuales este grupo presenta sus resultados. Algunos de estos gobiernos, como es el caso de los Estados Unidos, han hecho lo posible por minimizar, incluso negar, la severidad de las transformaciones climáticas en curso (Rattani 2018). 
2 Estos informes han sido publicados en los años 1990, 1996, 2001, 2007 y 2014.
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Entre las principales conclusiones que presenta el último informe del ipcc correspondiente al año 2014 destacan las siguientes:
La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. … Cuanto mayor sea la perturbación de la actividad humana sobre el clima, mayores serán los riesgos de impactos graves, generalizados e irreversibles en las personas y los ecosistemas, y más duraderos serán los cambios en todos los componentes del sistema climático. En el periodo comprendido entre 1992 y 2011, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa, y es probable que esa pérdida se haya producido a un ritmo más rápido entre 2002 y 2011. Los glaciares han continuado menguando en casi todo el mundo. Es muy probable que la superficie media anual del hielo marino del Ártico haya disminuido durante el periodo 1979-2012 en un rango del 3,5% al 4,1% por decenio. Desde mediados del siglo xix, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores. Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero han aumentado desde la era preindustrial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y demográfico, y actualmente son mayores que nunca. Como consecuencia, se han alcanzado unas concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso sin parangón en por lo menos los últimos 800 000 años. Desde aproximadamente 1950 se han observado cambios en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. En todos los escenarios de emisiones evaluados, las proyecciones señalan que la temperatura en superficie continuará aumentando a lo 
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largo del siglo xxi. Es muy probable que las olas de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más, y que los episodios de precipitación extrema sean más intensos y frecuentes en muchas regiones. El océano se seguirá calentando y acidificando, y el nivel medio global del mar continuará elevándose. El cambio climático agravará los riesgos existentes y creará nuevos riesgos para los sistemas naturales y humanos. Los riesgos se distribuyen de forma dispar y son generalmente mayores para las personas y comunidades desfavorecidas de los países, sea cual sea el nivel de desarrollo de éstos. Muchos aspectos del cambio climático y los impactos asociados continuarán durante siglos, incluso si se detienen las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Los riesgos de cambios abruptos o irreversibles aumentan a medida que crece la magnitud del calentamiento. Sin nuevos esfuerzos de mitigación al margen de los que existen en la actualidad, e incluso llevando a cabo una labor de adaptación, a finales del siglo xxi el calentamiento provocará un riesgo alto a muy alto de impactos graves, generalizados e irreversibles a escala mundial.
El informe de síntesis destaca que disponemos de los medios para limitar el cambio climático y sus riesgos y de muchas soluciones que permitirían el continuo desarrollo económico y humano. Sin embargo, para estabilizar el aumento de la temperatura por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales, sería necesario un cambio radical y urgente del statu quo. Además, cuanto más esperemos a actuar, mayores serán el costo y los desafíos tecnológicos, económicos, sociales e institucionales que enfrentaremos (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2014). Además de los informes del ipcc, son diversas las aproximaciones metodológicas que utilizan la muy amplia información permitida por los sofisticados instrumentos tecnológicos con los cuales se cuenta para caracterizar lo que está ocurriendo en el planeta. No existe consenso generalizado sobre ninguno de estos enfoques, y algunos han 
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generado intensas polémicas. No es el propósito de este texto caracterizar estos debates ni evaluar el valor relativo de cada uno de ellos. Lo que interesa destacar es que, en términos generales, todos coinciden en que se han sobrepasado los límites de la capacidad de carga del planeta y que la vida, tal como la conocemos, está en severo peligro. Vale la pena detenerse brevemente en algunos de estos enfoques, ampliamente divulgados, ya que permiten constatar que si no se toman a corto plazo medidas drásticas en proporción a la gravedad de la crisis que enfrentamos como humanidad, no es en modo alguno por falta de información o porque queden dudas razonables sobre lo que está ocurriendo. 
Los límites planetarios
El Stockholm Resilience Centre de la Universidad de Estocolmo ha elaborado un modelo de nueve variables, que caracteriza como límites planetarios que sería indispensable controlar para garantizar la salud del ecosistema terrestre. Más allá de los debates sobre la posibilidad de definir límites objetivos cuantificables (Brand y Wissen 2018), este enfoque tiene la virtud de ampliar la mirada a una gama de dimensiones que permiten un análisis integral de la situación del planeta. Estas variables son: 1. Cambio climático. 2. Cambio en la integridad de la biosfera (pérdida de biodiversidad y extinción de especies). 3. Destrucción de la capa ozono-estratosférica. 4. Acidificación de los océanos. 5. Flujos bioquímicos en la atmósfera (ciclos de fósforo y nitrógeno). 6. Cambios en el sistema de uso de las tierras (por ejemplo, deforestación). 7. Uso de agua dulce. 8. Carga de aerosoles atmosféricos (partículas microscópicas en la atmósfera que afectan el clima y los organismos vivos). 9. Introducción de entidades nuevas (por ejemplo, contaminantes orgánicos, materiales radiactivos, nanomateriales y microplásticos).
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Esas nueve dimensiones han sido representadas en una escala de cuatro categorías: 1. Límites que no han sido hasta el momento cuantificados. 2. Debajo de los límites (seguro). 3. Una zona de incertidumbre (riesgo en incremento). 4. Más allá de la zona de incertidumbre (alto riesgo).
De acuerdo con el informe actualizado correspondiente al año 2015, cuatro de esos límites ya habrían sido superados como consecuencia de la actividad humana: el cambio climático; la integridad de la biosfera; cambios en el sistema de uso de las tierras; y los flujos bioquímicos en la atmósfera. Dos de éstos, el cambio climático y la integridad de la biosfera, son caracterizados como límites medulares que llevarían al sistema Tierra a un nuevo estado (Stockholm Resilience Center 2015).
Biocapacidad y huella ecológica
La Red Global de Huella Ecológica (Global Footprint Network s/f) busca cuantificar la presión que ejercen los seres humanos sobre los sistemas de reproducción de la vida en el planeta. Para ello trabaja con dos categorías principales: biocapacidad y huella ecológica. La biocapacidad o capacidad biológica es definida como la capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos y para absorber los desechos generados por los humanos, bajo los esquemas de manejo y las tecnologías actuales. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta y su capacidad de procesar desechos, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar esas capacidades. Con el propósito de sintetizar la noción de huella ecológica en un indicador unitario, los cálculos de la huella ecológica se realizan sumando el número de hectáreas de productividad promedio que serían necesarias para un determinado patrón de vida y consumo, ya sea individual, local, regional por país, por continente o global. Para ello se incorporan 
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los siguientes componentes: 1. Superficie construida, vivienda, vialidad, etc.; 2. Superficie requerida para absorber la huella de carbón generada; 3. Superficie agrícola; 4. Superficie de pastoreo; 5. Superficies boscosas; 6. Superficie requerida para la pesca (Global Footprint Network s/f). Hoy, de lejos, la superficie requerida para reabsorber la huella de carbón es la mayor de todas las presiones sobre la biocapacidad del planeta. De acuerdo con esta perspectiva y sus métodos de cálculo, si la huella ecológica del conjunto de la humanidad es menor que la biocapacidad del planeta, existe una reserva ecológica. Si, por el contrario, la huella ecológica es mayor que la biocapacidad del planeta, se produce un déficit ecológico o deuda ecológica. El equivalente planetario es el número de planetas Tierra que sería necesario para soportar la huella ecológica de la humanidad dada una determinada huella ecológica global, por país, etcétera. De acuerdo con los cálculos de la Red, la humanidad en su conjunto utilizó menos del total de la biocapacidad del planeta hasta comienzos de la década del 70 del siglo pasado, acumulando un creciente déficit ecológico desde entonces. 
Desde la década de 1970, la humanidad ha tenido un exceso ecológico, con una demanda anual de recursos que excede lo que la Tierra puede regenerar cada año. Hoy la humanidad usa el equivalente de 1.7 Tierras para proporcionar los recursos que usamos y absorber nuestros desechos. Esto significa que ahora le toma a la Tierra un año y seis meses regenerar lo que usamos en un año. Usamos más recursos y servicios ecológicos de los que la naturaleza puede regenerar a través de la sobrepesca, la sobreexplotación de los bosques y la emisión de más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que los bosques pueden secuestrar (Global Footprint Network s/f).
Mediante la cuantificación de la huella ecológica es posible evaluar la presión humana, ya sea sobre el conjunto del planeta, o sobre territorios más acotados, continentes, países, etc. La huella ecológica varía extraordinariamente de una región a otra del planeta de acuerdo con los 
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patrones de vida y niveles de consumo de sus poblaciones. Los países industrializados del Norte Global, tanto en términos de acumulación histórica como de sus actividades actuales, tienen una huella ecológica mucho mayor que la de los países del Sur Global y tienden a sobrepasar en mucho la capacidad de carga de sus propios territorios. 
Si hay un déficit ecológico regional o nacional, significa que la región está importando biocapacidad a través del comercio o liquidando activos ecológicos regionales, o emitiendo desechos en bienes comunes globales como la atmósfera. A diferencia de la escala nacional, el déficit ecológico global no puede compensarse mediante el comercio, y por lo tanto es igual al rebasamiento (Global Footprint Network s/f).
La huella ecológica que hoy sobrepasa la capacidad de carga global ocurre en condiciones de extremas desigualdades. Como se señaló anteriormente, una significativa proporción de la población del planeta no cuenta con acceso regular a bienes básicos de la vida como alimentación, agua, vivienda y energía. En contraste, para que toda la población del planeta tuviese los niveles de consumo promedio actuales de la población de los Estados Unidos, serían necesarios 4,1 planetas (McDonald 2015).
El Antropoceno y la sexta gran extinción 
Otra contribución importante al diagnóstico y cuantificación de la situación ambiental del planeta son los informes denominados Planeta Vivo, producidos conjuntamente por el wwf Internacional (Suiza); Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres; el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo; la Red Global de Huella Ecológica; el Instituto de Ambiente de Estocolmo y Metabolic de los Países Bajos (wwf y otros 2016, 2018). Estos informes abordan la crisis ambiental planetaria a partir del seguimiento de lo que está ocurriendo con la biodiversidad y la abundancia de especies en los 
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ecosistemas del planeta. El informe correspondiente al año 2016 tiene como eje de análisis la caracterización del Antropoceno como sexto evento de extinción masiva en el mundo. 
El tamaño y la escala de la actividad humana han crecido exponencialmente desde la mitad del siglo xx. En consecuencia, las condiciones ambientales que fomentaron este formidable crecimiento están empezando a cambiar. Para simbolizar esta condición ambiental emergente, el ganador del premio Nobel Paul Crutzen (2002) y otros autores han planteado que hemos hecho la transición del Holoceno a una nueva época geológica, a la que han denominado el “Antropoceno”. En el Antropoceno, nuestro clima ha cambiado a mayor velocidad, los océanos se han acidificado y han desaparecido biomas enteros, todo ello a un ritmo medible durante el periodo de vida de un ser humano. Es tal la magnitud de nuestro impacto en el planeta que el Antropoceno podría calificarse como el sexto evento de extinción masiva del mundo. En el pasado, esos acontecimientos tardaron entre cientos de miles y millones de años en verificarse. Lo que hace tan asombroso al Antropoceno es que esos cambios están ocurriendo en periodos de tiempo, en extremo, condensados. Además, el motor de esta transición es excepcional. Es la primera vez que una época geológica podría estar determinada por lo que una sola especie (homo sapiens) le ha hecho conscientemente al planeta, en oposición a lo que el planeta les ha impuesto a las especies que lo habitan (wwf y otros 2016).
El indicador principal con el cual trabaja el Planeta Vivo para el estudio de la diversidad es el Índice de Planeta Vivo Global que hace un monitoreo a través del tiempo de 14.152 observaciones de 3.706 especies de vertebrados (mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles) en todo el mundo. De acuerdo con los resultados de este monitoreo, entre los años 1970 y 2012, sólo 42 años, “la abundancia poblacional de vertebrados sufrió una disminución de 58%” sin que se den señales de que el ritmo de descenso anual esté disminuyendo (wwf y otros 2016, 12). 
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Entre los años 1972 y 2012, las poblaciones terrestres disminuyeron en un 38%, las de agua dulce en un 81% y las marinas en 36%. “Si persiste la tendencia actual, en 2020, las poblaciones de vertebrados habrán menguado, en promedio, 67% respecto a 1970.” (wwf y otros 2016, 14). De acuerdo con el informe correspondiente al año 2018, con datos actualizados hasta el año 2014, “Las disminuciones de la población de especies son particularmente pronunciadas en los trópicos, con América del Sur y Central sufriendo la disminución más dramática, una pérdida del 89% en comparación con 1970.” (wwf y otros 2018). De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Convención para la Diversidad Biológica de la onu, Ahmed Djoghlaf, se están extinguiendo 150 especies animales al día, la mayor pérdida de diversidad biológica desde que desaparecieron los dinosaurios (El País 2007).
Impactos socioambientales presentes  y futuros de las transformaciones  climáticas globales
A pesar de que el calentamiento global es lo que ha recibido mayor atención, y ha sido más ampliamente documentado en las últimas décadas, no da cuenta, por sí solo, de las múltiples dimensiones del colapso ambiental global. Ya no se trata de potenciales impactos a mediano o corto plazo, sino de transformaciones que están alterando y destruyendo las condiciones de reproducción de la vida de centenares de millones de personas en el presente. Los impactos más importantes son los siguientes: 1. Mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos: huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales. El huracán María marcó un antes y un después en la vida de los habitantes de la isla de Puerto Rico. Un año después de haber ocurrido, permanecían miles de viviendas destruidas y sin servicios básicos, se ha producido una significativa migración. Esta devastación, en condiciones de profundo endeudamiento del sector público, está siendo utilizada para 
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draconianas políticas de austeridad y privatizaciones que amenazan incluso a la Universidad de Puerto Rico. 2. Sequías prolongadas, procesos de desertificación y pérdida extendida de tierras agrícolas y pecuarias. En África, en especial, esto ha generado masivas migraciones climáticas en la medida en que se destruyen las condiciones de reproducción de sus vidas. 3. La elevación del nivel de los mares está conduciendo a la desaparición de islas habitadas. Centenares de millones de personas, especialmente en Bangladesh, viven en territorios de muy poca elevación sobre el nivel del mar que están amenazados con quedar inundados en forma permanente (Ahmed 2015). Las ciudades costeras en todo el planeta están en riesgo severo. 4. El derretimiento de los glaciares pone en riesgo la vida de la sexta parte de la humanidad que depende de ríos que se originan en glaciares (Jamail 2018). Esto es particularmente amenazante para América del Sur, donde están situados 99% de todos los glaciares tropicales del planeta, glaciares que son extremadamente sensibles a cambios climáticos. Se ha producido una reducción sostenida de su volumen y cobertura a lo largo de los últimos 50 años. Esto es especialmente grave para Bolivia y Perú, ya que buena parte de su población vive en zonas áridas donde son altamente dependientes de los ríos alimentados por glaciares (Rabatel y otros 2013).3 5. La acelerada pérdida de biodiversidad, que es una condición fundamental para la preservación de la vida, se hace aún más grave en las condiciones de los cambios climáticos acelerados que están operando en la actualidad. Sistemas ecológicos completos pueden colapsar como consecuencia de la pérdida de diversidad biológica. Puede ocurrir la extinción funcional de una especie cuando ésta, a pesar de conservar niveles relativos de abundancia, deja de desempeñar interacciones con el ambiente, sin las cuales se pueden producir efectos devastadores sobre otras especies (Rabatel y otros 2013).
3 Estas tendencias están analizadas en forma exhaustiva en un informe preparado por la unesco para la cop 24 realizada en Katowise, Polonia, en diciembre 2018. (unesco 2018).
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La capacidad de adaptación a las actuales cambiantes condiciones climáticas se limita significativamente cuando la biodiversidad es reducida. De severas consecuencias sociales y políticas es la pérdida de la variedad de semillas de alimentos básicos como trigo, maíz, soya, papa y el control que sobre éstas tienen en forma oligopólica unas pocas transnacionales… Al masivo colapso de la población de insectos en el planeta, causado por la acción humana, se le ha puesto menos atención y ha sido estudiado menos sistemáticamente que la pérdida en la biodiversidad y población de otras variedades de vida animal y vegetal. Sin embargo, constituyen los insectos un componente esencial de los sistemas de vida en el planeta. Entre otras funciones son una fuente fundamental de alimentación para aves y peces. La pérdida de polinizadores representa una severa amenaza para la reproducción de plantas tanto salvajes como cultivadas, y con ello la seguridad alimentaria de la humanidad (Bidau 2018). 6. Contaminación en gran escala de tierras y aguas por el uso de agrotóxicos en la agricultura y por la escala, concentración y métodos utilizados en las denominadas fábricas de animales, como las grandes industrias del cerdo. 7. Contaminación local en las grandes ciudades del Sur Global, con severos efectos sobre la salud de sus pobladores. 8. La elevación de la temperatura de los mares y su acidificación está deteriorando los arrecifes de coral que juegan un papel vital en la protección de las zonas costeras, sirven de hábitat para muchas especies marinas, son fuente de nitrógeno y otros nutrientes esenciales para las cadenas alimentarias marinas y contribuyen a la fijación del carbono y el nitrógeno (Queensland Museum 2010-2019). Con alto y muy elevado grado de confianza, el ipcc, afirma que con una elevación de la temperatura de 1.5 grados centígrados desaparecerían entre 70% y 90% de los arrecifes coralinos y 99% en el caso de que la elevación de la temperatura llegase a los 2 grados centígrados (Intergovernmental Panel on Climate Change 2018). 9. De acuerdo con el Informe Lancet sobre salud y cambio climático correspondiente al año 2018: “Los cambios actuales en las olas de calor, capa
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cidad laboral, enfermedades transmitidas por vectores y seguridad alimentaria dan un alerta temprana del impacto múltiple y aplastante en la salud pública si las temperaturas continúan subiendo como se espera. Las tendencias del impacto, exposición y vulnerabilidades al cambio climático muestran un nivel inaceptablemente alto de riesgo para la salud actual y futura de la población en todo el mundo (Lancet 2018). 
