ROZAS, UN GENERAL DE ESCRITORIO

Porque ni el Presidente Piñera ni el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ignoran que el jefe de Carabineros, el general Mario Rozas, quien asumió hace solo 11 meses, no garantiza el mando de su institución. Saben que el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magister y cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de la institución, función asimilada por los oficiales jóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando, no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías.

En La Moneda saben que para muchos suboficiales el general Rozas representa las dobles contrataciones y asignaciones y regalías a destajo con que se beneficiaron muchos altos oficiales del círculo del poder. Y citan como ejemplo, los dos sueldos con sus respectivas regalías que tuvo el asesor jurídico de Mario Rozas en la Dirección de Bienestar: el coronel Christian Retamal Contreras. Malas prácticas que, si bien han sido aceptadas por Contraloría, en virtud de los reglamentos vigentes, han provocado rechazo en la tropa. Para otros, Rozas es parte del círculo del poder porque su esposa, la coronel Carola Ahengo, quien renunció cuando su marido fue designado general director, trabajó en la Subsecretaría de Carabineros desde 2006 a 2009 con Javiera Blanco, como se lee en un oficio enviado por la institución a la Cámara de Diputados.

Las autoridades del Ministerio del Interior también están al tanto de que es imposible que el oficial que solo es general desde 2017 y que carece de experiencia sólida en mando operacional, pueda imponer su autoridad ante los hombres de las Fuerzas Especiales y del “Comando Jungla”, grupo de elite que se entrenó en Colombia y Estados Unidos, y que hace casi un año fue sacado de urgencia de La Araucanía después de protagonizar el operativo que terminó con el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca.

Cuando el “Comando Jungla” abandonaba La Araucanía, el general Rozas asumía el mando de Carabineros en reemplazo del general Hermes Soto. La máquina de guerra que irrumpió el 14 de noviembre en la comunidad mapuche de Temucuicui hoy se despliega por las calles de Santiago (vea “Muerte de Catrillanca: casi una hora de imágenes del operativo en Temucucui. CIPER revela en exclusiva tres de los videos que grabó Carabineros”).

No ignoran en La Moneda que los efectivos de las Fuerzas Especiales están sin mando, sin cohesión, sin directrices de Inteligencia y sin control. Y corroídos por la rabia. Esa descomposición se origina, entre otras razones, en la explosión de corrupción y violencia que hizo pedazos su estructura de Inteligencia y su alto mando al provocar la salida intempestiva de más de 35 generales en los últimos dos años. Dos altos mandos completos, entre ellos, sus jefes.

CORRUPCIÓN QUE CORROE

Investigaciones de CIPER y auditorías de Contraloría indican que desde 2010, siete años antes de que se destapara el mega fraude que ya se empina por sobre los $29 mil millones, se registraron al menos 40 episodios de graves irregularidades en el manejo de fondos institucionales. Licitaciones arregladas; fraudes (sobreprecios) en la construcción de cuarteles; en compras de vehículos, de equipos computacionales, de sistemas de comunicación, de combustibles, de equipos antidrogas, vestuario, alimentación y también ilícitos en los sueldos (asignaciones indebidas) y préstamos al alto mando, han sido fórmulas recurrentes.

Prácticamente no hay rubro relacionado con pagos y remuneraciones que esté libre de operaciones ilegales. Y en el corazón de los ilícitos, el secreto que ha blindado los millonarios recursos que controlan la Mutualidad y el Departamento de Bienestar de la institución y sus cuestionadas pensiones de invalidez y préstamos al alto mando. El jefe de ese poderoso Bienestar era precisamente el general Mario Rozas cuando el 21 de diciembre de 2018 fue designado por Piñera a  la cabeza de la institución tras la violenta salida del general Hermes Soto, provocada por el asesinato de Camilo Catrillanca.

Fue en enero de 2012 cuando CIPER reveló los ilícitos cometidos por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), repartición que manejaba un presupuesto de $40 mil millones (vea “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros”). El 70% de esos recursos se gastaba en solo cuatro proveedores, a los que se facturaba con sobreprecios millonarios: uno de ellos era una empresa de los hijos del ex general director Fernando Cordero.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) calculó el fraude en $1.600 millones. Y presentó una querella contra quienes resultaran responsables de la millonaria malversación de fondos públicos. El sumario interno provocó el retiro de solo un miembro del alto mando: el general Gerardo González Theodor (tercer mando de Carabineros), quien se fue con su desahucio por años de servicio y pensión vitalicia (que no es de las AFP).

