La revolución se truncó, no desplegó todas sus posibilidades, toda su potencia social; al contrario, se estancó en la institucionalización de una salida constitucional, relativa a la sustitución presidencial, olvidando que había otras salidas, también constitucionales, contempladas en la misma Constitución, como, por ejemplo, el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa.
Raúl Prada Alcoreza
Como dijimos en otros ensayos, asistimos a una revolución pacífica[1], que derivó en la renuncia del caudillo déspota y la huida de su entorno palaciego. Después vino la reacción de las muchedumbres y masas afines al MAS, en pleno desconcierto, sin oriente, ni occidente, sin norte, ni sur. Esta segunda etapa del conflicto político, institucional, constitucional y relativo al fraude electoral, derivó en el acuerdo por la pacificación y en la convocatoria a elecciones sin los susodichos candidatos cuestionados por el referéndum de 2016. Esta decisión fue tomada en el Congreso, de mayoría masista, por 2/3, y por el ejecutivo. La revolución pacífica, que también fue un a revolución afectiva, de las sensaciones y los sentimientos, sobre todo de las composiciones intersubjetivas, nacidas del substrato intercultural y multicultural boliviano, iba, se orientaba, hacia otros desenlaces, más propios al contenido mismo de la revolución, empero, como ocurre en los desenlaces políticos, la resultante se limitó al los alcances de los límites institucionales mismos, también de los límites impuestos por el bagaje de prejuicios, así como de los límites delimitados por la ideología, la que legitima las dominaciones vigentes. En concreto, la salida a la crisis política y constitucional, además del fraude electoral, fue la sustitución constitucional, conformándose un gobierno de transición, encargado de convocar a elecciones y garantizar la realización de éstas. Entonces, se puede decir que la revolución se truncó, no desplegó todas sus posibilidades, toda su potencia social; al contrario, se estancó en la institucionalización de una salida constitucional, relativa a la sustitución presidencial, olvidando que había otras salidas, también constitucionales, contempladas en la misma Constitución, como, por ejemplo, el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa.
Ocurrió, simétricamente, lo que pasó el 2005. La movilización prolongada (2000-2005) se orientaba a una salida autogestionaria y de autodeterminación popular, buscando transformaciones estructurales e institucionales, descolonizadoras y liberadoras, sin embargo, la correlación de fuerzas, combinada con la herencia institucional, derivó en elecciones que llevaron a la presidencia a un caudillo neopopulista. El proceso constituyente, particularmente la Asamblea Constituyente, se movió en sus propias contradicciones, entre ser poder constituyente o poder constituido, ser Asamblea originaria o ser Asamblea derivada. Estas contradicciones, irresueltas, se cristalizaron en obstáculos políticos, que obstruyeron la realización de la Constitución, una vez promulgada. El gobierno en ejercicio optó por el camino del pragmatismo y el realismo político, disminuyendo, en su accionar, los alcances de la Constitución. En consecuencia, se conformó una forma de gubernamentalidad clientelar, que prefirió la compulsiva propaganda y publicidad, pretendiendo sustituir con esta compulsión mediática la realidad efectiva. En este caso, la revolución de aquel entonces, la movilización prolongada, se truncó, congelándose en la simulación y espejismo político.
Lo que ha ocurrido suena a ironía histórica-política[2]; dos revoluciones, por cierto, distintas, en sus contenidos, en sus formas, en el contexto y en sus coyunturas, terminan truncadas por la usurpación por parte de la casta política de los despliegues de la potencia social, creativa, inventiva y alterativa. La ironía radica en lo que le ocurrió a Gonzales Sánchez de Lozada, presidente de la coalición neoliberal, hasta el 2003, le ocurre también a Evo Morales Ayma; son derrocados por movilizaciones sociales. Sabemos que la historia no se repite, sino que, a pesar de las analogías, las diferencias se hacen notorias. El gobierno derrocado el 2003 era neoliberal, el gobierno derrocado el 2019 era “progresista”; ambas formas de gubernamentalidad entraron con anterioridad en decadencia. Algunos escenarios parecen repetirse, sin embargo, el contexto y la composición de los eventos los hace diferentes; por ejemplo, lo que ocurre en Senkata, en la planta de YPFB de la ciudad de El Alto. El 2003 se produce una masacre con el ingreso violento del ejército y la policía a la planta de YPFB; algo parecido parece suceder el 2019, empero, lo que pasa es después de la caída de Evo Morales y después de la sustitución constitucional del gobierno de transición. El bloqueo de Senkata no se daba por la nacionalización de los hidrocarburos, como en el caso de 2003, sino en principio, en defensa de la Caudillo derrocado, después pidiendo la renuncia de la presidenta Janine Añez. El desenlace sangriento no derivó en la caída de la flamante presidenta, sino en un acuerdo de paz. ¿Qué nos dicen estas diferencias?
