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Crónica de las masacres contra las comunidades indígenas del Cauca y los intereses económicos y políticos en juego
Durante su recorrido por Arauca, Vichada y Casanare, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, recibió la noticia de las dos masacres en el norte del Cauca, con un balance de nueve indígenas asesinados, y la estrategia del Gobierno de 2.500 uniformados para reforzar la seguridad en la zona. El Espectador acompañó la misión por algunos territorios de los Llanos y le preguntó sobre la grave situación en el departamento del Cauca.
¿Cómo explicarles a los ciudadanos lo que está pasando en el Cauca?
Desde el mes de febrero nosotros visibilizamos la situación que se venía viviendo en Cauca. El 10 de agosto cité una a reunión en Santander de Quilichao con la comunidad indígena y los afros, y ahí, llegando a Santander, nos dimos cuenta de la masacre de El Tierrero. Ahí estuvimos, hicimos una reunión y ese mismo día subimos a hablar con la comunidad, a pesar de que nos habían dicho que no subiéramos porque estaba minado. Llegamos a darle las condolencias a la comunidad. Desde hace tres semanas vengo trabajando con un mecanismo que hemos denominado “Carpa blanca”, para reunirnos y atender cualquier requerimiento, y desde esa fecha nos reunimos en las oficinas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y les pregunté si las autoridades indígenas aceptaban la “Carpa blanca”.
Puntualmente, ¿cuáles son los factores de violencia que están en esa región?
Ahí hay una guerra por el control territorial de dos negocios. En las zonas pegadas a la cordillera hay cultivos de uso ilícito, de hoja de coca y de marihuana. Del otro lado hay minería ilegal, y por eso los grupos armados quieren controlar ese negocio lucrativo. El secuestro y la extorsión están en niveles muy bajos, pero todo ese negocio es más importante que cualquier otra cosa. Me preocupan las declaraciones de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Hay que sentarse a escuchar a las comunidades para saber cómo coordinamos la entrada de la ONU, Gobernación del Cauca, alcaldes, Procuraduría, Congreso. La figura de la “Carpa blanca” no tiene otro fin que evitar el asesinato de personas en el norte del Cauca.
Veíamos en las últimas horas un comunicado de las disidencias de Farc que decía que los cultivos legales estaban muy baratos y no daban para subsistir, y que lo único rentable era el cultivo de drogas…
Pero es ilegal, por eso hemos hablado desde la Defensoría de que debe haber garantías de producción. Cuando usted va a esas zonas, en la puerta de la casa les compran la hoja de coca. Nosotros tenemos que tener la inteligencia para que haya esas garantías, y si alguien produce piña, café o uchuva, ahí mismo se lo compren, porque la gente no va a dejarse morir de hambre. El negocio no es del que tiene una hectárea sembrada de coca, sino los que tienen muchas. Ante esa complejidad, el Gobierno debe lograr un modelo económico que permita que los productos sean comprados.
¿Cuál es la posición de la Defensoría frente a la propuesta de militarizar el Cauca?
Esto es un negocio que debe parar el Ejército y la Policía. En el Cauca hay una fuerza Apolo, con batallones de montaña que tienen hoy 2.000 hombres. Esa fuerza tuvo 5.700 hombres. Entonces, el Gobierno no está haciendo nada distinto de volver a poner la tropa que había antes, no para perseguir a los ciudadanos, en mi concepto, sino para controlar ese negocio, porque con los 2.000 no alcanza para controlar la cantidad de marihuana creepy y cocaína que bajan de las montañas del Cauca. La militarización per se no es ni buena ni mala, pero esta debe llegar con inversión social.
Se han hecho alertas tempranas, se avisó, por ejemplo, lo de Karina García, en Suárez. ¿Cree que el Gobierno no está atendiendo las alertas de la Defensoría?
El Gobierno atiende las recomendaciones que hacemos, pero desafortunadamente no alcanza a cubrir todas puntualmente. Necesitamos en los organismos mayor inteligencia para saber quiénes están detrás del asesinato de estos ciudadanos, no podemos enterrar todos los días a un colombiano.
¿Considera que el Gobierno es más reaccionario que preventivo en toda esta situación del Cauca?
El problema del Cauca no es de ahora. El Gobierno necesita actuar con mayor rapidez y aspiramos, como Defensoría, que la llegada de tropa y la inversión, en estas zonas de conflicto que han sido amparadas por el Acuerdo de Paz, tengan la inversión requerida para que esto no vuelva a pasar. Vamos a cumplir tres años de la firma del Acuerdo y la gente se quedó esperando los proyectos productivos. Se requiere, y hemos sido reiterativos, inversión social.