No hubo otros generales interpelados, a pesar de que en 2014 CIPER reveló nuevas pruebas que apuntaban a la responsabilidad del alto mando: un Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones debía estudiar y velar por la probidad de todas las compras de más de 1.000 UTM. En el periodo en que se cometieron los ilícitos, dicho consejo fue presidido por el segundo hombre al mando de Carabineros, el general Gustavo González Jure, quien en septiembre de 2011 pasó a ser el general director (hasta septiembre de 2015)

En 2012 Gonzalez Jure dejó el sumario interno del TIC en manos del general Julio Pineda y como oficial investigador designó al oficial Mauricio Murillo. Uno de los acusados, el comandante Ramiro Martínez Chiang, afirmó a CIPER: “Aquí se está ocultando la participación del general director de Carabineros”, y denunció la complicidad y encubrimiento del fiscal del sumario interno, general Julio Pineda Peña.

Sería en 2017 cuando se comenzaría a desenredar la madeja interna de encubrimiento de los ilícitos. En 2014 el director de Inteligencia de Carabineros era el general Bruno Villalobos, quien no profundizó en la investigación de los ilícitos del TIC. Cuando en agosto de 2015 Villalobos fue nombrado general director de Carabineros por la presidenta Bachelet (a quien ya conocía, pues en 2006, en su primer mandato, se desempeñó como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial), el general Pineda se convertiría en su director de Personal. Murillo, ascendería y esperaría su turno. Para su actuación estelar faltaban aún dos años.

En la unidad dirigida por Pineda se desarrolló la segunda investigación interna del mega fraude que no llegó a puerto como era de esperar. La indagatoria inicial estuvo a cargo de quien más tarde se revelaría como uno de los principales involucrados: el coronel Jaime Paz. En junio de 2017, tres meses después de que estallara el escándalo del desfalco mayor y cuando aún no se conocía el alcance del fraude ($29 mil millones), el general Pineda pidió “dar vuelta la página” en una ceremonia encabezada por Bruno Villalobos. Fue inútil.

EL HURACAN QUE BOTÓ A VILLALOBOS

El 20 de septiembre de 2017 el general Bruno Villalobos dio el visto bueno para que su director de Inteligencia, el general Gonzalo Blu, entregara al fiscal regional de Temuco, Cristián Paredes, y al fiscal jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo el Informe N° 30. Allí se detallaban graves hechos delictuales cometidos por diez comuneros mapuche. Las pruebas habían sido proporcionadas por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía (UIOE) de Carabineros. Tres días después, el Juzgado de Garantía de Temuco autorizó la orden de registro e incautación de los domicilios de ocho comuneros (a última hora se sacaron dos nombres). Ese mismo día quedaron detenidos (ver “Operación Huracán”: la trama que dinamitó los puentes entre Carabineros y la Fiscalía de Temuco”).

El general Villalobos festejó. Era lo que necesitaba para cumplir su objetivo: seguir al mando de Carabineros después de marzo de 2018, una vez terminado el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así lo confidenció en su círculo íntimo y también en reuniones de máxima privacidad y reserva en el condominio de su casa de descanso en Peñaflor (ver “El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones”).

Su principal arma era su experiencia en Inteligencia, el área que dirigió en dos periodos (2008-2012 y 2014-2015) y que siguió controlando después de asumir como director general. Desde esa estructura policial llegó a conocer los secretos de los altos oficiales de su institución y también de muchos políticos. En ese mismo círculo íntimo se jactaba de que Bachelet no lo destituiría, por lo que el problema era asegurar su permanencia con el nuevo presidente que asumiría en marzo de 2018. Y las encuestas indicaban que, sin liderazgo fuerte en la centroizquierda, el elegido sería Sebastián Piñera. Para satisfacer las exigencias de sus partidarios, que pedían mano dura con las comunidades mapuche en la zona de conflicto, diseñó un plan: la “Operación Huracán”.