Si bien hay pleno consenso en las comunidades científicas sobre la gravedad de las transformaciones ambientales y sobre su origen antropogénico, no hay un pleno consenso sobre el tiempo con el que cuenta la humanidad antes de que la continuidad de estos procesos devastadores, sobre todo la continuada producción de gases de efecto invernadero, provoquen efectos catastróficos e irreversibles. Es tal la complejidad de estos procesos, su carácter no lineal y sus dinámicas de retroalimentación, que aun los sistemas de cálculo más sofisticados no tienen capacidad para establecer con precisión cuáles podrán ser los puntos de inflexión a partir de los cuales todo cambiaría. De acuerdo con el Instituto Potsdam de Investigación sobre los impactos del cambio climático y un conjunto de otras instituciones reconocidas que trabajan sobre el tema (Potsdam Institute for Climate Impact Research y otros 2017),4 el tiempo con el cual se cuenta para tomar medidas drásticas es extraordinariamente reducido. De acuerdo con estas instituciones, la meta a la cual se llegó en el acuerdo de París para impedir que el aumento en la temperatura promedio global supere los dos grados, y en la medida de lo posible que no supere un grado y medio sobre los niveles pre industriales, es considerada como necesaria para impedir riesgos incalculables para la humanidad. Sin embargo, eso sólo sería realista si las emisiones de gases de efecto invernadero llegan a su máximo a más tardar para el año 2020, y a partir de ese año comienzan a descender. De acuerdo con este informe, de no lograrse 
4 Son corresponsables de este informe las siguientes organizaciones e individuos: Climate Policy Initiative, Conservation International, International Renewable Energy Agency, The New Climate Economy, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport, Raíd Detxhon (un Foundation), We Mean Business y World Resources Institute.
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esa meta, el planeta corre el riesgo de ir más allá de umbrales a partir de los cuales se desatarían grandes, y en lo fundamental, irreversibles cambios en el sistema terrestre. 
¿Cómo se responde a estos retos desde los poderes fácticos del sistema mundo capitalista?
En este contexto de profunda crisis que está corroyendo las condiciones de reproducción de la vida, los imaginarios del progreso, del desarrollo, del crecimiento sin fin, siguen orientando las políticas públicas y las prioridades de inversión en todo el sistema mundo. Para las organizaciones económicas y financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del Producto Interno Bruto sigue siendo el criterio principal con el cual se evalúan los resultados de la actividad económica, objetivo en función del cual se formulan las principales orientaciones de política económica. En todos los países del mundo se continúa evaluando la gestión de los gobiernos a partir de estos mismos criterios. Este consenso en torno a la deseabilidad de un “fuerte crecimiento económico global” fue ratificado en la declaración final del G20 realizado en Buenos Aires a final del año 2018 (G20 2019). En contraste con las múltiples señales de alarma formuladas por los diagnósticos a los cuales se ha venido haciendo referencia, todas las principales proyecciones de consumo de combustibles fósiles apuntan hacia un sostenido crecimiento de éste mucho más allá del año 2020. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, en el supuesto de que se cumplan los compromisos del Acuerdo de París, la demanda de petróleo seguirá creciendo por lo menos hasta el año 2040, último año para el cual realizan la proyección (International Energy Agency 2017). En lo que denominan las “economías avanzadas”, continuaría una lenta reducción de las emanaciones de gases de efecto invernadero, las emanaciones producidas por China se estabilizarían por unos años para comenzar lenta
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mente a descender en torno al año 2030. Sin embargo, estas reducciones serían más que compensadas por el incremento sostenido que se continuaría produciendo en lo que denominan “el resto del mundo”. El informe de la Shell sobre la transición energética correspondiente al año 2018, explora las tendencias en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la temperatura en tres posibles escenarios. En sólo uno de ellos, escenario en el cual la sociedad tome acciones necesarias para cumplir con los acuerdos de París, sería posible evitar que la temperatura superase los dos grados centígrados. “Ello requeriría una colaboración sostenida y sin precedentes a través de todos los sectores de la sociedad, apoyada por políticas gubernamentales altamente efectivas” (Shell 2018). El retiro de los Estados Unidos del acuerdo de París convirtió a estos objetivos en una remota posibilidad. De acuerdo con la empresa bp, el uso de combustibles fósiles seguirá creciendo por lo menos hasta el año 2040, último año para el cual realizan estimaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán igualmente incrementándose (bp 2018, 7, 14). Las proyecciones de la ExxonMobil señalan que entre 2015 y 2040 el Producto Interno Bruto mundial se duplicará. Entre el año 2015 y el 2030, la clase media global, con sus correspondientes niveles de consumo, tendrá un crecimiento aún mayor. En proyecciones que llegan hasta el año 2040, el consumo de combustibles fósiles seguiría creciendo en forma sostenida hasta dicho año, en el cual 60% de las necesidades energéticas del planeta serían satisfechas con petróleo y gas (ExxonMobil 2017). 
¿Qué habría que cambiar para que no cambie nada?
Ya sea en forma explícita o no, las élites económicas, políticas y científicas del planeta se han venido formulando una compleja interrogante: ¿Cómo dar respuesta a la profunda crisis climática sin confrontar los patrones civilizatorios que nos han conducido a ésta y sin impugnar las re
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laciones de poder que hoy controlan las decisiones que definen el rumbo del planeta, sin cuestionar las formas dominantes del conocimiento de la modernidad colonial? En otras palabras, como en El Gatopardo, ¿qué habría que cambiar para que no cambie nada? ¿Es posible dar respuestas efectivas desde los mismos patrones económicos, estatales, mercantiles y científico-tecnológicos que han conducido a la humanidad a la presente crisis? No sería conveniente tomarse en serio la advertencia de Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas con la misma mentalidad con la que los creamos”. ¿Es posible plantear salidas que permitan la sobrevivencia de la vida humana en el planeta sin un cuestionamiento radical del proyecto de la modernidad colonial, esto es, en palabras de Santiago Castro-Gómez (2000), del “intento fáustico de someter la vida entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento”? ¿Es posible encontrar salidas a la profunda crisis ambiental sin alterar las extraordinarias desigualdades existentes, y sin una drástica reducción de los patrones de consumo de las minorías más ricas del planeta, cuando se estima que casi 50% de las emisiones de carbono son consecuencia de las actividades de alrededor de 10% de la población global, que 70% de las emisiones son generadas por 20% de la población (Anderson 2018) y “solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70% de las emisiones” (Ribeiro 2018)? Desde los poderes hegemónicos, el reto está en cómo acotar los problemas que enfrenta la humanidad de forma tal que éstos puedan ser abordados sin cuestionar los fundamentos del patrón civilizatorio actual. ¿Cómo realizar el diagnóstico de manera tal que tenga soluciones tecnológicas y de mercado que, lejos de cuestionar el orden capitalista existente, lo reafirmen? Hay una estrecha, inseparable imbricación entre dimensiones propiamente ontológicas y epistemológicas que tienen que ver con los supuestos medulares de la modernidad colonial (separación sujeto/objeto, la naturaleza como objeto, los dogmas del desarrollo del progreso, del crecimiento sin fin, los imaginarios de la posibilidad del control total 
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de seres humanos y naturaleza), por un lado, y por el otro, los intereses políticos, geopolíticos y económicos, los lugares de enunciación, a partir de los cuales se formulan los diagnósticos y se proponen soluciones a los retos que hoy enfrenta la humanidad. Un patrón ampliamente extendido en las respuestas que se formulan desde los centros de poder político, económico y científico contemporáneos, es la búsqueda de reducir la compleja interrelación de factores que inciden en las transformaciones climáticas, a unas pocas, y preferiblemente una sola, variable. Si ésta puede ser sintetizada en una sola cifra, aún mejor. Es esto expresión del reduccionismo radical que confunde realidad con cuantificación. Así como en la economía se ha pretendido expresar la compleja realidad económica en una cifra, el pib, en los estudios, debates y acuerdos internacionales sobre cambio climático, se ha ido avanzando en dirección a esta misma lógica reductora. Las multiformes dimensiones del colapso ambiental planetario se han reducido a un aspecto básico: el calentamiento global, entendido éste como la elevación de la temperatura promedio de la superficie terrestre. Esto a su vez ha sido reducido a una única determinación causal: la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia principalmente de la quema de combustibles fósiles. Seguidamente se crea un indicador sintético: la cifra de concentración de partículas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, expresado en partes por millón, en lo que Camila Moreno ha denominado la métrica del carbono.5 De esta manera, la crisis de un patrón civilizatorio antropocéntrico, patriarcal y monocultural de crecimiento sin fin es acotada como un asunto técnico. ¿Cómo limitar, mediante restricciones en las emisiones y mediante mecanismos de captura, la concentración de gases de efecto invernadero 
5 A partir de este reduccionismo, y de las soluciones que se proponen a partir de éste, ni siquiera se da cuenta adecuada de las diversas fuentes de gases de efecto invernadero más allá de la quema de combustibles fósiles. Incorporar a las negociaciones la necesidad de reducir drásticamente las emanaciones de metano que produce el ganado vacuno implicaría enfrentar fuertes intereses corporativos y cuestionar los patrones alimentarios carnívoros que se han expandido aceleradamente en las décadas de la globalización neoliberal.
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en la atmósfera? ¿Qué regulaciones, qué respuestas tecnológicas y qué inversiones serían necesarias para este fin? Como argumenta Moreno, la forma en que describimos y enmarcamos un problema predetermina el tipo de soluciones y respuestas que podemos considerar. Esto es, a la vez que se iluminan algunas dimensiones del problema, se oscurecen u ocultan otras. A la vez que se destaca la pertinencia y utilidad de unos determinados patrones de conocimiento y sus capacidades tecnológicas, se niega o destruyen otras. Cuando se trata de asuntos complejos con relación a los cuales existen diferentes interpretaciones e intereses divergentes, un primer ámbito de confrontación y de ejercicio de relaciones desiguales de poder opera precisamente en el control de la agenda, en la definición de las interrogantes básicas: ¿Cómo se entiende qué es lo que está en juego? En la medida en que se imponga una interpretación única, las posibles respuestas desde otros sujetos, otros saberes, otras perspectivas quedan descartadas, aunque la historia haya demostrado una y otra vez que muchas de esas otras culturas tienen mayor capacidad de vivir en armonía con la naturaleza que la lógica moderna colonial, a pesar de toda su sofisticación científico/tecnológica. Desde una perspectiva autoritariamente monocultural, se niega la posibilidad de otras opciones de vida, de otras culturas en el planeta Tierra. Perspectivas tales como el Sumak Kawsay y el Suma Qamaña o la defensa los derechos de la naturaleza como puntos de partida para iniciar las requeridas transformaciones paradigmáticas profundas en la relación de los seres humanos con el resto de las redes de la vida, ni siquiera merecen unos instantes de atención. De esta manera, los diagnósticos, debates y acuerdos internacionales sobre cambio climático han operado como dispositivos que han reforzado la exclusión y el control colonial sobre los “otros” quienes, desde sus conocimientos y experiencias, no tendrían nada que aportar. Con esto se comete, propiamente, un epistemicidio. Como señala Camila Moreno: 
… el cambio climático inducido por el hombre está sucediendo y sucediendo rápidamente. (…) al encuadrar el problema en un modo espe
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cífico centrado en el carbono crea conocimiento y posibilidades para la comunicación global y la acción política, también excluye e incluso destruye el conocimiento al mismo tiempo. … traducir una crisis multidimensional ecológica y social compleja como el cambio climático a toneladas de dióxido de carbono equivalentes (CO2) –que podemos medir, contar, poseer, asignarles un precio y comerciar– no sólo reduce nuestra visión de lo que serían acciones verdaderamente transformadoras, sino que permite que actores e intereses sigan operando el sistema actual como hasta ahora (Moreno, Speich Chassé y Fuhr 2017). 
La métrica del carbono ha permitido la asignación de un valor monetario a las emisiones de carbono, y con ello la creación de diseños institucionales ad hoc denominados mercados de carbono en los cuales se compra y se vende, nacional e internacionalmente, el derecho a contaminar (Dag Hammarskjöld Foundation 2009; Transnational Institute y Carbon Trade Watch 2007). Esto permite a los países y empresas más ricos mantener o incrementar sus niveles de consumo y contaminación, compensándolo con pagos a los países más pobres para que limiten sus emisiones. Quienes cuentan con mayores recursos financieros pueden así seguir apropiándose de un bien común fundamental del planeta, la capacidad de absorción/retención de gases de efecto invernadero. Un mecanismo particularmente perverso dentro de la lógica de los mercados de carbono, la constituyen los mecanismos coloniales destinados a reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques (redd y redd+) mediante los cuales la gestión de los bosques pasa de las modalidades tradicionales de los habitantes locales de éstos, a una gestión científico/tecnológica altamente sofisticada, controlada por transnacionales y grandes ong ambientales (Cabello y Gilbertson 2012). Cuando el problema está acotado en estos términos, los asuntos más importantes que están en juego permanecen invisibilizados o relegados a ámbitos políticos de carácter secundario. En primer lugar, queda fuera de todo diagnóstico, debate o acuerdo el asunto crucial de las extremas y crecientes desigualdades que caracterizan al mundo actual. 
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A nadie se le ocurriría la osadía de plantear en las negociaciones climáticas internacionales que sólo mediante una redistribución radical de la utilización de la capacidad de carga del planeta, sería posible abordar simultáneamente los temas de los límites del planeta y el hecho de que centenares de millones de personas carecen de las condiciones básicas para la reproducción de sus propias vidas. El papel fundamental de los patrones de producción, distribución y consumo de alimentos de la agroindustria que produce extraordinarios impactos ambientales por la vía de la reducción de la diversidad genética, la masiva contaminación de aguas y tierras con agrotóxicos, la deforestación requerida para la expansión de la frontera agrícola, desaparecen de una mirada centrada en la métrica del carbono. De acuerdo con grain, organización internacional dedicada a apoyar a los pequeños campesinos en la lucha por sistemas alimentarios biodiversos y controlados por las comunidades, “el uso de fertilizantes, pesticidas, maquinarias y la destrucción de los suelos provocan algo más de la décima parte de los gases invernadero. Una de las principales causas de la destrucción de los suelos es que ya no se devuelve la materia orgánica al suelo” (grain 2010). “Conjuntamente, las cinco corporaciones productoras de carne y lácteos son en la actualidad responsables de más emisiones anuales de gases de efecto invernadero que la ExxonMobil, la Shell y bp” (grain 2018). Alternativas tales como las que viene proponiendo desde hace años Vía Campesina referidas a la contribución que puede hacer la agricultura campesina ecológica al enfriamiento del planeta (Vía Campesina 2015), ni siquiera son consideradas. Las experiencias y conocimientos de los pueblos indígenas de la Amazonía, que no sólo han vivido durante milenios en armonía con su entorno, sino que, a través de sus prácticas culturales, han contribuido a crear sistemas ecológicos de mayor diversidad biológica, son considerados como poco científicos, por lo que esas voces son excluidas incluso de los proyectos referidos a sus propios territorios. Si el problema con el consumo energético es abordado exclusivamente como un asunto de las emanaciones de gases de efecto invernadero, no es necesario cuestionarse sobre los niveles del consumo energético que se asume que inevitablemente continuarán creciendo 
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en forma sostenida. En consecuencia, se consideran como alternativas adecuadas todas aquellas modalidades de generación de energía que contribuyan a limitar las emisiones. Desde este acotamiento se ha buscado relegitimar la energía nuclear (Public Citizen s/f; Union of Concerned Scientists s/f). Incluso el destacado ambientalista James Lovelock, creador de la hipótesis Gaia, ha argumentado que la energía nuclear es la única opción para salvar al planeta (McCarthy 2004). Se destacan las virtudes de las energías eólicas y solares como energías limpias, sin incorporar en el análisis las consecuencias de la minería en gran escala que es necesario llevar a cabo en territorios de pueblos del Sur Global, para que éstas sean posibles. Se celebra el hecho de que estas fuentes no producen emisiones en su fase de generación de energía, pero se deja fuera del debate el hecho de que las mega instalaciones eólicas y solares controladas por grandes corporaciones limitan la realización de las aspiraciones que existen hoy en comunidades en todo el mundo por el acceso a la energía como derecho y por un control democrático, local, soberano de la producción y la gestión de ésta (Transnational Institute 2016; Brand, Gensler y Strickner 2012). Se promueve la construcción de grandes represas hidroeléctricas como energía limpia, a pesar de sus devastadores impactos ambientales, incluso sus masivas emisiones durante la fase de construcción. Los ríos tienen funciones fundamentales en la preservación de ecosistemas en todo el planeta.
En muchos sitios, los ríos de flujo libre con conectividad son fundamentales para transportar sedimentos aguas abajo, proporcionar nutrientes a los suelos de las llanuras inundables, conservar llanuras aluviales y los deltas que amortiguan los efectos de los acontecimientos climáticos extremos, servir como lugares de esparcimiento y propiciar plenitud espiritual (wwf y otros 2016, 38).
Y, sin embargo, de acuerdo con el Informe 2016 de Planeta Vivo, casi la mitad del volumen total de ríos del planeta han sido alterados 
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por la regulación o fragmentación de sus caudales. Si se culminasen las 3.700 grandes represas de riego o hidroeléctricas que han sido planificadas o están en fase de construcción, quedaría afectado el 93% del caudal natural de los ríos del planeta (wwf y otros 2016, 36). La oposición a las grandes represas que desplazan a poblaciones de sus territorios constituye en la actualidad uno de los focos de resistencia más ampliamente extendido en todo el Sur Global, en particular en América Latina (Gómez 2014; red-desc s/f y Gómez Fuentes 2015). A nombre de la protección ambiental, desde una mirada focalizada en los efectos de la quema de combustibles fósiles, se han promovido los agro combustibles como combustibles ecológicos. Por esta vía se sustituye la producción de alimentos por la producción de combustible para vehículos, a pesar de que más de 800 millones de personas padecen de desnutrición crónica. La soberanía alimentaria de pueblos indígenas está siendo especialmente amenazada. Con la expansión de la frontera de los monocultivos para este fin, se aceleran los procesos de deforestación y la pérdida de diversidad biológica de los bosques, contribuyendo de esta manera a acelerar las transformaciones climáticas que se supone que se está intentando limitar (Global Forest Coalition 2007). Después de años en que la Unión Europea ha promovido los biocombustibles como más amigables para el planeta que los combustibles fósiles, una investigación reciente ha llegado a la conclusión de que los combustibles basados en el aceite de palma son tres veces más perjudiciales para el ambiente que los combustibles fósiles. A las emisiones de gases de efecto invernadero, se agregan los impactos de la deforestación, la destrucción de turberas, la afectación de la diversidad biológica y el desplazamiento de poblaciones (Malins 2017). Con base en estos resultados, el parlamento de Noruega ha decidido prohibir la importación de aceite de palma a partir del año 2020 (Chow 2018). Uno de los ejemplos más notorios del bloqueo de alternativas que opera como consecuencia de los diagnósticos reduccionistas, como el de la métrica del carbono, es la forma como se incorporan los automóviles eléctricos al debate y a las políticas sobre el cambio climático. Son múltiples los impactos económicos, sociales y culturales 
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que ha tenido la generalización del uso del automóvil individual en todo el planeta. Es extraordinaria la presión sobre territorios que genera la minería metálica en gran escala requerida para su producción, sobre todo en el Sur Global; ha contribuido a una expansión inviable de las ciudades (urban sprawl); produce millones de muertes al año por accidentes automotores; le quita la ciudad a los peatones y altera los espacios de socialización compartida; contribuye al aumento de las enfermedades cardiovasculares en la medida en que se camina menos; contribuye a la celebración de las desigualdades sociales en la medida en que los automóviles se convierten en símbolos de prestigio y ostentación; contribuye a bloquear el establecimiento de sistemas de transporte público eficientes y, como resultado de la congestión, incrementa significativamente el tiempo que los citadinos tienen que dedicarle diariamente a su movilización. Cuando operan con motores de combustión interna, contribuyen a la contaminación urbana y al calentamiento global mediante la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando el “problema” del automóvil es reducido exclusivamente a esto último, a la emisión de gases de efecto invernadero, es posible una solución técnica: la introducción de automóviles eléctricos. Todas las otras dimensiones de la cultura del automóvil individual quedan excluidas del debate. Al presentarlos como “ecológicos”, gobiernos y corporaciones automotrices relegitiman al automóvil individual como la modalidad normal del transporte en la sociedad moderna. Mediante subsidios y demás incentivos públicos, se ha inducido al cambio de automóviles de combustión interna por automóviles eléctricos como vía para incrementar la demanda y dinamizar el crecimiento de la economía (Brie y Candeia 2012). De acuerdo con proyecciones divulgadas por el Foro Económico Global de Davos, se estima que para el año 2040 se habrá duplicado el número de automóviles con relación a su existencia actual (World Economic Forum 2016). A pesar de todas las celebraciones en torno a las virtudes del automóvil eléctrico, la ExxonMobil estima que para el año 2040, aproximadamente el 80% de los automóviles seguirán operando con combustibles fósiles (ExxonMobil 2017).
