Las dinámicas urbanas de Berlín y su clase trabajadora organizada muestran cómo asegurar espacios dignos para la vida y cómo combatir la financiarización de la vivienda: socializarla.
Las dinámicas urbanas de Berlín y su clase trabajadora organizada muestran cómo asegurar espacios dignos para la vida y cómo combatir la financiarización de la vivienda: socializarla.
En las últimas décadas, la vivienda ha sufrido en todo el mundo un proceso de financiarización y especulación artificial sin precedentes. Los inversores jamás habían sido tan ricos. El valor mundial del actual mercado inmobiliario es de 217 billones de dólares, 36 veces el valor de todo el oro jamás extraído.
Los beneficios de esta mercantilización del parque de vivienda se han multiplicado a la par que se privatizaba el espacio público y se le asignaba un valor financiero. Los espacios para la vida son ahora complejos productos financieros que pueden ser empaquetados para los fondos de inversión e intercambiados por empresas en todo el mundo.
Como asegura Raquel Rolnik, exrelatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, “en la nueva economía política, centrada en la vivienda como medio de acceso a la riqueza, el hogar se convierte en un activo de inversión fijo cuyo valor reside en generar más valor en el futuro, dependiendo de los flujos del (siempre dado por hecho) aumento de los precios inmobiliarios”.
Berlín ha sido el epicentro de la emergente lucha contra el capital con el nacimiento de un activo movimiento por la vivienda. Está en preparación un referéndum municipal para expropiar a los “grandes caseros” con 3.000 viviendas o más. Si gana, la campaña podría inclinar la balanza contra la especulación y básicamente desmercantilizar 250.000 pisos. En Berlín, inquilinos y activistas por la vivienda están construyendo una lucha compartida para romper el control del capital sobre los hogares y democratizar cómo y dónde vivimos.
El precio del alquiler se ha doblado en Berlín desde 2009. Un estudio reciente patrocinado por el Gobierno alemán muestra los resultados devastadores de este aumento: para el inquilino medio soltero, solo un 5% de los pisos son asequibles. En el centro, el porcentaje se hunde hasta el 1%. Los precios disparados están desplazando a miles de personas en toda la ciudad y destruyendo vecindarios de clase trabajadora mientras sus residentes son sustituidos por residentes más ricos.
En ese mismo periodo, el número de pisos en manos de grandes inversores se ha doblado hasta los 250.000, casi al mismo nivel que el parque de vivienda pública municipal. Ambas tendencias van juntas: los inversores adquieren una mayor porción del mercado, impulsando el valor del suelo mientras los especuladores compran para revender más que para construir.
Los activistas (yo incluido) que trabajan en la campaña para expropiar a estos caseros no solo presionan para que haya vivienda pública: estamos creando una especie de común de los inquilinos, gestionado democráticamente por quienes viven en los apartamentos. Esto representa una clara ruptura con la vivienda controlada por las finanzas, la especulación y la alienación.
Y no se trata de una fantasía, tampoco. Hace solo unos meses, recogimos casi cuatro veces más de las firmas requeridas para pasar a la siguiente fase del referéndum. Los berlineses están manifestándose en apoyo a una llamada que habría sido impensable hace tan solo una década.
Contamos con una amplia base de apoyo para forzar este debate, pese a la reacción en contra de los políticos prosistema. Si tenemos éxito en las próximas dos rondas de recogida de firmas, el referéndum se celebrará a pesar de las objeciones políticas. El año que viene los berlineses podrían ser convocados para decidir si la ciudad debería expropiar directamente todos los pisos de las empresas con 3.000 pisos o más.
La ley municipal sobre referéndum se ha convertido en una de las herramientas más potentes de los activistas, con seis referéndum ya celebrados. En 2014, los activistas impidieron la construcción de apartamentos de lujo alrededor del antiguo aeropuerto de Tempelhof, uno de los parques más populares de Berlín.
