MÉRIDA, Yuc. (proceso.com.mx).- Ciudadanos opositores al Tren Maya iniciaron una campaña en línea a fin de recabar firmas de apoyo para solicitar la nulidad de la consulta indígena que lanzó el gobierno federal para decidir si el proyecto sigue o se cancela.

En el comunicado que emitieron la víspera, milperos y apicultores mayas, paterfamilias, académicos, profesionistas, artistas y otros miembros de la sociedad civil organizada, argumentaron que el gobierno “pretende imponer” el Tren Maya “evadiendo obligaciones legales internacionales y constitucionales”.

Y destacaron que el gobierno “está obligado a respetar y garantizar el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas” y que solicitan “la nulidad de la consulta porque no es libre, ni previa, ni informada, ni culturalmente pertinente, por lo tanto no es vinculante”.

Acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de actuar de mala fe al haber polarizado a la sociedad con este proyecto y la consulta simulada.

“Esta simulación de consulta coloca en estado de desamparo a los indígenas y sus comunidades porque no da a conocer a ciencia cierta las posibles afectaciones a sus modos de vida y territorio”, dijeron.

En el texto explicaron a la ciudadanía porqué firmar la petición.

“El gobierno mexicano simula y evade el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en términos de la libre determinación de los pueblos indígenas, que está contemplada en el derecho internacional y constitucional, al implementar una consulta indígena plagada de irregularidades”, dijeron.

Recordaron que el pasado 29 y 30 de noviembre, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Rogelio Jiménez Pons, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dirigido por Adelfo Regino Montes, realizaron la fase informativa de la consulta indígena en 15 localidades de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Denunciaron que dicho procedimiento resultó “contrario a los principios elementales de una verdadera consulta indígena conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y los mecanismos señalados por expertos internacionales del Sistema Interamericano e Internacional de Derechos Humanos”.

Sostuvieron que tanto los procedimientos como las estrategias que utilizan el gobierno y sus dependencias “están encaminadas para buscar sin contratiempos la anuencia del megaproyecto industrial y turístico del ‘Tren Maya’”, nombre que además rechazan “rotundamente”.

Y enlistaron “las graves irregularidades cometidas desde el anuncio del proyecto hasta la implementación de la fase informativa y con miras a buscar el consentimiento de la población este 14 y 15 de diciembre”, por las que hicieron un llamado a los mexicanos “y a otros pueblos del mundo para informarse y brindar el respaldo al pueblo maya de la Península de Yucatán, Tabasco y Chiapas”.

Como primer punto, señalaron que se violó el Derecho de Acceso a Información Previa.

Adujeron que “la convocatoria, el protocolo, los cuadernillos, en general toda la información es dispersa por los medios electrónicos, ya que fue diseñada y ejecutada sin la participación de las comunidades indígenas o sus representantes y en muchos casos solo se ha transmitido en castellano sin las debidas traducciones a la lengua maya y otras como el cho’ol, tzotzil, tzeltal, mam, etc, lenguas indígenas que se hablan también en la península de Yucatán”.

Añadieron que, por tanto, “hay violaciones a los principios de participación de los pueblos Indígenas y de Información Previa y no se respeta los procesos y mecanismos, violentando el principio de culturalmente adecuada”.

“En lo general, la información anda dispersa”, recalcaron.

Además, señalaron que, la estructura de los foros “de la llamada ‘consulta’ en su supuesta fase informativa, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no están acordes a las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades”.

Al respecto, ejemplificaron que “asistieron una gran cantidad de funcionarios del gobierno y sus invitados colocados en un pódium y la población supuestamente consultada abajo”.

Concluyeron que la primera fase se realizó “sin información amplia, cabal y previa dirigida a los pueblos indígenas y sus comunidades”.

Resaltaron que por lo anterior, “la llamada ‘consulta’, que actualmente se está operando desde el gobierno mexicano, tiene un vicio de origen, y por ende afecta de nulidad todo el proceso y las siguientes fases, ya que no cumple el principio de buena fe, porque las invitaciones fueron dirigidas a un sector de ‘representación’ de las comunidades y no a la ciudadanía en general”.

Además, “no se señalaron los espacios para que la gente asistiera a las reuniones de información y tampoco información previa que los participantes tuvieran para poder deliberar y discutir”.

Insistieron en que “en todos los foros, los funcionarios gubernamentales dieron información parcial sin responder por completo a las dudas de los participantes y muchas veces condicionándola a cambio de servicios, como el abastecimiento de agua en Calakmul, donde hay una escasez permanente”.

“Esos funcionarios les decían a los asistentes que en la siguiente fase se les daría más información, además les delegó la obligación de informar a sus comunidades, lo que violenta el principio de buena fe, porque el estándar internacional indica que es deber de los estados, no de los ciudadanos, consultar”, reiteraron.

Acusaron también que los funcionarios encargados de la fase informativa en las comunidades, “al ser interpelados y cuestionados por algunos participantes, aceptaron no tener información clara, amplia y precisa no solo de las afectaciones del Tren sino de la totalidad del proyecto (impacto en el mercado inmobiliario, construcción de hoteles, multiplicación de asentamientos humanos)”.

Por tanto, señalaron, “la información fue limitada y contradictoria en los distintos lugares, por lo que los y las participantes no tienen información clara sobre los impactos y afectaciones tanto ambientales, económicos, productivos, culturales, de seguridad social y servicios públicos”.

En el segundo reprocharon que se violó el principio de que la consulta debe ser previa, es decir, antes de ser aprobada una acción gubernamental para un proyecto, iniciativa, política pública, o acción de uno de los poderes del Estado.

“El gobierno mexicano, antes de consultar, ya aprobó el proyecto del mal llamado Tren Maya, prueba de ello son las múltiples declaraciones públicas del presidente de la república afirmando: …“El Tren va porque va”…, así como la creación de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., la puesta en marcha de subastas, licitaciones y concesiones que se están realizando a la par de la fase de información a los indígenas”, resaltaron.

Recalcaron que lo anterior no sólo violó el principio de que debió ser previa,  sino también el de buena fe, porque en realidad la consulta es una simulación.

Como tercer punto, argumentaron que “sin considerar los mecanismos y tiempos que cada comunidad tienen para tomar acuerdos, la convocatoria se publicó en menos de una semana de anticipación para iniciar la llamada consulta en su fase  informativa, coartando el derecho a la información sobre los impactos ambientales, al patrimonio biocultural, económicos, sociales, culturales de los pobladores, comunidades y pueblos indígenas en la zona de afectación”.

Con lo anterior, denunciaron, se violaron los mecanismos y formas que las comunidades y pueblos indígenas tienen para deliberar y tomar decisiones que les afectarán.

“Esta premura pone en duda comprometiendo y complicando su amplia difusión y recepción a/de los directamente afectados, violando el principio de culturalmente adecuada y de acceso a información precisa y cabal”, remacharon.

Acusaron que el gobierno en esta consulta está actuando “de mala fe” al  “coartar aún más las posibilidades de una votación significativa, al reducir el número de boletas disponibles para la consulta, como es el caso del estado de Quintana Roo”.

“Además, de mala fe el gobierno ha manipulado las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, promoviendo de manera descontextualizada y fuera de lugar, la realización de supuestos rituales indígenas”; añadieron.

Señalaron que “otra acción de mala fe del gobierno mexicano es el nombramiento impuesto de supuestos líderes indígenas, que en algunos foros se han presentado para legitimar a favor del gobierno, presionando, induciendo y confundiendo a las comunidades indígenas y a otras personas que llegan para informarse sobre los efectos del Tren”.