En 2017, año electoral, Villalobos debió hacer equilibrio entre dos ejes que lo absorbieron. Mientras su hombre de total confianza, el mayor Patricio Marín Lazo, reorganizaba la inteligencia local en la Novena Región para neutralizar los grupos mapuche más radicalizados con la “Operación Huracán”; seguía de cerca la investigación recién iniciada por el Ministerio Público a las finanzas de su institución.

El 6 de marzo de 2017 esa investigación sobre la corrupción de los policías provocó la expulsión de un general y ocho oficiales de Intendencia. Con grandes titulares se anunció que el fraude alcanzaba los $600 millones. El jefe de Carabineros anunció entonces lo que llamó “medidas estructurales” para enfrentar el fraude y cercar la corrupción. Nueve días más tarde, el general Villalobos puso en ejecución la “Operación Huracán” en una reunión con los jefes de la UIOE de Carabineros de La Araucanía.

El general Villalobos sabía lo que estaba en juego. Una vez que la investigación del fraude del alto mando tomó el rumbo correcto, la cifra aumentaría una y otra vez hasta alcanzar los más de $29 mil millones. El escándalo de la cuantiosa maraña de corrupción arrastraría consigo a 135 formalizados (entre policías y civiles), sumiendo a Carabineros en una crisis histórica.

El 13 de febrero de 2018 CIPER reveló el correo electrónico que le envió el capitán de la UIOE, Leonardo Osses, al llamado “profesor Smith” con un archivo que contenía chats falsos. El periodista Nicolás Sepúlveda relató cómo estos chats fueron implantados posteriormente en el celular del líder de la CAM, Héctor Llaitul, para que fuera encarcelado (vea “El email que compromete a capitán de Carabineros y al creador del software Antorcha”). Dos días después de esa publicación, pasaron a retiro el coronel Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín Lazo y el capitán Leonardo Osses. Los tres serían procesados junto al “profesor” Álex Smith, quien se incorporó a la UIOE gracias a que se jactaba de manejar herramientas digitales con capacidad de interceptar chats privados.

Aunque hasta ahora Bruno Villalobos no ha sido formalizado por los ilícitos de la “Operación Huracán”, CIPER tuvo acceso a documentos y mensajes por whatsapp que intercambiaron oficiales que orquestaron el montaje. A pesar de ser hombres con años en la tarea de Inteligencia, dejaron huellas virtuales que permiten reconstruir sus pasos. Ellas apuntan a Bruno Villalobos como cabeza de la trama que dio origen a esa operación que buscó incriminar a dirigentes mapuche en atentados incendiarios, (ver “Chats de inteligencia: la red de Carabineros para inculpar a mapuches en tráfico de armas que involucró a agentes argentinos”).

Hasta el último minuto el general Villalobos intentó controlar los daños y mantenerse al mando de la institución. Osado, a principios de 2018, le entregó al mismo general Julio Pineda -a quien ya le había ordenado hacer la investigación del fraude- indagar ahora la responsabilidad de las pruebas falsas presentadas en la “Operación Huracán” y en un caso de tráfico de armas en Iquique. Pero las evidencias que surgían desde distintos flancos cavaron la fosa de su jefe de Inteligencia, Gonzalo Blu. En esos días de caos y crisis institucional, Villalobos se las arregló para poner a Blu en la quina de generales de la que debía salir su sucesor en el mando.

Gonzalo Blu se fue a retiro el viernes 9 de marzo de 2018 ante su inminente formalización por las pruebas falsas de la “Operación Huracán”. Su caída abrió un sorpresivo cupo en la quina para la sucesión de Villalobos. Por esa brecha ingresó Hermes Soto, un general de bajo perfil, hijo de suboficial y buena relación con la tropa de retenes y comisarías. Soto abrió un flanco en el cuidadoso escenario planificado por el grupo de Villalobos para asegurar la continuidad del mando sin nadie que tirara las hebras de corrupción aún ocultas.

Los dados ya estaban cargados. El 12 de marzo, un día después del retorno de Sebastián Piñera a La Moneda, Bruno Villalobos se vio obligado a presentar su renuncia. Detrás de sí no solo dejó una estructura institucional corroída, sino que todo el aparato de Inteligencia fue intervenido y la UIOE disuelta. La estela que dejó la “Operación Huracán” minó la mística y moral de muchos oficiales.