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La economía verde
La propuesta estratégica más ambiciosa que se ha formulado desde los centros económicos, políticos y científicos hoy hegemónicos, ha sido la economía verde. Se trata de formulaciones mediante las cuales, a nombre de la preservación de la vida en el planeta, se abren las puertas al aprovechamiento de la crisis ambiental para crear un nuevo ámbito de la acumulación del capital mediante la profundización del control y la mercantilización de la naturaleza. Siguiendo la misma direccionalidad de construcciones teóricas legitimadoras previas, como el desarrollo sustentable (Asamblea General de las Naciones Unidas 1987), dispositivo teórico epistemológico creado para buscar salvar al dogma del desarrollo ante la creciente evidencia de que se estaba conduciendo a la humanidad hacia un precipicio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), en preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20, realizada en Río de Janeiro en el año 2012, con la contribución de expertos de todo el mundo, produjo un documento de más de 600 páginas en el cual se exploran con gran detalle los problemas ambientales que confronta el planeta. Con la propuesta de la economía verde, se busca definir un nuevo marco conceptual dentro del cual deberían darse los debates, negociaciones y procesos de formulación de políticas de todos los países y los organismos multilaterales.6 Este dispositivo pretende la magia de hacer posible, en forma simultánea, tanto la continuación, e incluso aceleramiento del crecimiento económico, como la protección del planeta. Es una extraordinaria síntesis de respuestas tecnológicas (technological fix) y soluciones de mercado a la crisis que vive la humanidad. Se trata de un sofisticado esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta, sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni las relaciones de dominación y explotación existentes 
6 Para una síntesis en castellano de este informe ver: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2011).
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en éste. Se argumenta, a lo largo del informe, que sólo con los mismos mecanismos de mercado y patrones científicos y tecnológicos, con la misma lógica del crecimiento sostenido, será posible salvar la vida en el planeta. Buscan con esto superar lo que denominan el mito de que exista una disyuntiva entre progreso económico y sostenibilidad ambiental. De acuerdo con el pnuma, mediante la transición hacia la economía verde se podrá relanzar la economía global con tasas de crecimiento muy superiores a las que serían posibles con el modelo actual. Se lograría generar más y mejores empleos, se reduciría la pobreza, se alcanzarían mayores niveles de equidad y las metas del milenio, todo ello de un modo sostenible, esto es, reconociendo el valor de la naturaleza, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y la presión sobre el entorno natural, permitiendo así su recuperación. Todo esto, por supuesto, creando nuevas y rentables áreas de inversión que harían posible al capital global salir de su crisis actual y aumentar sus tasas de ganancia. De acuerdo con esto, no se trata de cuestionar la posibilidad de un crecimiento económico sostenido, ni la noción del progreso, sino de reorientar las inversiones y la innovación tecnológica en dirección de la economía verde. Al demostrar una terca incapacidad para siquiera imaginar la posibilidad de otro mundo posible, se argumenta que el determinante más importante de la actual crisis ha sido la asignación incorrecta del capital. Se trata, por ello, de fallas del mercado. Argumentan que durante las últimas décadas, la mayor parte de las inversiones se realizaron en bienes raíces, combustibles fósiles y activos financieros. Comparativamente, se habría invertido muy poco en energías renovables, eficiencia energética, transporte público, agricultura sostenible, protección de los ecosistemas y de la diversidad biológica, y conservación del suelo y el agua. El problema residiría entonces en que el mercado habría venido operando con señales equivocadas. La solución que se propone está, por lo tanto, orientada a crearle a los mercados otras señales, de manera que las actividades que contribuyan a la preservación de la vida sean más rentables que las que le hacen daño a ésta. La constatación de estas severas “fallas del mercado” y sus extraordinariamente peligrosas consecuencias para la vida en el planeta no lle
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va al pnuma siquiera a pensar en la posibilidad de que estas señales sean consecuencia del creciente poder de los mercados financieros en la definición de las políticas públicas, del creciente sometimiento de toda otra lógica social, sea la democracia, la equidad, la solidaridad, o incluso la preservación de la vida, a un criterio único: la maximización de la ganancia a corto plazo para el capital. De acuerdo con el informe en cuestión, el problema es mucho más acotado, un problema que puede ser resuelto sin necesidad de transformaciones estructurales en la operación del sistema y mucho menos entrar en consideraciones de orden civilizatorio. Se trata sólo de que “los mercados” han estado operando sobre la base de “fallas de información”, la no-incorporación del costo de “las externalidades”, y sobre la base de políticas públicas inadecuadas como los “subsidios perversos o perjudiciales para el medio ambiente”. Por ello, las soluciones que propone el informe son un conjunto de “directrices relacionadas con las políticas necesarias”, para lograr que el contexto regulatorio, los incentivos y las condiciones de acceso a la información en las cuales operan los mercados cambien. La transición a la economía verde y sus nuevas bases tecnológicas requeriría inversiones del orden de millardos de billones de dólares, montos con los cuales sólo cuenta el capital financiero global y las grandes transnacionales. De esta manera, el futuro del planeta dependería de que los Estados, mediante políticas impositivas, regulaciones, incentivos e inversiones, lograsen reorientar este monto de inversiones privadas de la “economía marrón” a la “economía verde”.7 Son también problemáticos los procesos de financiarización de la naturaleza basados, entre otros, en la noción de la tragedia de los comunes formulada por Garrett Hardin (1968). Desde muchas corrientes del liberalismo, se defiende la idea de que para proteger a la naturaleza es indispensable asignarle, tanto un dueño, como un valor monetario. Los servicios ambientales, los mercados de carbono, Redd y Redd+ mencionados anteriormente, son los principales instrumentos mediante los cuales se aprovecha la crisis ambiental para crear nuevos ámbitos de 
7 Para análisis críticos de la economía verde, ver: Lander (2011) y Moreno (2013).
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valorización del capital y avanzar en el control centralizado corporativo y estatal de los bienes comunes del planeta, imponiendo lógicas mercantiles sobre territorios de pueblos aborígenes y campesinos. De esta manera se obstaculiza o impide la operación de otras lógicas culturales de relación con el entorno natural que durante milenios han permitido la convivencia humana con el resto de las redes de la vida.
La geoingeniería
La búsqueda de soluciones tecnológicas a la crisis ambiental, basada en la prepotencia que hace creer que es posible el pleno control sobre todos los procesos de la naturaleza, encuentra una de sus expresiones máximas en la geoingeniería. Esta noción prometeica del hombre amo y dueño de la naturaleza (hombre en masculino porque se trata de un patrón civilizatorio patriarcal), busca llevar hasta su plena realización el sueño de Francis Bacon quien, desde los orígenes mismos de la modernidad, concibió el conocimiento como poder, como la capacidad para someter, controlar y doblegar a las fuerzas de la naturaleza. Son la ingeniería genética (manipulación de los códigos de la vida) y la geoingeniería, los ejemplo más extremos y más peligrosos de operar al interior de esos imaginarios y de la incapacidad de siquiera imaginar opciones fuera de ese marco. De acuerdo con el Grupo etc: 
Geoingeniería es la intervención intencional en gran escala en los océanos, los suelos y/o la atmósfera de la Tierra, con el fin de combatir el cambio climático. La geoingeniería puede referirse a una amplia gama de esquemas, entre los que se incluyen el lanzamiento de partículas de sulfatos a la estratosfera para reflejar los rayos solares; el vertimiento de partículas de hierro en los océanos para nutrir al plancton que absorbe el CO2; el disparo de yoduro de plata a las nubes para producir lluvia; la ingeniería genética de los cultivos para que su follaje refleje mejor la luz del sol, entre otras.
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También es obvio que los protagonistas del sector privado que querrán encabezar la geoingeniería serán probablemente las mismas empresas de las ramas energética, química, silvícola y de los agronegocios que cargan con la responsabilidad de haber creado el actual predicamento climático en el que nos encontramos, es decir, los mismos que nos condujeron a este caos. Elegir la geoingeniería como una de las soluciones al caos climático atenta directamente contra el principio de precaución. Aún los posibles inversionistas reconocen que no sabemos lo suficiente sobre los sistemas terrestres como para arriesgarnos a la aplicación intencional de la geoingeniería o incluso a experimentar con ella en el mundo real. (…) La geoingeniería emplea nuevas tecnologías para intentar rectificar los problemas creados por el uso de viejas tecnologías: un clásico remiendo tecnológico (Grupo etc 2010).
Una vez instalados algunos de esos complejos sistemas tecnológicos globales, tendrían que ser permanentemente monitoreados y mantenidos, ya que se trata de regímenes tecnológicos artificiales sin capacidad de auto-regulación. Ello requeriría controles tecnocráticos centralizados, negadores de toda posibilidad de opciones sobre el futuro del planeta debatidas y decididas democráticamente. Todo esto se acerca en forma escalofriante a las distopías del autoritarismo ambiental. Estos delirios tecnológicos tienen otra consecuencia. Sobre la base de una confianza ciega en que se dispondrá a corto plazo de las soluciones tecnológicas requeridas para limitar y contrarrestar los daños que se le hacen al planeta, se puede seguir posponiendo la toma de medidas con relación a las causas estructurales de la crisis planetaria. Sin regulaciones internacionales de ningún tipo, y dejando a un lado el principio de precaución, se están llevando a cabo centenares de experimentos y proyectos de geoingeniería en todo el planeta. De acuerdo con el seguimiento sistemático que han venido realizando el Grupo etc y la Fundación Heinrich Böll, entre el año 2012 y el presente se pasó de 300 a 800 actividades relacionadas con la geoingeniería, registro que se reconoce como necesariamente parcial. Esto incluye proyectos de captura de car
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bono, gestión de la radiación solar, alteración del clima (weather) y otras aproximaciones. Esta información ha sido sistematizada en un mapa interactivo de estas actividades en todo el mundo.8 Orientados por una racionalidad instrumental desbordada, desprendida de toda consideración ética, estos aprendices de brujo están jugando con el futuro de la vida. Dada la extraordinaria potencia de los instrumentos tecnológicos con los cuales se cuenta, se hace cada vez más urgente incorporar a la acción humana la advertencia formulada por el filósofo alemán Hans Jonas (1984), hace décadas, sobre la creciente responsabilidad ética de los humanos en la era tecnológica en vista de que “la capacidad tecnológica humana para producir cambios en la naturaleza siempre será mayor que la capacidad científica para prever los efectos de estas alteraciones”.
¿Antropoceno o la era de la plutocracia? Las profundas desigualdades en la distribución de la riqueza y el poder político, comunicacional y militar que caracteriza al actual mundo post democrático
No sería explicable que la humanidad continuase avanzando en un aparente sonambulismo en la dirección de las devastaciones ambientales que han sido previstas, divulgadas y experimentadas por centenares de millones de personas, si no viviésemos en una sociedad capitalista, postdemocrática, caracterizada por unos niveles de concentración de la riqueza como nunca antes en la historia de la humanidad. Una muy pequeña proporción de la humanidad tiene hoy la capacidad de orientar las principales decisiones sobre el presente y el futuro del planeta a 
8 Este mapa puede consultarse en [https://map.geoengineeringmonitor.org/]
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partir de sus concepciones del mundo y de sus intereses económicos y políticos de corto plazo. En palabras de Silvia Ribeiro: 
Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos sociales y el cambio climático es uno de los principales. Pero no son causados por toda “la humanidad”. Más que la era del Antropoceno, como algunos la llaman, vivimos la era de la plutocracia, donde todo se define para que los muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus ganancias, a costa de todo y todos los demás. Esta absurda injusticia social, económica, ambiental, política, requiere de muchas armas para mantenerse y una de ellas es la guerra conceptual. Inventar conceptos que oculten las causas y características de la realidad, que desvíen la atención de la necesidad de cambios reales y profundos y mejor aún, que sirvan para hacer nuevos negocios a partir de las crisis (Ribeiro 2016). 
Estas profundas y crecientes desigualdades se dan entre continentes, entre países y al interior de los países, entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos humanos que han sido jerarquizados por el dispositivo político/epistemológico de la racialización de todas las poblaciones del planeta a lo largo de la experiencia de la modernidad colonial.9 A pesar de que medida en términos de ingreso monetario la pobreza global ha bajado en las últimas décadas, simultáneamente las desigualdades se han acrecentado. Oxfam es la organización internacional de activismo social que en forma más sistemática se ha dedicado al estudio y denuncia de las crecientes desigualdades que caracterizan a las sociedades contemporáneas. De acuerdo con el informe sobre las desigualdades globales correspondiente al año 2018, 42 personas poseen la misma riqueza que los 3.700 millones de personas con menos riqueza y el 1% más rico continúa 
9 Sobre la “raza” como dispositivo político epistemológico de clasificación jerárquica de los diferentes pueblos en el sistema mundo colonial moderno, ver: Quijano (2000) y Quijano (1992).
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poseyendo más riqueza que el resto de la humanidad (Oxfam International 2018). Según Credit Suisse, América del Norte, con aproximadamente 6% de la población global del planeta, concentra más de 36% de la riqueza total, mientras que India, con aproximadamente 16% de la población mundial, posee cerca de 3% de ésta, y África con 13% de la población total sólo cuenta con menos del 2%. Mientras 36 millones de personas, 0,7% de la población mundial, posee el 45,5% de la riqueza global, 3.474 millones de personas, 70,1% de la población total, sólo posee el 2,7% de la riqueza global. Esta riqueza está, a su vez, altamente concentrada geográficamente. Los Estados Unidos tienen 43% del total de los millonarios del planeta. De acuerdo con Credit Suisse, 51% de las personas poseedoras de más de 50 millones de dólares, un total de 75.000, son residentes en los Estados Unidos (Credit Suisse Research Institute 2017). El World Inequality Report 2018 informa que, durante las décadas de la post guerra, las desigualdades tendieron a reducirse en todo el mundo pero que, a partir de 1980, se ha producido un incremento sostenido de las desigualdades dándose una tendencia hacia un patrón de alta desigualdad, aún en países como Rusia y China, que hace cuatro décadas tenían niveles de desigualdad significativamente menores. Entre 1980 y 2016, el 50% de menores ingresos percibió el 13% del crecimiento total, mientras que el 1% de mayores ingresos percibió el 27% del crecimiento total. Entre los años 1980 y 2016, en los Estados Unidos, la participación del 1% más rico de la población en el ingreso total pasó de 10% a 20%, mientras que la participación del 50% con menores ingresos se redujo de más de 20% a 13%. De acuerdo con dicho informe, la relación entre la riqueza pública y privada es un “determinante crucial” del nivel de desigualdad de los países. Desde 1980, en prácticamente todos los países, se ha reducido la proporción de la riqueza en manos del sector público mientras ha aumentado la que ha pasado a ser propiedad privada. En el caso de China, el peso del capital público en el conjunto de la economía se redujo a la mitad entre esos años, mientras que en los Estados Unidos y el Reino Unido, la riqueza neta pública (activos públicos menos deuda pública), se ha vuelto negativa (Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez y Zuman 2018). 
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¿Quién decide sobre el futuro del planeta?
Además de las consecuencias evidentes en los niveles de exclusión y carencias que se dan como resultado de esta apropiación tan brutalmente desigual de los bienes comunes, desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas políticos y los procesos de toma de decisiones sobre la crisis climática, son extraordinarios los impactos del fortalecimiento global del poder económico, y por ende político, de esta pequeña minoría de los súper ricos, la llamada clase de Davos. 10 A pesar de los desplazamientos ocurridos como consecuencia del surgimiento de nuevos sectores económicos y sus correspondientes grandes corporaciones como Apple, Samsung, Microsoft, Facebook y Google, las corporaciones del campo de los hidrocarburos y la industria automotriz ExxonMobil, Petrochina, Shell, Chevron, Sinopec, bp, Total, Toyota, Wolkswagen, General Motors y Ford, siguen figurando entre las corporaciones más grandes del mundo, y con ello continúan con una extraordinaria capacidad de incidencia política. Esta capacidad de incidencia sobre la agenda pública y las decisiones gubernamentales es particularmente notoria en el caso de los Estados Unidos, donde ha conducido a políticas públicas que, lejos de frenar la devastación ambiental, la están acelerando. Desde que la crisis ambiental se convirtió en un importante foco de atención de la opinión pública mundial, y comenzaron a realizarse negociaciones internacionales, y se fueron haciendo más fuertes las exigencias de regulaciones nacionales y acuerdos internacionales para limitar el cambio climático, se encendieron señales de alarma en los gru
10 Esta parte del texto se basa extensamente en el trabajo: “Renovado asalto a las condiciones de reproducción de la vida. Política energética y cambio climático en la era de Trump”, presentado en el encuentro Horizontes en disputa: Modernidad capitalista, nuevas derechas posdemocráticas y alternativas desde los márgenes, Grupo de Trabajo Permanente del Alternativas al Desarrollo. Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburg con sede en Quito. El encuentro fue realizado en Playas del 25 a 29 de mayo, 2018. Ese texto será publicado en un libro que recoge las presentaciones de dicho evento.
