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MÉXICO: CONFLICTOS SOCIALES POR MEGAPROYECTOS EXTRACTIVOS, DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÉTICOS EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

 

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

Coordinadores Aleida Azamar Alonso y Carlos A. Rodríguez Wallenius

La Rosa-Luxemburg-Stiftung (rls), a través de su Oficina regional para México, Centroamérica y el Caribe, presenta esta antología distintas miradas, ahora desde la academia, sobre un tema clave para el país y nuestra oficina: los megaproyectos extractivos en México en la transición de gobierno. Así, esta nueva publicación permite expandir las ya de por sí diversas visiones sobre la zona del Istmo y las que corresponden al Tren Maya, como los trabajos periodísticos realizados sobre el tema por Desinformémonos y La Coperacha que tam-bién trabajamos en 2019, para acercarnos además a Zacatecas, Estado de México, Baja California e Hidalgo. Agradecemos a las y los integrantes del Seminario sobre conflictos socioambientales por megaproyectos en México por estas contribuciones y en especial a Carlos Rodríguez Wallenius y Aleida Azamar Alonso por su trabajo de coordinación.Sólo quedaría, de manera general, compartirles a las y los lectores que se acercaron a esta publicacón nuestros objetivos y labor como organización: de forma general, la rls es una fundación política ale-mana afín a Die Linke (La Izquierda), un partido de la izquierda pluralista con representación opositora dentro del parlamento nacional de Alemania. Su sede se encuentra en Berlín, pero cuenta con 24 oficinas alrededor del mundo que, en conjunto, promueven acciones de formación política y de análisis social y fomentan espacios de debate, articulación e inter-cambio entre las izquierdas.Nuestra Oficina Regional, abrió sus puertas en Mé-xico en 2008, pero abarca países como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Cuba.Nuestros principios están arraigados en el pensa-miento del socialismo democrático, el internacio-nalismo, el antifascismo y antirracismo, inspirados además en la gran mujer y revolucionaria de la que tomamos el nombre, Rosa Luxemburg. Como funda-ción, apostamos a fortalecer a las fuerzas políticas emancipadoras de las izquierdas y contribuir al desarrollo de alternativas al capitalismo, sobre todo para lograr una sociedad socialista y democrática que se rija por la justicia, la igualdad, la democracia de base, la libertad política y el pensamiento crítico.Solo queda decir que deseamos que esta lectura sirva al debate sobre el tema y a la transformación social.

Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

 

PRESENTACIÓN ALEIDA AZAMAR ALONSO Y CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS

En el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su propuesta política de la Cuarta Transformación o4T, uno de los puntos de mayor conflictividad social que se deja entrever en estos meses es el rechazo y cuestionamiento de algunos sectores de la población a los proyectos estratégicos que quiere impulsar, definidos tanto en la Consulta Nacional “10 Programas Priorita-rios” de noviembre del 2018 como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En especial, los megaproyectos de infraestructura son los más controversiales, como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, objetados por organi-zaciones civiles, indígenas y ambientalistas por sus impactos ambientales y sociales y por la falta de consultas previas, libres e informadas sobre su rea-lización, a fin de que las comunidades directamente afectadas tomen las decisiones sobre lo que sucede en sus territorios, lo que es un derecho constitucional y forma parte de los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado.Además de los proyectos de infraestructura, el PNDdel gobierno de AMLO también se ha centrado en fortalecer la agresiva dinámica de proyectos extrac-tivos como el de la minería, que no sólo mantienen su vigencia y continuidad en varias regiones del país sino que arrastran agravios colectivos y eco-lógicos por las múltiples políticas de apoyo que se han desarrollado a su alrededor. Las expectativas de que la 4T cambiaría esta situación a favor de las poblaciones afectadas parece que tendrán que esperar un tiempo más. En algunos casos, los perju-dicados por este sector deberán negociar, en lo que parece ser un proceso continuista al que llevaron las administraciones anteriores, incluso a pesar de las históricas luchas sociales contra estas actividades destructivas, respaldadas o protagonizadas por el mismo presidente en décadas pasadas. En consonancia con este continuismo del gobierno de AMLO, varios proyectos de generación eléctrica, fortalecidos por la Reforma Energética del ex pre-sidente Enrique Peña Nieto (EPN), muestran ahora su magnitud y trascendencia en aspectos como la generación de energías denominadas “limpias”, con proyectos eólicos y de combustión de basura que en realidad son grandes negocios privados que sólo benefician a empresas particulares y no se traducen en bienestar para las comunidades, pues no aportan energía limpia para la población sino que su objetivo es venderla a grandes empresas privadas, siguiendo la misma tónica que otros proyectos extractivos, de manera que tampoco se ha invertido en desarrollo social para las localidades en las que se asientan. Aunque el núcleo del análisis se concentra en los esfuerzos de la presente administración pública para llevar a cabo estos polémicos proyectos, también se estudian los impactos en las relaciones sociales y las transiciones del metabolismo social de las co-munidades afectadas, y en varios casos se incluyen observaciones históricas sobre la evolución de aque-llos conflictos que en la actualidad han adquirido una dimensión más amplia. Como se ha señalado, buena parte del malestar social es herencia de gobiernos anteriores; no obstante, se ha visto potenciado por la continuidad de las po-líticas extractivistas y energéticas, y por la falta de autocrítica gubernamental, así como por la ausencia de mecanismos de conciliación mediante los cuales se escuche a las partes inconformes y se encauce la molestia colectiva hacia procesos de negociación orientados a un desarrollo incluyente. El diagnóstico de AMLO sobre las deficiencias eco-nómicas y productivas de México es acertado, tanto como su intención de fortalecer las entidades del sur históricamente olvidadas, cuyo potencial para ampliar el crecimiento del país es alto; sin embargo, en la aplicación de su plan de gobierno se observan vulne-raciones sociales que aún se mantienen, por ejemplo, en la violación de las capacidades de autogobierno de las comunidades indígenas, o bien, en la simplifi-cación de los controles operativos y administrativos de las obras de gobierno y la demora u ocultamiento de información sobre los esquemas de trabajo para los proyectos que se analizan en este documento. Resta decir que, si bien en este gobierno existe un interés por fortalecer la justicia social, por el camino ha olvidado la importancia de lo ambiental y de las soluciones estructurales a largo plazo, implementando paliativos que servirán para aliviar algunas tensiones colectivas que no remediarán las debilidades que ca-racterizan al modelo mexicano desde hace décadas.

4• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBELa minería en Zacatecas y la disputa por el aguaALEIDA AZAMAR ALONSOEXTRACTIVISMO: CONCEPTOS Y ANTECEDENTESEl extractivismo es una actividad productiva de ca-pital intensivo enfocada en la explotación de bienes naturales para su posterior comercialización interna-cional, que mantiene una configuración económica de enclave. Asimismo, son de sobra conocidos los riesgos socioambientales que provoca este tipo de aprovechamiento, tanto por sus requerimientos energéticos y de recursos como por la generación de conflictos. Esta práctica está vinculada a la profun-dización de la dependencia de la renta de materias primas y al beneficio obtenido por la circulación de capital que provoca el comercio de estos bienes. En regiones geográficas como Latinoamérica, donde se carece de infraestructura industrial adecuada para la transformación de commodities (bienes primarios) en productos manufacturados de consumo final, con alto valor agregado, el fin práctico de esta actividad es afianzar la capacidad de acumulación de capital de las regiones industrializadas mediante el acapara-miento de los bienes primarios de producción, ya sea con el respaldo del Estado (por medio de la coerción sobre la población para privatizar espacio público) o con el ejercicio de la violencia bélico-económica sobre Estados soberanos (para promover acuerdos productivos y comerciales sobre estos recursos). Considerando algunas perspectivas y discusiones sobre los procesos de apropiación, acumulación y reproducción del capital, el extractivismo es con-secuencia y característica necesaria del capitalismo en tanto que expande las posibilidades del mercado de bienes primarios pues se centra en la especu-lación de estos recursos. Además, éste limita las posibilidades de competencia externa que podrían desarrollarse en regiones con una amplia dotación natural de estos bienes y establece al mismo tiempo una división internacional productiva.1En un modelo económico inserto en un proceso de mundialización, el extractivismo cobra sentido como una serie de actividades productivas que atrae capital en forma de inversión e incremento de la capacidad comercial. Sin embargo, esta lectura deja de lado las luchas y resistencias sociales que surgen donde se lleva a cabo este tipo de actividades. Gran parte de los movimientos de oposición al extracti-vismo se organiza contra la apropiación territorial, la violencia de las empresas extractivistas y el uso intensivo de los recursos naturales locales, así como la transformación del entorno, lo que imposibilita el uso del territorio. Si bien existe una muy amplia y variada cantidad de prácticas extractivas, hay una en particular que ha provocado múltiples conflictos en defensa del territorio o de rechazo a este modelo de producción en México: la minería. Esto se debe, primero, a que gran parte de los lugares donde se localizan los de-pósitos minerales se encuentra en zonas pobladas o cercanas a comunidades (urbanas, indígenas y campesinas); segundo, a que este tipo de actividad Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, UAM-Xochimilco. Presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Miembro del Sistema Nacional de Inves-tigadores. Doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es autora y coautora de distintos libros y artículos. Colabora en los periódicos El Universal y Crónica. Correo: gioconda15@gmail.com