Desprestigiar al general Hermes Soto para impedir que fuera el elegido, fue la nueva operación que digitó Villalobos y su círculo íntimo. Aquí volverían a jugar un rol estelar la misma dupla Julio Pineda-Mauricio Murillo a la que le encargaron la investigación de los ilícitos del TIC en 2012.

HERMES SOTO: EL ENEMIGO INTERNO

La quina preparada por el grupo del general Bruno Villalobos para su sucesión estaba integrada por los generales Julio Pineda, Gonzalo Blu, Víctor Herrera, Nabih Soza y Leonidas Venegas. Cuatro de ellos tenían “prontuario”.

Pineda tenía la marca del encubrimiento de los responsables en los ilícitos del TIC, mega fraude y “Operación Huracán”; Blu cargaba con las pruebas falsas sembradas por su equipo de Inteligencia en comuneros mapuche; Herrera recibió gastos reservados no justificados. Además, siendo jefe de la Zona Santiago Este (2013), fue informado de las anomalías en la compra de carros blindados fallados y, aun así, autorizó la adquisición generando un gasto de US$3,5 millones. En cuanto al general Nabih Soza, a cargo de la Inspectoría General de Carabineros, debió haber detectado el millonario desfalco en las auditorías que realiza su unidad; no lo hizo ni lo asumió.

Con esta quina, era imposible que Piñera nombrara a un general que asegurara la anunciada urgente depuración del alto mando. Al interior de Carabineros lo sabían, también masticaban la crisis. El murmullo se impuso: el elegido sería Pineda o Herrera, los favoritos del lobby político y empresarial.

El murmullo y las especulaciones se convirtieron en expectación cuando el general Blu renunció a solo tres días de que asumiera Piñera. Fue entonces que subió a la quina el general Hermes Soto.

Pineda sucedió en el mando a Villalobos cuando Piñera le pidió la renuncia el 12 de marzo, un día después de su retorno a La Moneda. Al día siguiente, ya como general director subrogante, el general del círculo íntimo de Villalobos citó al restorán Nolita a cuatro oficiales para poner en ejecución la operación que sacaría a Hermes Soto de la carrera.

El Mostrador informó en esos días de conspiración en las filas policiales, los nombres de los cuatro oficiales que acompañaron al general Julio Pineda al almuerzo en el Nolita: el entonces coronel Mauricio Murillo; el prefecto de Fuerzas Especiales, coronel Andrés García; y dos históricos colaboradores del general Villalobos: los coroneles Jorge Espinoza (oficial de Inteligencia) y Juan Nova.

Fue allí donde Pineda le pidió al coronel Jorge Espinoza que consiguiera la hoja de vida histórica de Hermes Soto: registraba una sanción por frecuentar un prostíbulo hace 33 años, cuando Soto era subteniente y soltero y recién se iniciaba en una unidad de provincia.

De nada sirvió, porque el general Hermes Soto fue el elegido. Apenas asumió, ascendió a Mauricio Murillo al generalato y le encargó una misión: la investigación de los ilícitos de la “Operación Huracán” y sus responsables. Soto quería restaurar la dañada imagen de Carabineros con los resultados de esa investigación; y en Murillo, abogado y magister en Ciencias Políticas, veía el perfil técnico que buscaría sembrar en el alto mando.

Así, Murillo se convirtió en el “el general breve” pues no alcanzó a estar dos meses en el alto mando. Pudo convertirse en la hebra que permitiría identificar a aquellos que, al menos en la última década, desde los principales puestos del poder se han beneficiado con el desvío de millonarios recursos fiscales o hicieron la vista gorda bajo el argumento de no dañar ni sus carreras ni la imagen institucional.

El general Soto no alcanzó a cumplir sus metas. El asesinato de un joven comunero mapuche cometido por efectivos del “Comando Jungla” en noviembre de 2018, lo expulsó del mando. Aunque ya a los cinco días de haber asumido había pasado a retiro a 15 de los 40 generales del alto mando.

CATRILLANCA: EL MISIL ESTALLÓ EN CARABINEROS

El 14 de noviembre de 2018 marca un hito en la historia de Carabineros. Ese día el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca murió asesinado por efectivos del GOPE asentados en La Araucanía durante un operativo de guerra que desplegaron, junto a Fuerzas Especiales, al interior de Temucuicui. En esa comunidad vivía Catrillanca y su familia.