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pos corporativos de la industria de hidrocarburos, como la Exxon, y se fue desplegando un amplio y muy bien financiado esfuerzo por impedir políticas que pudiesen limitar sus márgenes de ganancia. Utilizando los mismos argumentos que venía usando la industria del tabaco para negar sus efectos negativos sobre la salud, a pesar de que sus propias investigaciones demostraban en forma contundente lo contrario, las grandes empresas de hidrocarburos llevaron a cabo una multimillonaria campaña destinada a negar la relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático, o a señalar que los impactos negativos del cambio climático estaban siendo exagerados irresponsablemente (Fahey 2012). La Exxon tuvo una participación activa en la más importante coalición de organizaciones empresariales que, en el ámbito internacional, buscó incidir sobre los debates del cambio climático, negando su existencia y oponiéndose a toda regulación destinada a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esta Coalición de Clima Global (Global Climate Coalition) estuvo activa entre los años 1989 y 2001 (Wikipedia 2018). Entre las instituciones de la derecha que continúan desempeñando hasta el presente un papel activo en la producción de materiales y la divulgación de posturas negadoras del cambio climático está el Heartland Institute cuya misión declarada es la de “descubrir, desarrollar y promover soluciones de libre mercado a los problemas sociales y económicos” (The Heartland Institute, s/f). Además de reuniones públicas muy bien financiadas con una amplia divulgación en los medios, su Science and Environmental Policy Project produce materiales mediante los cuales buscan demostrar “científicamente” la falsedad del calentamiento global. Una de las áreas a las cuales este instituto le ha dedicado mayores esfuerzos es al impulso de lo que denominan el Grupo No gubernamental de Cambio Climático. Es éste definido como un grupo internacional de académicos y científicos internacionales totalmente independientes de los gobiernos y de toda presión e influencia política. De acuerdo con el Heartland Institute, éste se diferencia del ipcc en que ése si está patrocinado por los gobiernos, y está políticamente motivado y predispuesto a creer que el cambio climático es un problema que requiere una solu
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ción por parte de las Naciones Unidas (The Nongovernmental Panel on Climate Change 2017). Su crítica a lo que considera que son las distorsiones de los informes del ipcc está sintetizada en publicaciones como Nature, Not Human Activities, Rules the Climate, y Climate Change Reconsidered II. Biological Impacts (Singer 2008; Idso y otros 2014). Más allá de este tipo de intervenciones sobre aspectos específicos del debate climático, o en los referidos a la regulación ambiental, ante una creciente preocupación por lo que veían en el horizonte como un peligro no sólo para sus intereses económicos, sino igualmente para el futuro del capitalismo, en los Estados Unidos algunos sectores empresariales conservadores han desarrollado, desde hace décadas, una estrategia multidimensional, de largo plazo, destinada no sólo a incidir sobre los procesos de toma de decisiones gubernamentales y sobre el contenido de los medios de comunicación y, en términos aún más ambiciosos, llevar a cabo una guerra cultural destinada a alterar los sentidos comunes compartidos en la sociedad. Se trata propiamente de lo que puede denominarse como una estrategia dirigida a la creación de una nueva hegemonía en el sentido gramsciano, de contenido “libertario”, esto es, de exigencia de un Estado mínimo y de preeminencia plena de las relaciones mercantiles en el conjunto de la sociedad. Los esfuerzos más sistemáticos, mejor financiados y, sin duda, más exitosos en esta dirección han estado dirigidos por los hermanos Charles G. y David Koch. Cuentan para ello entre ambos con unas de las mayores fortunas del mundo, estimada en más de cien mil millones de dólares, basada en una amplia gama de actividades económicas de las cuales las más importantes están asociadas a los combustibles fósiles (International Forum on Globalization s/f). Han dedicado centenares de millones de dólares durante décadas a financiar universidades, centros de investigación, programas de becas, think tanks “libertarios” y de derecha como el Instituto Cato y la Heritage Foundation y medios de comunicación. Han apoyado y fomentado grupos diversos en todo el país en temas tales como la lucha por la prohibición del aborto, la enseñanza de la evolución en la escuela como una teoría más al mismo nivel del denominado creacionismo, en contra de la intervención/regulación gubernamental en todos los ámbitos de la 
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vida colectiva, en oposición a la expansión del sistema público de salud y en defensa de la libertad religiosa. Han financiado igualmente en forma muy amplia campañas electorales de candidatos y candidatas en todos los niveles de la estructura del Estado que estuviesen dispuestos a defender sus intereses y su ideología de libre mercado. Estos sistemáticos y sostenidos esfuerzos comienzan a dar frutos en la arena política nacional con la emergencia del movimiento conocido como el Tea Party, en los márgenes y al interior del Partido Republicano. Este movimiento que se presenta como una espontánea rebelión populista de base en contra de las élites del país y en contra de la injerencia de Washington en la vida colectiva, contó desde el principio con apoyo político y muy generosas contribuciones a través de Americans for Prosperity, la principal organización de activismo político de los Koch y de otras de la amplia gama de organizaciones que operan los Koch solos o con sus aliados empresariales. De acuerdo con un intenso activismo de base en las elecciones primarias del Partido Republicano en el año 2010, y apelando a posturas denominadas “libertarias”, anti-élite y anti-Estado en todo el país, la llamada revolución del Tea Party condujo a significativos desplazamientos hacia la derecha en el Partido Republicano. Uno de los argumentos que ha sido utilizado en forma más eficiente en esta batalla es la afirmación de que las políticas de protección ambiental constituyen una expansión de la intervención del Estado, esto es, una injerencia inaceptable en el ejercicio de la libertad de los individuos y las empresas, amenazando los valores individualistas fundamentales de la sociedad estadounidense. Para confrontar las regulaciones ambientales, que usualmente implican costos adicionales para las actividades económicas contaminantes, se ha desarrollado el lenguaje de los “impuestos ambientales”. Promovida por la organización The Tea Party Group Americans for Prosperity, se ha llevado a cabo una fuerte campaña para que “cada funcionario electo”, en cada nivel de gobierno de Estados Unidos, firme una declaración en la cual se comprometa a no apoyar ninguna iniciativa de protección ambiental que implique un incremento de impuestos o de ingresos gubernamentales. De los 85 nuevos representantes republicanos en la Cámara de Representantes elec
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tos en el año 2010, 76 habían firmado este juramento como candidatos, 57 de ellos recibieron apoyo financiero de las organizaciones Koch para su campaña electoral. Todo esto ocurre en el contexto de un extraordinario incremento en el papel del dinero en el sistema político de Estados Unidos. En ese país, donde el poder del dinero ha operado históricamente en una forma descarnada, en el año 2010 la Corte Suprema adoptó una decisión que incrementa extraordinariamente el poder de las corporaciones sobre todo el sistema político.11 A partir del insólito supuesto de que las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas, esta Corte revirtió restricciones que tenían más de un siglo, así como doctrinas constitucionales que habían sido reafirmadas por diferentes decisiones de la Corte y del Congreso a través del tiempo. Dictaminó que establecer limitaciones al gasto de las corporaciones y los sindicatos en los procesos electorales constituía una violación constitucional de la libertad de expresión, tal como está dispuesto en la primera Enmienda Constitucional. Dados los exorbitantes costos de las campañas electorales en los Estados Unidos, esta decisión fortaleció aún más el poder de los grupos de influencia para comprar decisiones legislativas y ejecutivas que favorezcan sus intereses. La disposición fue celebrada por la derecha estadounidense como la restauración de los principios básicos de la república, al tiempo que ha sido calificada como un severo ataque a la democracia por sectores políticos liberales y de izquierda.12 Estos antecedentes preparan el terreno para las agresivas políticas de promoción de los combustibles fósiles y de desmontaje de las regulaciones ambientales por parte de la administración Trump. En su campaña electoral, Trump denunció reiteradamente al entramado jurídico institucional de protección ambiental que se había creado en ese país 
11 Es este el caso conocido como Citizens United vs. Federal Election Commission. Ver: Liptak 2010. 12 Para un análisis de las enormes consecuencias antidemocráticas de esta decisión, ver: Public Citizen (2011).
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durante el medio siglo anterior, y ofreció comenzar a desmontarlo tan pronto llegase a la presidencia. Desde los primeros días de su gobierno, Trump buscó diferenciarse lo más radicalmente posible de las políticas ambientales impulsadas por el gobierno de Obama en el ámbito energético y ambiental. El control republicano de ambas cámaras del Congreso le otorgó un extraordinario margen de libertad para avanzar en esta agenda. En el primer día de su presidencia, la página web de la Casa Blanca anunció que el Plan de Acción Ambiental de Obama sería eliminado (Temple 2017). Poco después de su inauguración firmó una Orden Ejecutiva para Promover la Independencia Energética y el Crecimiento Económico. (The White House 2017 a), en la cual se define como de “interés nacional la promoción y desarrollo limpio y seguro de los vastos recursos energéticos de la Nación, y al mismo tiempo evitar las cargas regulatorias que en forma innecesaria obstaculizan la producción de energía, limitan el desarrollo económico e impiden la creación de empleo […] el desarrollo prudente de estos recursos naturales es esencial para asegurar la seguridad geopolítica de la nación”. Se le da instrucciones a todos los departamentos gubernamentales del Ejecutivo para que revisaran a muy corto plazo todas las regulaciones que potencialmente puedan limitar la producción de energía con el fin de “suspender, revisar o rescindir” estas regulaciones. Igualmente se revoca una amplia gama de acciones regulatorias presidenciales referidas a asuntos energéticos y climáticos. En todos los ministerios y demás instituciones gubernamentales que tienen alguna relación con temas energéticos y ambientales nombró como responsables a quienes compartían esta agenda de acelerada desregulación y apoyo a la industria fósil. En el mes de junio de 2017, a los seis meses del inicio de su presidencia, Trump realiza el lanzamiento del componente energético de su estrategia global denominada “América Primero” (America First). Ante una significativa representación de la industria energética, Trump presenta su plan energético, denominado “Desatando la Energía Americana” (Unleashing American Energy). En esta presentación, Trump detalla sus concepciones sobre las relaciones entre energía y ambiente y anun
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cia lo que serán sus principales políticas en el ámbito energético para lograr no sólo la independencia energética, sino igualmente el dominio energético de Estados Unidos. Vale la pena citarlo en detalle:
Nuestro país está bendecido con una extraordinaria abundancia de energía, que no conocíamos, incluso hace cinco años y, desde luego, hace diez años. Tenemos cerca de 100 años de gas natural y más de 250 años de carbón limpio y hermoso. Somos un importante productor de petróleo y el productor número uno de gas natural. Tenemos mucho más de lo que pensábamos posible. Estamos realmente en el asiento del conductor. ¿Y saben qué? No queremos permitir que otros países se lleven nuestra soberanía y nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Eso no va a suceder. (Aplausos). Con estos recursos increíbles, mi administración buscará no sólo la independencia energética estadounidense que hemos estado buscando durante tanto tiempo, sino también el dominio energético estadounidense. Esta vasta riqueza energética no pertenece al gobierno. Pertenece a la gente de Estados Unidos de América. (Aplausos). Sin embargo, durante los últimos ocho años, el gobierno federal impuso barreras masivas para matar el trabajo y al desarrollo de la energía estadounidense. Estoy reduciendo drásticamente las restricciones al desarrollo de gas natural. Cancelé la moratoria sobre la autorización para la explotación del carbón en tierras federales. Ustedes saben lo que estaba sucediendo: las nuevas autorizaciones a la explotación del carbón en tierras federales, estaban siendo terriblemente restringidas. (…) Finalmente hemos terminado la guerra contra el carbón. Estamos terminando con las regulaciones intrusivas de la epa que matan empleos, hieren a los agricultores familiares y ganaderos, y elevan el precio de la energía de manera tan rápida y sustancial. Para proteger los empleos, las empresas y los trabajadores estadounidenses, hemos retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. (Aplausos). Hoy, estoy orgullosamente anunciando seis nuevas iniciativas para impulsar esta nueva era de dominio de la energía estadounidense. (…)
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La era dorada de la energía estadounidense ya está en marcha. Y daré un paso más: la era dorada de América ya está en marcha. Créanme. (Aplausos.) (Trump 2017).
Este lenguaje y estas prioridades con relación al cambio climático y a la política energética se expresan en toda su radicalidad en el primer documento sobre seguridad nacional del gobierno de Trump correspondiente al año 2017. El concepto de cambio climático no aparece mencionado ni una vez en este documento de 68 páginas, y la expansión de la producción energética y el crecimiento económico adquieren plena prioridad sobre la protección ambiental. El concepto de seguridad energética es sustituido en lo fundamental por el de dominio energético:
Por primera vez en generaciones, Estados Unidos será una nación dominante en el terreno energético. La posición central de Estados Unidos en el sistema energético global como líder en producción, consumo e innovación asegura que los mercados sean libres y que la infraestructura de ee. uu. sea resistente y segura. Se asegura que el acceso a la energía sea diversificado y reconoce la importancia de la administración ambiental. Las políticas climáticas seguirán dando forma al sistema de energía global. El liderazgo de los ee. uu. es indispensable para contrarrestar una agenda de energía anti-crecimiento que es perjudicial para intereses económicos y de seguridad energética de ee. uu. (The White House 2017 b).
Para lograr estos objetivos, el documento afirma que es necesario enfrentar dicha agenda anti-crecimiento y lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no por la vía de onerosas regulaciones, sino mediante innovaciones tecnológicas. Como señala Michael Klare, “… la expansión de la industria fósil y sus exportaciones han sido transformadas en un componente principal de la política externa y de seguridad nacional de Estados Unidos” (2018).
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No se trata sólo de declaraciones políticas y de documentos doctrinarios. En los dos primeros años del gobierno de Trump se produjo y se sigue produciendo una muy amplia gama de decisiones en un vasto espectro de ámbitos energéticos y ambientales derivados de estas orientaciones doctrinarias. No es posible presentar un listado exhaustivo de las políticas y modificaciones regulatorias del gobierno de Trump. La lista es muy extensa, y a ésta se le agregan cada semana nuevas decisiones. Basándose en el seguimiento de las decisiones ambientales que realizan en forma sistemática dos equipos en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Columbia, reporteros del New York Times habían identificado 57 reglas ambientales que habían sido anuladas, o estaban en proceso de serlo hasta finales de enero 2018 (Popovich, Albeck-Ripka y Pierre-Louis 2018). La implementación de las políticas energéticas y ambientales del gobierno de Trump tendrá extraordinarios impactos no sólo para Estados Unidos, sino para la vida en el planeta. Al “desatar” la producción energética incluso de las fuentes más contaminantes como el carbón y el fracking y retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París con el fin de lograr el dominio energético global, el gobierno del país más poderoso del planeta está socavando la viabilidad de los modestos acuerdos de limitación de emisión de gases de efecto invernadero que se habían acordado en las negociaciones multilaterales. Estas políticas están reduciendo aún más las posibilidades de que pueda impedirse que la temperatura atmosférica supere en más de dos grados al promedio existente antes del inicio de la Revolución Industrial, umbral más allá del cual, como se ha señalado arriba, se estima que podrían producirse transformaciones ambientales planetarias de carácter tanto catastróficas como irreversibles.13
13 En el mes de noviembre de 2018 se dio a conocer el Cuarto Informe Nacional Climático, estudio que, por mandato del Congreso, producen conjuntamente las principales instituciones federales que tienen alguna competencia en asuntos ligados al ambiente (U. S. Global Change Research Program 2018). Este informe confirma una vez más la severidad de las amenazas ambientales que confronta el planeta. Sin embargo, Trump sigue insistiendo una y otra vez que no cree en los informes científicos en torno al cambio climático. 
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Estados Unidos no está solo en esta apuesta por un crecimiento sin límite de la energía fósil. En la cop 24 realizada en Polonia en diciembre de 2018, fue acompañado en esta postura por las delegaciones de los otros dos principales productores de petróleo Arabia Saudita y Rusia, e igualmente por Kuwait (Hanley 2018). Las políticas de Trump ya han tenido un impacto significativo en el incremento del financiamiento bancario global a la explotación de los combustibles fósiles más contaminantes. De acuerdo con el informe de Rainforest Action Network sobre la relación entre el sistema financiero global y la industria fósil del año 2018 (2018),14 el financiamiento bancario global para la explotación de combustibles fósiles extremos (carbón, arenas bituminosas, explotación en el Ártico y a ultra profundidades en el mar, y gas natural licuado), que había bajado después del acuerdo de París, volvió a subir durante el primer año del gobierno de Trump. El financiamiento de las arenas bituminosas creció en un 11% entre los años 2016 y 2017.15 Después del acuerdo de París, el financiamiento de la minería del carbón se mantuvo estable, pero fuera de China, se duplicó en el año 2017. Tanto los bancos estadounidenses como los europeos aumentaron notoriamente el financiamiento de la minería del carbón entre los años 2016 y 2017 (Rainforest Action Network 2018). En las ambiciones de Trump de recuperar la plena hegemonía de Estados Unidos en el sistema mundo contemporáneo, los riesgos extremos que para la vida tienen las políticas energéticas y ambientales 
14 Este informe, que realiza un muy detallado registro de la participación de los principales bancos del mundo en energía fósil, cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de diferentes partes del mundo involucradas en luchas de protección ambiental entre las cuales están: 350.org, Christian Aid, Foundation for gaia, Friends of the Earth Scotland, Friends of the Earth u.s., Greenpeace Japan, Greenpeace usa, Indigenous Climate Action y Philipines Movement for Climate Justice. 15 La explotación de las arenas bituminosas de Alberta, ubicadas lejos de las costas, es altamente dependiente de la construcción de oleoductos para transportar el crudo a las refinerías y mercados de consumo en Estados Unidos. La construcción del principal de estos oleoductos, el polémico Keystone XL, que había generado amplias resistencias tanto locales como a escala nacional, se encontraba bloqueada al final del gobierno de Obama y fue autorizada por Trump en marzo 2017 (Nuncombe 2017). 
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de dicho gobierno están siendo complementadas por el carácter crecientemente agresivo de la política externa y un extraordinario incremento en el presupuesto militar hasta elevarlo a 700 mil millones de dólares (Superville 2018). El Partido Republicano y el gobierno de Trump representan hoy una peligrosa radicalización de cada una de las dimensiones negativas principales de la civilización en crisis: antropocentrismo, progreso, desarrollo, patriarcado, racismo, xenofobia, homofobia, militarismo… Tiene razón Noam Chomsky cuando afirma que el Partido Republicano, que ahora está conducido sin mayor resistencia por Donald Trump, se ha convertido en la “más peligrosa organización de la historia humana”, y que el mundo nunca ha visto una organización tan profundamente dedicada a la destrucción del planeta Tierra (Oppenheim 2017). El año 2018 fue particularmente crítico desde el punto de vista de la crisis ambiental planetaria. Los múltiples informes científicos que fueron dados a conocer a lo largo del año, sólo algunos de los cuales han sido citados en este texto, presentan diagnósticos cada vez más alarmantes sobre la situación del planeta. El ipcc presentó el informe que le había sido solicitado por la COP 23 realizada en París sobre las implicaciones que tendría una elevación de la temperatura de 1.5 grados centígrados. El informe fue aprobado por todos los gobiernos, incluso los Estados Unidos, en Incheon, Corea del Sur, en octubre 2018. De acuerdo con este informe, basado en dos años de análisis de 6 000 trabajos científicos, un incremento de la temperatura de 1,5 grados, que durante las negociaciones del Acuerdo de París en el 2015 había sido asumido como relativamente seguro, presenta en realidad severos riesgos. Concluyen que se requieren cambios sin precedentes a corto plazo y que se está lejos de tomar las medidas que son indispensables. Afirman que sería necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% respecto a los niveles del año 2010 para el año 2030, dentro de doce años, y llegar a emisiones netas cero para el año 2050, si se desea evitar una catástrofe climática global incluyendo la destrucción total de los arrecifes coralinos, la desaparición del hielo del Ártico y la destrucción de las comunidades 
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que viven en islas en diferentes partes del planeta (Intergovernmental Panel on Climate Change 2018). Y, sin embargo, al margen de estos debates, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo, estimándose un incremento global de 2% en el año 2018 (Global Carbon Budget 2018). Los años 2015, 2016, 2017 y 2018 han sido los cuatro más calurosos de los cuales se tenga registro. Ante este escenario, algunos súper ricos, que se han construido búnkeres para sobrevivir a la catástrofe que asumen como inevitable, se preocupan sobre cómo mantener la obediencia de sus empleados y guardias armados cuando, con el colapso, el dinero pierda su eficacia como incentivo (Zibechi 2018; Rushkoff 2018). 