MINERÍA EN ZACATECAS Y DISPUTA POR EL AGUA5ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •requiere la destrucción del suelo y el subsuelo para llevarse a cabo, pues en las minas a cielo abierto se extraen millones de toneladas de tierra, con lo que se destruyen ecosistemas enteros en el proceso; tercero, a que en muchas ocasiones se han detec-tado esquemas de violencia sistémica proveniente del Estado o las empresas mineras contra la pobla-ción que se oponen a los proyectos; cuarto, al uso indiscriminado de recursos básicos para la vida, como el agua, pues se emplean millones de litros para las diferentes etapas de la extracción; quinto, al potencial minero nacional, pues solamente se ha explorado una cuarta parte de lo que se considera territorio adecuado para la extracción de minerales. La mayor parte de los proyectos extractivos com-parten estas características, pero lo cierto es que en México la minería destaca en especial por la gran cantidad de territorio en la que se puede llevar a cabo. A lo que se suma el hecho de que, para realizar labores de exploración, se utilizan métodos inva-sivos, riesgosos y dañinos que provocan malestar entre la población y perjuicios graves para el medio ambiente, que en ocasiones no son subsanados ni tampoco se le retribuye a la población o al Estado por dichos impactos.En este artículo se analiza el conflicto socioambiental que la minería provoca en Zacatecas, importante en-clave de comercio y comunicación entre los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Durango y Nayarit, con una participación destacada como área estratégica para la actividad minera. MINERÍA EN ZACATECAS Y RIESGOS SOCIOAMBIENTALESEn Zacatecas existe una notoria cantidad de yacimien-tos de metales preciosos y otros minerales (metálicos y no metálicos), que lo ubica, a nivel nacional, entre los primeros lugares de producción de metales (oro y plata), así como de otros minerales (zinc, plomo y cobre). Éstos se han obtenido mediante proyectos fincados en el marco de una política extractivista, sustentada en el despojo y la apropiación hídrica, lo que ha incrementado la tensión social, las disputas territoriales y los conflictos socioambientales. El gobierno zacatecano, desde principios del presen-te siglo y hasta hoy, bajo la dirección de Alejandro Tello, ha mantenido un constante y fuerte impulso a la minería, considerada una actividad fundamental Imagen 1. Concesiones mineras en Zacatecas.Fuente: romeolopcam.carto.compara el desarrollo económico estatal, pues contribu-ye a este con 28% del producto interno bruto (PIB) industrial, así como con 40% de su producción bruta. De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Zacatecas, la intención de la administración estatal era fomentar una industria respetuosa del ambiente y los derechos humanos. No obstante, y de manera paradójica, en 2016 se reconoció que 46.1% del territorio estaba concesionado, lo que afecta a toda la población y el ambiente local.En la imagen 1 se observan las dos zonas de Zaca-tecas con mayor cantidad de concesiones mineras otorgadas. La primera (círculo rojo) es el área del centro de la entidad, donde se encuentra la capital, en la cual se han otorgado permisos hasta en 80% de la extensión territorial, que incluye: a) zonas ur-banas, b) espacios protegidos y c) áreas agrícolas. Sin embargo, de acuerdo con la legislación local, las empresas mineras están imposibilitadas para continuar con los procesos de extracción en áreas urbanizadas. Por otra parte, en la zona norte del estado (círculo azul), donde está el municipio de Mazapil, con 12 000 km2 de extensión, se ha autori-zado a empresas mineras el libre aprovechamiento de 7 200 km2, aproximadamente, lo que equivale a 59% del territorio muicipal, en el que se encuentra más de un centenar de comunidades rurales que

6• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEsuperan en conjunto los 17 000 habitantes. Todas estas comunidades pueden verse afectadas tanto de forma directa como indirecta por esta clase de proyectos. En este municipio, las concesiones se encuentran a pocos kilómetros de las poblaciones (Cedros, El Vergel, Mazapil y Cerro Gordo, entre otras) e invaden espacios de vivienda y trabajo, a pesar de lo cual la extracción continúa. Sin embar-go, la comunidad de Mazapil está calificada como zona urbana y no rural, de modo que la obtención de minerales es ilegal.De acuerdo con las entrevistas que diversos me-dios han realizado a los secretarios a cargo de la actividad minera de la entidad, éstos argumentan que las concesiones fueron otorgadas antes de la instalación de las comunidades y por lo tanto los permisos pueden seguir activos. Esto es mentira. La mayor parte de los territorios afectados son tierras comunales y ejidales que se formaron después de 1947, durante el reparto agrario. De manera que, aunque los problemas y afectaciones que provoca la minería se conocían con anterioridad, se permitió y facilitó que las empresas mineras se instalaran, sin acordar previamente reglas de pro-tección ambiental, social y económica para evitar riesgos a futuro, como el uso intensivo de bienes naturales como el agua, fundamental para el desa-rrollo de la vida. La extracción de minerales conduce a la sobreexplotación de las cuencas hídricas, la contaminación de los depósitos subterráneos y la degradación de la tierra. A pesar de esto, existe poca información o estudios oficiales sobre los impactos específicos de esta actividad. Por otro lado, la argumentación del gobierno zaca-tecano es que se impulsa la minería como motor para el crecimiento económico, cuando este sector tiene poco o nulo impacto en el bienestar de la po-blación, pues la mayor parte de los proyectos que se llevan a cabo en la entidad pertenecen a empresas canadienses que fomentan economías de enclave, con nulos encadenamientos productivos locales y una nimia participación en las finanzas públicas.2Además, si se considera que la minería se divide en las etapas de extracción, beneficio, fundición y afinación, y que las empresas instaladas en Zacate-cas se caracterizan por concentrarse principalmente en las primeras dos fases, que son las que menos valor agregado o labores especializadas requieren, su impacto económico multiplicador es mínimo. Imagen 2. Afuera de la mina de Peñasquito, municipio de Mazapil | Foto: Alfredo Valadez Rodríguez (2019)