La democracia directa es una gran herramienta para luchar contra los intereses de los poderosos, forzando el debate sin tener que abrirse camino entre las consabidas estrategias de transacción típicas de los políticos. Tras años de protestas, finalmente los inquilinos están cumpliendo sus objetivos. Y están descubriendo el poder que tienen.
Ciudades de toda Alemania y de todo el mundo están haciéndose eco de estas demandas. Los inquilinos por fin pueden soñar a lo grande acerca de ganar toda la ciudad para ellos mismos.
Si das un paseo por Postdamer Platz, verás un microcosmos de lo que los políticos de Berlín planeaban para la ciudad en los 90: todo resplandeciente, nuevo, y lleno de dinero; rascacielos forrados de cristal ocupados por las grandes empresas alemanas; un foro al aire libre relleno con una gran sala de cine; restaurantes para turistas y altos hoteles.
Potsdamer Platz iba a ser supuestamente el reflejo del futuro de Berlín como ajetreada metrópolis, un lugar de maravilla y experimentación. Es cualquier cosa menos eso. Muy ridiculizada por su distintivo ambiente “muerto”, se ha convertido en su lugar en una metáfora de las prioridades cortoplacistas de la política prosistema en la ciudad y sus ilusiones de grandeza. Berlín se convirtió en el proyecto de la vanidad de los políticos prosistema al intentar transformar la ciudad en una metrópolis global proveedora de servicios que pudiera atraer las sedes de corporaciones y productores internacionales. Eberhard Diepgen, el alcalde de la Berlín reunificada entre 1990 y 2001, bautizó a la ciudad de manera característica como “la empresa Berlín”.
La mayoría de los 110.000 pisos de Deutsche Wohnen fueron en algún momento viviendas públicas propiedad del ayuntamiento
Pero estos planes estaban fuera de la realidad: las debilidades de Berlín no podían ser la base para un nodo global de producción y servicios. En vez de invertir en las fortalezas endógenas de la población, el ayuntamiento intentó de todo para atraer a estas empresas e incluso presentó una candidatura a las olimpiadas de 2000. Los políticos estaban tan desesperados por atraer empresas a la ciudad que vendieron el suelo para el desarrollo de Potsdamer Platz a un precio tan bajo que la comisión europea de la Competencia intervino para demandar una compensación mayor.
Esta estrategia basada en las políticas neoliberales de oferta abrió la puerta a una burbuja inmobiliaria que condenó finalmente a la nueva ciudad a la bancarrota y la movilidad social descendente. Gran parte de ello era pura especulación, basada en “la creencia de que las torres de oficinas son un signo de progreso económico y un futuro prometedor para cada ciudad”, como escribe el economista Stephan Krätke. En ocho años, la ciudad construyó siete millones de metros cuadrados de oficinas, dando a Berlín el mayor superávit de espacio para oficinas de todo el país. Las empresas no llegaron y el plan colapsó.
La consiguiente crisis de deuda fue disparada por los subsidios al sector inmobiliario, la especulación en bonos financieros por parte de la misma corporación financiera municipal (Bankgesellschaft Berlin) y los préstamos basura garantizados para los promotores, factores todos ellos que hundieron los ingresos fiscales.
Como era de esperar, la crisis trajo recortes masivos de servicios públicos y gasto social. De forma reveladora, y de acuerdo con su insidiosa cultura de nepotismo, una proporción significativa del actual servicio de la deuda de Berlín va a pagar esos bonos inmobiliarios, muchos de los cuales todavía son propiedad de las élites locales.
La crisis de deuda fue un punto de inflexión para las políticas municipales de vivienda pública. Durante el escándalo, la ciudad vendió 66.700 pisos, el parque íntegro de una de sus empresas de vivienda, a Cerberus y a Goldman Sachs. Esta amalgama de inversores terminaría siendo la compañía cotizada en bolsa Deutsche Wohnen, homónimo de nuestra campaña de expropiación [Deutsche Wohnen significa literalmente Vida alemana]. La mayoría de los 110.000 pisos de Deutsche Wohnen fueron en algún momento viviendas públicas propiedad del ayuntamiento.