Primero, no hay que olvidar, en el análisis comparativo, que el gobierno clientelar había implosionado o sufría de una implosión, más o menos lenta, desde que se constata sus regresiones, retrocesos y, lo peor, sus restauraciones. Cuando estalla la crisis constitucional, institucional y del fraude electoral era ya un gobierno insalvable, haga lo que haga, incluyendo a su desesperado recurso del fraude electoral. En todo caso, el bloqueo de Senkata defendía algo que ya había muerto. Ya no se podía alterar el decurso del acontecimiento político. Y parece que tampoco se puede alterar lo que viene, la realización de las elecciones sin los candidatos cuestionados y en exilio.
Segundo, los 14 años de gestiones de gobierno, sobre todo lo que corresponde a la última década, desde el 2009, evidenciaron el carácter no solamente inconstitucional, al no plasmar la Constitución en transformaciones estructurales e institucionales, sino también el carácter re-colonizador, debido a sus enfrentamientos con las naciones y pueblos indígenas; así como debido a su opción por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente el gobierno neopopulistas se convirtió en un agente de las empresas trasnacionales extractivistas. Estas regresiones lo arrastraron a enfrentamientos con el pueblo. Bajo estas consideraciones, se puede decir que ya no era un gobierno defendible, menos un proyecto defendible, pues el proceso de cambio había muerto.
Tercero, la forma de gubernamentalidad clientelar se dejó atravesar y hasta controlar por las formas paralelas del lado oscuro del poder. Al convertirse en un operador del lado oscuro del poder sus políticas, por lo menos parte de ellas, eran tomadas en función de la reproducción del lado oscuro del poder. Esta situación atrapó al gobierno en redes incontrolables, por lo menos desde el gobierno mismo, cuyas lógicas perversas lo arrastraron no solamente a reforzar la dependencia geopolítica del sistema-mundo capitalista, sino del lado oscuro de la encomia-mundo. En estas condiciones el “gobierno progresista” se encontraba no solo corroído por dentro, sino mermado demoledoramente en las propias fuerzas que lo habían fundado.
Cuarto, el goberno neopopulista al querer mantener su convocatoria por la vía clientelar, se inclinó por destruir el tejido social de las organizaciones sociales, buscando controlarlas desde arriba. Con el resultado dramático que, después de un tiempo, ya no contaba con organizaciones sociales sólidas, cohesionadas, consistentes en su tejido organizacional, sino con fantoches, que llamaba “movimientos sociales”, cuando éstos habían desaparecido. Por esta razón no pudo movilizar a “movimientos sociales”, que solo existían en la cabeza del caudillo y del ideólogo del desastre. Por esta razón optó por comprar a gente para que se movilice en defensa de un caudillo que huyó sin dar la cara, abandonando a su propia gente.
El gobierno de transición, en la coyuntura de convocatoria y realización de las elecciones, se mueve en una coyuntura frágil, no solamente por el corto tiempo, sino concretamente porque hay un plazo dado por la Constitución, que culmina antes del mismo calendario electoral; situación que complica la legitimidad misma del gobierno de transición más allá del plazo establecido. El gobierno de transición y el mismo Congreso han consultado oficial y formalmente al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de una ampliación de sus mandaos, después de la misma clausura constitucional. Entonces, la legalidad de la ampliación de dichos mandatos, del ejecutivo y del legislativo, dependen de la interpretación del Tribunal Constitucional. El argumento que se maneja es que no puede darse un vacío político, después de la culminación del plazo previsto constitucionalmente. El expresidente en exilio ha mencionado un exabrupto, que no corresponde ni a la Constitución, ni a la institucionalidad, tampoco a la realidad política, que “sique siendo presidente” mientras el Congreso no trate su renuncia. La renuncia ha sido pública, además con la huida y el exilio ha dejado sus funciones, en consecuencia, por abandono ha dejado de ser presidente. Otra inconsistencia del expresidente corresponde a cuando pretende que la sustitución constitucional, después del 22 de enero, puede recaer en el Órgano Judicial. Esta figura ya no existe en la Constitución promulgada y vigente, aunque haya estado presente en la anterior Constitución. Por lo tanto, la coyuntura contiene una incertidumbre constitucional: ¿Qué se hace si se cayera en un vacío político, si es que el Tribunal Constitucional no da una respuesta positiva antes del plazo previsto?