Los gobiernos progresistas latinoamericanos ante  la crisis civilizatoria
La reflexión sobre las experiencias de los tres gobiernos denominados “progresistas” de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se realiza en este texto a partir de los retos que para cualquier proyecto de transformación societal origina la crisis civilizatoria que hoy enfrenta la humanidad. La pregunta que se formula es acotada: ¿cómo han respondido estos procesos de transformación a los complejos y multidimensionales retos que nos plantea esta crisis civilizatoria cuando lo que está en juego es la sobrevivencia misma de la humanidad y la vida? No es ésta una interrogante arbitraria, por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque lo que pudo considerarse como “revolucionario” o transformador en otro momento histórico, puede dejar de serlo en el mundo contemporáneo. La evaluación de la profundidad de un proceso de transformación social no puede, por lo tanto, basarse en criterios abstractos, universales, ahistóricos, sino que depende de las estructuras de poder, de las relaciones con el resto de la llamada “naturaleza”, de las modalidades productivas y de las prácticas e imaginarios culturales que caracterizan el patrón de dominación histórico que se enfrenta. Como se argumentó antes, es éste hoy el patrón de poder clasista, antropocéntrico, patriarcal, racista, colonial y monocultural que ha conducido a la humanidad a la actual crisis civilizatoria. En segundo lugar, esta aproximación está justificada por el hecho de que, en una importante medida, la superación de estas múltiples dimensiones del patrón de poder hegemónico del sistema mundo capitalista está, por lo menos parcialmente, presente entre los principales objetivos enunciados en los documentos fundantes de estos procesos de cambio, en sus ricos debates constitucionales y en el contenido final de las nuevas constituciones de estos tres países. 
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En consecuencia, sin desconocer la importancia de otros asuntos esenciales, la mirada no se centrará en una evaluación de la gestión de estos gobiernos desde el punto de vista del impacto de sus políticas sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, o de sus implicaciones en el ámbito geopolítico. El énfasis está puesto en aquellas dimensiones que tienen que ver directamente con la forma en que estos procesos políticos dan cuenta de, y responden a, los retos principales de la crisis civilizatoria que hoy vive la humanidad. Esto no se hace desde la expectativa de soluciones mágicas que pudiesen alterar a corto plazo los rasgos civilizatorios y patrones de poder dominantes, pero sí interrogándose sobre la medida en que estos proyectos apuntaron en dirección de confrontar y cuestionar dichos patrones, hoy hegemónicos, en transición hacia salidas a la actual crisis civilizatoria. Mientras en la mayor parte del mundo se vivían derrotas de la izquierda, el profundo desencanto con la idea de socialismo que para muchos produjo la caída del Muro de Berlín, el colapso del bloque soviético, el fin de la Historia, la hegemonía económica, cultural y militar de los Estados Unidos, el anuncio del Nuevo Siglo Americano… América Latina aparece como el continente de la esperanza en la forma de los gobiernos denominados progresistas. ¿Cuáles eran los horizontes históricos de las transformaciones propuestas, las orientaciones estratégicas principales, los imaginarios de cambio presentes en estos nuevos gobiernos progresistas y en las fuerzas sociales que representaron sus bases de apoyo político/social? Los denominados procesos “progresistas” no se caracterizan de modo alguno por contenidos político ideológicos y/o programáticos unitarios. De acuerdo con Raúl Zibechi (2010), en América Latina “la realidad político-social no [estaba] configurada por un solo escenario sino por tres”: la lucha por la superación de la dominación estadounidense, por la superación del capitalismo y por la superación del desarrollo. Esto es, la presencia simultánea de tendencias y direccionalidades antiimperialistas, anticapitalistas y la búsqueda de alternativas al desarrollo. Tendría sentido agregar a éstos, por lo menos, otros dos horizontes. El primero sería el de proyectos nacional populares, que le dan prioridad a 
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la industrialización, democratización, inclusión y redistribución, lo que podría caracterizarse como las tareas pendientes del imaginario —todavía presente en estas sociedades— de la construcción de Estados nacionales democráticos de bienestar social, con mayores o menores contenidos populistas. Y, en segundo lugar, el horizonte de la modernización del Estado. No se trata de alternativas históricas excluyentes ni fácilmente complementarias, sino de tendencias y opciones que se han entrelazado y confrontado complejamente en estos procesos políticos. Como ha señalado Arturo Escobar (2007), las denominaciones utilizadas para referirse a estos procesos de cambio ilustran esta extraordinaria complejidad: “Socialismo del siglo xxi, plurinacionalidad, interculturalidad, democracia sustantiva, revolución ciudadana, desarrollo endógeno centrado en el buen vivir, autonomía cultural y territorial, proyectos decoloniales en dirección a sociedades postliberales…” La simultaneidad de estos proyectos da origen a tensiones y confrontaciones en estos procesos de cambio, conformando diferentes ejes que articulan los conflictos de sus sociedades. Aun cuando estos diversos proyectos de cambio puedan estar simultáneamente presentes en los discursos públicos y aparecer de alguna manera articulados en las propuestas de los gobiernos de estos países, en diferentes momentos, uno u otro eje pueden adquirir particular relevancia o urgencia. Eso hace no sólo que ciertos procesos y confrontaciones de otras dimensiones se coloquen en un plano menor, sino que pueden perder visibilidad, ya sea en el debate público o en las prioridades gubernamentales. Un eje fundamental de las luchas políticas de estos años se construyó en torno a los conflictos entre los procesos populares democráticos, por un lado, y sectores privilegiados nacionales e intereses transnacionales, por el otro. Estos conflictos se han planteado a propósito de asuntos tan claves como el control nacional de los bienes comunes que estaban en manos de transnacionales, o las pugnas por la distribución de la tierra y a propósito de la búsqueda de mayores niveles de equidad. Estas confrontaciones pueden ser entendidas en los códigos de las clásicas oposiciones entre izquierda y derecha, o de luchas nacional populares en contra de un 
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orden social excluyente. Aparecieron estas agendas con frecuencia asociadas a horizontes socialistas. Sin embargo, estas confrontaciones no dan cuenta sino de parte de las contradicciones básicas presentes. En los casos de Ecuador y Bolivia, además de estas luchas nacionales populares, han estado presentes otras lógicas político-civilizatorias que le dieron prioridad a la descolonización del Estado liberal monocultural, camino a la construcción de un nuevo Estado Plurinacional y patrones culturales del buen vivir o vivir bien basados en otras modalidades productivas, otros saberes, otras formas de autoridad, otras formas de relacionarse con el resto de las redes de la vida. En la lógica nacional popular, y en los horizontes socialistas, tienen prioridad la soberanía nacional, la democratización y la redistribución de la riqueza. Esto ha estado asociado al desarrollo de un Estado más fuerte, soberano, con presencia en todo el territorio nacional, capaz de formular e implementar políticas públicas a favor de los sectores populares, incrementando el gasto social: educación, salud, empleo, seguridad social, lucha contra la pobreza y subsidios a las familias más necesitadas. En la lógica de la descolonización tienen prioridad la plurinacionalidad, el derecho a las diferencias, la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios, la autonomía de pueblos, comunidades y movimientos, el pluralismo jurídico, el rechazo al desarrollismo/extractivismo, así como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra. La lucha por la descolonización apunta hacia una profunda transformación civilizatoria que cuestiona no sólo al capitalismo, sino a los patrones productivos y de conocimiento de la cultura occidental dominante, lo que queda sintetizado en la noción del buen vivir.
Los procesos constituyentes
Esta co-presencia de diversos horizontes normativos referidos a la sociedad deseada encuentra su expresión en la existencia de importantes tensiones presentes en los propios textos constitucionales, tensiones que tienden en todos los casos a acentuarse con el tiempo en los años de los 
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gobiernos progresistas.16 Al lado de otras orientaciones también presentes (fortalecimiento del estadocentrismo, la meta de la modernización del Estado, los imaginarios del Estado de bienestar social…) hay tres ejes o dimensiones fundamentales contenidas con mayor o menor peso en estos textos constitucionales que, a la vez que abordan alternativas medulares a la modernidad colonial, anuncian la aspiración a rupturas profundas con la tradición del socialismo del siglo pasado. Son estos ejes novedosos y radicales los que definieron sus potencialidades fundacionales, rupturistas, con relación a las tradiciones políticas de la modernidad colonial en el continente. Es extraordinaria la centralidad de estos ejes en las constituciones de Ecuador y Bolivia, con menor peso en el caso de Venezuela. Estos ejes, que representan otros horizontes utópicos, son los siguientes: en primer lugar, la confrontación con el antropocentrismo que se expresa en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la defensa de la Madre Tierra. Esto muestra una extraordinaria ruptura ontológica y epistemológica con supuestos medulares de la modernidad colonial: la separación sujeto/objeto; la concepción de la naturaleza como objeto a ser apropiado, manipulado y utilizado por los seres humanos en función de su propio bienestar material. Ante la depredadora lógica antropocéntrica patriarcal del crecimiento sin fin, del desarrollo y del progreso y una concepción de la felicidad humana fundamentada en la acumulación de bienes materiales, se incorporan nociones de equilibrio y armonía con el resto de las redes de la vida. Estas cosmovisiones otras a la modernidad colonial, de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, si bien no caracterizan en forma coherente a estos textos constitucionales, en los casos de Ecuador y Bolivia sí les dan una potente impronta alternativa. En segundo lugar, la postulación de Estados plurinacionales y la interculturalidad. Esto demanda la necesidad de una ruptura radical 
16 Esta parte del texto se basa ampliamente en la presentación “América Latina. Retos ante la crisis civilizatoria después de los progresismos”, realizada en un taller organizado por Médico Internacional, en Salvador de Bahía, marzo 2018, en el contexto del Foro Social Mundial. 
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con más de cinco siglos de autoritarismo del Estado monocultural tanto colonial como republicano. A diferencia del limitado multiculturalismo liberal, esto plantea un cuestionamiento o ruptura radical con dicho orden monocultural. La plurinacionalidad y la interculturalidad formulan horizontes transformadores que, si bien reconocen las fronteras geográficas actuales de los Estados nacionales, postulan la meta de construcción de Estados efectivamente plurales, no sólo con la presencia de lenguas diferentes, sino igualmente la pluralidad epistemológica, diferentes formas de propiedad, modalidades productivas, regímenes jurídicos y de autoridad pública diversos, como expresión de la extraordinaria heterogeneidad histórico-estructural de estas sociedades. En tercer lugar, está la estipulación de otras modalidades de ejercicio de la democracia, más allá de los límites de una democracia liberal que se ha caracterizado históricamente en el continente por ser excluyente, racista, clasista y patriarcal. A diferencia de las experiencias del socialismo del siglo xx, se parte del reconocimiento implícito o explícito de que los derechos y libertades básicas que han sido posibles en la democracia liberal no han sido una dádiva de la burguesía, sino el resultado de luchas históricas que, durante siglos, llevaron a cabo los sectores subalternos por la ampliación de sus derechos. No se planteó, en consecuencia, la sustitución de esta “democracia de clase” por la democracia de otra clase, o democracia de la nomenclatura de las experiencias socialistas del siglo pasado, sino la profundización de la democracia mediante la incorporación de otras modalidades y otras tradiciones: democracia participativa, democracia comunitaria, democracia plebiscitaria. En los casos de Ecuador y Bolivia, esto implicó el reconocimiento de que la democracia liberal ha sido expresión de sólo una de las diversas tradiciones histórico/ culturales existentes en esos países, del reconocimiento de que han existido y existen en la actualidad, en otras tradiciones culturales, otras modalidades de ejercicio de la autoridad pública y de la toma de decisiones. Otro eje fundamental de los horizontes transformadores para ir más allá de la modernidad colonial, es el del enfrentamiento al patriarcado que, sin embargo, tiene una presencia limitada y ambigua en los discursos y en los textos fundacionales de estos procesos políticos.
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Es enorme la distancia entre estos horizontes normativos de hace tres o cuatro lustros y la realidad de estos años de gobiernos progresistas. El espíritu de radicalidad de estos documentos capta, en su complejidad y tensiones, las luchas, el espíritu y los imaginarios transformadores que estuvieron presentes en los años en que se produjeron estos textos constituyentes. Para aproximase a lo ocurrido en estas experiencias, tiene sentido detenerse en el contenido de éstos. La constitución venezolana de 1999 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela 1999) establece en su preámbulo que: 
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.
En un país con una población indígena numéricamente más limitada que la de otros países del continente, se refuerza la caracterización de éste como multiétnico y pluricultural en el capítulo viii dedicado en forma extensiva a los derechos de los pueblos indígenas:
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 Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley. 
Para la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, la decimosegunda Disposición transitoria de dicha Constitución establece un lapso de dos años: 
La protección del ambiente está establecida en los siguientes términos: Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley. Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley 
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especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.
La Constitución de Bolivia del año 2009 (República de Bolivia. Asamblea Constituyente 2009) define el carácter plurinacional y comunitario del país en los siguientes términos: 
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la plurali
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dad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. El carácter pluricultural se reafirma en el artículo 8 en los siguientes términos:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). La Ley de derechos de la Madre Tierra del año 2010 “tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos”. Se basa en los siguientes principios de obligatorio cumplimiento: armonía; bien colectivo; garantía de regeneración de la Madre Tierra, respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra; no mercantilización; e Interculturalidad (Estado Plurinacional de Bolivia 2010).
El Preámbulo de la Constitución del Ecuador (República del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008) establece que: 
Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nom
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bre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.
El artículo 57 reconoce, entre otros, los siguientes derechos colectivos: 
Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario… No ser desplazados de sus tierras ancestrales. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus me
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dicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora… Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura… Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.
Esta Constitución incorpora, por primera vez en la historia constitucional y en forma expresa, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, dedicándole el capítulo séptimo.
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
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mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Dadas las profundas rupturas planteadas en estos textos, está claro que nunca pudieron ser pensados como el diseño jurídico formal de una nueva sociedad, sino como horizontes utópicos de otros futuros posibles, como agendas y plataformas políticas normativas desde las cuales enfrentar, en forma simultánea, los temas de alternativas al desarrollo, los límites del planeta, la imposibilidad de una lógica de crecimiento sin fin en un planeta limitado, la recuperación/construcción de múltiples alternativas culturales a la monocultura del capital, y la radicalización de la democracia más allá de los estrechos acotamientos históricos de la democracia liberal representativa. Contienen igualmente cuestionamientos fundamentales a los patrones de conocimiento eurocéntricos y coloniales hegemónicos, de carácter antropocéntrico y patriarcal. Estos contenidos son la expresión de la presencia protagónica de pueblos, sujetos, comunidades y organizaciones sociales, especialmente del mundo indígena, que hasta ese momento habían estado en lo fundamental marginadas de la política en estos países. Para aproximarse a las experiencias que se dieron a partir de estos pisos constitucionales es importante comenzar por reconocer que estos textos de modo alguno expresaron una nueva hegemonía intercultural en estas sociedades. Son el resultado de una correlación de fuerzas en una coyuntura particular en que el orden imperante, en cada uno de estos países, se encontraba debilitado o deslegitimado. Pasados tres o cuatro lustros, la mayor parte de las expectativas generadas por estos ricos horizontes normativos se han visto frustra
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das. Nadie pretendió que estas transformaciones fuesen fáciles, ni que estos objetivos extraordinariamente ambiciosos —un Estado plurinacional, derechos de la naturaleza— fuesen objetivos a alcanzar a corto plazo. De lo que se trataba era de iniciar una compleja transición en otras direcciones al rumbo suicida que han tomado los poderes hegemónicos que hoy conducen a la humanidad al precipicio. Sin embargo, esta izquierda en el gobierno no logró desprenderse de los imaginarios del desarrollo, del progreso, del crecimiento económico sin fin como los ejes fundamentales de la transformación social. Quizá nunca se lo plantearon, e incluso creyeron, más allá del ámbito discursivo. Dada la profunda crisis ambiental que amenaza la vida en el planeta, todo proyecto transformador anticapitalista necesariamente tiene que tener como eje constitutivo el responder activamente a esa amenaza a la vida. Sin embargo, en ninguna de estas experiencias se dieron pasos significativos en dirección a una transición a otro modelo productivo compatible con la preservación de la vida. Se produjo en cada uno de los países una profundización de la inserción colonial, subordinada, en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, aunque ello se diese con la reorientación parcial del destino de las exportaciones de viejos a nuevos imperios. Se produjo en cada uno de los casos una profundización de la primarización de las economías. El extractivismo se convirtió en la opción fundamental en cada caso. El modelo extractivo ha sido el eje básico de las políticas públicas, bloqueando la posibilidad de avanzar en la dirección de los objetivos transformadores que estaban enunciados en las constituciones y demás textos jurídicos referidos a otras modalidades no depredadoras de relación con la naturaleza, la plurinacionalidad y la profundización de la democracia. El extractivismo, como prioridad, obliga a abrir todos los territorios a su exploración/explotación, para una dinámica expansiva de acumulación por expropiación. Mediante sus masivas exportaciones de minerales, energéticos y productos agro-industriales, el continente, con predominio de gobiernos progresistas, lejos de colocar obstáculos para frenar o siquiera desacelerar la operación desbocada de la maquinaria devastadora del capital global, ha acentuado su activa contribución a ésta.