Las 500.000 unidades de vivienda pública de Berlín se hundieron a 260.000 en 2009. Junto con la abolición del control de alquileres en Berlín occidental en 1988, el fin de la construcción de vivienda pública y el enfebrecido auge del sector inmobiliario, las políticas de alquiler de Berlín se han vuelto trágicas.
Desde 1993 hasta 2014, el parque inmobiliario socialmente regulado de Berlín se hundió de un 44 a un 20% del total. En la actualidad, un 85% de los berlineses vive de alquiler. La ciudad se ha beneficiado, hasta hace poco, de un sector inmobiliario esencialmente desmercantilizado. Esta tensión entre la vivienda como necesidad y como inversión ha disparado múltiples protestas e iniciativas en todo Berlín. “Llevamos ya algunos años hablando de expropiación”, señala Sandy Kalternborn, miembro de Kotti an Co., la iniciativa vecinal de los inquilinos de viviendas sociales en Kotbusser Tor y en el resto de la ciudad. Algunos de sus integrantes también están implicados en la campaña de expropiación de Deutsche Wohnen.
Kotti an Co han estado luchando desde hace ocho años para mantenerse en el vecindario a pesar del mal estado de los edificios debido a la falta de mantenimiento. La mayoría de los pisos en la zona pertenece a Deutsche Wohnen. Los pisos suelen salir en titulares por sus humedades y por sus inclementes fugas de calefacción durante el invierno. “Al principio estuvimos participando en algunos encuentros de negociación con el Ayuntamiento, pero no llegaron a ninguna parte. Al final terminamos preguntándonos cómo podíamos abrir el debate y crear más presión. Vimos la expropiación como el próximo paso lógico para provocar y llevar a la discusión pública más soluciones radicales”, resume Sandy.
Gran parte de los pisos en los que viven los inquilinos de Kotti and Co fueron construidos después de la guerra durante el robusto auge de viviendas sociales en la ciudad. Pero como Alemania subvenciona préstamos a los promotores privados que construyen vivienda social con alquileres limitados, empresas como Deutsche Wohnen han convertido en algo habitual su compra. Una vez comprados, pueden devolver los préstamos subvencionados y subir el alquiler. Lo han estado haciendo desde hace años mediante reestructuraciones de deuda y préstamos baratos.
Los inquilinos de Kotti and Co. están por lo tanto enfrentándose contra el capital global canalizado a través de Deutsche Wohnen, tratando de sacarlo de las viviendas sociales en las que han vivido desde hace años. En respuesta, en 2011 ocuparon el patio de uno de los edificios para construir una choza a modo de protesta. La llamaron Gecekondu, como los refugios temporales de las afueras de Estambul, un guiño a la población turca del barrio. La choza se convirtió en una protesta permanente contra su propia expropiación por parte de Deutsche Wohnen: están reclamando espacio que debería ser público y usándolo para ofrecer asesoría legal a otros inquilinos y así organizar sus actividades.
Kotti and Co. no se encuentran solos organizando a los inquilinos. Parte de nuestra campaña por el referéndum ayuda a organizar directamente a los inquilinos en sus edificios y fincas, ayudándoles a comenzar sus propias iniciativas como inquilinos. Nosotros y otras iniciativas formamos una red efectiva que no sólo está democratizando los espacios de vida, sino que está sentando las bases de una especie de común de la vivienda.
Deutsche Wohnen y otros caseros corporativos están acelerando la organización en masa de los inquilinos con sus acuerdos al por mayor, comprando bloques de apartamentos enteros a bajo precio. A principios de año, trataron de comprar 675 apartamentos junto al bulevar Karl Marx en Friedrichsain, un punto caliente de la gentrificación. Construidos en los 50, los pisos son característicos por su arquitectura estalinista y por el bulevar estilo Hausmann al que rodean. Nadie se extrañaría si pensaras que estás en Moscú. Activistas de nuestra campaña y nuestra coalición ofrecieron su apoyo inmediatamente, compartiendo sus experiencias comunes y ayudando a generar atención entre los medios.