MINERÍA EN ZACATECAS Y DISPUTA POR EL AGUA7ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Al bajo aporte en términos monetarios se suma la gran necesidad y consumo de recursos, en especial de agua, pues la extracción y beneficio requieren millones de litros para la purificación de los mate-riales obtenidos.3 Por ejemplo, en cuanto a la ex-plotación de las fuentes hídricas en la distribución sectorial del agua, la minería consume 80% de los derechos de este bien correspondientes al sector industrial, el cual utiliza aproximadamente 6% del agua disponible en la entidad, lo que incrementa el riesgo de quiebre en la disponibilidad del líquido.La instrumentación de proyectos mineros encabe-zados por industrias extranjeras de gran tamaño ha fomentado una cultura de explotación y aprovecha-miento intensivo de los bienes naturales auspiciada por el Estado. Esto se ha hecho en pos de obtener un beneficio económico que ha generado perjuicio so-cioambiental y falta de recursos económicos debido a la ausencia de planes de prevención, tributación y creación de cadenas productivas locales. Uno de los casos más representativos es el del municipio de Mazapil, porque afecta a una gran cantidad de personas y dio origen a un conflicto socioambiental que se ha mantenido durante más de una década.NEWMONT GOLDCORP Y LA MINERÍA EN MAZAPILComo ya mencionamos, Mazapil es un municipio del norte de Zacatecas con cerca de 17 mil habitantes, pertenecientes a 169 comunidades distribuidas a lo largo de más de 12 000 km2. Asimismo, es uno de los lugares con más alto nivel de pobreza y margi-nación del país. Ahí se ubica la minera Peñasquito, propiedad de Newmont Goldcorp, empresa de origen canadiense y estadounidense. La concesión de este proyecto ocupa espacios de las localidades de Cedros, El Vergel, Cerro Gordo y Mazapil, principalmente, que en su conjunto no suman más de 2 000 personas, pero que mantienen una larga y profunda tradición de explotación indus-trial y aprovechamiento intensivo de los recursos minerales, así como de otras actividades agrícolas. Sin embargo, estas comunidades son ejidos, de ma-nera que toda actividad de explotación ambiental, como la minería, debe ceñirse a las necesidades y condiciones que los ejidatarios dispongan en el marco de la ley; algo que, como es evidente, no se ha respetado.Debido a las condiciones típicas del lugar, las cuencas hídricas y los depósitos subterráneos son pocos, de ahí que la mayoría de las personas dependan entera-mente de que la distribución de estos acuíferos sea adecuada y responda a las necesidades sociales y no a las demandas de la industria. El problema principal al que se enfrenta la población de este municipio es la poca disponibilidad de agua y la gran cantidad que requiere la mina, pues al ser de baja ley, los métodos de explotación deben ser de bajo costo, aunque sean más riesgosos. Por esta razón, en esta empresa la extracción se lleva a cabo por medio del tajo a cielo abierto, técnica que, además de consumir una gran cantidad de agua para la purificación de los recursos obtenidos, es muy destructiva con el ambiente: el diámetro del boquete en la tierra es de 1 820 m (véase la imagen 3). Aunque la mina está divida en varias secciones, destaca el tajo de casi dos kilómetros de diámetro que ha transformado el territorio de forma irreparable y ha imposibilitado el uso de este espacio para cualquier otra actividad productiva a futuro.4La mena de esta mina es principalmente de sulfuros y óxidos que contienen oro, plata, plomo y zinc, que se obtienen en una condición que requiere técnicas especiales de purificación. Para separarlos, limpiarlos de impurezas y aprovechar al máximo los recursos minerales, se emplean los procedimientos de lixiviación y flotación.5Las reservas de la mena aproximadas son 1 191 000 t de roca mineralizada. Cada tonelada puede contener una cantidad mínima de minerales que en promedio significa 0.45 g de oro, 29 g de plata, 3.2 g de plomo y 6.9 kg de zinc. Todo esto en 7 738 ha (77.38 km2), extensión obtenida por la empresa en un proceso de negociación con las poblaciones circundantes que comenzó en 2006, cuando la compañía logró un primer acuerdo con los ejidatarios de la localidad de Cedros. Esto le permitiría ocupar 4 500 ha durante máximo 30 años, a cambio de un pago de 5 000 pesos por hectárea, lo que equivalía a 22 millones de pesos. En 2007, la empresa negoció con la comunidad de El Vergel y convenció a la población de firmar un contrato de arrendamiento de más de 1 000 ha, por un monto 4 900 pesos por hectárea, lo que equivalía a 5 millones de pesos en total. En 2008, hizo nuevas rondas de convenio con los ejidatarios de Cedros

8• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEpara obtener 1 265 ha más, aunque en esta ocasión la población obtuvo un acuerdo superior al primero, de 31 000 pesos por hectárea, es decir, 40 millones de pesos en total; pero la empresa condicionó el pago diciendo que sólo entregaría la mitad en efectivo y el resto se utilizaría para proyectos productivos en la zona. Finalmente, buscó a los habitantes de Mazapil y Cerro Gordo para obtener 1 046 ha en conjunto, por una renta de 10 000 pesos por hectárea. Al final de las negociaciones la empresa inauguró la minera en 2010 con la participación, apoyo y presencia de los representantes públicos locales y federales, incluyendo al ex presidente Felipe Calderón y la gobernadora del estado de ese entonces, Amalia García, quienes asistieron a sabiendas de que la compañía minera había sido denunciada por la falta de pago e incumplimiento de los acuerdos a los que había llegado con las comunidades. En efecto, los pobladores de El Vergel señalaron en 2009 que los pozos cercanos al proyecto de la minera se estaban secando a velocidades alarmantes, aunque aún no había comenzado la actividad de extracción, y exi-gían a la empresa que renegociase los términos de explotación. En 2011, los ejidatarios de Cerro Gordo también comenzaron un proceso legal de deman-da contra la compañía por el uso indebido de la tierra y por falta de cumplimiento de las promesas económicas. Entre los principales problemas que se destacan en estas denuncias legales se señala que la empresa no compartió toda la información del impacto ambiental con la población, por lo que no se conocía la profundidad de los riesgos a los que se estaban sometiendo las tierras prestadas para la explotación. A un año del comienzo de la extracción de los recursos minerales se habían se-cado dos norias fundamentales para las actividades productivas agrícolas y para el abastecimiento del líquido a la población.El agua ha sido el centro de los conflictos entre los diversos actores locales y la compañía minera, además de otros problemas ambientales adiciona-les, como la destrucción del territorio y el uso de Imagen 3. Vista área de la mina Peñasquito. | Foto: Alfredo Valadez Rodríguez (2019)

MINERÍA EN ZACATECAS Y DISPUTA POR EL AGUA9ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •químicos nocivos que dañan la tierra. La denuncia de los habitantes se basa en que la empresa se aprovechó de información que no compartió con todos los interesados y monopolizó tierras en las que se encontraba la mayor parte de las tomas de alimentación de agua, lo que garantizó el abasto para su actividad y al mismo tiempo disminuyó el peligro de que la población bloqueara el suministro como medida de presión. Esto ha puesto en riesgo a las comunidades por el desabasto al que se enfrentan, pero también afecta los ecosistemas locales, pues el uso intensivo y desproporcionado de agua tendrá implicaciones directas sobre la flora y fauna del lugar, ya que, dado que el clima es semiseco, no podrán enfrentar una situación de desabasto hídrico. Debido a las protestas y acusaciones de la población al Estado, por cómplice de este abuso, se ha puesto sobre la mesa el estudio que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó en 2007, “Disponibilidad hídrica del acuífero de Cedros”, en el que se describe de forma técnica y precisa la cantidad de agua que puede ser concesionada para usos privados y públi-cos sin afectar el balance sistémico. En dicho informe solamente se tomaron en cuenta las actividades productivas comunes del lugar, como las agrícolas y el consumo humano, entre otras; y aunque para entonces ya se estaban negociando los permisos de explotación de la minera, Conagua no la consideró debido a que la mina no estaba en operación. De acuerdo con el informe, la recarga anual era de 10 millones de m3, mientras que las concesiones que se le otorgaron a la compañía eran de 4.8 millones de m3, de 10 pozos. No obstante, de acuerdo con declaraciones de la propia empresa, se estaban ex-trayendo 8 millones de m3 y se tenía como objetivo duplicar la cifra para finales de 2011. Debido a esta falta de claridad en los datos oficiales, se retomó el informe de Conagua de 2010, en el que se hacen correcciones y se establece que la recarga anual es de 54.4 millones de m3, lo que equivale a una caída de agua igual a la que se presenta en la Selva Lacandona. Este dato es irreal. Mazapil y sus alrededores se consideran zona semidesértica, por lo tanto, la recarga anual se ha mantenido en 10 millones de m3, como en el resto de la región. A pesar del excesivo uso del agua, el apoyo de las autoridades locales y la falta de ética de la empresa, en 2011 se declaró que la mina sufría desabasto y se realizaron contratos con otras entidades para cubrir su déficit. Por ejemplo, el gobierno de Saltillo, Coahuila, otorgó un permiso para utilizar 500 litros de agua por segundo para las actividades mineras en Peñasquito: tan sólo lo que utiliza la compañía en un mes equivale a lo que requieren las poblaciones afectadas en 50 años. La suma de todos estos elementos llevó a que, en 2016, transportistas, ejidatarios, campesinos y dife-rentes grupos de población se dispusieran a cerrar la mina hasta que la empresa cumpliera los acuerdos previos a la apertura del proyecto; demandaban también que pagara las indemnizaciones por los daños generados. Esto determinó la creación del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), favorecido y fortalecido por el Frente Popu-lar de Lucha por Zacatecas (FPLZ). De acuerdo con Contreras,6 en esta lucha destacan Felipe Pinedo y José Narro, miembros del FPLZ, quienes han sido señalados por su enriquecimiento a partir de ne-gociaciones discrecionales con la empresa minera, así como por la utilización de la situación para la acumulación de poder político.No obstante, ambos continúan presentes en la dis-puta con Peñasquito y “asesoran” a los habitantes en sus formas de organización y resistencia, gene-rando situaciones de presión contra la compañía para negociar acuerdos tanto con la población como con los actores privados, beneficiándose en los dos sentidos. Asimismo, se ha creado un frente común entre los pobladores de Cedros y El Vergel para bloquear la extracción de recursos minerales con la intención de que se atiendan sus reclamos, que se basan principalmente en las revisiones de los términos pactados con la empresa. Una parte de la comunidad no solicita que se can-cele la actividad minera sino que se renegocien las rentas de la tierra, se garantice un uso razonable del agua y se cumplan las promesas de proyectos productivos para el bienestar, en relación con los 20 millones pactados con los ejidatarios de Cedros, que se utilizarían para la construcción de obras públicas en la zona. De acuerdo con las denuncias del frente común de rechazo a esta actividad, la compañía está colocando todo el material tóxico en las tierras en disputa, por lo que se le exige también que se responsabilice por los daños ocasionados en las parcelas al devolver las tierras. En marzo de 2019, los ejidatarios de Cedros llama-ron al cierre de la mina Peñasquito y bloquearon el camino que da acceso a la empresa con la fina-lidad de presionar a Newmont Goldcorp para que

10• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEse haga cargo de los efectos nocivos que provocó la mina al desecar el manantial que alimenta a Ce-dros y a las comunidades aledañas. Esto, además de representar un riesgo de vida o muerte para los pobladores, es también un elemento que detona la migración y la disminución del precio de la tierra, lo que a su vez facilita que las compañías mineras acumulen territorio.Este conflicto entre la empresa minera y las comuni-dades cercanas no se ha resuelto. El Estado mexica-no, en lugar de garantizar las condiciones necesarias para que la población viva con seguridad al limitar los efectos de la minera, ha optado por un modelo de negociación que beneficia principalmente a la compañía, pues la mina ha vuelto a operar sin que se haya garantizado el cumplimiento de los acuerdos.La intervención del Estado para controlar una pro-testa social que no representaba una amenaza es una muestra del interés económico que prevalece en relación con la acumulación de capital, en la que este actor es tan partícipe como fundamental para mantener en funcionamiento dicha dinámica, aunque en este caso ello significara represión y no ayudara al bienestar social. REFLEXIONES FINALESLa influencia de las empresas con proyectos mineros es notoria, en la medida en que sus actividades im-plican riesgos graves para la población pero tienen la prerrogativa de solicitar apoyo al Estado si consi-deran necesario desalojar a las organizaciones que les impiden operar para seguir acumulado capital. En Mazapil la situación es compleja porque hay mu-chos intereses de por medio, sin embargo, también es importante resaltar que existe gran sufrimiento colectivo. En este escenario los obstáculos más relevantes para conciliar acuerdos entre población y empresa han sido los económicos, pues desde que comenzó a operar en Peñasquito hay evidencia de que los beneficios para la población, en términos de inversión social, son mínimos y los incentivos para permitir que la mina opere son pocos. En este sentido, el comportamiento de la empresa coincide con el interés economicista que caracteriza al extrac-tivismo, pues busca únicamente su beneficio, sin considerar los riesgos sociales y ambientales, y no se hace responsable por el deteriorio del territorio en el que desarrolla su actividad.Pero en Mazapil está en riesgo uno de los bienes naturales más importantes para la vida, el agua, y a pesar de que en este momento se esté disputando cualquier otro bien material o económico entre la compañía, el Estado y la población, sin agua no habrá mina, y sobre todo, no habrá vida, y eso es lo que se tiene que reflexionar.N OTAS1 Proceso de especialización que rige las cadenas productivas modernas, en el que los países son incapaces de disminuir o limitar su papel de exportadores o productores intensivos, sea en trabajo, naturaleza o tec-nología, etc., debido a que esto afecta su capacidad de generar beneficios económicos y pone en riesgo su propia existencia.2 De acuerdo con la CEPAL (2018), los ingresos fiscales por minería en Latinoamérica son de 2.7% del PIB, y de 0.2% en México.3 En la Ley Minera mexicana de 1992, artículo 19, sección V, los conce-sionarios tienen derecho al uso de las aguas provenientes del laboreo sin solicitar ninguna concesión adicional. Por otra parte, existe opacidad respecto a otras concesiones de agua solicitadas por las empresas mineras, ya que los datos públicos son poco claros, pero se estima que en 2017, en el norte del país, se generaron 18 millones de pesos (un millón de dólares) por concepto de concesiones, sin que se especifique cuánto se provee a este sector. Por último, sólo como ejemplo, en el informe empresarial del Grupo Fresnillo de ese mismo año, se menciona que una sola unidad minera consume 11 000 megalitros de agua anuales, lo que representa una elevada demanda por la cual este sector no paga adecuadamente. 4 Grado de pureza o concentración de los recursos minerales. 5 El material extraído de los tajos de esta mina se deposita en un terreno conocido como patio de lixiviación, sobre el cual se acumulan las capas de mena fracturada. El proceso mediante el cual se ejecuta el beneficio se conoce como Merril-Crowe, para las menas de óxidos, como por ejemplo de oro y plata; para las menas de sulfuros, como el cobre, se utiliza el método de flotación. Estos procesos utilizan cianuro de sodio y ácido sulfúrico para separar los minerales, compuestos químicos asociados a múltiples enfermedades y padecimientos neuronales, así como a envenenamientos y afectaciones de los mantos acuíferos y el subsuelo, debido a las filtraciones que pueden presentar los patios de lixiviación.6 Para más información, véase Gabriel Contreras Velázquez, “José Narro traicionó a los ejidatarios”, La Jornada Zacatecas, 18 de junio de 2019.

 

 

Tren Maya: megaproyecto para el despojo en la 4T CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUSANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS El Tren Maya es uno de los principales proyectos es-tratégicos que ha sido impulsado desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fue incluido en la Consulta Nacional “10 Programas Prioritarios” a finales de noviembre del 2018, cuando todavía era presidente electo. A casi un año de la toma de posesión como presidente de la República, este proyecto de infraestructura y promoción del turismo se presenta como el más importante de la Cuarta Transformación (4T), y se incluye, además, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).No obstante, la información sobre las características definitivas del proyecto sólo ha sido difundida de forma parcial y todavía no se tienen los estudios técnicos, ambientales y sociales ni el proyecto eje-cutivo. La entidad encargada de promover el Tren Maya es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la cual ha dado a conocer algunos de sus elementos y ha organizado reuniones con sectores de las poblaciones de los estados del sureste por los que pasará el tren (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán).El costo de la obra se calcula en 120 mil millones de pesos (60 000 millones de dólares), para realizarse en cuatro años, y tendrá unos 1 460 km de vía férrea (660 km ya construidos y faltarían 800 km). Además, tendrá 18 nuevas estaciones (Palenque, Cancún, Mérida, Chichen Itzá, Cobá, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, entre otras) y trenes de alta velocidad que alcanzan 160 km/h, con los que se pretende trasladar a tres millones de turistas al año. Pero no sólo transportará turistas, también llevará pasajeros a los distintos centros de comercio y trabajo, así como grandes cantidades de carga y mercancías.Después de varios meses de presentaciones y anun-cios, ya se ha delimitado un primer grupo de inver-sores que según los cálculos del gobierno federal invertirán entre 60 y 90% del costo total del proyecto, de acuerdo con el modelo de adjudicaciones que se contempla en la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El Fonatur afirma que existen cerca de 70 empresas nacionales y extranjeras interesadas en participar en el proyecto, como las constructoras Carso, Grupo Hermes, Coconal e ICA; los grupos hoteleros Vidanta, Posadas y Xcaret; empresas ae-roportuarias como Asur, y corporaciones estadou-nidenses, canadienses, japonesas y chinas.CUESTIONAMIENTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALESPor su magnitud e intensidad, cualquier megaproyec-to tiene impactos amplios y diversos. Por supuesto que el Tren Maya ha sido cuestionado en varios aspectos por muchas localidades, comunidades y ejidos, así como por organizaciones sociales, civiles Profesor de la UAM-Xochimilco, en el Departamento de Producción Económica y el Posgrado en Desarro-llo Rural. Coordinador de la Maestría en Sociedades Sustentables. Doctor en Ciencias Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Fue coordinador del Grupo de Trabajo “Desarrollo rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” del CLACSO y presidente del Comité Organizador del IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014. Correo: carlosrow@gmail.com

12• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEImagen 4. El trazo del Tren Maya| Fuente: www.trenmaya.gob.mxImagen 5. Vías del tren en Palenque | Fotografía de Carlos Rodríguez (2019)

TREN MAYA Y DESPOJO EN LA 4T13ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •y ambientales, todos los cuales, desde un inicio, han señalado muchas de las problemáticas que el ferrocarril tendrá en sus territorios, tanto para su construcción como para su operación. El principal cuestionamiento social ha sido la falta de información y consulta a las poblaciones afectadas directa o indirectamente. A pesar de la Consulta Nacional sobre los proyectos estratégicos de noviem-bre de 2018, hasta la fecha no ha habido consultas previas, libres e informadas a las poblaciones de la península, ni siquiera a las comunidades indígenas a las cuales el Estado está obligado a preguntar según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo que hizo el Fonatur en los primeros meses de gobierno fue informar y negociar con autoridades municipales y agrarias, y organizaciones de ho-teleros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, para ganarse los apoyos locales para la construcción del megaproyecto. Durante 2019, dis-tintas autoridades federales involucradas evitaron hablar de la consulta a los pueblos y municipios afectados, aunque se insistió en que la mayoría de las comunidades indígenas apoyaban el megaproyecto. A pesar de ello, recientemente el presidente AMLO se comprometió por fin a realizar los sondeos el 14 y 15 diciembre de 2019, en dos versiones, consulta ciudadana en 40 municipios y consulta indígena en 15 asambleas regionales.Por otra parte, el Tren Maya tendrá varios impactos ambientales, pues durante su construcción habrá modificaciones en suelos y hábitats en las zonas en las que no hay derechos de vía (entre 5 y 15% del total, sobre todo en los trazos de Cancún-Bacalar-Escárcega). También hay preocupación por las afec-taciones a las aves y animales, por interrumpir su circulación natural dentro de sus ecosistemas, que serán cortados por las vías de tren de alta velocidad. Asimismo, están los perjuicios debido al ruido y la emisión de gases de combustión.Pero la mayor preocupación en el tema ambiental se refiere a la devastación que sufrirá la Reserva de la Biosfera de Calakmul, por la cual atravesará la vía del ferrocarril al seguir la carretera federal 186, y que tendrá, además, una estación principal para que los turistas visiten la zona arqueológica de Calakmul (se calcula el arribo de dos millones de personas al año). La Reserva de la Biosfera es una de las áreas naturales más importantes del país por su extensión y biodiversidad. Es hogar de especies emblemáticas, como el jaguar, el ocelote, el tapir, el mono araña, el mono aullador o saraguato, las guacamayas roja y verde, entre otras muchas, y colinda con cinco reservas, parques y biotopos naturales del norte de Guatemala, lo cual constituye, en conjunto, la región protegida más grande de Mesoamérica.Otro tema importante son las afectaciones al patri-monio arqueológico que puede haber debido a la construcción de las líneas férreas y nuevas estacio-nes, sobre todo en la franja sur de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, donde hay centenas de pequeños sitios arqueológicos con basamentos, viviendas y templos de la civilización maya que aún no han sido resguardados. Los posibles daños y destrucción que se puedan generar a estos pequeños sitios han sido denunciados por trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). LO QUE NO SE CUENTA (TODAVÍA)La difusión oficial sobre el Tren Maya lo caracteriza como un tren para trasladar millones de turistas al año hacia los principales destinos de playa, arqueo-lógicos y coloniales de la región sureste, pero este proyecto tiene otros dos objetivos que lo vuelven un buen negocio: el transporte de bienes y mercancías, y el traslado de pasajeros y trabajadores.En efecto, en los documentos se plantea un trans-porte diferenciado. El Fonatur ha señalado que el tren para los turistas correría por las mañanas y por las noches, mientras que el resto del día sería para el transporte de carga, cuando no sólo se llevaría gran cantidad de alimentos, suministros y mer-cancías para la mayor zona turística del país, sino también buena parte de los combustibles que en la actualidad se reparten en la península de Yucatán, lo que representa un negocio de 10 millones de pesos anuales (500 mil dólares).7 El otro rubro importante es el traslado de los empleados que trabajan en las zonas hoteleras de la Riviera Maya y Tulum, que viven en la zona metropolitana de Cancún. Se calcula que diariamente se trasladan cerca de 80 mil personas en 2 000 viajes por autobuses, y el Tren Maya aspira a quedarse con la mitad de esos pasajeros.8La estrategia para el diseño, aprobación y construc-ción del proyecto ha sido dividir el recorrido total en siete tramos para aprovechar las secciones ya construidas (Tramo Selva 1, Palenque-Escárcega; Tramos Golfo 1 y 2, Escárcega-Izamal), secciones

14• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEnuevas de alta demanda (Tramo Golfo 3, Izamal-Cobá; Tramo Caribe 2, Cancún-Tulum) y secciones nuevas de baja demanda (Tramo Caribe 1, Tulum-Bacalar; Tramo Selva 2, Bacalar-Escárcega). Esta forma de dividir por secciones ha permitido al go-bierno negociar de forma regional y con distintos tipos de actores. Además, esta estrategia hará que se realicen las licitaciones por tramo y no por obra completa, para enfrentar en mejores condiciones las protestas e impedimentos que puedan existir en distintas zonas.8RECHAZO SOCIAL AL TREN MAYADesde que se dio a conocer el nuevo megaproyecto varias organizaciones y comunidades expresaron sus reticencias y desconfianzas, pues ya existe el ante-cedente del fallido Tren Transpeninsular anunciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN). Así que en este gobierno, a medida que la propuesta tomó forma y se conocen los detalles sobre la magnitud de la obra, el trazo que tendrá y los posibles impactos sociales y ambientales, un variopinto conjunto de redes, coaliciones, organizaciones ambientalistas, ejidos forestales y comunidades indígenas han ex-presado su rechazo al Tren Maya. Estas preocupaciones son compartidas por los 45 ejidos y comunidades agrarias de los cinco estados, que consideran que sus territorios se verán afectados por la construcción y operación del nuevo tren, y además, que serán impactados por la gran cantidad de turistas y desarrollos urbanos, comerciales y hoteleros que el proyecto traerá aparejados.La posición más crítica pertenece a las agrupaciones indígenas de larga trayectoria, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas Xinich’, que en sus espacios de deliberación se han pronunciado contra la construcción del ferrocarril. En este mismo sentido se ha pronunciado la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xíinbal, que inte-gra distintas comunidades y ejidos de la península afectados por megaproyectos.Por su parte, organizaciones productivas como la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calak-mul y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible están asesorando a las poblaciones en relación con los impactos ambientales y económicos del proyecto. También cabe resaltar el papel que están jugado diversas organizaciones civiles, so-ciales y ecológicas, que ante la falta de información oficial, están generando documentos y análisis, y socializándolos en reuniones regionales, talleres y encuentros, en los que se han manifestado posturas críticas frente al tren. En estos espacios se escucha un reproche común: no se han hecho consultas previas, libres, informadas y de buena fe a las poblaciones indígenas y campesinas que se verán afectadas.ARREGLOS ENTRE ACTORES Y ÉLITES LOCALESPara convencer a los distintos actores sociales, económicos y políticos involucrados en la construc-ción y operación del Tren Maya, el gobierno federal, por medio del Fonatur, ha impulsado una serie de acciones y negociaciones. Un primer referente para legitimar la obra fue el “Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para Anuencia del Tren Maya”, realizado en la ciudad de Palenque, así como en otros ocho sitios arqueológicos de la península, en diciembre de 2018, cuando el presidente AMLO hizo una ceremonia para la puesta en marcha de las actividades del megaproyecto.Otras actividades de convencimiento se hacen en distintas comunidades indígenas de la península mediante el programa “El tren que nos une”, una caravana informativa sobre los beneficios del Tren Maya. No se trata sólo de propaganda, también hay apoyos mediante programas sociales y de infraes-tructura para los poblados. Por ejemplo, en Xpujil, que tiene serios problemas de abastecimiento de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) donó camiones cisterna para su distribución, adornados con logotipos del Tren Maya; y está el recientemente aprobado Plan Calakmul, para invertir 200 millones de pesos (10 millones de dólares) en obras de in-fraestructura social y productiva para las poblaciones de esa región.9Una acción que el Fonatur ha promovido con los ejidos en cuyas tierras pasará el tren o se pretende construir alguna de las estaciones es hacer socios del proyecto a los campesinos, a cambio de sus tierras, mediante un Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra), un instrumento financiero para colocar certificados bursátiles en la Bolsa de Valores, lo que permite a los poseedores de la tierra

