El acuerdo programático plantea, entre otras medidas, la derogación parcial de la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012, medidas en materia de vivienda, transición ecológica, memoria histórica, educación e igualdad de género.

“Hemos alcanzado un acuerdo histórico que inaugura una nueva etapa para nuestro país. Presentamos un programa de Gobierno para defender y ampliar los derechos sociales y los servicios públicos, hacer políticas feministas y preservar el medio ambiente”, ha asegurado Pablo Iglesias durante la presentación. “Va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente” agregaba el líder de Podemos, dejando muy atrás las épocas en que denunciaba al PSOE por ser “casta” y pilar del Régimen. Por su parte, Pedro Sánchez lo ha presentado como el “programa de una coalición progresista para hacer que mejore el país”.

El acuerdo ha sido atacado de forma virulenta por la oposición de derechas (VOX, Cs, PP) y sus medios de comunicación afines. El diario El Mundo, por ejemplo, pone el grito en el cielo diciendo que con este programa se “subasta el Estado”, ya que incluye todos “los tics de la izquierda radical”. Sin embargo, si miramos detenidamente, detrás de toda la retórica inflamada de la derecha y la presentación “épica” por parte de los aliados progresistas, la realidad es mucho más limitada y moderada. Un programa que en muchos aspectos no pasa de ser un “compendio de buenas intenciones”, como han señalado desde la PAH, o, más bien, declaraciones vacías que no se acompañan con medidas de fondo para resolver los grandes problemas sociales como la cuestión de la vivienda, el paro, la precariedad o la desigualdad.

En el punto de la reforma laboral, por ejemplo, si bien se plantea la “derogación de la reforma laboral del 2012” en un título, luego se detallan solo algunos de los aspectos más “lesivos”, en los que se plantean modificaciones parciales. Cuestiones como acabar con el descuelgue del convenio por parte de las empresas, una de las medidas que más han ayudado a la pérdida salarial y de condiciones estos años, quedan sin tocar. Tampoco se menciona la eliminación de la autorización administrativa para los ERE. Mucho menos hay referencias sobre la reforma laboral que Rodríguez Zapatero ejecutó en 2010, que fue clave para profundizar el actual sistema basado en la temporalidad, la precariedad y el despido barato impuesto por los gobiernos de González y Aznar.

En materia de vivienda, uno de los mayores dramas actuales, el acuerdo programático ofrece medidas poco concretizadas y contundentes, tal y como ha manifestado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, al decir que el programa se limita a un “compendio de buenas intenciones”. Por ejemplo, mientras se asegura que “impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad”, la realidad es que “no hay vivienda en manos de la Administración Pública para garantizar esos realojos inmediatos”, como sostiene la PAH. A su vez, sobre el uso del parque público de viviendas, el acuerdo se limita a una serie de ambigüedades, sin plantear la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos de la banca. Y acerca de la medida “estrella” que Podemos presenta como fruto de su presencia en el Gobierno, la “limitación del precio de los alquileres”, esta se traslada a los ayuntamientos y comunidades autónomas, quitándole toda concreción. De la dación en pago, la reivindicación histórica de la PAH y su ILP, ni rastro.

Entre las “buenas intenciones” del programa se encuentra también la relacionada con las empleadas del hogar. “Culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura”. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué hay que esperar un plazo de cuatro años si esta medida se podría implementar de forma inmediata?

En relación con el campo educativo, siguen las “buenas intenciones” que no se concretan en cambios de fondo. Si bien se manifiesta la propuesta de derogar la LOMCE del ministro Wert y se especifica que la asignatura de “Religión” pasará a ser voluntaria -sin contabilizar en la nota general-, esta se mantiene, financiada con dinero público. Además, el futuro gobierno ni se plantea dejar de financiar la educación concertada, el gran negocio de la Iglesia.

En temas migratorios, el Gobierno de coalición no tocará ni una coma de la Ley de extranjería y mantendrá la existencia de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE), verdaderas cárceles para inmigrantes. Eso sí, hablan de “inmigración justa y solidaria”, pero no se plantean anular los pactos del Estado español con Marruecos y aquellos de la UE con Turquía o Libia para reprimir a los que huyen de la pobreza e intentan cruzar las fronteras.

El “programa de progreso” deja de lado también la pertenencia de España a la OTAN y, por supuesto, no menciona terminar con las “misiones” imperialistas en las que participa el ejército español. Ni mucho menos el saqueo que las multinacionales españolas hacen de otros países, mediante políticas de expoliación de sus recursos naturales. Claro que habla de la “cooperación” y el “desarrollo a terceros países”. Y, también reivindica la Unión Europea, la UE del capital y las fronteras.

Por último, en relación con Catalunya, plantea que abordarán “el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo…”, pero unos párrafos después aseveran que darán “cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional”. Es decir, negación del derecho de autodeterminación, persecución y criminalización del movimiento independentista catalán y presos políticos. Éste es el “diálogo” que proponen el PSOE y Unidas Podemos con Catalunya.

Finalmente, como en todo contrato, lo más importante aparece en la letra chica. Y en este caso, una de las claves se encuentra en el punto 10.7: “Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la Sostenibilidad de las cuentas públicas. Allí se defiende una “política fiscal responsable que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública, en una senda compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo”. Es decir, cumplir a rajatabla con los acuerdos y límites presupuestarios establecidos por la UE que han implicado una década de “austericidio”, recortes y ajustes presupuestarios.

Para garantizar esto, la presencia de Nadia Calviño como vicepresidenta primera tranquiliza a los mercados y a Bruselas. El nuevo gobierno puede hacer muchos “gestos” progresistas, incluso implementar algunas medidas parciales de las reivindicadas por los movimientos sociales en temas de Memoria histórica o Igualdad de género, aprobando algunas leyes. Pero en las cuestiones fundamentales como son la vivienda, el paro, los presupuestos para educación, sanidad y servicios sociales, la creación de empleo y las políticas migratorias, o el derecho a decidir, se mantendrán los lineamientos socioliberales que el PSOE ha aplicado en todas sus legislaturas.

Un programa se mide no solo por los que dice, sino por lo que deja de lado. Y en este terreno son muchas las concesiones que ha hecho Unidas Podemos. Ninguna intención de crear una banca pública, ni de formar una empresa pública de energía, muchos menos alguna referencia a la nacionalización de la banca, a dejar de pagar la deuda o la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario.

El programa que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias demuestra a las claras qué tipo de gobierno se puede formar en los próximos días. Un gobierno con rostro progre, pero que seguirá garantizando los buenos negocios del IBEX35 y las políticas neoliberales e imperialistas de la Unión europea.