Los levantamientos de 2017 y 2018 cambiaron el terreno político iraní definitivamente. Desde entonces, la República Islámica ha entrado en una “crisis orgánica” por excelencia. Introducida y descrita por el marxista italiano Antonio Gramsci hace un siglo, la crisis orgánica es una crisis económica, política, social e ideológica conjunta, en la cual la clase dominante no es ya capaz de generar consenso social. En una frase a menudo citada de sus Cuadernos de la cárcel, escribe: “En este interregno, aparecen una gran variedad de fenómenos morbosos”.

Entre estos síntomas patológicos de la República Islámica se encuentran el desempleo, la estanflación, problemas monetarios, la corrupción y la degradación medioambiental. Sin embargo, hay otros síntomas tácitos que atraviesan a gran parte de la población: la juventud que está entre la migración y el desempleo, los estudiantes que han perdido sus aspiraciones sociales, los trabajadores que se han abandonado a sí mismos y todo el tejido social que está al borde de la desintegración.

La actual oleada de protestas en decenas de ciudades y pueblos a través del país no es otra cosa que la continuación de las mismas demandas socioeconómicas que fueron esgrimidas en los levantamientos de 2017 y 2018. Al menos 106 personas han sido asesinadas en 21 ciudades, y miles heridas y detenidas durante los primeros tres días. Existen algunas especulaciones sin verificar sobre el terreno que dicen que son muchos más, alcanzando los 200 manifestantes asesinados. El gobierno ha cortado la conexión a internet, algo poco conocido por la comunidad internacional. Esto lleva a algunos malentendidos entre el público occidental. Con respecto a estas protestas, debemos tener en cuenta muchos puntos.

Esto no es por el precio de la gasolina

En primer lugar, hay un malentendido general en la cobertura inglesa del asunto que señala que el gobierno ha subido los precios del combustible un 50% por litro. Esto es solo parte de la historia. El precio de la gasolina racionada subió un 50%, pero en un cupo mensual de 60 litros para cada coche. Tras ese límite, el precio subió un 200%, con efectos devastadores en el día a día de la gente, que ya ha tenido suficiente con cuarenta años de una clase dominante corrupta.

En segundo lugar, muchos analistas han comparado el precio del petróleo iraní con el internacional, encuadrando el asunto como “la retirada de subsidios”, en vez de “incremento del precio”, concluyendo precipitadamente que incluso ahora se mantiene como uno de los más bajos del mundo. Lo que no se ha entendido aquí es el hecho de que el salario mínimo iraní (125 dólares mensuales) no se paga en dólares estadounidenses, por no mencionar la inflación correspondiente y el impacto sobre el precio del resto de mercancías. Parece injusto producir combustible en riales iraníes (usando fuerza de trabajo barata, petróleo barato, etc.) y venderlo en dólares. En sistemas de precios, esto es siempre un asunto de ratio. En tercer lugar, la subida del precio de la gasolina ha sido justificada por el déficit presupuestario gubernamental. Mientras 110 personas han conseguido 9’2 mil millones de dólares en servicios colectivos por préstamos pendientes de bancos iraníes, la decisión de subir el precio del combustible tiende a irritar a cualquiera que oiga las noticias de saqueos y pillajes por oficiales iraníes y sus familiares. En lugar de solicitar las deudas de los oligarcas, la República Islámica planeó destruir las condiciones de vida de aquellos que apenas llegan a fin de mes para cubrir sus exigencias de gasto público.

Subir los precios del combustible, no obstante, fue el último detonante que desató la furia del pueblo, y ha estado funcionando como un pretexto para resistir el empobrecimiento de los trabajadores y de la clase media. El hecho de que las protestas fueran tan rápidamente politizadas demuestra que aquellas protestas reprimidas en 2017 y 2018 no se desvanecieron. Y la crisis orgánica de la República Islámica no puede ser resuelta centro del sistema existente. Para aquellos que están en las calles, lo que está en juego no es ya el precio del combustible, sino cuarenta años de un régimen de apartheid que ha amalgamado varios tipos de segregación étnica y racial con la discriminación racial, sexual y de clase contra la mujer, no creyentes y desfavorecidos.

La élite política que ha dominado Irán durante las últimas cuatro décadas, encarnada por reformistas y conservadores, ha fallado en hacer frente la crisis que afecta al sistema entero. Se ha apelado ahora a una nueva/antigua retórica de culpa a los Estados Unidos por la crisis actual, reiterada por muchos expertos dentro y fuera de Irán. El hecho es, sin embargo, que esta crisis orgánica tiene sus propias raíces estructurales, encajadas en las cuatro décadas de economía política de la República Islámica. Las sanciones estadounidenses sirvieron como un catalizador para la crisis creciente.

Una mala alianza desesperada

La naturaleza verdadera de la crisis proviene de la alianza entre las élites políticas que tomaron el poder inmediatamente después de la Revolución de 1979 y la oligarquía plutócrata que dirigió el país tras la guerra de los ocho años entre Iraq e Irán. Poco después de la Revolución de 1979, las fuerzas religiosas habían monopolizado el poder político y formado un pequeño círculo de “internos” (khodi) en oposición a la mayoría de “intrusos”. Estos allegados, la minoría hombre-chiita-persa, aproximadamente 2.300 personalidades políticas, han presidido la política iraní durante unos cuarenta años, con todos los medios a su disposición para eliminar toda disidencia política, llegando a su punto más alto con la masacre de 1988.