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No es posible avanzar en la dirección de la superación del modelo autoritario del Estado monocultural liberal, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía efectiva en sus propios territorios, si el eje principal de la política económica lo constituye la explotación de los denominados “recursos naturales” situados en estos territorios. El mejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población que ocurrió en estos años tuvo un piso de una extraordinaria fragilidad. Estos gobiernos consideraron que era necesario aprovechar esta nueva condición, en que los precios de los bienes primarios que se exportaban crecían más aceleradamente que los de los bienes industriales que se importaban, para maximizar a corto plazo los ingresos fiscales. Convirtieron la ampliación de las exportaciones primarias en el eje principal de su política económica por lo menos para el corto y mediano plazo. Respondiendo a demandas de poblaciones cuyas condiciones de vida habían sido profundamente afectadas durante las décadas de neoliberalismo, y en búsqueda de legitimarse ante sus electores para darle continuidad a los procesos de cambio, se le dio prioridad a políticas a corto plazo de incremento del gasto público. Aprovechado el alza de la demanda y precio de los bienes primarios, el denominado boom de los commodities, y con un mayor control estatal de los beneficios de estas actividades tanto por la vía de la propiedad como de mayores tasas impositivas, se incrementó en forma notable el ingreso fiscal de los Estados con gobiernos progresistas. Se recuperó la presencia del Estado, aumentando el gasto social en forma sustantiva. Mejoró el acceso a la alimentación, a la educación, a servicios de salud, a la seguridad social. Disminuyeron las tasas de desempleo, y los niveles de pobreza y pobreza crítica y la desigualdad, medidos en términos de ingreso monetario. Se trata, sin lugar a dudas, de logros formidables después de las décadas de políticas neoliberales que habían empobrecido a la población, aumentando la exclusión de los sectores populares con lo cual se había incrementado la desigualdad en lo que ya era el continente más desigual del planeta. Se trató de políticas distributivas sustentadas en unos ingresos extraordinarios basados en el alto precio de los commodities que la expe
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riencia histórica permitía prever que no se sostendrían en el tiempo. En las tensiones entre la búsqueda de alternativas al desarrollo y políticas clientelares distributivas, prevaleció en forma consistente lo segundo. Estas políticas fueron durante unos años las bases fundamentales de la legitimidad de estos gobiernos en el mundo popular, particularmente urbano, pero a la vez una fuente principal de sus debilidades como proyectos trasformadores. En el debate latinoamericano sobre el extractivismo han estado presentes diferencias fundamentales, no sólo sobre el carácter de la transición hacia una sociedad postcapitalista, sino igualmente en torno al tipo de sociedad postcapitalista que se postula. En estos debates han ocupado un lugar central, ya sea implícita o explícitamente, desacuerdos profundos sobre el desarrollo, y perspectivas alternativas al desarrollo o el postdesarrollo. El punto de vista crítico al neoextractivismo parte en general de una crítica al modelo civilizatorio hegemónico, el patrón civilizatorio de crecimiento sin fin y de sometimiento sostenido o guerra permanente contra el resto de la naturaleza. Esto incluye al capitalismo, pero, como lo demostró la experiencia histórica del socialismo del siglo xx, va más allá del capitalismo.17 Quienes defienden el extractivismo, por el contrario, argumentan que sólo gracias a los recursos provistos por las actividades extractivas será posible superar al capitalismo. Asumen el extractivismo como una etapa de transición, etapa que permitiría tanto satisfacer las necesidades inmediatas de la población, como acumular el nivel de riqueza y las capacidades científico-intelectuales para plantearse, posteriormente, su superación. La defensa más sistemática del extractivismo en el debate latinoamericano de estos años la ha realizado el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Sus intervenciones reafirman la confianza en las virtudes del desarrollo, a partir de una radical inversión del sentido profundo de la noción del Vivir Bien.
17 De la abundante producción política y académica de crítica al extractivismo pueden citarse los siguientes: Gudynas (2015), Svampa y Viale (2014), Svampa (2017), Acosta (2009), Machado Aráoz (2013), Roa y Navas (coordinadores) (2014), Seoane, Taddei y Algranati (2013).
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Los siguientes textos ilustran sus principales argumentos:
[…] en una primera etapa ¿acaso no es posible utilizar los recursos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer condiciones mínimas de vida de los bolivianos, y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento? (García Linera 2013, 109). ¿Con qué superar al extractivismo? ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de estaño, los pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materiales básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos? ¿No es ésta más bien la ruta del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauración de los neoliberales? El amarrar las manos al proceso revolucionario en aras del rechazo extractivista, ¿no es acaso lo que más desean las fuerzas conservadoras para asfixiarlo? (García Linera 2013, 110). […] los críticos irreflexivos a favor del no extractivismo […] en su liturgia política mutilan a las fuerzas y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve y amplíe los beneficios de la población laboriosa. (García Linera 2013, 107-108) Detrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora. (García Linera 2013, 110) En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad. Pero a la vez necesitamos preservar la estructura fundamental de nuestro entorno natural para nosotros y las generaciones que vendrán, que tendrán en la naturaleza la realización de sus infinitas capacidades para satisfacer sus necesidades sociales. (García Linera 2013, 110)
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A diferencia de la crítica al extractivismo en sus dimensiones civilizatorias de asalto a la Madre Tierra, considera que se trata de un “sistema técnico de procesamiento de la naturaleza” compatible con cualquier tipo de sociedad.
[… El extractivismo son] sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y pueden estar presentes en sociedades precapitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas. Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales, ¡plenamente capitalistas! Puede haber sociedades extractivistas capitalistas, no capitalistas, pre-capitalistas o post-capitalistas. Y de igual forma, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas o postcapitalistas (García Linera 2013, 107). 
Parece estar fuera de toda consideración el hecho de que el modo de vida imperial de esas sociedades del Norte Global, supuestamente no extractivas, es sólo posible sobre la base de la apropiación de la riqueza producida por las prácticas extractivas del Sur Global.18 El capitalismo es un sistema global, no un régimen nacional. El modelo productivo extractivista no es una mera “relación técnica con la naturaleza”, ni puede ser entendido como una etapa a ser superada posteriormente. Como señaló Fernando Coronil:
El proceso de creación de valor supone al mismo tiempo la producción de objetos y la transformación de relaciones sociales… la producción abarca la producción de mercancías y también la formación de los agentes sociales involucrados en ese proceso y, por tanto, unifica en un solo campo de análisis los órdenes material y cultural en el seno 
18 Para una importante contribución conceptual a este debate, ver: Acosta y Brand 2017. 
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de los cuales los seres humanos se forman a sí mismos al tiempo que construyen su mundo (Coronil 2002, 46-47). 
Como resulta evidente de la experiencia venezolana, el extractivismo rentista no sólo produce petróleo, conforma un modelo de organización de la sociedad, un tipo de Estado, un régimen político, unos patrones culturales y unas subjetividades e imaginarios colectivos. Éstos no pueden, de modo alguno, ser simplemente revertidos cuando en una etapa posterior de los procesos de cambio se decida que se ha llegado a las condiciones económicas que permitirían abandonar el extractivismo.
… esas rentas contribuyen a establecer patrones similares de especialización interna y de dependencia externa que consolidan el papel de las naciones del Tercer Mundo, como lo que llamo sociedades exportadoras de naturaleza. Aun cuando estas naciones traten de romper su dependencia colonial de las exportaciones de productos primarios mediante la puesta en práctica de planes de desarrollo dirigidos a diversificar sus economías, por lo general se apoyan para hacerlo en la divisa obtenida mediante la exportación de productos primarios, con lo que intensifican su dependencia de los mismos. Paradójicamente, al tratar de aprovechar su ventaja comparativa, estas naciones exportadoras de naturaleza a menudo vuelven a asumir su papel colonial de fuentes de productos primarios, papel ahora reescrito en términos de la racionalidad neoliberal del capitalismo globalizante. Para ellas, al poscolonialismo sigue el neocolonialismo (Coronil 2002, 7). 
El extractivismo se convirtió en una concepción compartida entre los países de unasur (Rodríguez Araque 2014) y el alba.
Declaración del alba desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del alba-tcp. Guayaquil, 30 de julio de 2013 Por otro lado, manifestamos el derecho y la necesidad que tienen nuestros países de aprovechar, de manera responsable y sustentable, sus recursos naturales no renovables, los cuales cuentan con el po
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tencial de ser utilizados como una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo –y de nuestra región– es combatir la pobreza y la miseria. En este sentido, rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza. En la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica (alba 2013).
Ecuador ¿Mineralo-Estado?
En el caso de Ecuador, las múltiples tensiones y confrontaciones de imaginarios de cambio quedaron expresamente manifiestas desde el propio inicio del proceso. El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno en el año 2009, con el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 2009), aborda la compleja y contradictoria tarea de diseñar, desde la gestión estatal centralizada, una transición hacia la sociedad del Buen Vivir. Al igual que en Bolivia, el plan se propone en su fase inicial profundizar el extractivismo como condición que permita producir riqueza y responder a las necesidades de la población. Se trata de “lineamientos de planificación de mediano y largo plazo, con un horizonte de 16 a 20 años”. La primera fase, denominada “Acumulación para la transición y profundización de la distribución”, es definida en términos de “acumulación, en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía…”. El plan está atravesado por serias tensiones entre los objetivos del Buen Vivir, la plurinacionalidad y la interculturalidad, por un lado, y opciones modernizantes en las cuales las soluciones fundamentales para el país estarían dadas por la investigación y el desarrollo, por la innovación 
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tecnológica y por la creación de nichos específicos como la biotecnología y nanotecnología, en los cuales Ecuador, gracias a su inmensa biodiversidad, podría tener ventajas comparativas. Alberto Acosta (2009) ha argumentado y documentado que, como en casi todos los países cuya economía está centrada en la explotación/ exportación de bienes primarios, la explotación petrolera en Ecuador ha producido extremas distorsiones económicas, severos impactos sociales y devastación ambiental, y no ha contribuido al bienestar de la población. Se suponía que la nueva constitución sería el punto de partida para una ruptura con dicho modelo extractivo. Sin embargo, no ha sido así. El conflicto sobre la explotación de petróleo en el Parque Nacional-territorio indígena del Yasuní-itt se convirtió en la expresión más emblemática de las visiones encontradas sobre la sociedad a la cual se aspira que han estado presentes en el Ecuador en los últimos años. La iniciativa Yasuní-itt de dejar bajo el suelo el petróleo a cambio de financiamiento internacional parcial de los ingresos que hubiese obtenido el Estado ecuatoriano por su explotación, se había convertido en una referencia internacional como proyecto de colaboración y justicia socioambiental global, y contó con un extraordinario apoyo en la población del país (Martínez 2009). Este apoyo se expresó en un proceso masivo de recolección de firmas llevado a cabo por el colectivo Yasunidos para exigir la realización de un referéndum nacional para decidir si se debían explotar estas reservas de hidrocarburos. Como expresión de una clara opción por el extractivismo, el gobierno de Correa, a través de procedimientos calificados como manipulados, llevados a cabo por un Consejo Nacional Electoral supuestamente autónomo, invalidó suficientes firmas como para dictaminar que no se había recogido el mínimo exigido y decidió que no se realizaría el referéndum solicitado (Friends of the Earth International 2014). En diciembre del 2018, una comisión nombrada por el nuevo Consejo Nacional Electoral transitorio concluyó que se cometieron irregularidades y que los Yasunidos sí habían recogido las firmas requeridas para la realización de la consulta popular (El Comercio 2018). Los impactos socioambientales de la producción petrolera en Ecuador han sido devastadores. En sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana, 
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la empresa estadounidense Chevron-Texaco, entre los años 1964 y 1990, produjo masivos niveles de contaminación/destrucción de aguas, tierras, vegetación con severos impactos sobre los habitantes de la zona. En su demanda, exigiendo compensación por los daños causados, el gobierno ecuatoriano afirma que la empresa aplicó deliberadamente técnicas obsoletas que ya no usaba en otras partes, con el fin de incrementar sus ganancias:
En Ecuador, Chevron-Texaco produjo uno de los más graves crímenes ambientales de la historia. La transnacional petrolera es responsable del derrame de no menos de 15.8 mil millones (59.9 mil millones de litros) de residuos de petróleo y 28.5 millones de galones (108 millones de litros) de petróleo bruto en la Amazonía. Más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana fueron afectadas a lo largo de casi 30 años de contaminación a manos de una sola compañía, que actuó de manera impune violando los estándares mínimos de protección ambiental y que hoy se niega a reconocer: Texaco (hoy Chevron) (República del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2015).
A pesar de estos antecedentes, y la carencia de condiciones para garantizar que éstos no se volverían a repetir, el gobierno de Correa optó por la apertura de nuevas zonas de la Amazonía a la explotación petrolera en áreas que se sobreponen con los territorios indígenas de los pueblos Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar, Andoa, Waorani y Sápara, a pesar de la oposición de estos pueblos y sin la consulta previa, libre e informada a la cual está obligado el Estado ecuatoriano por normas tanto nacionales como internacionales (Salva la Selva 2013). Con las relaciones profundamente asimétricas que se establecieron entre Ecuador y China durante el gobierno de Correa, se crearon nuevas formas de subordinación colonial que obligan al país a continuar por muchos años profundizando las actividades extractivas, ya que una elevada proporción de los masivos créditos otorgados por China al Ecuador tienen que ser pagados en petróleo. Algunos de estos créditos dirigidos a grandes obras de infraestructura, como las represas hidroeléctricas, además de hechos de corrupción, tuvieron como resultado construccio
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nes técnicamente deficientes que carecían de adecuados estudios geológicos y de disponibilidad de agua a largo plazo. El caso más emblemático en este sentido es la represa Coca Codo Sinclair, la mayor obra de ingeniería en la historia del Ecuador, construida en las inmediaciones de un volcán activo: el Reventador (Pacheco 2018). Ecuador es un país sin tradición minera. Sin embargo, debido a las limitaciones de las reservas de hidrocarburos existentes en el país y las profundas transformaciones que estaban operando en el mercado global de minerales, expresada en acelerados incrementos en la demanda y precios, así como en tecnologías más eficaces de identificación y extracción de depósitos de minerales de bajo tenor, anteriormente considerados como no rentables, sucesivos gobiernos, tanto en los tiempos neoliberales de las décadas anteriores, como el gobierno de Correa, llevaron a cabo reformas jurídicas e institucionales orientadas a atraer a empresas mineras transnacionales. Esto se dio en marcos constitucionales muy diferentes (Sacher 2017). En coherencia con las orientaciones protectoras de la naturaleza que se debatían en su seno, la Asamblea Constituyente aprobó en el año 2008 un Mandato Constituyente Minero (República del Ecuador. Asamblea Constituyente 2009). Mediante éste, se estableció, entre otras cosas, una moratoria de seis meses sobre las actividades de exploración minera a gran escala, que la minería no podía afectar los nacimientos y fuentes de agua, se restringía esta actividad en áreas protegidas y prohibía el monopolio. En vista de que la mayoría de las concesiones mineras que se habían otorgado hasta ese momento carecían de proyectos de inversión, y que se habían convertido fundamentalmente en la base de actividades especulativas de compra/venta de esos derechos, se decidió igualmente la extinción de las concesiones que no hubiesen realizado estudios de impacto ambiental y procesos de consulta previa, o que no cumpliesen con la ley en materia de pago de impuestos y patentes. Y, sin embargo, el año siguiente el gobierno de Correa aprobó una nueva Ley de Minería (República del Ecuador. Asamblea Nacional 2009), que, si bien era mucho más favorable desde el punto de vista fiscal y ambiental que la legislación de los tiempos neoliberales, no cumplía con 
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aspectos importantes de las restricciones y regulaciones a la actividad minera contempladas en la Constitución y en el Mandato Constitucional Minero. Las relaciones entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (conaie) y el presidente Correa, que ya se habían agriado durante los debates de la Asamblea Constituyente por las posiciones enfrentadas en torno a la plurinacionalidad, a la cual Correa se oponía, llegaron a una ruptura con la aprobación de la Ley de Aguas, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria y la Ley de Minería. Mediante esta última se autoriza la minería en gran escala en el país y se desconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre actividades mineras a ser realizadas en sus territorios (Resina de la Fuente 2012). La conaie introdujo una acción de inconstitucionalidad de dicha ley ante la Corte Constitucional, por considerar que violaba múltiples artículos de la Constitución, del Acuerdo 169 de la oit, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo Adicional a la Convención de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta Corte decidió a favor de la conaie en lo referido a la consulta previa, pero ratificó la constitucionalidad del resto de la ley (República del Ecuador. La Corte Constitucional para el periodo de transición 2010). Durante los años de gobierno de Correa, se fueron dando pasos sistemáticos en la dirección de convertir a Ecuador en un país minero. En junio del año 2013, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de modificaciones a la Ley de Minería en respuesta a exigencias formuladas por las empresas mineras (Sacher 2017, 192-193). En febrero del año 2015, se decreta la creación de un nuevo Ministerio de Minería (El Telégrafo 2015). En mayo del año 2016, “se procedió a la apertura del ‘Catastro minero’ para la nueva adjudicación de concesiones de áreas para efectuar exploración geológica y el desarrollo de nuevos proyectos mineros” (Acción Ecológica 2016a). De esta manera se va produciendo una expansión minera sin precedentes en el país. De acuerdo con William Sacher, si llegasen a autorizarse todas las solicitudes pendientes ante el Ministerio de Minería a mediados del año 2017, se llegaría a 3,688,000 hectáreas concesionadas, un 15% del territorio nacional. (Sacher 2017, 176) El go
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bierno ecuatoriano, tanto de Correa como de Lenin Moreno, fue asumiendo una postura cada vez más activa en la promoción de la actividad minera, incluyendo su participación en las reuniones anuales de la más importante asociación internacional de minería, la Prospectors and Developers Association of Canada. De acuerdo con el portal especializado en minería global, mining.com, gracias a la modificación del marco jurídico regulatorio de la actividad minera, y una importante campaña de acercamiento a los inversionistas, en menos de un año se produjeron 420 solicitudes de concesiones mineras y se esperan nuevas inversiones mineras por un total de 4 mil millones de dólares ente los años 2017 y 2020 (Jamasmie 2017). Se avanza así en la dirección de lo que William Sacher ha denominado un Mineralo-Estado, “un Estado que pone una sección importante de su aparato entero al servicio de la promoción de la megaminería” (Sacher 2017, 311-314). Los mayores emprendimientos mineros en el país son por parte de empresas canadienses y chinas. De los cinco principales proyectos de megaminería vigentes en el año 2017 (tres de oro y dos de cobre), tres eran de capital chino, uno de Canadá y otro de una empresa canadiense y sueca (Sacher 2017, 395-396).19 Dados los devastadores impactos socioambientales que tiene la megaminería, ésta inevitablemente encuentra resistencia por parte de organizaciones ambientales, pero fundamentalmente por parte de las comunidades indígenas y campesinas amenazadas o afectadas. A las acciones de las organizaciones ambientales y de defensa de los derechos humanos se les ha respondido principalmente mediante la amenaza o realización de su clausura. El Decreto 16 del 2013, y el Decreto 739 del 2015, establecen una regulación y supervisión muy detallada de cada ong, sus fines, sus estatutos, sus mecanismos de funcionamiento interno, cada una de sus actividades, así como de su contabilidad. Se establecen diversas causales para la disolución, entre las que destaca: “Desviarse de los objetivos para los cuales fue constituida” y “Dedicarse a actividades de política partidista, reservada a los partidos y movimientos políticos inscritos 
19 Para información adicional sobre la actividad minera en el Ecuador y sus conflictos, ver: Sacher y Acosta (2012) y Van Teijlingen y otros (2017). 