La Constitución establece el Sistema de Gobierno de la Democracia Participativa, Directa, Comunitaria y Representativa, lo que equivale a que es el pueblo, en ejercicio pleno de la democracia participativa, el que puede o tiene la potestad para resolver el problema del vacío político. El pueblo puede autoconvocarse en Asamblea Popular de emergencia y dar solución al problema; la sociedad cuenta con un tejido social dinámico, además de contar con sus propias organizaciones cívicas y sindicales, añadiendo las organizaciones representativas de las naciones y pueblos indígenas. Entonces si se llegara a esa situación no hay porque desgarrarse las vestiduras; hay que aplicar la Constitución. En todo caso, puede adelantarse la decisión del Tribunal Constitucional, lo que ahorraría la auto-convocatoria del pueblo a una Asamblea Popular de Emergencia.
Las Federaciones del trópico de Cochabamba han amenazado con una movilización no-pacífica para después del 22 de enero, aprovechando el supuesto vacío político que vendría. Esta Federación solo representa a una parte pequeña de la población boliviana y a una circunscrita geografía política; no puede arrogarse la voz de todo el pueblo. En consecuencia, no tiene la potestad ni los atributos de resolver por si sola el problema supuesto del vacío político. Usando las palabras de la diatriba política, abusada como acusación al gobierno de transacción, es más, a la revolución pacífica boliviana, se puede decir que esta actitud corresponde a un “golpe de Estado” contra la democracia y la voluntad general del pueblo boliviano. Mucho más dramática e ilegitima si se recurre a la violencia, como recurso de terror.
Si hubiera pretensiones, insostenibles de una sustitución constitucional en la presidenta del Senado, éstas caen por su propio peso; el mandato del Congreso también concluye; en consecuencia, no podría haber una sustitución constitucional. Más aún, si, en el caso que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno para una ampliación de la vida política del ejecutivo y del legislativo; en este caso, tanto el ejecutivo como el legislativo tienen que cumplir con su labor de realizar las elecciones. No hay cabida institucional para conspiraciones políticas. Como se puede ver, la coyuntura es frágil, aunque también es una oportunidad política para salir de la crisis política.
Por otra parte, la coyuntura electoral muestra otras debilidades, relativas a las opciones electorales, incluso si se formara un frente amplio para enfrentar al MAS; de la misma manera, el mismo MAS, que viene de una descomposición y corrosión interna, no es pues el partido fuerte que se presentó en elecciones pasadas, sobre todo las primeras. Incluso, pasaría algo parecido si estuviese presente el caudillo derrocado – cosa que no puede darse en elecciones democráticas por prohibición constitucional y del referéndum -; en resumidas cuentas, las opciones electorales son débiles ante la magnitud y profundidad de la crisis política. Lo que se tiene en el contexto, marco y horizonte político es la Constitución, incumplida por el “gobierno progresista”, que debe cumplirse como mandato en los gobiernos que vengan.
Por otra parte, tampoco, durante sus gestiones de gobierno, el MAS estuvo a la altura de lo que se definió como finalidades la movilización prolongada (2000-2005), mucho menos a la altura de lo que estableció la Constitución; en pocas palabras, el MAS en el gobierno no estuvo a la altura de sus responsabilidades. Menos se puede esperar que ahora esté en condiciones de cumplir políticamente, cuando la crisis política arrastró al MAS al abismo de su caída. En pocas palabras, el panorama político no es halagador en lo que respecta a las facultades y capacidades para resolver la crisis múltiple del Estado-nación.
