“La única fuerza en la que podemos confiar es la sociedad civil. Ni en el gobierno ni en los organismos internacionales está la puerta de la paz” (Subcomandante Marcos).
La mejor autodefensa de las comunidades y municipios autónomos contra la represión y cerco estatal y empresarias son estas brigadas como la que había (no sabemos si aún la hay) en La Legua, barrio rebelde de Santiago de Chile. En este caso aquí relatado su base está en una ONG, pero su organización desde los vecinos del barrio con estudiantes y profesionales del derecho y áreas afines se basa en el rescate y ejercicio de la soberanía popular y la democracia directa sin entidades oficiales ni “representantes” del pueblo.
Hace 25 años que las comunidades en resistencia en Chiapas solicitaron el acompañamiento de la sociedad civil nacional e internacional, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, para defender sus derechos. Desde entonces, Frayba organiza las Brigadas Civiles de Observación (BriCO). Thomas Zapf, coordinador del programa, explica la importancia de las Brigadas y la situación actual de los derechos humanos en Chiapas y en México.
“La única fuerza en la que podemos confiar es la sociedad civil. Ni en el gobierno ni en los organismos internacionales está la puerta de la paz” (Subcomandante Marcos)
“Desde hace 25 años camina la solidaridad nacional e internacional con las comunidades en resistencia: sea de pie, en bota de hule, subiendo montañas y pasando el lodo, en lancha, camioneta o a caballo. Es tiempo para agradecer y para celebrar a todas las observadoras y observadores, las y los responsables en las comunidades de los campamentos, las mujeres preparando tortillas cada día, colectivos en todo el mundo ofreciendo talleres de preparación, individuos difundiendo el proyecto y muchas personas más que han participado” (Centro de Derechos Humanos Frayba)
“Cuando la solidaridad se hace presente”, reza la invitación que recibieron los colectivos de la comunidad nacional e internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) para festejar, el 28 de febrero, los 25 años de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO). Muchos de ellos son agrupaciones que desde el levantamiento zapatista han desarrollado diferentes proyectos de solidaridad con las comunidades rebeldes. Los datos del Frayba indican que 12.728 observadoras y observadores hasta noviembre de 2019 han participado en el programa documentando la situación de derechos humanos.
Durante estos 25 años en México ha pasado de todo, desde la caída de “la dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pasando por los múltiples fraudes electorales, la “guerra contra las drogas” del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y hasta la recién llegada de la izquierda institucional a la presidencia de México con Andrés Manuel López Obrador.
Pero una constante se mantiene: la profundización del modelo neoliberal/extractivista y el incremento de la espiral de violencia que toca ya a todos los estratos de la sociedad y alcanza todos los rincones del país. Según cifras oficiales, en 2019 fueron asesinadas 35.588 personas, el año más letal de la historia de México. De estos, más de mil han sido tipificados como feminicidios. Además, se cuentan sobre los 5.000 desaparecidos, muchos de ellos periodistas y defensores del territorio.
Ante esta grave situación, la existencia del programa de Brigadas Civiles de Observación (BriCO) demandado por las propias comunidades en Chiapas representa un referente de solidaridad entre los pueblos originarios y la sociedad civil e internacional. Thomas Zapf, coordinador de las BriCO, da a conocer la importancia del programa en materia de derechos humanos.
¿Qué es el Frayba?
Es un Centro de Derechos Humanos (CDH) que fue fundado en 1989 por el entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz García. Su trabajo ha cambiado a lo largo de la historia y un parteaguas sería el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Hasta ese momento, el trabajo estaba más enfocado en personas injustamente encarceladas e incluso presos políticos, la situación de los refugiados guatemaltecos en territorio chiapaneco que habían huido de sus comunidades por el conflicto armado en el país vecino y también acompañábamos a personas expulsadas del municipio de San Juan Chamula y a organizaciones indígenas que se movilizaban por el respeto a sus derechos.
Con el 94, la situación cambió, las políticas de contrainsurgencia del gobierno mexicano hicieron que el Frayba se dedicara a la documentación de violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército o por otros agentes del Estado. Cuando Frayba habla de violaciones de derechos humanos, hablamos de situaciones que se dan con una responsabilidad de parte del Estado, es decir por parte de algún funcionario o agente del Estado, ya sea la policía, el ejército, o el gobierno en sus diferentes niveles o por omisión, cuando tiene conocimiento de una violación a los derechos humanos y no hace nada para prevenirla o esclarecerla.
Nuestro trabajo es fundamentalmente con comunidades indígenas, aunque no exclusivamente. Nos enfocamos en situaciones que tienen que ver con la violación de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, que es un derecho específico de los pueblos originarios. También trabajamos en el de acceso a la justicia para personas participantes de la movilización social debido a la represión gubernamental. Otra temática con la que trabajamos es la situación de violaciones a derechos humanos que se dan en el contexto del conflicto entre el Estado mexicano y el EZLN. Sobretodo las violaciones que se dan contra la autodeterminación y la autonomía que están construyendo.