Su muerte conmocionó a la opinión pública. Desde distintos rincones surgieron voces exigiendo justicia y verdad. De inmediato emanó desde Temuco una versión oficial que fue repetida por el gobierno y el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, entre otros. Catrillanca había muerto en medio de enfrentamientos. Se dijo que después de que hombres armados robaran tres vehículos de profesoras que salían de una escuela rural, Carabineros había organizado el operativo dirigiéndose a Temucuicui, siguiendo las huellas. Y que allí individuos parapetados y armados atacaron a los policías. Hubo enfrentamientos y el joven mapuche se cruzó en su tractor en la línea de fuego. Y murió en el tiroteo. No había registro de lo ocurrido. Ningún carabinero grabó con su cámara. Nadie explicó por qué.

El 27 de noviembre CIPER rompió un primer cerco de mentiras al publicar “Informe policial secreto: Camilo Catrillanca estaba en la mira de Carabineros” (de Nicolás Sepúlveda). Allí se exhibe un informe secreto del equipo de Inteligencia policial (“Exposición coordinación zona control orden público”), donde a mediados de 2017 se identifica a Camilo Catrillanca como un líder de la Alianza Territorial Mapuche, una de las organizaciones a las que apunta Carabineros como responsable de la violencia en La Araucanía. Su foto está inserta en un cuadro de los líderes mapuche identificados como blancos a seguir paso a paso.

El comunero era observado por efectivos de la UIOE, unidad de inteligencia policial que en ese momento desplegaba con inusitada fuerza una operación para descabezar y encarcelar a los principales dirigentes de las comunidades mapuche en conflicto (“Operación Huracán”). Su crimen: haber exigido a los 17 años, en medio de las protestas estudiantiles de 2011, siendo el dirigente estudiantil más visible en la zona de Ercilla, la desmilitarización del territorio mapuche.

Mientras Carabineros se atrincheraba en su primera versión, el periodismo sacaba a la luz las primeras fracturas de su versión y que la desmentían: no había habido enfrentamiento.

El lunes 3 de diciembre, el Ejecutivo le puso un plazo al general Soto para que entregara un recuento detallado de lo sucedido. Al día siguiente, CIPER publicó una investigación que reconstruye paso a paso lo que ocurrió desde el robo de sus vehículos a las tres profesoras de Ercilla, hasta que en la madrugada del 15 de noviembre decenas de efectivos de FF.EE. de Carabineros llegaron hasta la Fiscalía de Collipulli a prestar declaración (vea “La reconstrucción del crimen de Catrillanca deja en evidencia que alguien ordenó mentir”).

A esas alturas, en La Moneda ya sabían de las indagatorias del fiscal Cristián Paredes, quien buscaba establecer si hubo coordinación previa, con participación de altos oficiales y abogados institucionales, para las versiones que inicialmente declararon los funcionarios comprometidos directamente en la muerte del joven comunero.

Hasta ese momento los testimonios apuntaban al rol que jugó en la fabricación de la mentira el general director de Orden y Seguridad, Christian Franzani Cifuentes. De sus reuniones la misma noche de la muerte de Catrillanca, en la zona del conflicto, con abogados de Carabineros y efectivos del GOPE que participaron directamente en los hechos, surgieron las evidencias. Y finalmente irrumpieron los videos. También era mentira que los carabineros no habían grabado.

El 19 de diciembre de 2018, CIPER publicó tres videos que efectivos policiales de La Araucanía registraron el 14 de noviembre a partir de las 16:38, durante el operativo en Temucuicui. Las imágenes, que completan una hora de grabación no se conocían. Provocaron hondo impacto.

Dos secuencias remecen. La primera, capta el momento preciso en que policías intentan estabilizar a un Camilo Catrillanca moribundo, para luego sacarlo bruscamente del tractor que conducía. En esa maniobra, el comunero herido se les cae. Como un saco de papas. Está vivo y, sin embargo, no se ordena al piloto del helicóptero que descienda para que lo lleve en urgencia al hospital más cercano. Lo llevan hasta un consultorio en un vehículo por los caminos de tierra llenos de baches. No hay ni un solo intento por salvarle la vida.

La otra, es la detención del menor M.P.C., que acompañaba a Catrillanca en su tractor. Su rostro aterrorizado mira directamente a la cámara antes de que lo hagan arrodillarse entre dos vehículos blindados.

