El viernes 29 de noviembre el presidente Duque invitó a una serie de personas, entre las que estaba yo, a la conversación sobre la paz con legalidad, en el Palacio de Nariño. Yo decidí no asistir y eso merece una explicación.

Estoy plenamente de acuerdo en un gran diálogo nacional como decía el M-19, o una Convención Nacional, como propuso el ELN. Sentarnos a hablar para tomar decisiones es democracia, construcción de paz y de país. Nadie niega tal necesidad, a la que el presidente ha respondido “too little, too late” (con muy poco y muy tarde). O sea, jugando con una frase de moda, diálogo sí, pero no así. Y eso radica a su vez en tres niveles de preocupación: los invitados, la agenda, y la metodología. 

 

La conversación se da en el marco de un gran paro nacional, casi que como antídoto al mismo. Es decir, invitan a algunas personas, más o menos reconocidas, para no hablar con los dirigentes del paro. Es algo así como recibir al cantante Maluma cuando los estudiantes están en las calles. No se puede alimentar la legitimidad de unas conversas de expertos de espaldas a la realidad que vive el país. Obvio, ese síndrome de Maluma es contrario a la democracia.

Días antes hubo otras dos mesas de conversación: la mesa de educación que no contó con la representación de las organizaciones estudiantiles y que sesionó sin tener en cuenta que el gobierno incumplió con los compromisos de un pacto anterior con los estudiantes, por ejemplo, en materia de desembolsos para la ciencia y la investigación. Y la mesa de medio ambiente que terminó con el retiro de un grupo de asistentes, luego de que el presidente dejó la puerta abierta para el fracking, totalmente contrario al medio ambiente.

La tercera mesa sería sobre la paz. La paz es fácil: respeten el artículo 22 de la Constitución e implementen los compromisos del Estado colombiano adquiridos ante la sociedad, ante la comunidad internacional y ante las FARC; abran una mesa con el ELN y sometan a los paramilitares. Simple. Pero el gobierno parte de desconocer los acuerdos. De hecho, tanto al alto comisionado como la mesa propuesta incluyen la expresión “paz con legalidad”, como si la paz contemplada en los Acuerdos de La Habana fuera ilegal. La paz es legal o no es. 

 

De esta manera, asistir a algo así es legitimar una nueva noción de paz que es, para resumir: la paz nace del Código Penal. La intención detrás de la invitación no es clara ¿dividirnos? ¿la conversación nacional es de cara al paro o contra el paro? 

La paz es, sin duda, una de las banderas que reclama la calle colombiana, así como las políticas neoliberales, el Esmad, el asesinato de niños por parte del Ejército y una larga lista de reclamos. La paz no está desligada del paro como si se pudiera negociar por aparte y de espaldas al país que la exige en las calles. No se puede plantear la paz haciendo trizas los acuerdos. 

La lista de los invitados debe ser vista con seriedad: las víctimas, la FARC, los acompañantes del proceso, entre otros. Una invitación que no convoque al Comité Nacional de Paro es impresentable. Claro que allí deben confluir más expresiones, pero no se puede negar lo que el Comité representa, ni tampoco promover el enfrentamiento entre organizaciones.

Los temas deben corresponder a la realidad. Si no se puede discutir el Esmad, ni la economía naranja, ni la doctrina militar, ni la reforma laboral, ni el régimen de pensiones, ni la implementación de los Acuerdos, ni de la agenda nacional de género, ni de la cultura, ni del medio ambiente, entonces ¿de qué se puede hablar? ¿del clima? De esto último parece que tampoco porque el gobierno niega el “aporte” de Ecopetrol al daño climático.

La metodología de: “hablemos ahora y hacemos algo después”, busca aplazar decisiones urgentes que se reclaman y se necesitan en el país. No se trata de que la sociedad vaya a Palacio (con P de Colombia), sino que Palacio abra la ventana y oiga a la calle. Este presidente estuvo a pocos metros de una reunión con los indígenas en Cauca y decidió devolverse. ¿Ese es el talante dialogante de quien invita a conversar? 

Estoy convencido que el cómo de una negociación determina buena parte del éxito o del fracaso de ella. Necesitamos una metodología que esté acorde con el nuevo país político, ese que emerge luego del 21N. No se trata de marchas viejas con más gentes, estamos ante nuevas marchas, frente a un país que no rechaza solo las políticas de Duque sino a Uribe. Es decir, Colombia está en contra de la política de los últimos años en Colombia: neoliberalismo, falsos positivos, autoritarismo y guerra.

Recordemos cómo fue el proceso de concertación entre el gobierno y las personas que estuvieron al frente de la consulta anticorrupción: el gobierno prometió muchas cosas que no cumplió. Así mismo, le había prometido a los estudiantes desembolsos para investigación, a los indígenas que evitaría que los sigan asesinando, a los campesinos una restitución de tierras hoy embolatada, a los del ELN reactivar la mesa de diálogos, a los líderes sociales de que serían protegidos.

Estamos por el diálogo, sí, participativo, incluyente, amplio. Es decir, estamos por la democracia. Ojalá el gobierno rectifique y entienda lo que la gente le pide en la calle, desde muy variados sectores. La gente no quiere guerra, no quiere neoliberalismo, no quiere mal gobierno. Estaremos en un diálogo donde no se ningunee el paro y sus dirigencias, y también en una defensa de la paz donde no se busque hacer trizas el esfuerzo hecho en los últimos años.

El gobierno actual ha demostrado su política de paz con el asesinato de Dimar Torres presentado como un “forcejeo”; el crimen de Dilan Cruz, claramente perpetrado por el Esmad; su silencio frente al asesinato de más de 180 excombatientes de FARC; la negación de las 16 curules para las regiones afectadas por el conflicto armado. Toda esa política de paz no puede ser legitimada con una reunión en Palacio en los términos que el gobierno propone. Cuando uno quiere implementar la paz la implementa; cuando no, llama a una conversación.