La conveniencia de un paro nacional indefinido como método de presión a la dictadura de Daniel Ortega divide a los opositores nicaragüenses desde hace más de un año. Las posiciones van desde aquellos que creen que un paro nacional podría ser una estocada mortal para el régimen de Ortega hasta los más conservadores que consideran causaría más daño a quienes lo promueven que al gobierno. “Sería como dispararse un tiro a la rodilla para causarle dolor al enemigo”, ejemplificó el diario La Prensa en uno de sus editoriales.
Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, se han realizado cuatro paros nacionales de corta duración en Nicaragua. El primero fue uno de 24 horas ejecutado el 14 de junio de 2018 que paralizó el 90 por ciento de la actividad empresarial. El último se realizó el 23 de mayo pasado con menos éxito debido al acoso y las amenazas que impuso el régimen desde la víspera.
Para José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), un paro nacional no debe ser visto como “la bala de plata” que por sí sola mataría a la bestia, sino como “un concurso de diferentes acciones que se pueden tomar dada la coyuntura, las circunstancias y teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar”.
Reconoce que hay un sector de la población que presiona a los empresarios porque ven en el paro nacional una respuesta a la crisis que vive Nicaragua. “Si, hay presión. Obviamente hay presión de sectores jóvenes, que quisieran ver respuestas más rápidas a la situación que estamos enfrentando, hay demanda de gente que no está en el país. El paro es una realidad (opción), que está ahí, se ha usado cuatro veces y hay que evaluar los escenarios”.
Desde abril de 2018, la economía nicaragüense viene en caída como consecuencia de la inestabilidad política que provocaron las protestas ciudadanas y la violenta respuesta que dio a ellas el régimen de Daniel Ortega. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó recientemente el país calculó que para este año de Producto Interno Bruto (PIB) caerá en 5.7 por ciento. Hasta 2017, el PIB de Nicaragua venía creciendo en alrededor del 5 por ciento anual.
La no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) asegura que el año pasado se perdieron 178 mil empleos y este año se perderán entre 49 mil y 61 mil empleos más.
José Dolores Blandino es una de las pocas voces entre los empresarios que demanda un paro nacional. “Lolo” Blandino, como se le conoce, tenía una empresa constructora con 30 años de vida que cerró debido a la crisis, y le sobrevive una microfinanciera que está en números rojos. “No creo que pase de tres meses”, dice.
El año pasado se perdieron 178 mil empleos y este año se perderán entre 49 mil y 61 mil empleos más
“A mí me duele ver cómo están quebrando las empresas. Hay más de un millón de desempleados. Cada día se va mas gente fuera del país y manda más plata de las remesas, entonces el gobierno tiene un alivio, pero el país está en quiebra”, dice. “El paro es para mí una forma de acelerar una solución”.
En la memoria de los nicaragüenses están los tres paros nacionales que promovieron lo empresarios para pedir la renuncia del dictador Anastasio Somoza Debayle. El primero después del asesinato del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, en enero de 1978, y el último en junio del año siguiente, un mes antes de que Somoza saliera huyendo del país debido al avance de la insurrección armada en su contra.
Posiblemente viéndose en ese espejo, Daniel Ortega ha salido al paso a los paros con amenazas a los empresarios. “La próxima vez que llamen a paro vamos a mandar a la policía para que les mantenga las puertas abiertas y que eso les dé a ellos seguridad de que nadie les va a quemar sus negocios, porque eso de que les van a quemar el negocio es una mentira, es un invento de ellos mismos para justificar que estén cerrando”, dijo Ortega en septiembre de 2018 ante una muchedumbre de sus simpatizantes.
“En el cuarto paro le quitó licencia a empresas”, explica José Adán Aguerri. “Cerraron farmacias, a otras empresa que se sumaron al paro le mandaron auditorías y están sufriendo lo que significa tener que recibir una serie de resoluciones. Las empresas están siendo afectadas en su sobrevivencia y no perdamos de vista que este no es un tema que abrir, cerrar y no tiene repercusión. Esta decisión tiene una repercusión sobre los colaboradores (trabajadores) y su familia”.
“Cualquier acción mal ejecutada no solo te afecta en lo económico sino también afecta en la seguridad en esta empresas”, añade Aguerri quien asegura que el paro nacional no es una opción que los empresarios estén descartando. “Si no es un paro completo y es parcial expone a estas empresas. Hay que considerar la posibilidad de que tenga resultados”.
Para Aguerri es clave que en un paro se sume el sector transporte, tradicionalmente aliado del sandinismo, y el sector informal, como sucedió en el primer paro. Según el presidente del Cosep, el sector informal comprende el 70 por ciento de la economía nicaragüense y difícilmente se iría a paro en diciembre “un mes que representa el 60 por ciento de sus ventas anuales”.