Dos documentos oficiales de Carabineros, despachados en la madrugada del 15 de noviembre de 2018, a solo horas de la muerte de Camilo Catrillanca, son el pilar de la trama de mentiras. Con ella se intentó justificar el disparo que provocó la muerte del joven mapuche, en medio del despliegue de 20 carros blindados, dos helicópteros y más de 70 efectivos de Fuerzas Especiales y del GOPE, en un operativo de guerra al interior de Temucuicui.

CIPER reconstruyó minuto a minuto lo que ocurrió entre las 18:30 del 14 y la noche del 17 de noviembre en Temucuicui, en Temuco y en Santiago. Y contó en detalle cómo se fabricó la versión de que individuos parapetados atacaron a los policías, que hubo enfrentamientos y el joven mapuche se cruzó en la línea de fuego. Y cómo y quiénes inventaron que no había registros, a pesar de que ese día 40 cámaras grabaron el operativo. Los minutos clave de esta historia se produjeron en el cuartel de las Fuerzas Especiales de Pailahueque, a partir de las 21:00. Fue allí donde se empezó a urdir la versión que horas más tarde entregarían a autoridades de gobierno y judiciales.

Cuatro oficiales fueron las primeras bajas que arrojó la mentira fabricada por el alto mando para ocultar el asesinato de Catrillanca: el general Christian Franzani, director de Orden y Seguridad; el jefe del GOPE en La Araucanía, Manuel Antonio Valdivieso; el jefe de Fuerzas Especiales de la región, José Augusto Correa Correa, y el abogado Cristián Inostroza Quiñiñir.

La sanción recayó en tres oficiales que ejercen mando sobre el GOPE y las FF.EE. En las Fuerzas Especiales rumiaron la ira y el desánimo.

De allí que para Hermes Soto el flanco interno se volviera muy pronto en el más conflictivo. Una marea agitada y oscura recorría pasillos institucionales. Altos oficiales comentaban la “intromisión” del gobierno en las decisiones internas. En La Moneda la preocupación llegó a su clímax el viernes 7 de diciembre por el ambiente de molestia que se observó en la reunión que sostuvo el general Soto con su alto mando.

Soto tiene liderazgo y calle. Aprovecha la reunión para hacer un fuerte llamado a mantenerse dentro de los límites que las normas imponen a Carabineros. Parte de esa intervención sirvió de insumo para el inédito mensaje que envió esa semana a todas las unidades, donde llamó a parar con los abusos, el uso excesivo de la fuerza y las mentiras. Y en La Moneda ya se hablaba de la urgente necesidad de una reforma profunda en Carabineros.

La grave crisis que desató esta trama de mentiras y muerte en Carabineros ya era imparable. Y arrasó con el general Hermes Soto.

Cuando hace 11 meses anunció que Hermes Soto se iba, Sebastián Piñera no eludió la profunda crisis por la que atravesaba la institución. “Tengo una alta valoración por el general Soto Isla, pero Carabineros requiere un alto mando que enfrente su actual situación y su modernización”, dijo. Y describió el complejo momento de la crisis describiendo lo difícil que resultaba elegir al nuevo director general:

“También es cierto que hay una investigación de la Fiscalía y el Poder Judicial en curso. Por tanto, una de las preocupaciones que tengo, como Presidente al designar a un general, es que no vaya a tener problemas con probidad o con la Fiscalía, con la Justicia, a corto andar”.

Piñera agregó: “Estoy consciente de que hay ciertas divisiones, enfrentamientos al interior de Carabineros entre distintos liderazgos, lo cual es muy malo para la institución”.

En retenes y comisarías hubo muchos murmullos. Y en los correos de CIPER las denuncias de abusos, nepotismo y corrupción, cometidas por altos mando llegaron a sumar 837, acumuladas en los últimos tres años. Todos con nombre y apellido del carabinero denunciante o de su esposa y todas con la marca de la ira. ¡Inédito!

PIÑERA Y EL “PRIMER ENEMIGO PODEROSO”

El 22 de diciembre de 2018 asumió el mando de carabineros el general Mario Rozas. Su designación significó el retiro obligado de 11 generales, incluyendo a Hermes Soto. Entre ellos, el recién designado director de Orden y Seguridad. Otros 19 coroneles ascendieron a general, mientras que cinco generales debieron irse a retiro cuando Rozas nombró a los mandos que lo acompañarían. Era la segunda corrida completa del alto mando.