Como campaña de inquilinos y de activistas, podemos decir por nuestra propia experiencia que la explosión del precio de la vivienda en Berlín no es una consecuencia natural de la urbanización o de la migración de la gente a las ciudades. Más bien, la situación es un imperativo sistemático que financiariza la ciudad, hipotecando nuestras casas y empujándonos de manera cada vez más precaria a los márgenes.
Estas experiencias han sentado la base para nuestra campaña de expropiación y nos han ayudado a crear una gran red de inquilinos, un tipo de común de los arrendatarios que va más allá de un solo tema o campaña. Estamos creando activamente las condiciones para la socialización. Nuestra campaña es de este modo el producto y la continuación de la dinámica espacial propia de Berlín. Como explica Henri Lefebvre, “las nuevas relaciones sociales demandan un nuevo espacio, y viceversa”.
En un día cubierto de niebla me adentro en Neukölln, el epicentro berlinés más reciente de la gentrificación, donde he quedado con Christian, uno de los propietarios del bar Syndikat. Es un alemán alto y de voz profunda, de pelo rubio sucio y enmarañado. Me saluda y me invita a pasar, y me ofrece algo para beber. “Tu perro puede estar por aquí, no pasa nada”, me dice.
El Syndikat es el típico garito izquierdoso. Las paredes están cubiertas de pegatinas antifascistas y LGTB radicales, además de pósters y logos de protestas comunitarias, eventos y talleres.
Desde septiembre de 2018, el Syndikat está luchando por su supervivencia. Una empresa tapadera de Pears Global, compañía británica de gran peso en el sector inmobiliario global, compró todo el edificio, incluidos sus apartamentos, y dio por extinguido el alquiler del bar. Para los propietarios del bar, se trata esencialmente de la sentencia de muerte para su estilo de vida. El propio Christian vive en el edificio y también teme ser desalojado en algún momento.
El bar, de propiedad colectiva, ha sido una parte integral del barrio desde hace 34 años. “Me mudé aquí desde Colonia hace unos 12 años y este fue el primer bar que visité”, recuerda Christian. Recuerda haber estado despreocupado con la compra de Pears Global. “Pensamos que bueno, solo van a mover el edificio de un paraíso fiscal a otro. Al principio, no pensamos nada sobre el asunto, ya que teníamos nuestro contrato de alquiler y no cambió nada en el edificio. Ni subidas de alquiler ni nada más o menos relacionado con el edificio. No teníamos ni idea de que el comprador, Fuhrmann Properties, no era más que una empresa tapadera de la gran empresa inmobiliaria global Pears Global”.
Empresas como Pears Global son caseros solo a título nominal. No mantienen propiedades o sirven a sus inquilinos
El contrato del Syndikat expiraba a finales de 2018, pero en su lugar Furhmann Properties les envió un mensaje de previo aviso, con el añadido de que preferían negociar un nuevo contrato. Fuhrmann ignoró las peticiones de diálogo del Syndikat, y les envió una notificación de desahucio para el 11 de septiembre de 2018, y fijando una fecha límite para el último día del año. “Seguimos intentando contactarlos, sin resultado. Entonces decidimos ver quién era exactamente esta gente”, continúa Christian. Christian y otros propietarios le pidieron a un amigo que vive en Luxemburgo que visitara las oficinas de la empresa. Este amigo nos contestó que se encontraba en un edificio de seis plantas con más domicilios postales de empresas, encima de un salón de belleza y una tienda de zapatos.
A través del laberinto de documentos legales, los socios siguieron la pista de la propiedad hasta Dinamarca, país que obliga a que las empresas detallen el propietario real, y no solo una lista de ejecutivos como en Luxemburgo. Así es como Christian descubrió que uno de los hermanos Pears era propietario. Siguieron la pista hasta la propia Pears Global, gestionada y poseída por un trío de hermanos.
