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Entramos hoy en el día veintiséis de la crisis y seguimos sin visualizar una salida. Me imagino, y comprendo, la desesperación y angustia que debe existir en La Moneda en estos momentos. Su percepción debe ser que han tirado “toda la carne a la parrilla”, que ya no tienen más que ofrecer, que han sobrepasado los límites de lo que es razonable para su sector, y que lo hecho hasta ahora les traerá consecuencias para el futuro. Y lo peor de todo, es que se están quedando sin repertorio de conductas.
Al inicio de la semana pasada, la calle se volvió a encender. Veníamos de una fase en que había primado lo masivo, el despliegue multitudinario e incidentes aislados. Entre lunes y miércoles, las protestas se trasladaron al sector oriente y registraron un aumento importante de hechos violentos protagonizados por un grupo pequeño que sigue autoconvocándose por redes y que no parece obedecer a ningún grupo político ni organización formal. Informan de los lugares en que la gente, principalmente jóvenes, debe concurrir, la hora y punto. Claro que, en paralelo, las plazas seguían recibiendo a miles de personas con carteles y banderas chilenas, del pueblo mapuche y de los equipos de fútbol. En un hecho inédito y que habla de la particularidad del fenómeno, las barras bravas de la U y Colo-Colo conviven armoniosamente en las marchas, además de alternarse la “zona cero” diariamente.
Sin embargo, el viernes se volvió a repetir el mismo rito que ya parece algo normal: la principal avenida cerrada por cientos de miles de pacíficos manifestantes que termina con un pequeño grupo que comete repudiables actos vandálicos, los que se convierten en la principal noticia de los medios más tradicionales. El fenómeno se ha extendido a todo el país.
Por su parte, Carabineros aumentó de manera importante la fuerza en sus intervenciones. En varios momentos, la brutalidad superó lo tolerable para la policía en democracia. Se puede entender que estén sobrepasados y cansados, pero eso no los exime de la responsabilidad de cumplir con su trabajo profesionalmente (imagine a un piloto de avión o un médico en un período de emergencia argumentando lo mismo). Sin duda, algunas situaciones que hemos visto en estos días obligan a revisar profundamente la formación en Derechos Humanos que recibe Carabineros en la actualidad.
También en la semana pasada pudimos observar el surgimiento de los chalecos amarillos versión criolla. Se trató de un grupo de vecinos de Vitacura que se organizaron para hacer una evidente advertencia a los “flaites” y potenciales saqueadores. En redes sociales circulan grupos extremos, los que incluso utilizan la recordada “araña” rescatada en la película basada en el siniestro grupo “Patria y Libertad”. Para rematar, en Reñaca un gringo saca su pistola del auto y dispara a quemarropa.
Sin duda, el protagonismo principal del capítulo de la semana pasada fue del Presidente Sebastián Piñera. Reapareció luego de varios días de silencio. Lo hizo con una polémica entrevista a un medio externo, seguida del traspié en la visita a un herido, y también una desafortunada frase: “En 30 días no podemos hacer lo que no se hizo en 30 años”. (Esto recordó esa sentencia de su primer mandato: “En 20 días hemos hecho más que en 20 años…”). Luego hubo una cuestionada y estéril citación al Cosena y el lanzamiento de un paquete de medidas para aumentar las penas, que se entendió como parte del problema y no de la solución.
Pero también Piñera –en la BBC– declaró estar abierto a todo, incluso a cambiar la Constitución, aunque lo hizo de manera genérica. Sin embargo, el sábado –esta vez en entrevista a El Mercurio– agregó que estaban “preparando un proyecto de cambio a la Constitución”, el que debería ser analizado junto a la propuesta de Michelle Bachelet. Claro que los alcaldes ya le habían ganado el “quien vive” a La Moneda, al organizar antes un plebiscito para un mes más.
La Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por un RN, partido que ha tomado una evidente distancia de Piñera, mostró audacia y comenzó a organizar una consulta nacional –7 y 8 de diciembre– que identificará las prioridades ciudadanas y medirá la voluntad popular de modificar la Constitución a través de una votación a nivel nacional en los 330 municipios –de 345– que pertenecen a la agrupación, con un universo de 16 millones de personas.
Mientras tanto, el Gobierno trabajaba a un ritmo que no calzaba con la efervescencia y movilizaciones de la calle. El ministro Sebastián Sichel estaba recién diseñando los diálogos ciudadanos, pero el golpe de los alcaldes lo obligó a modificar el plan.
Es claro que el cambio de la Carta Magna es considerado por casi todos los actores sociales como una de las reformas de tipo estructural que necesita el país. Incluso la Iglesia católica, inexistente actor en este conflicto, salió en estos días a apoyar la idea. En los miles de cabildos que se están implementando en el país, de manera bastante espontánea, el tema es recurrente. Y hasta ahora, el mecanismo que recibe más respaldo es una Asamblea Constituyente.
Aunque los mecanismos de cambios de la Carta Magna son múltiples –todos los parlamentarios, una comisión de diputados y senadores, un colectivo de personas “influyentes” y un grupo de ciudadanos–, lo que está de fondo es que la gente espera que los ciudadanos se puedan incorporar en esta dinámica. Quieren opinar, aportar, ser escuchados.
Simple pero profundo.
Pero el broche de oro de este cambio de relato y argumentación vendría el domingo por la noche. El ministro Gonzalo Blumel, sin ninguna solemnidad, anunciaría el último giro de Sebastián Piñera: el cambio de la Constitución de Pinochet a través de un Congreso constituyente y plebiscito revocatorio. De seguro había influido la presión de algunos parlamentarios, en particular de dos actores clave, como Mario Desbordes y Manuel José Ossandón.
Sin embargo, omitió señalar si sería este o el Congreso siguiente el encargado del proceso, lo que podría durar muchos años. Se buscaba una válvula de escape, pero utilizando a la institución más desprestigiada del país. Justamente aquellos que han estado en la mira de los miles de personas que han marchado por casi un mes y que, al parecer, no se van a detener con este anuncio.
Si ese era el objetivo del Gobierno –detener las manifestaciones y bajar la presión–, es probable que “la calle” no reaccione de la misma forma positiva en que un sector de la clase política tomó de inmediato este anuncio. La encuesta Cadem publicada ayer lunes mostró que un 78% estima que la Constitución debe ser cambiada. Sin embargo, cuando se pregunta por el mecanismo, un 54% afirma que debería ser por medio de una Asamblea Constituyente y apenas un 11% cree que esta responsabilidad debería recaer en el Parlamento.
Por lo demás, la crisis de credibilidad institucional, que está en el origen del estallido que se desató el 18 de octubre, se explica en gran parte por la mala percepción que las personas tienen de la política representativa. Sin ir más lejos, la misma Cadem del 7 de octubre de este año ubicaba al Congreso en la posición número 20 en confianza de un total de… 20 instituciones medidas. El Termómetro Social, por su parte, midió la confianza en plena crisis –28 de octubre al 1 de noviembre– y en una escala de 1 a 10 las personas señalaron en primer lugar, por lejos, a los Bomberos, con 9,3%, y en los últimos dos lugares al Parlamento, con 2,5%, y los partidos políticos, con 2,4% de respaldo.
¿Es posible entonces que un Congreso constituyente pudiera tener legitimidad en el Chile que parece estar naciendo desde el 18 de octubre? Definitivamente no.
Lo peor de todo es que el Gobierno se perdió una carta clave para bajar la tensión. La idea de fondo es valorable. Nadie, pero nadie pudo imaginar hace un mes que una administración de derecha pudiera hacer este planteamiento. Sin embargo, estratégicamente, pensando en el conflicto actual, el solo anuncio de un plebiscito para establecer si las personas estaban a favor o en contra de cambiar la Constitución habría sido suficiente.