TREN MAYA Y DESPOJO EN LA 4T15ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •(ejidatarios y pequeños propietarios) participar como inversionistas en el proyecto del Tren Maya. Sin embargo, como el procedimiento es complicado y los beneficios son a mediano y largo plazo, muchos campesinos desconfían.Distintos gobiernos municipales y estatales tam-bién están negociando beneficios para sus grupos económicos y de poder. Por ejemplo, la capital de Quintana Roo, Chetumal, no estaba contemplada en el proyecto inicial; sin embargo, como el gobierno estatal y las grandes empresas quieren potenciar las actividades turísticas, industriales y comerciales en la ciudad, ofrecieron las instalaciones de la zona industrial, que están parcialmente abandonadas, para la construcción de una estación terminal y los talleres de mantenimiento.En Cancún, Asur, la concesionaria del aeropuerto internacional, pone la inversión para la estación de la ciudad si se construye cerca de la terminal aérea, lo que sería un negocio redondo para trasladar a los turistas del aeropuerto a la zona hotelera de la Riviera Maya y Tulum. Valladolid, donde estará una de las estaciones, también coincide con un nuevo proyecto del Grupo Xcaret, empresa líder de par-ques turísticos en la península, que por supuesto apoya el tren.Las negociaciones no sólo precisan dónde estarán las nuevas estaciones sino que han llegado a mo-dificar el trazo inicial de las vías, como en el caso del empresario Carlos Slim, quien logró cambiar la ruta del ferrocarril que iba directo de Valladolid a Cancún porque esa ruta competía con la autopista concesionada al grupo Carso; así que el Fonatur modificó el trazo de la ruta de Valladolid a Cobá, una zona arqueológica muy visitada que está al sur del trayecto previsto.Otros grupos económicos que resultarán benefi-ciados son las empresas ganaderas e intermedia-rias, como Sukarne, que potenciarán su modelo de negocios con centros de acopio que coinciden con las estaciones del tren en Palenque, Tenosique, Ba-lancán y Escárcega, desde las que podrán trasladar los becerros hacia el norte del país, donde se les terminará de engordar. También los acopiadores de palma de aceite del norte de Chiapas y Tabasco, es decir, de la zona de mayor producción del país, tendrán una salida rápida y relativamente económica de sus productos.LOS DESPOJOS DEL TREN MAYAUn primer proceso de tensión en la construcción del tren serán las formas de apropiación de los terrenos de los campesinos e indígenas que se requieren para el megaproyecto. Si bien una parte importante del Tren Maya utilizará vías de ferrocarril que ya están construidas (en especial, la antigua línea que va de Palenque a Izamal), todavía se tendrá que construir una parte importante del circuito (los tramos de Izamal-Tulum y Cancún-Tulum-Bacalar-Escárcega). El gobierno federal insiste en que se utilizarán los derechos de paso de las autopistas federales y líneas de transmisión eléctrica, a pesar de lo cual todavía se va a requerir hasta 15% de la superficie total del proyecto, terrenos que en la actualidad son parte de las negociaciones con ejidatarios y pequeños pro-pietarios mediante mecanismos como el Fibra. Sin embargo, cuando esos acuerdos no sean posibles, está el mecanismo de la expropiación, como en el caso de los ejidatarios de Cobá, donde se pretende expropiar 3 hectáreas para estaciones y vías férreas.Pero la mayor tensión se tendrá con la puesta en funcionamiento del Tren Maya, ya que se promove-rán mecanismos tradicionales para el despojo de los territorios y bienes naturales de los pueblos de la península. En efecto, la dinámica económica que impulsará el megaproyecto se basa en una intensa reestructuración territorial para potenciar los desa-rrollos turísticos e inmobiliarios alrededor de las 18 estaciones del ferrocarril y las principales zonas de turismo. Para dar un ejemplo de ello, está el caso de Palenque, donde se construirá una gran estación de tren en los terrenos del antiguo aeropuerto, en un polígono de 800 hectáreas, en el que habrá centros comerciales, hoteles y edificios del ayuntamiento de Palenque. En este mismo sentido están los anuncios y propuestas de grandes estaciones de este tipo para las ciudades de Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Chetumal, y la idea se considera también para las estaciones de Chichén Itzá, Cobá y Calakmul, en las que se promocionará la instalación de infraestructura urbana y turística (hoteles, restaurantes, centros comerciales, sitios de esparcimiento) en torno a las zonas arqueológicas, en las que se calcula que se atenderá hasta tres millones de turistas al año.Junto con ello, la puesta en marcha del tren poten-ciará el modelo turístico de enclave que actualmente

16• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEdomina los 130 km de desarrollo de playas, que van desde Cancún y la Riviera Maya hasta Tulum, cuyo proceso de apropiación de tierras para la construc-ción de más hoteles se va a acentuar, al tiempo que se fortalecerán los nuevos crecimientos turísticos, como en Bacalar o el eje Mahahual-Xcalak, cerca de Chetumal, los cuales requerirán terrenos de los campesinos para realizarse.Esta tendencia a fortalecer el modelo de crecimiento turístico provocará un verdadero tsunami inmobilia-rio, un proceso agresivo de apropiación de terrenos y fuentes de agua. Éstas de por sí escasas en la pe-nínsula, puesto que casi no hay ríos ni manantiales superficiales, y por ello la población depende de fuentes subterráneas que van a ser codiciadas por los centros de turismo. Asimismo, las tendencias dominantes de este mega-proyecto producirán un desplazamiento productivo de las actividades campesinas, pues la economía de las poblaciones se subordinará a los requerimientos de la dinámica turística, en especial como mano de obra en la construcción, el comercio o la prestación de servicios, dejando a un lado la producción cam-pesina de maíz y otros frutos de la milpa.Algunos de los procesos que también se verán beneficiados por el abaratamiento del costo de transportación serán los de la producción de pal-ma de aceite y la ganadería, lo que promoverá el acaparamiento de terrenos y la deforestación de zonas de selva para tener nuevas tierras de cultivo y ganaderización, que quedarán en manos de las grandes agroempresas de la región.ESCENARIOS Y PERSPECTIVASEl megaproyecto del Tren Maya es la obra de infraes-tructura más ambiciosa del gobierno de la 4T. Aunque su discurso pone énfasis en que se va a promover el desarrollo regional y un ordenamiento territorial incluyente, lo que se va a consolidar es un modelo de turismo, desarrollo urbano y negocios que ha demostrado ser socialmente polarizante, económi-camente excluyente y ambientalmente devastador.A pesar de que durante un año el Fonatur y otras dependencias del gobierno federal han operado para convencer a ciertos grupos económicos, gobiernos locales y organizaciones sociales sobre los beneficios del Tren Maya, existen voces que en forma creciente se oponen al proyecto por sus impactos sociales, ambientales y económicos. Varias comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas, y redes ambientales cuestionan la finalidad del proyecto. No obstante, y a pesar de la existencia de frentes y redes sociales en el ámbito peninsular, todavía esta resistencia se encuentra disgregada y focalizada, sobre todo porque aún no hay un pro-yecto ejecutivo que muestre el trazo definitivo y la ubicación de las estaciones, lo que dará una idea más clara del nivel de afectación a las poblaciones.La poca información, y hasta ahora, la ausencia de consultas a la ciudadanía y las poblaciones indígenas han representado un agravio; esto parece tener una posibilidad de cambiar ahora que en diciembre se realicen las prometidas consultas. Mientras tanto, hay que recalcar que los impactos fuertes del Tren Maya son a largo plazo, pues con la operación del megaproyecto el apetito inmobiliario impul-sará procesos de apropiación de los terrenos de los campesinos para construir los nuevos centros urbanos y destinos turísticos cercanos a las esta-ciones (playas, zonas arqueológicas, ríos, lagunas, reservas naturales). De esta manera, los beneficiarios principales del Tren Maya serán las empresas hoteleras y de servicios turísticos, las inmobiliarias, las constructoras y los agronegocios, mientras los afectados y excluidos serán las poblaciones campesinas e indígenas y sus territorios bioculturales. En ese sentido, la historia del desarrollo turístico en el sureste se vuelve a repetir, pero ahora en el formato de la 4T.N OTAS7 Véase Julio Reyna, “En 2023, el Tren Maya llevará 100% de combusti-bles que van a Yucatán”, La Jornada, 27 de mayo del 2019, p. 20. | www.jornada.com.mx/2019/05/27/economia/020n1eco.8 Véase Carlos Aguilar, “56 mil trabajadores hoteleros movilizados por Transportes del Valle”, La Jornada Maya, 2 de octubre del 2017. | www.lajornadamaya.mx/2017-10-02/56-mil-trabajadores-hoteleros-movilizados-por-Transportes-del-Valle.9 Véase Julio Reyna, “Fonatur firma Plan Calakmul para impulsar turismo en región maya”, La Jornada, 4 de agosto de 2019. | www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/08/04/fonatur-firma-plan-calakmul-para-impulsar-turismo-en-region-maya-1923.html.

17ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Estudiante de licenciatura en Políticas Públicas de la UAM. Asistente del Área de Investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio. Sus líneas de trabajo se centran en el impacto de las políticas públicas en las comunidades y los bienes naturales.Profesor-investigador titular del Departamento de Procesos Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Lerma. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen. Maestro en Antropología del Desarrollo y la Transformación Social por la Universidad de Sussex. Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla. Miembro del Área de Investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio.Doctora en Desarrollo Local y Planificación Territorial por la Universidad de Huelva, España. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Máster en Estrategias Territoriales y Ambientales en el ámbito local, por la misma Universidad. Experta en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Licenciada en Ciencias Geoinformáticas por la UAEM.Tren Interurbano México-Toluca Ejemplo de despojo ambiental por corrupciónYULIANA MAGALI GUTIÉRREZ ORTIZ, IGNACIO LÓPEZ MORENO Y SOFÍA GARCÍA YAGÜEDESPOJO POR CORRUPCIÓNLas dinámicas de acumulación capitalista están en continuo proceso de innovación y mutación. El creci-miento exponencial de los mercados y su progresiva apertura ha llevado a la mercantilización de bienes y servicios más allá de lo que se podía pensar hace tan sólo unas décadas. Esta tendencia global ha puesto sobre la mesa una dinámica de apropiación definida como “acumulación por desposesión”. Esta dinámica permite que las economías capitalistas globalizadas sigan creciendo a pesar de haber sobrepasado sus límites materiales. En Latinoamérica, el despojo se ha convertido en una práctica diaria sobre poblaciones periféricas y bienes naturales, unas veces de la mano del sector público, otras de la iniciativa privada, pero las más en conjunto. En este artículo describimos un caso de despojo ambiental por corrupción: el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México o Tren Interurbano México-Toluca (TIMT).10Existen cinco principales modelos de despojo, a saber: crecimiento urbano, extractivismo minero, desarrollos turísticos de enclave, sistemas de plantaciones foresta-les y de agrocombustibles, y megaproyectos de obras para infraestructura. Si bien, a primera vista, el TIMT parece una forma de despojo por megaproyecto, su origen, naturaleza y dinámica nos saca de esa categoría hacia una nueva: despojo por corrupción. Este tren no responde a una necesidad de infraestructura real, es un mecanismo para transferir recursos públicos a manos privadas a costa del ambiente y las comunidades del territorio por el que pasa. La relación entre el volumen de la inversión, el número de pasajeros potenciales y el tránsito existente entre las megalópolis de México y Toluca subrayan esta hipótesis. Por lo tanto, estamos ante una práctica usual de cohabitación entre gobier-nos neoliberales con empresas multinacionales, que, con la idea de progreso como legitimación de sus proyectos, acaban transfiriendo miles de millones de las arcas públicas a estas empresas, con la excusa de una obra innecesaria, que además vulnera y expropia bienes comunes y reduce la sustentabilidad, tanto de las comunidades locales como de las ciudades para cuyo supuesto beneficio se construye el TIMT. La dinámica demográfica es una pieza clave de este proceso. El desplazamiento diario de personas entre el Estado de México y la Ciudad de México (CDMX) no ha dejado de aumentar desde comienzos de la década de 1990. Esto provoca una congestión vehicular dia-ria en las entradas a la CDMX, que en el poniente se concentra en lugares como Santa Fe u Observatorio.

18• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEEn 2012, Enrique Peña Nieto (EPN) llegó a la presidencia de la República después de haber sido gobernador del Estado de México. Su trayectoria personal y pertenen-cia al grupo Atlacomulco hizo que se impulsara una agenda neoliberal con proyectos y reformas estruc-turales que pusieron al Estado de México como una prioridad de inversión. Entre los diferentes paquetes y medidas de su gobierno, se establecieron varios megaproyectos de infraestructura en la zona, entre ellos el TIMT, un medio de transporte masivo, de tipo ferroviario regional, que constituye una alternativa segura, rápida y cómoda para los pasajeros.La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) anunció en 2013 la construcción de la primera etapa del TIMT: una red ferroviaria de 57.7 km con dos termina-les (Zinacantepec y Observatorio) y cuatro estaciones intermedias (Cristóbal Colón, Metepec, Lerma y Santa Fe) con estacionamiento y conexiones. Su velocidad máxima sería de 160 km/h y la velocidad comercial de 90 km/h, con un trayecto total de 40 minutos. El proyecto estaba alineado al Plan Nacional de Desa-rrollo (PND) 2013-2017, y la construcción iniciaría en junio de 2014, para finalizar en 2017.El monto total asignado fue de 34 114 855 980 pesos (1 769 929 009 dólares), cantidad que se disparó a lo largo de la construcción: en el último año del gobierno de EPN el presupuesto pasó a ser 59 216 751 581 pesos (2 960 837 579 dólares). El financiamiento se compone de recursos públicos y privados, y la constructora encargada es Ingenieros Civiles Asociados (ICA). El consultor responsable de la obra recomendó que los recursos públicos cubrieran una parte del monto de inversión para la construcción de la infraestructura del proyecto, mientras que los recursos privados debían cubrir el monto requerido para la adquisición de la flota y otras instalaciones. En las negociaciones intervinieron la SCT y el gobierno federal, mediante la empresa liberadora GAP y uno de los puntos centrales fue llegar a acuerdos de indemnización económica por los terrenos y daños que la construcción del TIMT podría ocasionar, pero los conflictos ambientales e inconformidades surgieron desde el primer momento.El primer conflicto emergió al darse a conocer el trayecto del tren y la ruta de entrada en la CDMX lo desató. Tal y como se observa en las imágenes 6 y 7, el tren pasaría por la avenida Vasco de Quiroga, en la alcaldía Álvaro Obregón, un lugar con alta densidad de población y una fuerte actividad comercial de tienditas y negocios de barrio. Su entrada por esta avenida suponía el desplazamiento de población y el cese de la actividad comercial a pequeña escala, que si bien llevaba décadas en el lugar, en muchos casos se encontraba en situación irregular, lo que dio lugar a un conflicto abierto en 2015. Los vecinos se organizaron en un frente común contra el impacto que esta infraestructura tendría en la comunidad. La organización unió además a comerciantes y activistas con una idea clara: no a la construcción de un tren innecesario, costoso y que destrozaría un tejido so-cioeconómico que llevaba décadas en composición.El conflicto duró meses e incluyó movilizaciones y bloqueos de tráfico, también llegó a los medios y las redes sociales, lo que terminó por conseguir que la SCT diseñara un nuevo trayecto, que respetara el derecho a la vivienda de las familias que serían afectadas. En la imagen 7 se observa el cambio del trazo, que pasó a recorrer la barranca del río Tacubaya. La solución quedó dentro de los recursos del propio gobierno federal, ya que los terrenos fueron facilitados por la Secretaría de Defensa Nacional, lo que evitó que el aumento del costo por adquisiciones fuera excesivo.El tramo por el valle de Toluca no fue tan problemático, al tener acceso por la avenida Solidaridad-Las Torres, una arteria trasversal de la ciudad de Toluca con am-plios terrenos de propiedad pública. El impacto, en este caso, se centró en la desarticulación del eje sur de la megalópolis, lo que conllevó el aumento del tránsito y la contaminación atmosférica, así como la depre-dación de bienes naturales de los pueblos cercanos. La construcción local de los pilares conocidos como ballenas supuso la creación de una red de periferias, semiperiferias y centros localizados que dibujaron una zona de impacto superior a los 100 km de radio.La llegada a la zona de la Sierra de la Cruces detonó la escalada del conflicto, por el aumento del impacto de los procesos de despojo, ya que el tipo de propiedad es mayoritariamente social. Además, es donde se encuentra la mayor densidad de recursos naturales. En concreto, fueron tres los municipios en los que la población se opuso al proyecto: San Mateo Atenco, Ocoyoacac y San Lorenzo Acopilco.Si bien en un principio se llegó a acuerdos positivos con los ejidatarios y comuneros que serían afectados, el problema del despojo por corrupción radica en el desvío de recursos a manos de terceros. En el muni-cipio de San Mateo Atenco se tuvo que suspender la obra por falta de pago a los ejidatarios de esta zona, quienes realizaron campamentos en los lugares don-de se llevaba a cabo la construcción como forma de protesta. Este tipo de problemas son usuales en los casos de despojo por corrupción porque, pese a que en las cuentas los pagos acordados se recogen como saldados, en realidad nunca se hacen en su totalidad. Además, los ejidatarios presentaron quejas por la afectación que sufriría el paisaje, pues en la presen-tación del proyecto estos impactos no se apreciaban y las estructuras de pilares no tenían la profundidad que después se hizo necesaria. En el municipio de Ocoyoacac, las asambleas ejidatarias de San Juan Coapanoaya, Santa María de la Asunción Tepexoyuca y San Jerónimo Acazulco presentaron quejas similares. Los ejidatarios del pueblo de San Juan Coapanoaya exigieron una indemnización justa para quienes se han visto afectados por la construc-ción de la obra, y para aquellos a los que aún no se les ha pagado, exigieron su indemnización por las tierras utilizadas para la construcción. En enero de 2016, estos comuneros lograron el amparo 1/2016-I del Juzgado de Distrito, con sede en Toluca, para de-tener las obras que se realizaban en sus terrenos. Sin embargo, la empresa GAP, contratada por la SCT para la liberación de los terrenos, ofreció a los comuneros el pago de la indemnización correspondiente para que el amparo no se aplicara. Las obras continuaron, pero en agosto de ese mismo año aún no se tenían reportes de la entrega de las indemnizaciones.Los pueblos de Santa María de la Asunción Tepexo-yuca y San Jerónimo Acazulco también presentaron una querella legal por la posesión de tierras derivada de la construcción del tren. Se asume que Acazulco tiene una ventaja en esta disputa porque el número de comuneros es mayor que el de Tepexoyuca, y los pobladores se reconocen como dueños de esos terre-nos. Por otra parte, los pobladores de San Jerónimo Acazulco denuncian una afectación inmensa a la flora y el corredor hídrico, integrado por siete manantiales, debido a la construcción del tren. La constructora está perforando el terreno con mayor profundidad de la acordada y esto provoca que las torres que apuntalan la estructura afecten los mantos acuíferos y las capas freáticas que los nutren, a lo que se une la tala des-controlada de árboles en esta zona. Los pobladores argumentan que en el trazado no se tuvo en cuenta el delicado equilibrio de sus ecosistemas. Los pobladores de San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya consiguieron demostrar las afectaciones que la construcción del tren estaba provocando. Los ejidatarios también argumentaron que existe una ex-pansión irregular en tramos que no fueron incluidos en los convenios de compraventa para su explotación.