Lolo Blandino dice estar “clarísimo” que el empresariado no va a llamar a un paro. “Pero el pueblo sí lo va a hacer”, dice. “Este es un gobierno demasiado represivo y las empresas no pueden cerrar, van a estar abiertas, pero la gente no va a llegar. ¿Cómo va a cerrar un banco si le van a poner una sanción de 75 mil dólares por sucursal que cierre? No van a cerrar. Pero la gente puede abstenerse de ir a trabajar. La gente puede promover el paro”.
En redes sociales hay una grita demandando el paro nacional. Decenas de páginas y cuentas se han creado expresamente para promoverlo. Entre los líderes de la oposición las voces más enérgicas son generalmente jóvenes. Zayda Hernández, 25 años, es una de ellas.
“El pueblo está cansado, es el que más sufre y ha venido demandando contundencia, lo que se traduce en llamado a paro entre otras medidas de presión. Por lo tanto, considero que existen condiciones y se justifica más que antes, hacer un llamado a paro nacional. El exilio, encarcelamientos y la represión no se detiene, y la desesperación de algunos perseguidos por la dictadura sandinista los ha llevado al extremo de suicidarse”, dice.
Sobre el éxito o fracaso de un paro nacional considera que “a estas alturas tanto la Alianza (Cívica) como la Unidad (Azul y Blanco) debiesen tener el poder suficiente de convocatoria para lograr paralizar todo”.
Yubrank Suazo, 29 años, líder el Movimiento 19 de Abril y recientemente integrado a Alianza Cívica, tiene una posición intermedia. “El paro indefinido es un derecho de protesta que tenemos. Pero debe ser consensuado, tanto por parte de la empresa privada como por parte de la población. De nada serviría que la empresa privada llame a un paro indefinido mientras parte de la población azul y blanco (opositores) no acata este llamamiento y continúa haciendo su vida cotidiana”, dice.
Suazo, quien sufrió prisión durante “nueve meses y un día” por participar en las protestas se pregunta más bien qué cuota pondrán los ciudadanos. “Tiene que haber un paro de consumo. De nada sirve si se llama a un paro nacional y la gente se va a hacer las com
pras un día antes. Serían vacaciones solamente”.
Tanto la Alianza Cívica como la Unidad Azul y Blanco, las dos organizaciones que lideran las protestas contra Ortega, han anunciado estar trabajado en la activación del demandado paro nacional, sin especificar fecha.
“No hay nada descartado”, dice José Adán Aguerri, quien representa al gran empresariado en la Alianza Cívica. “El paro no está descartado. Si se llega a dar se tiene que dar en condiciones donde tengamos el compromiso de los diferentes sectores. Necesitamos que se sume el sector transporte, que tengamos bien definido cuál es el objetivo. Hay quienes creen que con esto ya se va a lograr que el gobierno se quede sin recursos. No. Aquí primero se queda sin recursos la propia empresa antes que el gobierno. El gobierno siempre tendrá un último recurso: que es la maquinita para hacer dinero (devaluar la moneda)”.
El otro escenario a contemplar, considera Aguerri, sería la respuesta del régimen de Ortega. “En las condiciones actuales no solo serán multas y las auditorias o cierres temporales. Yo apostaría a que no hay nada que no contemplen. En el discurso (de Ortega) de noviembre hasta amenazó con intervenir las empresas. Esos son escenarios que se deben tomar en cuenta”.
Yubrabk Suazo también está consciente de las represalias que podrían llegar. “Probablemente haya detenciones de las caras visibles”, pronostica.
“Hay mucho temor por las represalias. Y pareciera que puede más el miedo que el deseo de tomar decisiones que eviten que la situación económica se termine de complicar aún más”, opina por su parte Zayda Hernández.
El analista político Eliseo Núñez dice que “por muy exitosos que fuese un paro ahora, la única consecuencia que tendría es la pérdida económica de régimen a través de la pérdida de impuestos, y después el gobierno vendría a colgar cabezas visibles que vayan debilitando la capacidad de liderazgo general de los que hayan ido al paro”.
Considera que este es un debate necesario aunque reconoce que hay gente interesada en usarlo para dividir a la oposición. “Hay gente que genuinamente lo sostiene, que la podés identificar. Sin embargo, el régimen ha encontrado en este tema un filón para meter a su gente y azuzar la discusión”.
Cree que desde marzo pasado no se ha dado el quinto paro porque no hay seguridad de cuán efectivo será. “Vos te atreves a perder, arriesgás, cuando creés que vas a salir del problema, pero te detenés si pensás que luego va a quedar el mismo gobierno para que se vengue de vos”.
Núñez aconseja tener organizada esta opción para usarla cuando sea efectiva. “Después de una semana de protestas en la calle te vas a paro indefinido, más presión internacional y ahí sí, Ortega comienza a languidecer”, dice.
El empresario Lolo Blandino había anunciado que él mismo llamaría a paro el primero de diciembre en demanda de la libertad de los presos políticos. Se detuvo, asegura, porque supo que los presos políticos saldrán antes de 24 de Navidad.
“Estoy esperando hasta el 25 de diciembre. Si no salen, voy a promoverlo nuevamente”, dice.