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en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública” (Correa Delgado 2013).20 Acusándolas de dedicarse a actividades políticas, el gobierno de Correa clausuró la Fundación Pachamama de larga trayectoria en defensa de las comunidades afectadas por la minería en la Amazonía, e intentó ilegalizar a la más importante organización ambiental del país: Acción Ecológica. Fue tal la reacción de rechazo tanto nacional como internacionalmente, que el gobierno tuvo que dejar sin efecto esa medida. Contra las resistencias de las comunidades y organizaciones indígenas, las respuestas han sido más agresivas. Se han empleado dos vías para buscar desmovilizar a las comunidades. En primer lugar, tanto empresas como gobierno tratan de dividir a las comunidades con ofrecimientos de diverso tipo a algunos sectores o dirigentes de éstas. Ya tienen bastante experiencia en esto y con cierta frecuencia tienen éxito en sus objetivos. Pero si esto no ocurre, proceden a la criminalización de la protesta/resistencia, mediante la aplicación de alguna norma del Código Orgánico Integral Penal. (República del Ecuador, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Subsecretaría de Desarrollo Normativo 2014) La opción estratégica por el impulso de la gran minería metálica ha estado, inevitablemente, acompañada por la judicialización y la represión (Zorrilla 2017; Acción Ecológica 2016b y Espinosa Ortega 2016). Rafael Correa sintetizó con claridad la incompatibilidad entre los principios constitucionales del Sumak Kawsay, la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza y su proyecto modernizador del Estado basado en el extractivismo en gran escala. 
Siempre dije que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada en las urnas la derecha, era y es el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil; qué lástima que no nos equivocamos en aquello (El Universo 2009).
20 Estos dos decretos fueron derogados por el presidente Lenin Moreno en octubre del año 2017. 
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Bolivia: del buen vivir al desarrollismo extractivista 
Bolivia ha sido un país minero desde los tiempos iniciales de la colonia, a partir de la explotación de las minas de plata de Potosí, con todas las consecuencias sociales y ambientales, culturales y político institucionales que esa historia ha acarreado. La Constitución del año 2009 aparece como un potencial punto de ruptura de esa profunda herencia/herida colonial, ruptura orientada por las radicales nociones de plurinacionalidad, pluriculturalidad, autonomía político territorial de los pueblos indígenas, economía comunitaria y derechos de la naturaleza. Pero, ¿cómo se han procesado en estos años las profundas tensiones entre ese horizonte normativo propuesto en este texto constitucional y la clara opción desarrollista/extractivista defendida por García Linera en los textos que han sido citados? Además de la intensificación de la producción de hidrocarburos, que seguía siendo la principal fuente de divisas del país, la minería metálica se ha expandido extraordinariamente en los últimos años. Comenzando en las décadas neoliberales, pero acelerándose durante los años del gobierno de Evo Morales, en estos últimos lustros se han producido cambios profundos en la actividad minera en el país. Estas transformaciones se dan principalmente en la masiva ampliación de la escala de esta actividad, y su mayor cobertura territorial, en el peso relativo de los diferentes minerales extraídos, en las modalidades de la explotación minera y en los tipos de capitales participantes. De una explotación concentrada históricamente primero en plata y luego en estaño, se ha pasado al predominio del zinc, la plata, el plomo y el oro. Esto ha estado acompañado de una amplia expansión de la minería desde las zonas más tradicionales del altiplano, hacia las zonas bajas del oriente del país, especialmente en Santa Cruz, habiéndose otorgado derechos mineros en gran parte del territorio nacional. La minería a cielo abierto ha sido la forma de explotación predominante (Díaz Cuellar 2017). El valor total de la actividad minera en el país pasó de 1.151 millones de dólares en el año 2006 a 4.156 millones de dólares en 2012 (Díaz Cuellar 2017). El zinc pasó a ser el mineral más importante tanto en 
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términos de volumen como de valor. Entre los años 2007 y 2016, su producción pasó de un valor de 673 millones de dólares a 1.010 millones de dólares” (Zaconeta Torrico 2017). Gracias, principalmente, a la expansión de la actividad minera y al boom de los commodities, entre los años 2006, primer año del gobierno de Evo Morales, y el año 2014, el valor de las exportaciones bolivianas se incrementó en más de 300%, al pasar de 4.088 millones de dólares a 12.899 millones. A partir de ese último año, con el fin del ciclo de altos precios de los bienes primarios, el valor total de las exportaciones comenzó a descender para llegar a 7.846 millones de dólares en el año 2017, en que el país, después de varios años de saldos positivos, tuvo por tercer año consecutivo un déficit en su balanza comercial. En ese año, por segundo año consecutivo, el valor total de las exportaciones de minerales superó a las de los hidrocarburos (Instituto Boliviano de Comercio Exterior 2018). Esta expansión minera la celebra García Linera en los siguientes términos: 
Hoy exportamos tres veces más en volúmenes que el año 2005 y esto nos habla ya de un país minero. Bolivia vive de su gas, pero también de la minería y estamos orgullosos de ello.21
A pesar del reiterado discurso nacionalista/antiimperialista del gobierno, este aumento se debió principalmente a tres minas controladas por empresas transnacionales: San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente. Entre los años 2006 y 2012, cuatro empresas transnacionales fueron responsables de 52% de las exportaciones mineras del país (Díaz Cuellar 2017, 46). Han sido años de grandes ganancias para las transnacionales mineras. El Estado, por su parte, sólo controla una proporción minoritaria de la producción minera y ha tenido una limitada participación en los ingresos de esta actividad. La presión fiscal promedio durante los años 2004-2014 fue de sólo 8.1% del valor bruto de las exportaciones (Díaz Cuellar 2017, 57). Como “la gran mayoría del valor y el volumen de la 
21 García Linera (2012). Citado por Díaz Cuellar (2017, 42). 
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producción minera del país se compone de zinc, plata y plomo que no son refinados en el país” (Díaz Cuellar 2017, 60), se le ha dado continuidad al histórico modelo colonial en que los impactos sociales y los pasivos ambientales de la minería ocurren en el territorio boliviano mientras la mayor parte de los beneficios lo realizan las transnacionales en el exterior.22 Los impactos socioambientales de esta minería a cielo abierto son severos y generalmente irreversibles, comenzando por el desplazamiento de poblaciones y la destrucción de sus condiciones de reproducción cultural y, con ello, la negación de formas de vida alternas a la de la lógica del crecimiento de la economía mercantil y el imaginario del progreso. En las condiciones actuales de la minería global, en que ha pasado a ser rentable para las empresas la explotación de reservas con muy bajo tenor, se hace necesario remover grandes cantidades de material por cada unidad de mineral extraído, afectando amplias extensiones territoriales. Se remueve la capa vegetal, con frecuencia boscosa o en laderas de montañas, se afectan y contaminan aguas subterráneas y superficiales. Se utilizan masivas cantidades de químicos tóxicos, como mercurio y cianuro, que afectan tanto las aguas como las tierras cultivables y a las poblaciones circundantes y la fauna (Tejada Soruco 2011). En esta acelerada expansión de la frontera minera, el derecho a la consulta previa, libre e informada, ha sido sistemáticamente vulnerado (Bascopé Sanjinés 2017). Como ha sido el caso en el resto de América Latina, esta ampliación de la actividad minera hacia territorios indígenas y campesinos ha generado múltiples procesos de resistencia, a los cuales el gobierno del mas, con frecuencia, ha respondido con la criminalización de la protesta y la represión (Madrid Lara 2013; Territorios en Resistencia 2014). De acuerdo con el Observatorio de 
22 Internamente, unos de los principales beneficiarios de las políticas mineras y de la legislación tributaria del gobierno del mas, han sido las nuevas élites de origen popular que controlan las denominadas cooperativas mineras (Díaz Cuellar 2017, 62). Estas cooperativas se han convertido en uno de los principales grupos de presión capaces de incidir sobre las políticas públicas, y en una importante base de apoyo al gobierno del mas. 
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Conflictos Mineros en América Latina (ocmal), Bolivia, si bien tiene “un grado medio-bajo de violencia”, es uno de los países de América Latina con un “alto grado de criminalización” a la resistencia a la minería (ocmal. Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 2017; Gárate 2016). Como en los otros países del continente, lejos del logro de los objetivos de la transformación productiva y de una economía plural, no centrada en actividades extractivas, con la bonaza del boom de los commodities se consolidó el modelo primario exportador y se bloqueó la búsqueda de otras opciones. 
La carretera del TIPNIS 
Los conflictos en torno a la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-tipnis, se convirtieron en el caso paradigmático de las tensiones existentes entre las orientaciones desarrollistas/extractivistas que han predominado en el gobierno del mas, y las concepciones del buen vivir establecidas en la Constitución. Este conflicto, de alguna manera, sintetiza las pugnas entre los modelos de sociedad que han atravesado al proceso boliviano en estos años. El Parque Nacional del Isiboro Sécure fue creado en el año 1965. Desde hace décadas ha sido una zona de continuos conflictos entre los pueblos indígenas habitantes de ese territorio y diferentes amenazas externas. En oposición a la llegada de colonos a sus territorios y a la apertura de la zona a la actividad maderera, se produjo en el año 1990 la primera marcha indígena hasta La Paz en defensa de sus territorios. Era de esperarse que con los derechos tanto ambientales como territoriales de los pueblos indígenas establecidos en la nueva constitución, la preservación de este parque nacional estaría garantizada. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales retomó un proyecto del iirsa de construcción de una carretera a través de éste, y con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (bndes) firmó un 
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contrato con la constructora brasileña oas para la realización de la obra, a pesar de la firme oposición de sus habitantes. Los pueblos indígenas defensores del Tipnis desarrollan múltiples movilizaciones y demás formas de resistencia a la carretera. Entre agosto y septiembre del 2011, los indígenas defensores del Tipnis realizaron una marcha de 600 kilómetros hasta La Paz, misma que fue recibida con apoyo popular tanto en su trayectoria como en su llegada a la capital, pero que fue bloqueada y reprimida en forma reiterada por los cuerpos de seguridad del Estado. Después de haber sido reprimidos (servindi 2011), acusados de ser agentes del gobierno de los Estados Unidos y de estar financiados por ong internacionales, el gobierno de Evo Morales finalmente cede y se aprueba la Ley 180 en la cual, basándose en la Constitución Política del Estado, “se ratifica al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-tipnis como territorio indígena de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés nacional.” Se declara este territorio como “zona intangible”, y dispone “que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-tipnis” (Estado Plurinacional de Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional 2011) A los pocos meses el gobierno anunció la rescisión del contrato con la empresa oas. Después de realizar (y ganar) en el año 2012 una consulta entre los habitantes de la zona, considerada como ilegítima por la composición de los participantes y la manipulación y la coerción que lo acompañaron (Somos Sur 2016), el gobierno dejó pasar unos años antes de retomar la construcción de la carretera. En el año 2017, cuando consideró que había logrado desarticular y debilitar la resistencia, mediante la Ley 969 deroga la Ley 180 y con ello la intangibilidad de dicho territorio. A pesar de que el texto está lleno de necesarias referencias a la “armonía con la Madre Tierra”; la “pluriculturalidad”; la “consulta previa, libre e informada” y la “promoción, protección y conservación del patrimonio cultural”, el objetivo de esta nueva ley está claramente orientado al “desarrollo integral y sustentable”; al “aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
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desarrollo de actividades productivas” (con la participación de capital privado); y “la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial, aérea y otras” (Estado Plurinacional de Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional 2017). De esta manera se coloca el tema de la carretera nuevamente en el debate político nacional (Salva la Selva 2017). Han estado en juego en estas pugnas dos visiones de la vida. Para los pueblos indígenas habitantes del Parque Nacional se trata del derecho a preservar y decidir sobre sus propios modos de vida, la defensa de sus territorios ancestrales, la protección de los bosques y las aguas, de los derechos de la naturaleza, todo lo cual estaría amenazado por una carretera que cortaría en dos el territorio, y que aceleraría la entrada de colonos cocaleros, de madereros y la prospección/explotación de hidrocarburos. Para el gobierno se trata de continuar con su opción básica de crecimiento económico basado en el extractivismo y en las obras de infraestructura que superen los obstáculos para una mayor integración física del país. La prospección/explotación de hidrocarburos ha estado severamente limitada por la inaccesibilidad de esos territorios. Ya hay tres bloques licitados para estas actividades que cubren 35% del territorio del Parque Nacional (Fundación Solón 2018). Para los colonos cocaleros se trata de una nueva frontera agrícola donde expandir su producción. Casi todas las familias que viven en el polígono 7, al sur del Tipnis, viven del cultivo de coca (Fundación Solón 2018). Las diferentes políticas que ha implementado el gobierno en el desarrollo de este conflicto ilustran con claridad las consecuencias de su opción por el desarrollismo extractivista. Al darle prioridad a la construcción de la carretera, a pesar de la oposición de los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-tipnis, ha aplicado en forma sistemática su política de dividir a los movimientos, comunidades y sus liderazgos, así como la creación de estructuras paralelas que pueda controlar (Prada Alcoreza 2018). Se han utilizado los medios públicos para buscar desprestigiar a quienes se oponen a sus políticas. Simultáneamente se han reprimido las resistencias y militarizado los territorios. En relación con sus bases de apoyo, se le ha otorgado clara prioridad a los intereses de los cultivadores de la coca excedentaria incorporada a la economía po
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lítica de la cocaína, a los transportistas y los participantes en la industria maderera, sobre los intereses de los pueblos indígenas originarios de las tierras bajas. Como ha argumentado Raúl Prada Alcoreza,
La singularidad de estas figuras conquistadoras y colonizadoras no es sólo que lo hacen como proyecto de “desarrollo”, sino que lo hacen a nombre del “antiimperialismo” y, lo más incongruente, a nombre de la “descolonización” (2018). Las iniciativas en tres ámbitos energéticos ilustran la medida en que en las políticas del gobierno del mas, no se asume el desarrollismo extractivista como una fase transitoria hacia otro modelo de organización de la producción, sino como una opción estratégica coherente. Una definida opción que como se ha señalado anteriormente, se distancia radicalmente de los horizontes de futuro de los movimientos que llevaron al mas inicialmente al gobierno, tal como éstos quedaron plasmados en el texto constitucional. En primer lugar, está el programa nuclear. En su mensaje de rendición de cuentas del año 2012 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, Evo Morales afirmó que el desarrollo pacífico de la energía atómica se había convertido en una “prioridad estratégica” del Estado boliviano (Somos Sur 2014), como parte de la aspiración de convertir a Bolivia en “el centro energético de Sudamérica”. Este programa, que ha sido cuestionado por los riesgos que implica, se ha manejado con muy poca transparencia y las informaciones que han sido dadas a conocer por el gobierno han sido cambiantes y con frecuencia contradictorias. Éstas mencionan, desde un pequeño reactor para fines médicos y de investigación, a una planta nuclear para la generación de electricidad. En segundo lugar, la construcción de grandes represas hidroeléctricas. Las represas del Chepete y El Bala han sido cuestionadas tanto por los severos impactos humanos y ambientales que éstas tendrían (Fundación Solón 2017a),23 como por la enorme carga de deuda externa que 
23 Los impactos socioambientales de las mega represas han sido abordados en la primera parte de este trabajo.
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éstas representarían para el país. Las dos represas, pensadas para la exportación de electricidad, tendrían un costo total de 8.063 millones de dólares y no cuentan con un mercado asegurado. Se ha estimado que los costos de generación de un megavatio hora (MWh) son bastante superiores a los precios promedios a los que Bolivia le ha vendido electricidad a Brasil durante la última década (Fundación Solón 2017b). En tercer lugar, después de haber sistemáticamente denunciado durante los primeros años de su gobierno a los agrocombustibles como una amenaza a la seguridad alimentaria (servindi 2018), en septiembre del año 2018 el gobierno aprobó la llamada Ley de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal 1098 que autoriza la producción de etanol a partir de la caña de azúcar y el biodiésel a partir de soya y otras oleaginosas (El Deber 2018). Bolivia llega con retardo a estas iniciativas que en muchas partes del mundo están siendo cuestionadas tanto por la resistencia de comunidades afectadas, como por un mayor conocimiento científico sobre sus severos impactos ambientales. Resulta un tanto paradójico que todo esto lo realice un gobierno que, en años anteriores, jugó un papel tan destacado en las negociaciones internacionales contra el cambio climático. Fue el país convocante y sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Cumbre de Tiquipaya) realizada en Cochabamba en el año 2010, en la cual organizaciones indígenas, ambientalistas, académicas y populares de diferentes partes del mundo construyeron conjuntamente una plataforma de los pueblos en lucha contra el cambio climático. Es el gobierno del país que, a pesar de todas las presiones, se quedó sólo en oposición al acuerdo final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010 (cop 16) celebrada en Cancún, por considerar que no se tomaban decisiones suficientemente contundentes ante la gravedad del cambio climático. Fue dicho país el principal promotor de la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010 mediante la cual la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 2014). 
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Venezuela: el paroxismo del extractivismo
El caso extremo de opción por el extractivismo como modelo de desarrollo es el caso venezolano. Durante el gobierno bolivariano, a pesar de referencias discursivas a la necesidad de alternativas al rentismo petrolero, se produjo una sistemática profundización de la dependencia del petróleo y de la lógica rentista y su correspondiente devastación socio-ambiental. Debido no sólo a variaciones en el precio del crudo, el peso del petróleo, como proporción del valor total de las exportaciones venezolanas, pasó de alrededor de 63% en el año 1998, a 96% al final de la vida de Chávez (Banco Central de Venezuela 2018). A partir de la cuantificación de las reservas de petróleos pesados y extra pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, renacieron los imaginarios de la abundancia de décadas anteriores. En los años setenta, en otro ciclo de abundancia debido a los altos precios del petróleo, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se consolidó el sentido común de que Venezuela era un país rico. El discurso oficial de aquellos años lo denominaba la Gran Venezuela, el discurso popular se refería a la Venezuela Saudita. Con respecto al cambio climático y las responsabilidades del país con las mayores reservas de petróleo del planeta, la distancia entre el discurso y las políticas realmente llevadas a cabo no podrían, ser mayores. En las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los representantes de Venezuela presentaron discursos radicales responsabilizando al capitalismo, y a los países industrializados del Norte, por los altos niveles de consumo de combustibles fósiles que amenazan la vida en el planeta. Sin embargo, la política del gobierno ha sido maximizar la extracción de petróleo. El ejemplo más claro de esta profunda contradicción se encuentra en el llamado Plan de la Patria, el último programa de gobierno presentado por Chávez para las elecciones presidenciales de 2012. Este programa, aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional como el plan de desarrollo del país, está organizado en torno a cinco objetivos principales. El objetivo número cinco es preservar la vida en el planeta y salvar a la especie 
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humana. Sin embargo, el objetivo número tres es consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. Con ese fin, de acuerdo con este plan, la producción de petróleo debía duplicarse de tres millones a seis millones de barriles por día entre 2013 y 2019. Afortunadamente para el planeta, estos esfuerzos fracasaron estrepitosamente. Como consecuencia del colapso de la industria petrolera, la producción de petróleo a finales del año 2018 había descendido a menos de un millón doscientos mil de barriles diarios (opec 2018). El Plan de la Patria define sin ambigüedad el carácter extractivista/rentista de lo que se entiende como una política petrolera revolucionaria:
… nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, el cómo se capta y cómo se distribuye. No cabe duda que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, con base en mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento que nos diferencia de cualquier otra política petrolera (Chávez 2012).
