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PKK: La sentencia belga es el castigo legal del complot
El PKK ha comentado la decisión del Tribunal de Casación de Bruselas de que no es una “organización terrorista” sino una parte en un conflicto armado. El PKK interpreta el fallo como un castigo legal por el complot contra Öcalan.
El Comité Central del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) (Partiya Karkerên Kurdistanê) ha hecho comentarios sobre el fallo del Tribunal de Casación de Bruselas, que a principios de esta semana confirmó finalmente la decisión del Tribunal de Apelación de que el PKK no es una “organización terrorista” sino una parte en un conflicto armado.
No hay duda de que la decisión del Tribunal Supremo belga es de “importancia histórica para los kurdos y la opinión pública democrática” y tiene el potencial de influir en toda la política europea, dijo una declaración del PKK, que considera el fallo como un castigo legal por el complot internacional contra Abdullah Öcalan.
La sociedad kurda describe el período comprendido entre el 9 de octubre de 1998 y el 15 de febrero de 1999 como una conspiración internacional. Durante ese período, el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, considerado el cerebro del movimiento de liberación kurdo y el representante político más importante de los kurdos, fue declarado primero persona non grata en Siria y luego pasó una odisea por diversos países europeos antes de ser deportado de la embajada griega en la capital keniana, Nairobi, y luego entregado a Turquía en violación del derecho internacional.
El PKK dijo: “Esperamos que el veredicto prevalezca en la UE en el sentido de una solución política democrática a la cuestión kurda. Esto permitiría a Europa hacer lo que fracasó hace 21 años. Hace más de dos décadas, Abdullah Öcalan mantuvo la perspectiva de una solución democrática a la cuestión kurda - Europa no aprovechó esta oportunidad. Como entonces, Öcalan está ahora listo para una solución pacífica y negociada a la cuestión kurda. Dirige constantemente ofertas de conversaciones a las autoridades responsables y el pasado mes de mayo señaló una vez más su voluntad de estar disponible para las conversaciones sobre una solución política a la cuestión kurda. Ahora le toca a Europa y a las fuerzas responsables de este conflicto, que siempre están maniobrando la cuestión kurda hacía un callejón sin salida. Sin embargo, habida cuenta del juicio belga y de la resistencia por la libertad que se está desarrollando en el Kurdistán, será difícil que estas fuerzas mantengan su enfoque actual.
El caso del PKK en Bélgica
El fallo del Tribunal de Casación belga, según el cual el PKK no es una “organización terrorista” sino una parte en un conflicto armado interno y, por lo tanto, no puede ser condenado por la ley nacional antiterrorista, ya está fechado en marzo de 2019 y la decisión es ahora definitiva y vinculante para todas las partes en el caso.
El trasfondo fue un juicio contra un total de 40 kurdos acusados de recaudación de fondos, propaganda y reclutamiento para el PKK. En 2010, la policía registró los estudios de la emisora de televisión por satélite Roj TV, los locales del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) y otras instituciones kurdas legales de Bélgica con un gran contingente y detuvo a varios representantes del KNK. En un segundo caso, un kurdo del norte de Siria fue acusado de haber exportado dispositivos de comunicación a Hewlêr (Erbil) en el Kurdistán meridional y el norte del Iraq, que según la fiscalía se habían entregado a los guerrilleros kurdos de las HPG.
Ante la fuerte oposición de la fiscalía, la defensa se centró desde el principio en la cuestión de si el PKK era una organización “terrorista” y si la ley antiterrorista belga podía aplicarse. Esta ley tiene la reserva de no ser aplicable a las fuerzas armadas en el marco de un conflicto de derecho internacional. El reglamento se incorporó al derecho belga en 2003 en el marco de la Decisión Marco Europea sobre el Terrorismo y, de hecho, debería servir de base para las leyes antiterroristas de la mayoría de los países europeos.
Según la defensa, el conflicto en Turquía entre los kurdos y el ejército turco no es, por supuesto, una cuestión de terrorismo, sino una guerra civil entre un Estado y un grupo que considera necesario defenderse contra la discriminación y la opresión por la fuerza. El conflicto es lo suficientemente intenso como para ser considerado una guerra y no una actividad terrorista o un incidente armado.
La fuerza guerrillera kurda HPG está suficientemente organizada y estructurada para ser considerada una fuerza armada y no sólo un grupo irregular. Por lo tanto, debe aplicarse la ley marcial y no la ley antiterrorista. Así pues, los ataques contra objetivos militares no pueden considerarse actos delictivos.
Si bien el Tribunal de Apelación estuvo esencialmente de acuerdo con esta evaluación, la fiscalía ante el Tribunal Supremo la contradijo. El Tribunal Supremo revocó la decisión anterior, pero no en los puntos centrales. Por lo tanto, el proceso tuvo que ser juzgado de nuevo ante el Tribunal de Apelación en Bruselas.