¿Cuál es el balance de la última misión por Arauca, Vichada y Casanare?
Es positivo porque escuchamos a las personas, nos llevamos mucho trabajo. En esta zona la problemática principal son las vías, si se soluciona es, como mucha gente nos los dijo, los temas de salud, educación, el campo, sacar el ganado, las cosechas, todo será más fácil. Mientras no tengamos vías en Arauca, Vichada y Casanare, va ser muy difícil que aquí llegue el progreso. Y si no llega el progreso, esta zona seguriá siendo un nido para el cultivo de grupos irregulares, como AUC, disidencias de las Farc, Eln.
¿Qué pasará con toda la información que se pudo recolectar en el campo?
Se lo llevaremos al Gobierno Nacional. Lo que encontramos aquí en Yopal, por ejemplo, es que hay unos negocios con la necesidad de la gente en lo que tiene que ver con la vivienda digna. hay que hacer un gran llamado para que la gente no siga accediendo a viviendas sin servicios públicos. La gente lo hace porque quiere evitarse el pago de arrendamiento, pero estamos plagados de asentamientos sobre los que no sabemos cuándo el gobierno local les brindará todos los servicios.
Con este tema de vías, mencionó varias veces que le gustaría tener la orden de gastos sobre el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para destinar recursos… ¿Cuál es la incidencia real que tendrá?
Hay que ponerlo en contexto. Le vamos a contar el Gobierno lo que hemos vivido, cómo fue la trocha, por ejemplo, que recorrimos desde Orocué a Yopal. Le vamos a preguntar al Gobierno cuánto hay para invertir en esa vía, que es prioritaria. Lógicamente quisiera tener el instrumento de presupuesto que puede tener la ministra de Transporte y el director del Invías para invertir en su mejoramiento. ¿Se imagina la esa vía o la de Arauca-Cravo Norte pavimentada? Incluso la gente, por necesidad, no pide ni el pavimento, sino que le hagan un “lomo de perro”, que es una vía más angosta. La gente lo que necesita es una oportunidad para transitar tranquilamente.
Sin embargo, lo que vimos tampoco es nuevo. De esos problemas se vienen escuchando desde hace mucho, el Acuerdo de Paz contempla muchas obras de vías terciarias. ¿Por qué ha sido tan difícil con los gobiernos?
Estos municipios tienen algo adicional y es que son petroleros, es decir, han tenido recursos por décadas para invertir en la vía. El Acuerdo de Paz se dio para priorizar algunos municipios. Nosotros aspiramos que en el presupuesto de 2020, con la oficina de Emilio Archila, se siga con la tarea de hacer inversiones. Cuando se hizo el proceso de paz no era que las Farc dejaban las armas y se acababa, no, nosotros teníamos que ir las zonas vulnerables donde estaba las Farc y hoy están otros grupos para visibilizar que no hay colegios, no hay vías y el resto de falencias.
“Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca —y de otras regiones del país— con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente e irrefutable de que sus palabras no exageran ni distorsionan la realidad: a los indígenas del Cauca los están matando. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro a corto plazo.
La Iglesia católica también respondió a la sangre que está corriendo en el Cauca. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, anunció una peregrinación a Tacueyó, el corregimiento donde se ejecutó una masacre el pasado 29 de octubre. Se anunció que, en todo el país, las campanas de las iglesias repicarán a las 12 del día. “Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible. La misión por la vida es defender al más frágil y vulnerable”, decía la convocatoria por redes sociales. Si hay un lugar donde la paz se embolató, ese, sin duda, es el Cauca.
Lo ocurrido en la última semana pareciera recordar los peores días de la guerra. Como si la masacre de nueve personas —cinco indígenas y cuatro topógrafos— en dos episodios distintos en Toribío y Corinto no fuera suficiente sangre derramada, el sábado 2 de noviembre en la mañana, familias ubicadas en zona rural de Corinto se despertaron con el sonido de las balas. Enfrentamientos entre militares de la Tercera División y hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos confinaron a más de 300 familias. Se trata, justamente, del grupo disidente de las Farc al que las autoridades y los propios indígenas atribuyen las masacres que se perpetraron el 29 y el 31 de octubre pasado.
A partir de ahí la cosa solo empeoró. Al tiempo que los combates tenían lugar, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó del secuestro de Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos. Rivera estaba de descanso, visitando a su novia, pero en cuestión de horas la UNP confirmó su homicidio por supuestos disidentes de las Farc. “Así no se construye la paz”, reclamó la entidad. El cuerpo de Rivera fue hallado en La Betulia, zona rural de Suárez, el mismo lugar donde hacia las 8 de la mañana del lunes 2 de septiembre de este año fueron masacrados la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, su madre y cuatro personas más, también por disidentes de las Farc.