Finalmente, otro de los trabajos que estamos actualmente haciendo es la documentación de casos y el acompañamiento a sobrevivientes de tortura. Muchos de ellos todavía en situación de cárcel, que han sido detenidas y torturados para confesar un delito que no han cometido. Y en base a esa autoinculpación están todavía encarcelados. Junto con el Grupo de Trabajo “No estamos todxs” hemos hecho el último año un acompañamiento a los presos que han luchado por su libertad. En ese contexto, hemos recibido amenazas. Una compañera defensora, familiar de un preso y nosotros hemos recibido amenazas de muerte a finales del año pasado. No es una situación tan recurrente, pero tampoco nueva. Es decir, en la historia del Frayba ha habido otros momentos en los que hemos recibido amenazas por el trabajo que realizamos.
¿Qué son las BriCO?
Las Brigadas Civiles de Observación es un programa que empezó hace 25 años. Este año celebramos 25 años de la existencia. Es la observación de derechos humanos en comunidades, principalmente indígenas, pero no exclusivamente, que están en riesgo de sufrir alguna violación a sus derechos. El trabajo consiste en estar en una comunidad que solicite la presencia de observadores, mexicanos y extranjeros. A través de ella, se busca generar un efecto de disuasión a los posibles agresores o perpetradores de los derechos, en función de que no cometan una violación.
Otra de las tareas es la documentación cuando sí suceden violaciones. Los observadores en ese momento, deben de recopilar toda la información posible y entregárnosla en un reporte específico. Por último, hay que decir que se genera un importante intercambio solidario, entre gente de distintas partes del mundo con las comunidades. Se generan relaciones de amistad que perduran en el tiempo, pero sobretodo genera atención en diferentes partes del mundo sobre lo que está pasando acá. Y con esto buscamos generar presión para que no se comentan violaciones de derechos humanos, al crear focos de atención.
¿Cuál es el origen y que logros de las BriCO?
El origen es cuando se da la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. El ejército mexicano entra en las comunidades de la zona de la selva Lacandona. Hubo un llamado de Samuel Raíz a la sociedad civil nacional e internacional para que no se les dejara solas a su suerte. Entonces en ese momento se empieza a mandar a observadores a las comunidades que están siendo afectadas por la presencia militar y por los abusos del ejército, sobretodo en las comunidades zapatistas en resistencia, que rechazan la presencia del ejército. A lo largo de los 25 años de las brigadas, el objetivo ha sido la disuasión, la documentación y la solidaridad. La presencia de los observadores es la que contribuyó a que no sucedieran situaciones más graves. El funcionamiento es para inhibir las violaciones.
¿Cuál es la situación actual de las brigadas?
En los últimos 25 años ha habido cambios. La presencia militar ha disminuido y las comunidades están en otra etapa. Sin embargo, sigue habiendo la necesidad de la presencia de observadores en comunidades. Uno de los retos, es la poca participación en comparación con años anteriores. La participación de personas de todo el mundo ha disminuido. Esto hace difícil cubrir la necesidad de las comunidades de tener observadores. Las comunidades se sienten más tranquilas con observadores en sus comunidades. Hacen su vida cotidiana de manera más tranquila y no tienen que preocuparse de la presencia de posibles agresores.
¿Cuál es la situación actual de derechos humanos en Chiapas y en México?
A finales del 2018 llegó un nuevo gobierno estatal y federal. Vemos con este nuevo gobierno, un discurso diferente, de respeto hacia las comunidades. Un discurso que incluye en varios de sus megaproyectos, la posibilidad de la consulta, como es el Tren Maya, el Corredor Transísmico en el Golfo de Tehuantepec, o el aeropuerto en Santa Lucía que sustituye al de Texcoco. Es un discurso más incluyente, de fin de neoliberalismo, de respeto a las comunidades indígenas, al sector más pobre, pero también vemos una política que no es muy diferente a la de los gobiernos anteriores.
Estos megaproyectos, a los que podemos incluir la Carretera de las Culturas, de San Cristóbal a Palenque, que si bien realizan una consulta, no cumplen los estándares que definen tratados sobre los derechos indígenas, en donde se exige una consulta libre, previa e informada. Sobre las consultas que el gobierno federal ha realizado, hay varias voces que dicen que estos estándares no han sido cumplidos. Incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dijo esto sobre el Tren Maya. Hay un discurso de izquierda progresista, pero es la misma política en cuanto a los proyectos.
Otro elemento es la creación de la Guardia Nacional. Vemos que es un nuevo cuerpo que de alguna forma es militar. Aunque no forma parte del ejército mexicano, los integrantes son en su mayoría elementos que antes estaban en el ejército. Hay una continuidad en la militarización de la seguridad pública y esto lleva a resultados como los hemos tenido en sexenios anteriores de Felipe Calderón (PAN) y de Enrique Peña Nieto (PRI). Cifras preocupantes de feminicidios, desplazamiento forzado, a través de una estrategia de combatir a la delincuencia organizada que a final de cuentas genera una situación de violencia.
¿Qué mensaje enviarías a la sociedad nacional e internacional organizada?
Queremos invitar a la gente a que participe en las Brigadas Civiles de Observación. Que haya un interés en la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas que reivindican su derecho a la autonomía. Que la gente este atenta a lo que está pasando aquí en el sureste mexicano y que se pronuncie cuando se entere de violaciones, que manifieste su apoyo al Frayba ante las amenazas.