Ante el deterioro sostenido de los ingresos petroleros a partir del año 2014, el gobierno venezolano, en lugar de buscar opciones alternativas a la lógica rentista primario exportadora que tanto daño le ha causado al país, optó en términos estratégicos por una profundización de ésta, ahora mediante la minería en gran escala.24 Con este fin, dentro de la política de creación de zonas económicas especiales en las cuales se flexibilizan las normas laborales, ambientales y referidas a los pueblos indígenas, para atraer al capital transnacional, en febrero del año 2016, el presidente Maduro dictó el Decreto del Arco Minero del Orinoco mediante el cual se abren 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, una superficie equivalente a la totalidad del territorio cubano, a la gran minería 
24 Esta sección referida al Arco Minero del Orinoco hace uso libre de los pronunciamientos que sobre este tema ha hecho la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Caracas, Venezuela, 2016-2017. 
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internacional. Se trata de una vasta zona rica en minerales, entre otros, oro, coltán, aluminio, diamantes, y minerales radiactivos. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo con Eulogio del Pino, para ese momento ministro de Petróleo y Minería y presidente de pdvsa, se estimaba que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que representaría unos 280.000 millones de dólares (Agencia Venezolana de Noticias 2016). El territorio que ha sido delimitado como Arco Minero del Orinoco tiene riquezas socioambientales e incluso económicas muy superiores al valor monetario potencial de las reservas mineras. Es parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Warao, E´Ñepa, Hoti, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye´kwana y Sanema, cuyas condiciones materiales de existencia están siendo devastadas por esta explotación minera, no sólo violando flagrantemente los derechos constitucionales de estos pueblos, sino amenazándolos con el etnocidio. Se trata de una parte de la Amazonía que juega un papel crítico en la regulación de los regímenes climáticos del planeta y cuya preservación es vital para frenar el avance del cambio climático. Un territorio de una extraordinaria diversidad biológica que es igualmente la fuente principal de agua con la cual cuenta Venezuela y la zona en la cual están ubicadas las represas hidroeléctricas que suministran más del 70% de la electricidad que se consume en el país. Profundizando la lógica extractivista, se le ha dado preferencia a la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, aunque ello implique una masiva devastación socio-ambiental de carácter irreversible. Todo esto por decreto presidencial en ausencia total de debate público, en un país cuya constitución lo define como democrático, participativo y protagónico, multiétnico y pluricultural. Este decreto constituye una abierta violación de derechos y responsabilidades ambientales taxativamente establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la legislación ambiental vigente y por acuerdos internacionales suscritos por el país como el Convenio de Diversidad Biológica. Se violan igualmente la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (lopci, 
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diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la oit), en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. En el proyecto del Arco Minero está prevista la participación de “empresas privadas, estatales y mixtas”. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras, la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarían igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado: 
Artículo 21. En el marco de la política económica sectorial, el Ejecutivo Nacional podrá otorgar exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, aplicables, exclusivamente, a las actividades conexas a la actividad minera, a los fines de fomentar el impulso y crecimiento de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Igualmente, las empresas mixtas constituidas para el desarrollo de actividades primarias, previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas, sobre los yacimientos ubicados en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco gozarán de estos beneficios mientras dure el desarrollo del proyecto (Maduro Moro 2016). 
Las posibilidades de oponerse a los impactos negativos de la gran minería en la zona del Arco Minero están prohibidas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas puedan ser obstaculizadas por las resistencias, se crea una Zona de De
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sarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:
Artículo 13. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en conjunto con el Poder Popular organizado, y en coordinación con las autoridades del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia petrolera tendrá la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.
Art. 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto. Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable. 
Los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo (Maduro Moro 2016). Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “Prevalencia del interés general sobre intereses particulares”. Se entiende por “interés general”, la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un “interés particular” y, por lo tanto, sujeto a que los “organismos de seguridad del Esta
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do” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto. ¿Cuáles son, o pueden ser, los intereses denominados aquí como “particulares”? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos “gremiales” y, por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos? ¿Son los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con esto, intereses particulares? A finales del año 2018 todavía no llegaban las grandes inversiones de transnacionales esperadas por el gobierno, fundamentalmente por la ausencia de seguridad jurídica para éstas. Sin embargo, la minería ilegal de oro y coltán se ha expandido aceleradamente con la participación de decenas de miles de mineros. Esta vasta extensión del territorio nacional se ha convertido en un territorio parcialmente al margen del Estado, parcialmente en manos de componentes mafiosos de las fuerzas armadas. Agrupaciones armadas, paramilitares, integrantes del eln, disidentes de las farc, bandas criminales denominadas “sindicatos”, controlan diferentes sectores dentro de estos territorios y fijan los precios a los cuales obligan a los mineros a vender los minerales extraídos (Romero y Ruiz 2018; Vitti 2018). Todo esto con la complicidad de integrantes de la fuerza armada venezolana. Esta actividad minera ilegal opera con elevados niveles de violencia, son frecuentes las muertes de mineros por disputas territoriales, y con severos impactos socioambientales. Para la minería del oro se utiliza en forma masiva el mercurio que ya se encuentra en grandes concentraciones en madres y niños de la zona. Niñas indígenas son raptadas en sus comunidades para someterlas a la prostitución en los campamentos mineros. Esta opción por el extractivismo y por la plena apertura a la participación de corporaciones transnacionales en las mejores condiciones posibles para éstas, se ha complementado con otras decisiones tomadas por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y por el presidente 
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Maduro, mediante un igualmente anticonstitucional Estado de Emergencia Económica que se ha prolongado desde comienzos del año 2016: la Ley de Protección de las Inversiones Extranjeras (República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente 2017); eliminación del impuesto sobre la renta a pdvsa y sus empresas asociadas, privadas, nacionales y extranjeras (Rodríguez Rosas 2018), así como la privatización parcial de empresas estatales del área petrolera, vendiéndoselas a empresas chinas en condiciones que se mantienen en secreto y, por lo tanto, no conocidas por la población venezolana. Los nuevos contratos firmados con corporaciones internacionales para la producción petrolera son claramente inconstitucionales y violatorios de la soberanía del país (Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución 2018; Millán 2019). Esta amplia apertura neoliberal se da en circunstancias en que el gobierno, en el contexto de una profunda crisis, tiene una extraordinaria debilidad y, por ello, tiene que aceptar las condiciones que le impongan los inversionistas o prestamistas externos, principalmente por parte de sus países “aliados”, China y Rusia. La contradicción entre la encendida retórica antiimperialista y el remate de los bienes comunes de la sociedad venezolana al capital transnacional difícilmente podría ser mayor.
Extractivismo y los horizontes utópicos de las trasformaciones que fueron anunciadas 
La opción de estos gobiernos por la apertura extractivista al capital transnacional ha bloqueado la posibilidad de que los objetivos transformadores más radicales formulados al inicio de estos procesos tuviesen posibilidad alguna de realización. No era posible el reconocimiento del Estado plurinacional, ni los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, ni el derecho a la consulta previa con relación a actividades que impactasen sus territorios, si eran precisamente esos territorios los que tenían que ser entregados para su explotación por parte de empresas públicas, privadas, nacionales o extranjeras. 
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Es paradójico que en los años en que la mayor parte de los países de América del Sur tenían gobiernos denominados de izquierda o progresistas, inclusive algunos países con constituciones que tienen como eje las nociones de la plurinacionalidad y pluriculturalidad, y estén reconocidos constitucional y/o legalmente los derechos de la naturaleza, haya sido precisamente una fase histórica de acelerado avance del capital transnacional extractivista depredador, incluso hacia territorios antes relativamente aislados y, por lo tanto, no plenamente sometidos a la lógica mercantilizadora del capital. El extractivismo como modelo productivo dominante ha estado en estas experiencias imbricado con un patrón estadocéntrico de organización de la sociedad. La recuperación del Estado después de décadas de desmontaje neoliberal a favor del mercado, ha devenido en el fortalecimiento de un Estado desde el cual una dirección política vanguardista y/o tecnocrática, nuevas versiones del caudillismo histórico latinoamericano o el líder insustituible, imponen su voluntad al conjunto de la sociedad a partir de la mirada de la sociedad desde el Estado, y de la identificación del Estado con el interés general de la sociedad. De esta manera, se han bloqueado tanto las posibilidades de avanzar en la dirección de la creación de ámbitos de autonomía y de experimentación social, sin los cuales no es posible el Estado plurinacional ni la construcción colectiva de una sociedad alternativa. Se han bloqueado igualmente las posibilidades de despliegue de las modalidades de democracia participativa y comunitaria contempladas en los textos constitucionales.
Extractivismo, geopolítica e integración latinoamericana
Con el desplazamiento hacia la izquierda representado por los gobiernos llamados progresistas, se produjeron importantes cambios geopolíticos en el subcontinente. Se dieron pasos de coordinación política en la búsqueda de autonomía regional en relación al histórico dominio de 
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los Estados Unidos en la región. El que hubiese gobiernos autodefinidos como de izquierda, o progresistas, en la mayoría de los países de este subcontinente en forma simultánea, constituyó un hecho sin precedentes históricos. La expresión más importante de este nuevo momento continental fue la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (alca), proyecto propiamente imperial que buscaba constitucionalizar el orden neoliberal en todo el continente americano. Gracias a los elevados ingresos producidos por la exportación de los commodities fue posible reducir el peso de la deuda externa y la dependencia de las instituciones de Bretton Woods. Se limitaron o cortaron lazos militares con los Estados Unidos, como fue el caso de la expulsión de las fuerzas militares de dicho país de la Base de Manta en Ecuador, y la suspensión del envío de personal a ser entrenado en la Escuela de las Américas. Cesó la colaboración con la Drug Enforcement Agency (dea) de dicho país. Se alteró el tradicional alineamiento político y económico con los Estados Unidos, actuando con mayor independencia política internacional en asuntos como las negociaciones de cambio climático y los derechos del pueblo palestino. Se amplió extraordinariamente el espectro de las relaciones comerciales, las fuentes de financiamiento e inversión externa, proceso en el cual China jugó un papel preponderante. Durante estos años se creó un conjunto de organismos subregionales de integración y de cooperación política como la Unión de Naciones Sudamericanas (unasur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (alba-tcp), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), y Petrocaribe, un acuerdo solidario de cooperación energética ente Venezuela y países caribeños y centroamericanos. De estos organismos, unasur fue el que simultáneamente representó tanto el mayor potencial de una integración regional política y económica autónoma, como las profundas contradicciones y limitaciones transformadoras de estos gobiernos progresistas. Esta organización fue creada por los doce países de América del Sur. Su tratado constitutivo del 23 de mayo del 2008 define el propósito de la organización en los siguientes términos: 
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La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados (unasur 2011).
El momento político más destacado de unasur, cuando parecía hacerse realidad esta integración sudamericana, ocurrió a los pocos meses, en el mismo año 2008, cuando se dio una crisis profunda en Bolivia en que estaba en juego la estabilidad del gobierno y la desintegración territorial del país, como consecuencia de las amenazas secesionistas de las provincias de la llamada Media Luna. Ante esta situación, bajo la presidencia pro témpore de Michelle Bachelet, se realizó una reunión de emergencia de los presidentes de los países de la organización en Santiago de Chile en la cual se acordó: 1. Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum. 2. Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia (unasur 2008). 
Esta reunión fue importante por dos razones fundamentales. En primer, lugar porque logró efectivamente impulsar procesos de negociación en condiciones que relegitimaron al gobierno de Evo Morales y permitieron superar la crisis. En segundo lugar, porque, por primera vez en la historia independiente del continente, un conflicto político de repercusiones continentales fue abordado y resuelto por una institución 
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de la región, sin la participación de los Estados Unidos, Canadá o la Organización de Estados Americanos. Un hito que parecía haber marcado claramente un antes y un después. Sin embargo, en el ámbito de la integración económica, la dinámica dominante ha caminado en una dirección opuesta. Pese a múltiples encuentros y acuerdos y los discursos altisonantes sobre la integración continental, si cada uno de los países de la región prioriza la expansión de las exportaciones de uno o más bienes primarios a mercados extra continentales, con frecuencia los mismos bienes a los mismos mercados (petróleo, hierro, cobre, soya…), principalmente a China, es poco el terreno que queda para la complementariedad económica y la articulación de cadenas productivas. En cada uno de los países de la región, independientemente de que sus gobiernos fuesen progresistas o neoliberales, durante los últimos tres lustros se ha producido un proceso de reprimarización de las economías y un incremento del peso de los bienes primarios en el total de las exportaciones. 
Evolución del valor de las exportaciones primarias de los países sudamericanos según participación en el total País/año 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Argentina 67,5% 69,5% 71,2% 68,2% 69.2% 67,8% 67,9% 67,9% 74,3% Bolivia 72,3% 84,2% 86,7% 89,8% 92,8% 92,6% 94,7% 94,4% 94,5% Brasil 42,0% 47,4% 47,0% 49,5% 55,4% 63,6% 65,0% 65.2% 60,1% Chile 84,0% 83,2% 86,8% 89,0% 88,8% 89,6% 85.8% 85,9% 85,3% Colombia 65,9% 62,2% 62,9% 64,4% 68,5% 77,9% 82,5% 82,4% 74,5% Ecuador 89,9% 89,7% 90,7% 90,4% 91,7% 90,2% 91,0% 93,8% 92,5% Paraguay 80,7% 85,1% 87,3% 84,1% 92,1% 89,3% 91,2% 90,6% 90,6% Perú 83,1% 83,0% 83,1% 88,0% 86,6% 89,1% 85,4% 85,3% 96,9% Uruguay 58,5% 63,7% 68,4% 68,7% 71,3% 74,3% 75,9% 76,3% 77,9% Venezuela 90,95 86,2% 86,9% 92,7% 95,6% 95,7% 98,3% … … Cepal. Anuarios estadísticos de América Latina y el Caribe 2004-2017, Santiago de Chile.
Entre esos años, con pequeñas oscilaciones, el comercio intrarregional en América Latina presenta pocas variaciones. En el año 2015, 
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las importaciones intrarregionales del conjunto de América Latina y el Caribe representaron sólo el 15% de sus importaciones, mientras que las exportaciones intrarregionales constituyeron un 17% (cepal 2017). Durante los años de los gobiernos progresistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, con la excepción de las importaciones de Venezuela, tanto las importaciones como las exportaciones intrarregionales disminuyeron como porcentaje del monto total (cepal 2002, 2010 y 2016). El proceso de integración sudamericano que ha avanzado más, va a contramarcha del contenido del discurso político sobre otra integración de los gobiernos progresistas. Es el que está guiado por las orientaciones de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (iirsa). Surge este proyecto en el año 2000, por iniciativa del presidente f. h. Cardoso de Brasil. Su objetivo era, y sigue siendo, el de generar obras de infraestructura en los campos del transporte, energía y telecomunicaciones, para facilitar el comercio intrarregional e internacional. Esta propuesta se da en un contexto de pleno auge del neoliberalismo en el continente, y en un momento en el que, con la sola excepción del presidente venezolano Hugo Chávez, que recién comenzaba a definir orientaciones de lo que sería su propuesta económica, todos los demás presidentes del continente apostaban por rumbos neoliberales. Como lo han señalado los críticos a lo largo de estos años, se trata de un proyecto de desarrollo de grandes obras de infraestructura física y de homologación jurídica, destinadas a profundizar la integración subordinada, colonial, en la división internacional del trabajo y la naturaleza. (servindi 2016; Metiendoruido 2016). Sus proyectos principales, como la construcción de grandes carreteras a través de la Amazonía y de la cordillera andina, el dragado de ríos para permitir su navegabilidad por barcos de mayor calado, y los ferrocarriles, se proponen superar las “barreras” representadas por montañas y selvas para facilitar así la explotación de los “recursos”. Algunas de las grandes represas hidroeléctricas están destinadas a suministrar energía a la extracción minera. Todo esto implica el impulso indetenible del “progreso”, acelerando con grandes inversiones de infraestructura la apropiación de territorios ocupados por pueblos indígenas y campesinos, expandiendo igualmente los procesos masivos de devastación ambiental. 
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El iirsa y unasur estuvieron constituidos por los mismos doce países que cubren la totalidad del territorio sudamericano. Se trata de dos modelos que se originaron en contextos geopolíticos diferentes y que aparentemente tienen objetivos declarados divergentes. Sin embargo, en el año 2009, unasur le da plena continuidad al iirsa con la creación del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de unasur (cosiplan), que integra al iirsa como su foro técnico de infraestructura.25 Dado el extraordinario peso de Brasil en Sudamérica, en los proyectos del iirsa han jugado un papel preponderante los intereses económicos y geopolíticos de dicho país por la vía del financiamiento del banco de desarrollo bndes, y su ejecución por parte de las grandes constructoras brasileñas como la Odebrecht y Camargo Correa. Estos emprendimientos estuvieron acompañados por extraordinarios niveles de corrupción. La tensión entre esos dos programas de futuro para el continente, el desarrollista/extractivista de carácter neoliberal representado por el iirsa, y el de ruptura radical en dirección al buen vivir, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la interculturalidad, lo resuelve unasur, más allá de sus discursos y declaraciones de principios, por la vía de los hechos, a favor del primero. La precariedad de las dinámicas de integración económica regional, la debilidad de la interdependencia de sus cadenas productivas, de esa interconexión sin integración (Zibechi 2016) quedó al desnudo en la facilidad con que unasur comenzó a desmembrase en el momento en que se dio el desplazamiento hacia la derecha de los gobiernos del continente. Seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay) han anunciado que abandonarán el bloque (cnn 2018). 
25 El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (cosiplan) es la instancia de discusión política y estratégica para planificar e implementar la integración de la infraestructura de América del Sur, en compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental. Está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura y/o planeamiento o sus equivalentes designados por los Estados Miembros de unasur (cosiplan-unasur 2009).