Ese día fue la primera vez que Sebastián Piñera aludió al “enemigo interno” en un episodio con Carabineros: “Al frente tenemos un enemigo poderoso, cruel e implacable…”. Y también alertó sobre el momento, sobre los elementos que obligan a una profunda modernización… Los abusos en el uso de la fuerza y la responsabilidad de Carabineros en el crimen de Catrillanca estuvieron muy presentes cuando Piñera, hablándole a los 60 mil policías del país, les dice que “si actúan dentro de la ley van a tener el máximo apoyo de nuestro gobierno”.

Poco después, el 11 de enero de 2019, el general Rozas hablaría de la crisis y de lo que venía: “La única forma de salir de esta crisis es escuchando críticas y asumiendo culpas, porque hay que asumir que fuimos soberbios como institución”.

Tres meses y medio más tarde, la crisis seguía allí, instalada en los pasillos y comisarías, sin dar tregua y sin dar cabida a celebraciones por el Día del Carabinero. En la ceremonia celebrada por el gobierno por el 92 aniversario de la institución, Mario Rozas afirmó:

“¿En qué momento caímos por este abismo tortuoso y perverso? ¿Cómo es posible que se cometieran tantas acciones corruptas sin siquiera detectar oportunamente estos ilícitos?”, dijo el general director, apuntando a una supuesta “traición de quienes transgredieron los principios y valores institucionales”.

Hasta allí llegó la franqueza del general Rozas. Desde entonces no ha sido capaz de reconocer que la corrupción ha sido sistemática y que ha sido ese forado en la cohesión, objetivos y ética, la que ha generado una crisis que se grafica con la abrupta salida de más de 47 generales y altos oficiales del alto mando en solo dos años.

¿DÓNDE ESTÁ EL PILOTO?

La falta de mando y conducción en Carabineros para terminar con la violencia persistente de sus efectivos en las calles, se vio confirmada ayer por la revelación que hizo La Tercera del video que le envió el general Rozas a sus efectivos en la noche del domingo 10 de noviembre. Horas antes de que las violaciones a los Derechos Humanos fueran puestas en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rozas alentó y tranquilizó así a sus hombres:

“Quisiera decir que todos aquellos que están siendo sumariados, que todos aquellos que están puestos en conocimiento del Ministerio Público, sepan que vamos a tomar todas las acciones, todos los resguardos, para que tengan el debido proceso y la defensa que todo el mundo tiene derecho. Por lo tanto, ya dispuse de que la Dirección de Justicia, con todos nuestros abogados, y si es necesario coordinar con abogados externos, para tener la mejor defensa y poder clarificar estas verdades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista administrativo”.

Y para que no les quedara duda a sus efectivos de que no había orden de limitar la violencia, explicó de qué se trataba su anuncio en La Moneda de que se acotaría el uso de las escopetas antidisturbios: “Por eso que este anuncio, del uso acotado de la escopeta antidisturbios, no es otra cosa que ajustar nuestros protocolos de la mejor forma posible. Por eso ustedes ya van a recibir las instrucciones de parte de los jefes de dispositivos, de los jefes de unidades, de los jefes de las altas reparticiones, en el sentido de obrar mejor para evitar cualquier situación que se nos pueda endosar”.

Es decir, lo importante es no dejar huellas.

Rozas terminó su mensaje con palabras de agradecimiento, deslizando que la cohesión está en peligro: “Solamente reiterarles mi reconocimiento, mi gratitud por todo lo que están haciendo. Siento que lo estamos haciendo bien, que somos parte de la solución y que el orden y la seguridad se deben imponer. Y eso pasa por el trabajo de cada uno de ustedes, que yo valoro en toda su dimensión. Un afectuoso saludo para ustedes, sus familias, que son el paño de lágrimas en estos momentos, muy difíciles para nosotros. Desde quien les habla hasta el último carabinero, nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza. Es el momento de estar unidos, estar cohesionados. En la medida que estemos unidos como ahora, créanme que va a ser muy difícil que nos hagan daño”.

Horas después los videos mostrando las brutales golpizas a jóvenes y mujeres y la violenta irrupción en los domicilios de Lo Hermida sin orden judicial, indicaba que los policías habían escuchado el mensaje.