“La red se hacía más y más larga. Al final, descubrimos que Pears Global tenía una oficina en Berlín. Les llamamos repetidas veces, tratando de negociar el alquiler, pero siempre con la misma respuesta: no tenemos nada que ver con ningún tema relacionado con alquileres”. De manera absurda, Pears Global Berlín simplemente les remitía a las empresas de Luxemburgo. “Nos dijeron continuamente que la foto que teníamos del buzón era prueba de que esta empresa existía”.
La situación del Syndikat ilustra la naturaleza perversamente abstracta del sector inmobiliario. Empresas como Pears Global son caseros solo a título nominal. No mantienen propiedades o sirven a sus inquilinos. Trabajan para convertir la propiedad en productos financieros con un tipo de interés generalmente más elevado que el de la mayoría de los bonos.
De todas formas, lo que puede poner palos en las ruedas de estas frías maquinaciones es el carácter social de la propiedad. En el caso de Syndikat, Pears Global se encontró con un negocio de propiedad cooperativa que borra las diferencias entre propiedad privada, comunitaria o vecinal. Christian considera que espacios como el Syndikat son clave para los barrios de Berlín.
“Esto es lo que muchos organizadores que pararon los proyectos de lujo en el parque Tempelhof empezaron a encontrarse y a organizar. Nos vemos a nosotros mismos como un lugar integral y abierto para el barrio y la ciudad”, señala Christian.
No es extraño que las empresas quieran desahuciar negocios como el Syndikat. Al contrario que un establecimiento como Starbucks, el Syndikat no está forrado de dinero y no puede pagar un alquiler exorbitante. El propio modelo del Syndikat no es explotar a sus clientes, sino que se basa en un fuerte arraigo en la comunidad que lo rodea, más que en servir cócteles carísimos. Como explica Rolnik en Guerra urbana: la vivienda bajo el imperio de las finanzas, “no es casualidad que la desposesión funcione también como una máquina para la aniquilación simbólica y material de estilos de vida”.
Christian también lo ve así y teme tener que dejar espacio a un establecimiento de tipo corporativo. “Algo va mal cuando un inversor puede llegar y poner un Starbucks cuando el 99% del vecindario preferiría que nos quedáramos”, se lamenta.
A pesar de la catástrofe en acecho, el Syndikat es ejemplar por su capacidad de albergar diferentes espacios en uno. Funciona como un espacio abierto de la comunidad y movimiento de inquilinos, al ser sede de las asesorías que se celebran dos veces a la semana. Es un producto de y a la vez ha generado el inherente poder de base que está empezando a ganar al capital inmobiliario.
Dicho esto, no les basta con seguir siendo un fenómeno local. Como explica Christian, “decidimos que si Pears Global seguía sin hablarnos iríamos a Londres, donde se encuentran su sede central. Contactamos con activistas locales por el derecho a la vivienda, pintamos algunas pancartas y organizamos una manifestación hasta sus oficinas. Hasta este día, de todos modos, no hemos recibido ninguna respuesta de Pears Global”.
Al pedir expropiación, le estamos diciendo al ayuntamiento que le quite pisos por debajo del precio del mercado a empresas que a menudo cotizan en bolsa
En la parte trasera del bar cuelga un póster amarillo chillón con texto morado: “Lucha contra la especulación: expropiación de Pears Global”. Es el lema de nuestra campaña adaptado para incluir a su propio casero empresarial, que también sería expropiado si la campaña tiene éxito.
Syndikat entiende que para luchar contra el capital especulativo, hay que cortar sus vías de acumulación. Se trata de un camino que empieza muy arriba y que puede llevarte a lugares desconocidos, pero de todas maneras esta resistencia permanece vinculada a los barrios de tu entorno.
Es martes por la tarde y estamos en un abarrotado centro comunitario de Kreuzberg. El edificio es bastante grande, adornado con tiras de madera en la fachada para encajar con el patio arbolado.
