Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Twitter: @imumidf

Hace unos días la empatía toco a nuestra puerta, madres y padres de niñas y niños con cáncer se manifestaban ante la falta de medicamentos. La vida de sus hijas e hijos estaba en peligro, el gobierno insistía en que no había desabasto. Al mismo tiempo, las imágenes de niños armados de entre 6 y 15 años de edad del municipio de Chilapa, Guerrero escoltaban los cuerpos de sus familiares asesinados, el gobierno atribuía esos homicidios a un grupo armado de la zona.

Imagina que ambos escenarios son diarios en todo el país, niñas y niños mueren por no tener medicamentos, las familias ven cómo van matando a sus hijos, hermanos, hermanas, padres, sin que nadie haga o diga algo, la única salida es correr en medio de la noche en busca de un lugar seguro.

“Si regreso a mi país me matan”; “vendimos todo lo que teníamos allá”; “salimos en la madrugada porque ya nos habían amenazado, dejamos todo”; “a mi hermano lo mataron”; “querían que me uniera a la banda”; “mataron a mi esposo y a mi hijo”; “se llevaron a mi hija”, son las frases que se repiten por cientos entre las personas migrantes centroamericanas que pese a todo pronóstico han decidido emprender un viaje para solicitar asilo en Estados Unidos, país que les representa la esperanza de una vida sin miedo a ser asesinados.

Sin embargo, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México han colaborado para que dicha esperanza se desvanezca. El 20 de diciembre de 2018 el gobierno mexicano aceptó el Protocolo “Quédate en México” que establece que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, en la frontera con México, serán regresadas a territorio mexicano a esperar la resolución de su caso ante las cortes estadounidenses. 40 días después, el 29 de enero de 2019, era devuelta por Tijuana la primera persona.

México prometió trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. No cumplió, por el contrario dicha población se enfrenta a altos grados de vulnerabilidad, secuestro y falta de claridad de su estancia migratoria en el país. A diciembre de 2019 había más de 60,000 (42% mujeres y 33% niñas y niños) solicitantes de asilo en Estados Unidos esperando del lado mexicano sus audiencias antes las cortes estadounidenses. Mucha de esta población son familias.

En diciembre de 2019, la organización Human Rights First sacaba un reporte sobre el Protocolo «Quédate en México», en él se podían leer historias terribles de secuestro a niñas y mujeres y el nulo actuar de las autoridades mexicanas.

“Amarraron a mi hija con una sábana para que no se pudiera mover. Ellos nos golpearon repetidamente, nos quitaron toda la ropa, nos tocaron sexualmente, nos violaron, y se masturbaron en frente de nosotras”, relata Lucía quien fue secuestrada dos veces junto a su hija Diana de 9 años de edad. Ellas fueron regresada a México por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el Protocolo «Quédate en México».

Una familia huyó de Honduras. Fue secuestrada y separada. La madre y su hija solicitaron asilo en Estados Unidos y fueron devueltas a México, nuevamente fueron secuestradas; una mujer salvadoreña y sus 3 hijos fueron secuestrados en Ciudad Juárez, luego de ser regresados a México para esperar la resolución de su solicitud de asilo en cortes estadounidenses.

“Es común en las audiencias de solicitud de asilo en Estados Unidos escuchar de los secuestros que han sufrido las personas del lado mexicano. Aun así son devueltas para esperar su proceso bajo el Protocolo ‘Quédate en México’, señaló una abogada estadounidense”.

Un monitoreo en línea de 70 publicaciones que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México, realizado entre septiembre y octubre de 2019, se tradujo en 418 reportes. Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de secuestros se registraron; siendo el crimen organizado y la policía federal los principales perpetradores. 13% del total de los 418 reportes pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales; 50 son menores de edad; y 38 familias.

A un año de que se implementará dicho Protocolo, el 29 de enero de 2019, son pocas las miradas que voltean al norte para cuestionar qué está sucediendo con esa población que se decidió aceptar pero a la que no se le han garantizado las mínimas condiciones de estancia. Para nadie es un secreto que Tamaulipas constituye uno de los principales estados donde la delincuencia organizada es la que manda, incluso el gobierno estadounidense ha emitido una alerta a sus ciudadanos para que no vayan, sin embargo, es uno de los puntos por los que se regresa a solicitantes de asilo bajo el Protocolo “Quédate en México”, 28,346 entre Matamoros y Nuevo Laredo durante 2019.

Hoy los ojos están en nuestra frontera sur y lo que está sucediendo, y no es para menos, pues la violencia que han ejercido el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para frenar la migración no ha sido menor. No obstante, es importante mirar hacía nuestra frontera norte donde más de 60,000 personas están atrapadas entre la desesperanza y la violencia.

La migración ha sido histórica en el mundo y en este corredor (Centroamérica-México-Estados Unidos). Aunque sus causas son múltiples, la pobreza y la violencia sistemática han sido la principal motivación. En México casi todas las personas estamos conectadas con la migración, vivimos y convivios con ella todos los días, pero cada cierto tiempo hay eventos que nos lo recuerdan, y la indolencia e indiferencia no debería ser nuestra respuesta.