En lo que respecta a la democracia, término tan usado en el debate político, si es que se puede darle ese nombre a lo que se parece más al despliegue enceguecido y ensordecedor de la diatriba, la casta política tiene una acepción desvalida de la democracia; esto ocurre tanto en las locuciones de “derecha” así como en las locuciones de “izquierda”. Para comenzar por un presupuesto general, la casta política de “derecha” cree que la democracia es un fin, en sí mismo. Como si, una vez alcanzada la democracia, que para esta expresión discursiva se reduce a los alcances de la democracia formal, que llaman Estado de Derecho, se resolvieran todos los problemas sociales, económicos y políticos. Olvidan que la democracia no es un fin; al contrario, en todo caso, se parecería más a un medio para alcanzar otros fines, por ejemplo, el de resolver los problemas que se afronta en una coyuntura, en un contexto, en un periodo, en una época, en un país, en una región, en el mundo. La democracia, como ejercicio del gobierno del pueblo, es una atmósfera sociopolítica-cultural que hace de condición de posibilidad histórica-cultural-política-institucional de la resolución de problemas sociales, económicos, políticos, en función del bien común, mejor dicho, en la acepción actualizada, de los bienes comunes.
Aunque parte de la “izquierda”, la “izquierda”, por así decirlo reformista, también cree que la democracia es un fin, solo que le atribuye un matiz más social, de bienestar, la “izquierda radical”, que podríamos decir encarna los proyectos revolucionarios de la modernidad, sobre todo de la que se da entre el siglo XIX y siglo XX, diferencia entre “democracia burguesa” y “democracia proletaria”, concibiendo que la profundización de la democracia equivale a la construcción del socialismo. Sin embargo, el socialismo, en pleno sentido de la palabra, es un ideal histórico-político, una construcción racional, si se quiere una finalidad política y social, también económica; por lo tanto, no hay que confundir esta finalidad o ideal con la realidad efectiva. La historia política moderna nos ha mostrado que este error, de confundir el ideal con la realidad efectiva, lleva a catástrofes políticas y dramas sociales y económicos descomunales. El socialismo no se logra por decreto, como lo pretendió Josef Stalin, tampoco es el resultado inmediato de la estatalización o socialización de los medios de producción, como postula el marxismo-leninismo, que correspondería a una tesis programática. El socialismo como construcción racional, como ideal de justicia social, es una orientación, una finalidad perseguida, a la que hay que llegar interviniendo en el mundo social efectivo, conformado por dinámicas complejas; estas intervenciones, por así decirlo, se embarran en los espesores de la complejidad social. Los resultados, entonces, corresponden a lo hecho con las materias y sujetos sociales del mundo efectivo. Lo conformado, en la historia política, a nombre del socialismo, como, por ejemplo, los estados del “socialismo real”, no pueden llamarse, con propiedad teórica, realizaciones del ideal socialista; mas bien, se parecen a conformaciones barrocas políticas, económicas y sociales mezcladas y contradictorias. Volviendo al tema, si bien, la “democracia proletaria”, que llaman paradójicamente “dictadura del proletariado”, aparece como medio para alcanzar el fin socialista, esta “izquierda radical” concibe a la democracia como un fin intermedio. Por lo tanto, también se equivoca al no comprender que la democracia es como el punto de partida, la base, la condición de posibilidad histórica-política-cultural para hacer política, en pleno sentido de la palabra.
En Bolivia la concepción de la democracia aparece en la historia política circunscrita al prejuicio liberal, por lo tanto, a un sentido de democracia reducido a la Ley y al Estado de Derecho, es más, en América Latina, reducido a los prejuicios de una burguesía intermediaria. Se excluye del ejercicio liberal de la “democracia” formal a las grandes mayorías indígenas y a las mujeres. Después, la concepción de democracia se amplía, adquiriendo tonalidades populares, con los “nacionalismos revolucionarios” de mediados del siglo XX. Durante la resistencia a las dictaduras militares, la democracia se convierte en una finalidad, como si fuese un régimen opuesto a la dictadura. La democracia no es exactamente un régimen, tampoco, más teóricamente, un sistema; esto sería reducirla a la estructura institucional del Estado de Derecho. La democracia, como hemos dicho, es la condición de posibilidad histórica-cultural-social-política de la realización de la condición humana en condiciones de igualdad. En otras palabras, sobre el substrato de la experiencia del conocimiento, el reconocimiento y el autoconocimiento la democracia constituye el ámbito o el mundo de realización de las relaciones sociales que suponen la igualdad.