De manera similar, la economía iraní ha estado dominada por la oligarquía plutócrata. Una vez la reconstrucción iraní tras la guerra de 1980-1988 con Iraq fue puesta en marcha, una pequeña élite económica vinculada a la élite política emergió y se solapó mayormente con la clase dominante, desde ministros y parlamentarios a líderes clericales, judiciales y militares. Junta, la oligarquía político-económica ha saqueado todos los recursos naturales durante décadas. Cuando se trataba de privatización, urbanización, proyectos de desarrollo, desindustrialización, deforestación y sistema bancario, los políticos y la oligarquía económica eran uña y carne. Los parlamentarios, por ejemplo, promulgaban leyes para proporcionar a sus familiares acceso a recursos financieros.

Si la crisis es inscrita en la construcción de una economía política post-revolucionaria, se necesitará una deconstrucción fundamental. De hecho, el régimen es incapaz de conseguir, ni siquiera de simular, un consenso dentro de las mismas viejas coordenadas socioeconómicas. Los levantamientos de 2017 y 2018 han producido un vacío en el terreno de la hegemonía ideológica que no será presumiblemente llenado por ninguna de las fuerzas existentes en la política iraní.

Crisis de representación

La razón principal es la crisis interrelacionada de representación política. Los políticos post-revolucionarios iraníes han estado tan petrificados que la movilización popular podría írseles de las manos. De hecho, los considerados como “intrusos” tienen un espacio de representación pequeño, excepto para actividades culturales atomizadas y marginalizadas. A pesar de que las cuatro esquinas del país están en disturbios y los trabajadores están hastiados de la privatización, desregulación y financiarización, no hay una transición política de esas reivindicaciones socioeconómicas.

Desde los levantamientos de 2017 y 2018, cientos de protestas tuvieron lugar por camioneros, profesores y trabajadores, por mencionar a los tres más importantes. En mayo de 2018, miles de conductores de camión en docenas de provincias iraníes realizaron una huelga por los bajos salarios que ganó el apoyo internacional de sus compañeros en los Estados Unidos. El 14 y 15 de octubre de 2018, los profesores realizaron la primera sentada nacional contra la privatización de la educación y los bajos salarios. Esta fue seguida por la segunda ronda de sentadas en todo el país el 13 y 14 de noviembre, que llevó al arresto e interrogatorio de muchos activistas de los derechos de los docentes. Finalmente, pero no menos importante, las sucesivas huelgas de trabajadores en Haft Tappeh Sugarce Company, en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, culminó en su última ronda con una declaración definitiva contra la privatización y su determinación de crear e instituir consejos de autogobierno obrero.

Poco después Esmail Bakhshi, el representante de los trabajadores, fue arrestado junto con activistas obreros y sindicales, siendo sentenciados todos a un total de 110 años en prisión, incluyendo 14 años de prisión y 74 latigazos para el mismo Bakhshi. Simultáneamente, los periodistas que cubrieron esas protestas están sufriendo encarcelaciones bajo coacción. En un caso muy reciente, Marzieh Amiri, reportera económica de Shargh Daily, fue arrestada el primero de mayo de 2019, mientras estaba cubriendo una manifestación del Día del Trabajador frente al edificio del parlamento iraní en Teherán y fue sentenciada a 10 años y medio de prisión y 148 latigazos.

El ciclo reciente de reacciones espontáneas ante la subida del precio del combustible debe ser contextualizado como otro indicador del “proceso revolucionario a largo plazo” en Irán. Esta es una lucha multifacética contra, por un lado, el límite forzoso, y, por el otro, contra la corrupción, malversación, privatización, desregulación y pauperización de las clases bajas.

Todo esto ha tenido lugar en ausencia de organizaciones políticas, sociedad civil, prensa libre, partidos, sindicatos o líderes, y ahora, sorprendentemente, incluso sin conexión a internet. Se trata de iniciativas espontáneas a las que los trabajadores y las clases bajas se han lanzado arriesgando su vida, en pos de organizar sus sindicatos o asambleas autónomas.

Tergiversación y propaganda

En plena lucha iraní para escapar de sus profundos apuros, esto es, del ejercicio riesgoso de probar y empujar constantemente los límites de la supresión del estado, los mórbidos síntomas aparecen también al nivel de la representación. A saber, los autoproclamados expertos que tienden a darle la vuelta al régimen. Durante los años recientes, hemos presenciado un creciente número de entrevistas, artículos y demás de personas pertenecientes a las facciones existentes de la élite en Irán reflejando sus opiniones. Tienen gran visibilidad tanto en la política iraní como en los medios occidentales. Si el periodismo va sobre algo, es sobre dar voz a aquellos cuya voz nunca ha sido oída o se ha encontrado sofocada durante unos cuarenta años. Y esas voces en el Irán de hoy residen en aquellas masas que espontáneamente salieron a las calles de cerca de 100 ciudades a lo largo y ancho de Irán en 2017 y 2018, aquellas que están ahora luchando en las calles de más de 100 pueblos y ciudades, aquellas que han sido heridas y arrestadas durante los últimos días, los mártires que han sido asesinados durante tres días de protestas, al igual que aquellas que, siendo independientes dentro del tutelaje del super-poder, pueden legítimamente reclamar representarlas.

El único camino de salida del bloqueo es la formación de una fuerza alternativa autodeterminada que rechace cualquier reconfiguración de la República Islámica con una cara humana por parte de los reformistas o centristas –un proceso de transición, ya en estado naciente, de la espontaneidad a la organización–. Si la crisis es orgánica comprehensiva, la solución no será menos comprehensiva, incluyendo la emancipación de la sociedad iraní en su diversidad de género, étnica e ideológica, y, sobre todo, de las mujeres. Esto quiere decir que la crisis económica predominante no precisa una respuesta económica, sino política, que es la de superar la República Islámica para una redistribución radical de la riqueza y el poder. Esto podría llevar con suerte a la solidaridad de los pueblos de la región, en el Líbano, Iraq, Siria e Irán para echar a sus líderes corruptos.