Un grupo de pastores evangélicos nicaragüenses y el sacerdote católico Antonio Castro se reúnen con seguidores del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en la rotonda Hugo Chávez de Managua. Son visibles las banderas rojinegras en esta jornada de ayuno por la paz en Nicaragua realizada en mayo de 2018, un mes después de que iniciaron las protestas contra la administración de Daniel Ortega.

El gobierno es denunciado por violaciones a derechos humanos contra los manifestantes, pero el sacerdote Castro se dirige en su mensaje televisado por el oficialismo a la multitud que protesta inconforme con Ortega e intenta apaciguarla. “No (se) puede decir soy cristiano y estoy lleno de odio y resentimiento”, afirma. Los sandinistas se mantienen en su sitio, pese al día lluvioso. Escuchan y oran. La propaganda estatal agrega, al presentar después la nota sobre el evento, que la estabilidad y la paz son factores necesarios para que “el país siga progresando”.

Las palabras del religioso son particularmente influyentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes según los datos del Banco Mundial en 2017. Los católicos representan el 44.3%, mientras los evangélicos representan el 38.1% de los que no se consideran católicos, acorde a una encuesta de M&R Consultores publicada en febrero pasado, cuyos datos son citados en esta investigación realizada por La Lupa en alianza con CONNECTAS, y que forma parte de un espacio informativo para contar la realidad del país centroamericano.

El reverendo Neftalí Cortez, presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua dice, más de un año después de la jornada de aquel día de mayo, que los evangélicos se mantienen en oración permanente por “el comandante y la vicepresidenta, para que la Asamblea Nacional legisle leyes que beneficien a Nicaragua”.

Las posturas públicas de religiosos apuntalando la imagen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en momentos de crisis son el resultado de una estrategia calculada del presidente nicaragüense con la que se ha granjeado el apoyo de sectores católicos y evangélicos. Por un lado, el Ejecutivo implementa la política estatal de asignar recursos a iglesias u organizaciones vinculadas a líderes religiosos, que en el presupuesto anual son enlistadas bajo el título de “subvenciones”. También usan otros recursos como nombramiento en cargos, legalizaciones de terrenos para sus obras o la creación de nuevas iglesias en el caso de los evangélicos, lo que se ha conocido públicamente a partir de las noticias publicadas por los medios oficialistas.

Aunque el artículo 14 de la Constitución de Nicaragua declara que el Estado no tiene religión oficial, el gobierno de Ortega financió con casi veinte millones de dólares entre 2007 y 2018 a iglesias, fundaciones y a una universidad privada fundada por un alto jerarca católico fallecido.

“Todo el tema del uso de los recursos públicos para comprar conciencias ha ocurrido tanto con la Iglesia Católica como con la Iglesia Evangélica, pero como la Iglesia Católica tiene más poder, pues por mucho tiempo le dieron más recursos no solo para restaurar iglesias también para comprar sacerdotes. Este gobierno les ha dado recursos como una manera de comprarlos, y a los que no pudieron comprar por supuesto que los alejaron, que los discriminaron, que incluso los atacaron en cierto momento”, explica la socióloga nicaragüense, María Teresa Blandón a CONNECTAS, una plataforma de periodismo colaborativo en la región.

Según esta investigación periodística basada en informes oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el período 2007-2018 más de 150 iglesias y organizaciones religiosas fueron beneficiadas por anualmente con partidas de fondos públicos donde no se especifica el destino final del dinero; si, por ejemplo, serían usados para reparar techos o para hacer remodelaciones concretas.

En total, casi 20 millones de dólares fueron destinados a estos fines (19,939,000 dólares, para ser exactos). El 44.21% de este presupuesto fue dirigido al sector católico; el 12.50% a protestantes; y el 43.29% fue asignado a la Universidad Católica Redemptoris Máter. Esta casa de estudios fue fundada en 1992 por el fallecido cardenal Miguel Obando, aliado de Ortega hasta su muerte el año pasado, y ahora está bajo control de la familia del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, quien ocupa el cargo de vicerrector académico. La rectora es su hermana Michelle Rivas Reyes y otra de sus hermanas, Carol M. Rivas Reyes, es directora de registro académico según la gaceta diario oficial del 15 de julio pasado.

La relación de Obando con los Rivas surgió hace más de treinta años. La madre de Rivas, Josefa Reyes Valenzuela, fue asistente del Cardenal y su familia mantuvo una amistad con el religioso que duró décadas. Al ser el presupuesto de la UNICA equiparable a todo el resto de las iglesias y templos del país, Ortega financió con fondos públicos a una institución educativa en la que también participa Rivas, señalado por la oposición de convertirse en el contador de votos del FSLN.

CONNECTAS solicitó una entrevista con las autoridades de la Universidad a finales de septiembre, pero la solicitud no fue respondida. La idea era abordar en qué invierten los fondos públicos que el gobierno ha mantenido en un promedio de 600,000 dólares cada año desde 2007. Rivas desapareció de la escena pública desde su salida del CSE, consecuencia directa de las sanciones impuestas por Estados Unidos en diciembre pasado cuando el Departamento de Estado lo acusó de “corrupción significativa”.

“Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario del gobierno de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye múltiples propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y un yate. Rivas ha sido descrito por un Contralor General nicaragüense como “por encima de la ley”, y las investigaciones sobre su corrupción han sido bloqueadas por funcionarios del gobierno nicaragüense. También ha perpetrado fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”, dice la resolución del departamento del Tesoro de EE.UU.

El Ejecutivo no se comportó con los otros miembros de la Conferencia Episcopal como lo hizo con el cardenal Obando. Ortega intentó dividir a esa institución, presidida desde 2005 por el cardenal Leopoldo Brenes, el sucesor de Obando y líder de la Conferencia de los jerarcas católicos. Los obispos, bajo el liderazgo del actual arzobispo, se pronunciaron a favor de los derechos humanos, el Estado de derecho y el respeto a la institucionalidad en contraste con los intereses gubernamentales.

En el contexto de las protestas contra el gobierno, sacerdotes han recibido amenazas por respaldar a la población en sus demandas de justicia y democracia. El 6 de octubre pasado, el cardenal Brenes denunció esto en declaraciones al canal católico de Nicaragua. “Muchos sacerdotes no solo de la Arquidiócesis, sino también de otras Diócesis están en esta situación. A nosotros eso no nos preocupa”, sostuvo el religioso.

El intento del gobierno por comprar sacerdotes fue denunciado desde finales de diciembre de 2012 por el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, hoy en Roma a pedido del papa Francisco. Báez denunció públicamente que el gobierno de Ortega ofrecía dinero y prebendas para evitar la crítica desde los púlpitos. “Yo he tenido, y lo puedo denunciar, información de algunos sacerdotes que el gobierno les ha ofrecido dinero limpio para que lo usen, sin dar cuentas, a cambio de olvidar su conciencia y eso nos preocupa”, afirmó el prelado al diario La Prensa en aquel tiempo.

La socióloga Blandón, autora de la investigación “Uso y abuso de Dios y la Virgen, su impacto en la vida de las mujeres nicaraguenses”, afirmó que este gobierno no es ni socialista, ni cristiano, ni solidario, como se autoproclama en la propaganda estatal. “No puede haber un gobierno cristiano por la sencilla razón de que el gobierno no es una persona. No encajan en los 10 mandamientos de la Ley de Dios, que constituyen el núcleo de la moralidad cristiana”, afirma.

De acuerdo con el presupuesto de la nación, la Catedral de León, un monumento histórico del país adonde se encuentra la tumba de Rubén Darío, recibió del erario 1 millón 65,579 dólares entre 2007 y 2018. La Diócesis de León fue dirigida durante veinte años, hasta junio de 2019, por monseñor Bosco Vivas, a quien los opositores cuestionaron por evitar críticas públicas personales a Ortega en el contexto de las protestas que comenzaron en abril de 2018, aunque suscribió los textos de los obispos como grupo colegiado al demandar institucionalidad.

Caritas de la Arquidiócesis de Managua recibió 506,724 dólares y sus libros contables se encuentran bajo revisión del Ministerio de Gobernación, según han publicado los diarios nicaragüenses. En los primeros diez puestos de los beneficiados figura también la Iglesia La Merced con 231,655 dólares. El párroco de este último templo es el sacerdote Antonio Castro, el mismo que participó en la jornada de oración por la paz el año pasado.

“No sólo es a los templos católicos también es a las organizaciones evangélicas, etcétera. El gobierno desde hace mucho tiempo destina presupuesto para las catedrales como la de León, que los feligreses no van a poder (mantener)”, explica monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua.

A criterio del exdiputado opositor Enrique Sáenz, el gobierno ha seguido una estrategia de “manipulación de la religiosidad popular, las religiones y la jerarquía utilizando la vía presupuestaria, el discurso cargado de frases bíblicas, dividir la jerarquía católica y otorgar concesiones a connotados pastores evangélicos”.

“La pareja presidencial aparece como grandes conversos religiosos, y pretenden pasar de cometer delitos de lesa humanidad a ser catequistas. Ortega dice en algunos de sus discursos ‘Dios quita reyes y pone reyes’, eso va directo a la mente de gente sencilla que asocia eso que dice con la frase bíblica y entonces el origen del poder (del gobernante) se convierte en divino”, explica el diputado.

La legalización de terrenos para los protestantes y la aprobación de nuevas fundaciones religiosas en el Parlamento son parte de la estrategia gubernamental con el sector evangélico. En total, se crearon 1,032 organizaciones evangélicas desde 2007, según información oficial del diario La Gaceta. El propósito de las mismas es “construir iglesias para predicar el evangelio de nuestro señor Jesucristo”, acorde con los estatutos. De otras 68 organizaciones legalizadas por el poder Legislativo, adicionales a las evangélicas en el período 2007-2018, 33 correspondieron a católicas, 25 adventistas, cinco bautistas, una islámica, una krishnaismo, otra taoísta, una mixta y una judaista, conforme a esta investigación periodística. Estas fundaciones le permiten tener una estructura legal para gestionar recursos.

El segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wilfredo Navarro, ha promovido la legalización de 53 fundaciones evangélicas por separado. “Apoyo todo lo que es bueno para el país. Si estás haciendo el bien y desarrollando el país te voy apoyar. Eso no tiene nada que ver, no es un compromiso con los evangélicos. Así como apoyamos a la Católica se apoya a la iglesia evangélica, pero si hacemos un balance el mayor apoyo era para la iglesia católica y ahí está en los presupuestos”, les dijo a periodistas para esta investigación.

Otros colegas de Navarro que también promueven en la Asamblea Nacional la legalización de organizaciones evangélicas en el país, son los sandinistas Filiberto Rodríguez, Juan Ramón Jiménez y Carlos Emilio López con 50, 45 y 39 en sus gestiones respectivas. Sumado a eso, públicamente, el Parlamento entregó en septiembre pasado un reconocimiento público a 41 pastores por “su aporte a la promoción de la paz desde la Biblia”, lo que fue celebrado por la vicepresidenta Murillo en los medios oficialistas.

Un fuerte sector de los líderes del sector evangélico ha manifestado agradecimiento con el gobernante sandinista. El reverendo Neftalí Cortez, quien dijo que como comunidad religiosa viven en oración permanente por los gobernantes de Nicaragua, asegura que han crecido por la apertura de la actual administración. “Nosotros en 2007 tuvimos la presencia del comandante y apoyamos su candidatura con una promesa que hizo a las iglesias evangélicas que iba a crear la Plaza de la Biblia, la cual cumplió y también iba a dar apertura a las iglesias en muchas formas”, añadió. Cortez preside el Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Nicaragua, cuya organización ha recibido 341,262 dólares desde 2007 hasta 2018.

En la repartición del presupuesto, no sobresalen templos particulares sino asociaciones de pastores que han sido reconocidos por la población como cercanos al Ejecutivo durante los últimos años: la Asociación de Capellanes Cristianos Evangélicos, que recibió 253,510 dólares; las Iglesias de la Región Autónoma del Atlántico Norte y Atlántico Sur, con 373,805 dólares; la Fundación El Camino del diputado del Parlamento Centroamericano Guillermo Osorno, con 155,395 dólares; la Alianza Evangélica de Nicaragua con 131,836 dólares; la Sociedad Bíblica de Nicaragua con 127,765 dólares; la Red Nacional para la Fundación de Iglesias con 76,570 dólares; el Concejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, con 72,672 dólares; la Iglesia Evangélica El Mesías con 55,539 dólares y el Centro de Adoración Familiar, que obtuvo 46,194 dólares.

Desde 2007 hasta marzo de 2018, la iglesia evangélica aceptó además de la Procuraduría General de la República la legalización de 853 propiedades para “la construcción de templos”. Según Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, quedaron pendientes de tramitar entonces 2,000solicitudes. No se tienen detalles de dónde están ubicadas ni el costo que podría tener cada propiedad.

“Hay pastores prominentes que han utilizado esa prominencia para entrar en contubernio con el régimen”, explica el exdiputado Sáenz, quien asegura que el financiamiento a las iglesias no solo sale del presupuesto sino también de “los fondos que se les asignan a los diputados”. Se trata de una partida de aproximadamente 1.1 millón de dólares que es entregada cada año para obras sociales y que es repartida a un promedio de 12 mil dólares por cada legislador. Son 92 diputados los que tiene el Parlamento.

“Los evangélicos cobraron su propia cuota porque dijeron: ‘Bueno, ¿pero qué es esto? Ustedes (el gobierno) no pueden tener privilegios solo para la iglesia católica’. Entonces pusieron a (reverendo) Miguel Ángel Casco en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Otros carguitos a otros y les dieron dinerito a algunos pastores evangélicos, para que más o menos se contentaran y también de vez en cuando los ponían en la tarima (presidencial), aunque no aparecían públicamente”, afirmó la socióloga Blandón.

El estilo del gobierno de Nicaragua está caracterizado por una mezcla de religiosidad y el misticismo atribuido a la vicepresidenta Rosario Murillo. Un día se le puede escuchar a ella anunciar en los medios oficialistas los “tiempos de victoria” bajo la guía de Dios y en otro, sus funcionarios o sus hijos participan en celebraciones católicas y evangélicas. Son acciones que, a criterio de Blandón, “no le corresponde al Estado porque son celebraciones de la iglesia católica”.

“ Hay muchísimos funcionarios de este gobierno que actúan como si fueran pastores evangélicos. También le están haciendo la competencia a la iglesia católica por los siervos, por las almas, por los corderos a los cuales van a pastorear. Se han convertido en una especie de pastores evangélicos desde el propio Estado y utilizando para ello los recursos públicos”, insiste Blandón.

La última misión religiosa que los Ortega encomendaron a un funcionario público fue la del diputado Carlos Emilio López, enviado para instalar 10 mil comisiones de paz y reconciliación a nivel nacional como una medida de respuesta a la crisis surgida por la represión estatal el año pasado. En esos grupos, participan los simpatizantes políticos del FSLN incluyendo pastores evangélicos. El principal problema es que la violencia contra la ciudadanía continúa.