Representantes del movimiento de vivienda de la ciudad, incluidos varios de nuestra campaña por la expropiación, se sientan juntos para debatir sobre una futura protesta en apoyo al referéndum por la expropiación y el control de alquileres. Nuestra campaña propuso la protesta, pero como ocurre con cualquier acción directa en Berlín, nunca la organiza un solo grupo.
Como parte de una coalición de bloques en lucha, grupos vecinales y asociaciones de inquilinos, nuestra campaña es un fuerte brazo del movimiento de vivienda. Ahí es donde empezó la campaña por la expropiación radical. Solo somos una campaña junto a otras, y aunque hayamos despertado mucha atención este año, no hubiera sido posible sin esta base.
Al pedir expropiación, le estamos diciendo al ayuntamiento que le quite pisos por debajo del precio del mercado a empresas que a menudo cotizan en bolsa, con un arsenal de recursos legales. Si nuestro referéndum sale adelante, está destinado a ser un largo proceso que obligará a que el Ayuntamiento apruebe una ley.
Gracias al artículo 15 de la constitución alemana, de todos modos, también contamos con una buena base legal. Conocida como la cláusula socialista, permite la socialización de la tierra y de los medios de producción. Al pedir que el ayuntamiento socialice una porción significativa de la vivienda de la ciudad, estamos cumpliendo el criterio que los redactores habían previsto: que los acuerdos económicos colectivos deberían ser una opción viable frente a los excesos del capitalismo.
Desde el comienzo de nuestra campaña, hemos sido atacados desde todos los ángulos por el lobby inmobiliario en Berlín y en toda Alemania. El principal lobby federal de las empresas inmobiliarias anunció recientemente una campaña de publicidad de 1,6 millones de euros en contra de nuestra campaña y de otras iniciativas de control del precio del alquiler. No sorprende que hayamos hecho enemigos entre políticos del establishment. Tienen un interés material en que el negocio inmobiliario siga siendo lucrativo.
De momento, estamos a la espera de una decisión judicial sobre la constitucionalidad de nuestro referéndum. Esto se está retrasando ya desde hace meses, a pesar de las variadas opiniones jurídicas que confirman su legalidad. Pero seguimos consiguiendo apoyo para las manifestaciones y protestas a partir de esta base y estamos presionando fuerte para que las cosas se aceleren.
Dentro del movimiento, se mantiene el consenso de que este referéndum es esencial para que Berlín sobreviva como un lugar para una organización y una economía alternativa. Cuando comience la siguiente ronda de recogida de firmas, necesaria para que el referéndum se llegue a votar, también miraremos más allá de esta base. Sentaremos las bases de un demos más robusto en la ciudad, y lo mantendremos alejado de las manos del capital especulativo durante generaciones.
Berlín comparte algo con ciudades de todo el mundo: la penetración y dominación del capital extranjero. Este capital extranjero viene bajo la forma de empresas de gestión financiera que se enmascaran como caseros.
Rolnik llama a todo este montaje “complejo financiero-inmobiliario”. Se compone de “flujos de ingresos” invertidos en una gama de activos fáciles de intercambiar, comprar y monetizar a la fuerza. Los inversores compran bloques enteros a la baja, a cuenta de una ciudad endeudada o casero privado, y dicho espacio queda financiarizado según suben los alquileres o se demuelen los edificios para construir apartamentos de lujo. Los ayuntamientos se benefician de esto también porque pueden convertir fácilmente espacios públicos en beneficios rápidos.
El ayuntamiento ha permitido que el número de viviendas controladas por los grandes caseros se doble desde 2014, disparándose los 90.000 a casi 250.000
Berlín ha hipotecado sus espacios a inversores internacionales. Un paseo rápido por la East Side Gallery, en la que fue una zona desolada junto a los restos del muro de Berlín, muestra el desarrollo geoespacial del capital en los últimos años. Filas y filas de ubicuos y modernos apartamentos de lujo sin alma —el gueto de los ricos, según los llama un político— se levantan en tierra que fue de propiedad municipal. Hasta 2013, la ley forzaba al Gobierno a vender estas increíblemente valiosas franjas de tierra al mejor postor, hasta que los activistas le forzaron a cambiar de políticas, y adoptar una política de alquilar el suelo para construir, más que venderlo.
