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El ex ministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, sobre quien pesan acusaciones judiciales, se había asilado en la embajada mexicana donde llegaron funcionarios de la representación española acompañados de comandos encapuchados de ese país que intentaron rescatarlo sin poder hacerlo, descubriéndose así que los partidos de la socialdemocracia española y mexicana -ambos en el gobierno con socios izquierdistas- estaban de acuerdo en transgredir así la soberanía estatal boliviana.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó este lunes la salida del país de la embajadora de México, María Teresa Mercado; así como de la encargada de Negocios y del cónsul de España, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, respectivamente.
“El gobierno constitucional que presido ha decidido declarar personas ‘no gratas’” a los tres altos diplomáticos, dijo Áñez, a quienes dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La medida llega después de que Bolivia denunciara este viernes que funcionarios de la Embajada de España en La Paz intentaron ingresar de forma “clandestina” en la embajada de México, donde se encuentra solicitando asilo un grupo de exfuncionarios vinculados al expresidente Evo Morales.
Tras conocer el anuncio de Áñez, España respondió “en reciprocidad al gesto hostil” de Bolivia y ordenó la expulsión de tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid en menos de 72 horas. Según medios españoles, entre ellos se encuentra el encargado de Negocios de la embajada boliviana en España, Luis Quispe Condori.
“España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación entre nuestros dos países”, indicó la Presidencia del gobierno español en un comunicado.
Por su parte, México comunicó que ha instruido a la embajadora Mercado regresar a su país con el fin de resguardar su seguridad e integridad.
“El Gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora (…) siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La tensión entre México y Bolivia escaló desde el pasado mes de noviembre tras la acogida del expresidente Morales en calidad de asilado político por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En las últimas semanas, México acusó duramente a La Paz por “la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la Residencia como la Embajada de México” en la capital boliviana y elevó su queja a organismos regionales como la Organización de Estados Americanos
Bolivia rechazó dichas acusaciones y aseguró que era “imposible” que autoridades del país ingresaran a un recinto diplomático de México.
El pasado viernes, sin embargo, España se sumó al conflicto cuando el gobierno boliviano denunció que diplomáticos españoles intentaron entrar de forma “subrepticia” en la embajada de México acompañados de “encapuchados”, en referencia a agentes de la Policía Nacional española que los escoltaban.
“Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y el gobierno”, reiteró este lunes Áñez.
“La conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias”, dijo al anunciar la expulsión de los tres altos cargos y también del “grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados” españoles.
“Nosotros tememos que lo que se iba a hacer era sacar a un delincuente común como es (el exministro de la presidencia) Juan Ramón Quintana; esto se ha abortado”, dijo este sábado sobre el incidente el ministro boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, sin dar más detalles.
El gobierno español confirmó que su encargada de Negocios en Bolivia, Cristina Borreguero, realizó una visita “exclusivamente de cortesía” a la Embajada de México en La Paz el pasado viernes, pero negó rotundamente que tuviera como objetivo “facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias”.
“España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia”, reiteró Madrid en su nota emitida este lunes.
“Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”, agregó.
Tras el anuncio de Áñez, la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, aclaró que la medida “no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas” ni con México ni con España.
Según la ministra, se trata de una exigencia de Bolivia para que ambos gobiernos acrediten a nuevos funcionarios que sustituyan a aquellos que “violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas”.