Entonces, bajo estas consideraciones, estamos distantes de haber “conquistado la democracia” o haberla “logrado”. Lo que ha ocurrido es que un régimen clientelar se ha derrumbado en plena convulsión de sus propias contradicciones, se han desatado resistencias movilizadas contra este régimen, desde muy temprano; las mismas que han venido acumulándose, convirtiéndose de resistencias en ofensivas contra el régimen autoritario y despótico, hasta derivar en una revolución pacífica, que vino acompañada por una convulsión dramática y violenta. Lo que se observa en la coyuntura es la convocatoria a elecciones democráticas, con la transparencia y la idoneidad requerida. La realización de las elecciones no implica, de por sí y de una manera inmediata, el logro de la democracia. Estas condiciones de posibilidad históricas-culturales-sociales-políticas tienen que ser construidas por los conglomerados de las voluntades singulares implicadas. La mejor manera de hacerlo es consensuando, efectuando transiciones consensuadas.
¿Dónde radica la importancia de la coyuntura, su singularidad, el contenido de sus posibilidades? Anteriormente configuramos el concepto de espesores de la coyuntura[3], desde la perspectiva de la complejidad, teniendo en cuenta la simultaneidad dinámica, más acá y más allá de los a priori de espacio y tiempo, mas bien ligada a la concepción de tejido del espacio-tiempo de la física relativista y la física cuántica; ahora, poniendo en juego esta concepción de la complejidad, podemos evaluar e interpretar la coyuntura en cuestión comprendiendo la actualización y síntesis disyuntiva de la dinámica de los espesores. Al respecto, lo primero que hay que hay que anotar es la experiencia social y política en la historia reciente, sobre todo en la recientísima historia, concentrada en la coyuntura. Lo que se ha observado es el entramado social subyacente a las movilizaciones en torno al conflicto político; hablamos de un entramado de una formación social pluricultural, mestiza e indígena, que, siendo el substrato del ámbito de relaciones y estructuras sociales subyacentes, ha sido reconocida como tal en escasos momentos de emergencia histórica-política. Recientemente, durante la movilización prolongada (2000-2005), cuando los hilos de los tejidos nacional-populares y los hilos de los tejidos indígenas se encuentran, entrecruzan y experimentan metamorfosis y hasta simbiosis. Un poco después, podríamos decir de catorce años, vuelve a suceder este reconocimiento y autoconocimiento colectivos. Vuelve a suceder en la revolución pacífica y su contraste como reacción partidaria en pleno desconcierto. Se trata de un pueblo que recurre a los estratos de su memoria cultural y política para asumirse en un presente en crisis. Las tradiciones de lucha mineras se asocian a las recientes movilizaciones ciudadanas, la resistencia persistente de los ayllus se conecta con la defensa de la Amazonia y el Chaco por colectivos de voluntarios que luchan contra el incendio extractivista y de ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Los cultivadores de la hoja de coca tradicional se vinculan con las redes de jóvenes de la resistencia democrática. Sindicatos campesinos se reconcilian con algunas ciudades, como sucedió en Potosí. Demandas de defensa de los recursos naturales, como las relativas al litio, se articulan con demandas regionales, como las de Santa Cruz. Estas son algunas de las conexiones dadas en las movilizaciones recientes de defensa de la democracia, defensa del voto y contra el fraude electoral.