Pero los promotores no habían perdido el tiempo. Entre 2001 y 2011 el ayuntamiento vendió unos 14 millones de metros cuadrados de suelo a promotores privados —alrededor de un 1,5% de la ciudad— por cerca de 2.000 millones de euros. El complejo inmobiliario financiero a menudo deja al descubierto grandes déficits democráticos en las políticas municipales. El año pasado, Berlín aprobó la construcción de apartamentos de lujo y de un hotel en los terrenos detrás de la East Side Gallery. El lugar se encuentra junto al famoso proyecto Living Levels, una torre que atrajo protestas internacionales y la prominente intervención de David Hasselhoff [el actor y cantante estadounidense es tremendamente popular en Alemania] en 2013 después de que los promotores eliminaran una parte del muro de Berlín para hacer sitio a la construcción. En esta ocasión, casi 50.000 personas firmaron una petición on line para detener la construcción. Los cargos municipales ignoraron la petición y se negaron a reevaluar el permiso de construcción, y en su lugar permitieron a los inversores seguir construyendo.
Más allá de esta insensata venta de suelo, la propia privatización de la vivienda pública en Berlín ha sido desastrosa para los inquilinos en la ciudad. El ayuntamiento ha permitido que el número de viviendas controladas por los grandes caseros (aquellos que poseen más de 3.000 pisos) se doble desde 2014, disparándose los 90.000 a casi 250.000.
Las empresas de gestión de activos compraron grandes cantidades de casas o edificios procedentes de ejecuciones hipotecarias después del colapso financiero de 2008. Como explica Rolnik, “al movilizar una enorme cantidad de capital a través de fondos de inversión, hedge funds, socimis y otros instrumentos financieros, capital obtenido a través de accionistas o directamente de préstamos, eran capaces de comprar stocks de vivienda que estaban disponibles a precios muy bajos en las ciudades”.
En España y en EE UU, esta dinámica condujo a una rápida y tremenda acumulación de viviendas y edificios con ejecuciones hipotecarias. En Berlín, no obstante, se trató de una especie de ejecución hipotecaria sobre el espacio y la vivienda pública. Esto es lo que David Harvey llama acumulación por desposesión o destrucción.
La tecnología también representa un papel importante, dado que acelera el descubrimiento y la apropiación de nuevas fronteras para el capital y su consiguiente flujo hasta ellas. Los productos financieros digitales son capaces de titularizar cada parte del mercado de vivienda —desde apartamentos individuales hasta edificios o bloques—. Un solo apartamento o edificio puede cambiar teóricamente de propietarios docenas de veces en un día, haciendo que comprar grandes cantidades de suelo y de pisos a la vez sea más fácil que nunca.
Berlín es una nueva frontera para la expansión del capital inmobiliario; aquí, incluso las políticas mejor organizadas y más progresistas pueden ser rápidamente puestas en peligro de completa aniquilación. Por eso es más esencial que nunca para los activistas construir redes que vayan más allá de sus ciudades para ir a los centros de poder, como hizo Syndikat con Pears Global.
Al despertar tanta atención internacional y ganar victorias reales, Berlín muestra que volverse radical funciona y que los inquilinos deben aspirar colectivamente a ir más allá de una clase política que está bajo el peso de sus propios intereses económicos. Al subir de nivel, ir de barrio en barrio, se puede ganar un auténtico poder. Y construir así una nueva ciudad.
Al final, no obstante, los grandes propietarios empresariales de vivienda de Berlín ofrecen un blanco facilísimo. Como dice Eric Hoffer, “los movimientos de masas pueden levantarse y extenderse sin creer en Dios, pero nunca sin creer en el diablo”.