Luego del homicidio del escolta Rivera, medios de comunicación del suroccidente del país registraron un segundo ataque contra un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el nororiente del Cauca. “Se movilizaba en una camioneta, la cual terminó impactada por disparos de arma de fuego”, señaló el diario El País de Cali. “Los responsables de asesinatos en el Cauca son narcotraficantes y estructuras disidentes que han tratado de intimidar a las comunidades”, manifestó el presidente Iván Duque desde Armenia. “Esta situación es consecuencia del aumento de cultivos ilícitos que se presentó en años anteriores. Este Gobierno frenó esa tendencia”.
La explicación del jefe de Estado, sin embargo, palidece frente al infierno que está viviendo el Cauca, pues detener la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca no ha significado nada en la reducción de la violencia en esa zona del país. Horas después de este episodio, en la noche del sábado, fue asesinado Alexánder Vitonás Casamachín, un indígena de 18 años. “Autoridades indígenas confirman un nuevo asesinato en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío, la víctima fue identificada como Alexánder Vitonás Casamachín”, confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La lista, entonces, seguía aumentando.
Luego vino el primer atentado sicarial del fin de semana. La víctima, que por poco se salvó de ser parte de las lúgubres estadísticas del Cauca, fue Arbey Noscué, coordinador de la Guardia Indígena de Toribío. La versión del propio Noscué es que el arma del sicario “se encascaró”, lo que le dio el chance de huir. El atentado se perpetró el domingo 3 de noviembre y lo sucedió un nuevo asesinato: el del comunero Jesús Mestizo. Era fundador e integrante de la Asociación Indígena Avelino UI, la cual articula el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la coordinación social y política Marcha Patriótica. Este homicidio también lo confirmó el CRIC.
La noche del domingo cerró con otro ataque. Esta vez fue en Corinto: el blanco fue la guardia indígena y las víctimas directas fueron dos jóvenes, Oveimar Silva y Luis Ángel, que resultaron heridos. “Siguen presentándose hechos de violencia que desarmonizan el territorio y el proceso comunitario”, reprochó el indígena nasa y senador de la República Feliciano Valencia. “Ante toda esta matanza en nuestros territorios decimos: ¡no me quito el bastón!”, agregó, en referencia especialmente a la Guardia Indígena de su pueblo, hombres y mujeres armados únicamente de bastones para proteger a los suyos y su tierra, hoy plagada de cultivos de uso ilícito, especialmente de marihuana.
El narcotráfico y el interés que en él tienen grupos como el Clan del Golfo, estructuras del Eln, los Pelusos y disidencias de las Farc —con el cartel de Sinaloa tras bambalinas— han hecho del Cauca la región más convulsionada desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Allí, como en tantas otras regiones del país, la salida de las Farc dio paso a una disputa brutal por el control territorial, donde las rentas del narcotráfico son el trofeo en la mira. La respuesta del Gobierno hace unos días fue anunciar que enviará, de aquí a diciembre, a 2.500 miembros del Ejército para contrarrestar la violencia. La misma ONU le advirtió al gobierno Duque que esa medida podría resultar ineficiente ante tan complejo escenario.
México es un ejemplo claro de que repeler la expansión narco con Fuerza Pública puede llevar a una violencia aún más atroz y la principal damnificada, es posible preverlo, será la población civil, en este caso particular el pueblo nasa, el cual resistió durante años la presencia de las Farc en su territorio y ahora se opone a la ambición desmedida que se disparó entre múltiples grupos armados. O al menos trata de oponerse. Este lunes, una semana después de la primera masacre, el presidente Iván Duque anunció que se desplazaba a Popayán con el ministro de Defensa y la cúpula militar para liderar un consejo de seguridad.
Sus anuncios, en general, fueron los esperados. Dijo que “el narcotráfico es el mayor enemigo de nuestro país, de los líderes sociales, de los pueblos indígenas” y que “este fenómeno se enfrenta con seguridad y justicia, pero también llegando a los territorios con estas alternativas sociales”. Habló de acelerar la contratación de los proyectos de red terciaria, red educativa, desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación. “En el norte del Cauca vamos a hacer presencia con proyectos de impacto”, señaló. Una promesa que este departamento le pide a gritos —y con muchos muertos de por medio— al primer mandatario que cumpla con urgencia.