Por otro lado, como buscando contrarrestar lo que pasaba, la reacción política del bloque que fue oficialista, altamente debilitado, puso en escena el núcleo duro del MAS, las Federaciones del Trópico de Cochabamba y sus entornos y territorios irradiados. Así también, a los siete distritos de la ciudad de El Alto que controlaba el MAS, exceptuando a los otros siete distritos que apoyan a la alcaldesa de la oposición, Soledad Chapetón. El resto de los movilizados en la reacción desesperada por cambiar el curso de los acontecimientos es, mas bien, es emplazada de manera improvisada, solicitados por la contratación y la circulación dineraria, exceptuando otros sectores afines al MAS de concentración puntual en algunas ciudades y algunas zonas rurales. El enfrentamiento se dio entre un entramado social emergente, que buscaba responder a la crisis política, leída como “destrucción de la democracia”, y un entramado emergido con anterioridad, casi dos décadas precedentes, que se aposentó como bloque político de apoyo del “gobierno progresista”. Esto en lo que respecta a los bloques sociales enfrentados. Sin embargo, en el conjunto de los distintos planos de intensidad puestos en juego, no solo cuentan los bloques sociales, sino también los operadores políticos, para decirlo de esa forma, de manera particular, los partidos políticos, la casta política, también enfrentada. Hay que tener en cuenta que este enfrentamiento en el campo político se da bajo otros códigos, los relativos a la ideología y a la formación discursiva política del campo político especifico, el boliviano. Los señalamientos de la diatriba puesta en los medios se pueden resumir en ciertos epítetos en uso; la oposición acusaba al oficialismo de “corrupto”, “autoritario”, hasta “dictador”, incluso denunciado como comprometido con el “narcotráfico”; el oficialismo anterior acusaba a la oposición de “racista”, “fascista”, “oligárquica” y “proimperialista”, incluso de “golpista”. Estos conjuntos de códigos contrastados sitúan y ubican al enemigo, atribuyéndole las deleznables características que lo convierten en indeseable y susceptible de destrucción.
Cuando los partidos políticos operan, buscando conducir a los bloques sociales enfrentados, les atribuyen los códigos políticos e ideológicos en boga, usados por los aparatos políticos, sin tomar en cuenta los conglomerados de códigos usados por los mismos bloques sociales. Los partidos políticos no se ocupan ni preocupan por comprender qué pasa en los bloques sociales, sino que los tienen como referentes provisorios en sus narrativas usuales, vaciándolos de los contenidos propios de la experiencia y la memoria social. Entonces, la interpretación que se impone mediáticamente es la que corresponde a las narrativas usuales políticas e ideológicas, sin aportar un ápice al conocimiento de lo que ocurre. Por eso, respecto a lo que ha acaecido en Bolivia, las interpretaciones en boga hacen gala de su pobreza; una narrativa, la de la “izquierda”, reduce lo ocurrido a la interpretación de “golpe de Estado”; la otra narrativa, la de la “derecha”, reduce lo ocurrido al derrocamiento de un “narcoestado”. Por cierto, esta pobreza interpretativa no solamente no aporta nada a la comprensión, entendimiento y conocimiento de lo ocurrido, sino que arroja a las sombras a la experiencia y memoria sociales políticas. No se pueden tomar en serio estas narrativas reiterativas de la casta política, salvo como anécdotas, en el mejor caso, como datos que dan cuenta de la decadencia política y de la degradación intelectual de sus voceros.
Frente a este mutismo estridente y enceguecimiento luminoso, debido al espectáculo mediático, los bloques sociales tienen la imperiosa tarea de la pedagogía política, del aprendizaje, del autoconocimiento colectivo, de la dignificación y valorización de sus experiencias, en aras del ejercicio pleno de la democracia y de la política. Lo que ha sucedido en la historia reciente es el truncamiento de la potencia social, mediante la usurpación de sus logros, desplazamientos, desenvolvimientos y rupturas, por parte de operadores y dispositivos de poder de la casta política. Respecto a la movilización prolongada, el MAS y su caudillo patriarcal usurparon la victoria del pueblo frente al proyecto político-económico neoliberal; respecto a la revolución pacífica de la resistencia democrática, la “derecha” usurpo la victoria del pueblo y el derrocamiento del gobierno clientelar y corrupto, reduciendo esta victoria y este derrocamiento a un mero trámite electoral. Cuando la potencia social alumbró el horizonte de la construcción del país sobre la base de la revolución de afectos y solidaridades, reconocimientos y autoconocimientos.
[1] Ver La revolución pacífica boliviana en el contexto de la crisis múltiple del Estado-nación.
[2] Ver Ironías de la historia política.
https://www.bolpress.com/2019/11/23/ironias-de-la-historia-politica/.
[3] Ver Poliedro de la coyuntura. También ver Espesores coyunturales.
https://issuu.com/raulprada/docs/poliedro_de_la_coyuntura_2.
https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/espesores_coyunturales_3.