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La solicitud de protección de la justicia fue presentada el pasado 6 de enero. En ella, el pueblo maya peninsular y ch’ol, asentado en Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, evidencia “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”.
El chirrido de los frenos de emergencia del Tren Maya prendieron las luces de alarma de los inversionistas. Comunidades de Campeche apretaron el botón legal para detener la locomotora gubernamental. Y el Poder Judicial de la Federación les otorgó una suspensión provisional para la ejecución del proyecto.
La solicitud de protección de la justicia fue presentada el pasado 6 de enero. En ella, el pueblo maya peninsular y ch’ol, asentado en Xpujil, cabecera del municipio de Calakmul, evidencia la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas
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El amparo –denuncian los quejosos– parte de que, el proceso de consulta, se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la OIT, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La consulta organizada por el gobierno federal no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibimos información detallada con antelación suficiente, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades
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En lugar de tomar la opinión a todo el pueblo, el Fonatur y el INPI se concentraron en consultar a los representantes ejidales y municipales. La consulta ni se realizó de buena fe ni fue culturalmente adecuada.
La solicitud de amparo fue presentada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx). El Consejo se fundó en 1995 con más de 3 mil jefes de familia, indígenas y mestizos. Sus integrantes se toparon, de inmediato, con el monopolio de la representación agraria y social de los comisariados ejidales. Al igual que muchos otros movimientos sociales en el campo mexicano, para contar con una figura jurídica capaz de recibir fondos y tener interlocución política, se constituyeron en asociación civil (AC). Desplazaron al progubernamental Consejo de Zoh Laguna, que durante años mantuvo el control político en la zona.
Los promotores del Cripx provenían de la experiencia de la teología de la liberación y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). En su formación desempeñó un papel clave el párroco de Candelaria, José Martín del Campo, quien se trasladó entre 1983 y 1984 a Xpujil con algunos varones, a los que después los alcanzaron sus familias.
Junto con otros pobladores, los nuevos colonos formaron la Cooperativa Sa’clajel Ty Maty’el (Nuevo Amanecer del Campo, en chol). Impulsaron luchas muy relevantes, como el bloqueo de la carretera en abril de 1995, para exigir agua, salud y educación. Después del levantamiento del EZLN en 1994, el Ejército multiplicó su presencia en el municipio. Con frecuencia, se acusó a los miembros del Cripx de estar ligados a los zapatistas. A raíz de las movilizaciones, algunos de sus dirigentes fueron detenidos.
Calakmul se ubica en el sur de la península de Yucatán. El municipio, nacido en 1996, está en manos del PRI. Hasta finales de la década de los 60, tuvo una densidad poblacional baja. Pero, el fomento de la colonización de la selva por parte del gobierno de Luis Echeverría, cambió el patrón. Llegaron a esas tierras migrantes provenientes de más de 23 estados. Sus habitantes se dedican a la agricultura de subsistencia y comercial, y parcialmente al turismo (visitan la zona unos 40 mil turistas al año). Casi 40 por ciento se encuentra en situación de pobreza alimentaria.
El poder, la capacidad de decisión y los recursos en el municipio se concentraron en los ejidatarios, dejando fuera a la mayoría de la población: mujeres, jóvenes y avecindados. Las comunidades se dividieron al interior. En 1989, el decreto de la reserva de la biósfera complicó más la situación.
Al igual que otros migrantes más, en 1989 llegó a Calakmul Romel González. Formado en la teología de la liberación, participó en el movimiento urbano popular en San Agustín, fue dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la península, y acompañó la formación del Cripx. Hoy es uno de los voceros de la organización.
La Cooperativa Nuevo Amanecer se fracturó cuando algunos de sus fundadores y asesores se metieron de lleno a la política partidaria, varios de la mano de Layda Sansores. Otros se negaron a seguir esa ruta. Son quienes forman parte del Cripx. Ellos no han dejado de impulsar la construcción del poder popular, echando a caminar proyectos de desarrollo alternativos ejemplares, escuelas municipalistas, turismo comunitario y manejo de incendios forestales.
Sus antiguos compañeros y ahora detractores trabajan en el gobierno municipal y, sin consultar a las comunidades, impulsan el Tren Maya. Han presionado a quienes metieron el amparo (por ejemplo, en Nuevo San José), para que retiren su firma y declaren que los obligaron a firmar. A cambio les ofrecen resolver gratuitamente un problema de tierras.
El amparo promovido por el Cripx expresa el sentir de un amplio sector de Calakmul que no tiene representación ejidal ni municipal y al que no se le tomó su parecer en la consulta. Son expresión legítima del descontento por una consulta que, según la ONU-DH, no cumplió los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.