 

Como forma de protesta, los pobladores de Acazulco marcharon hacia la CDMX para pedir la cancelación de la obra y el restablecimiento de la superficie des-truida, que imposibilitaba sus actividades agrícolas. En 2018 lograron un amparo.Pero los conflictos por el tren no acabaron ahí. En la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa, también se presentó una disputa por la representación legal de 400 s de bienes comunales, de las cuales 2.5 se utilizan para la construcción del tren. Esta problemática se remota a que el grupo de comuneros está dividido en dos partes, cada cual con su representante. Por lo tanto, no hay claridad para la negociación.En 2016, la SCyT entabló negociaciones con uno de los dos representantes, para que el tren pasara por Acopil-co. En esta negociación se entregaron 47 millones de pesos (2.5 millones de dólares) a este representante. Sin embargo, el año anterior, el otro representan-te había interpuesto el amparo 1589/2015 contra las obras, con el argumento de que no se desistiría hasta que se le reconociera como autoridad para establecer diálogo con la SCyT. Este líder argumentó que con la construcción del TIMT se está violando el derecho al agua y el medio ambiente, a raíz de lo cual, en enero de 2019, se presentó el juicio 1578/2019 ante el Tribunal Agrario, para que el otro representante aclare el uso de la cantidad entregada.11 A este nuevo amparo se le suma el número 103/2019, interpuesto por una familia dueña de un terreno cerca de la carretera México-Toluca, por el cual pasa el trazo del tren. La familia argumenta que las autoridades pretenden despojarla de su hogar.Todos los conflictos y amparos contra la construcción del TIMT ponen en evidencia la falta de diálogo y planeación en un proyecto que nunca debió existir. El paro definitivo de esta obra durante el último año del sexenio de EPN hizo temer lo peor: el abandono de una infraestructura que ya había impactado en el ambiente y las comunidades de la zona. Hoy en día se observa un severo retroceso de la obra en el tramo que comprende de Ocoyoacac a San Lorenzo Acopilco, y con la entrada del nuevo gobierno presidencial al poder, el destino de este proyecto queda en duda.Cuando AMLO asumió el poder en diciembre de 2018, se volvió a hablar sobre el destino del TIMT. En una de sus conferencias matutinas, mencionó que su gobierno terminará la construcción del tren aunque recalcó que la obra pasó de costar 30 mil millones a 90 mil millones de pesos (4 500 millones de dólares). Aseguró que no se puede dejar esta obra tirada porque ha representado inversión y dinero del presupuesto, y explicó que ya tiene un plan para terminarla en tres años, con fecha de inauguración en 2022. Carlos Morán, subdirector de la SCyT, estima que en 2020 la obra estará cubierta hasta la estación de Santa Fe, en 2021 hasta la estación de Observatorio y tras las pruebas de operación funcionará en 2022.CONCLUSIÓN El diseño y la construcción del TIMT ha afectado a las comunidades y el medio ambiente de los lugares por los que pasa, así como aquellas zonas de las que se ex-traen los materiales y los sitios donde se transforman. Al tratarse de una infraestructura que se construye sobre espacios ya territorializados, supone un conflicto entre los usos existentes y la nueva territorialidad que los gobiernos de EPN y AMLO intentan imponer. Esta situación implica que la infraestructura sólo puede ser construida si se despoja de sus bienes naturales y derechos a las comunidades que se ubican a lo largo del trazado. La respuesta de las poblaciones ha sido directa y rápida, ya sea por medio de manifestaciones públicas de rechazo o acciones legales para preservar sus derechos.Lo que hace especialmente llamativo este caso es la falta de interés real de la administración una vez eje-cutado el presupuesto. Los recursos públicos han sido desviados a manos privadas, de terceros, mediante redes de soborno o sobrecostes, de tal forma que, cuando se necesitaron para terminar la construcción del tren, ya habían desaparecido. Las declaraciones de AMLO resultan preocupantes, ya que parece que la llamada 4T no dará carpetazo a los megaproyectos pero sí a los despojos que caracterizan el devenir del neoliberalismo en Latinoamérica.N OTAS10 Véase Carlos Rodríguez, Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural, México, Itaca/UAM-X, 2015.11 S. Manríquez, “Conclusión de tren interurbano en riesgo por decisión de tribunal”, Reporte Índigo, 27 de agosto de 2019. | www.reporteindigo.com/reporte/conclusion-tren-interurbano-en-riesgo-decision-tribunal.

21ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •De trenes, programas y demás implantaciones en el Istmo de TehuantepecROBERTO S. DIEGO QUINTANANOSTALGIACuentan los viejos del pueblo que llegó a haber un Tren Transístmico a principios del siglo pasado. Sus padres lo vieron pasar cargado rumbo a Salina Cruz y Coatzacoalcos. Durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX, hubo varias concesiones y contratos hasta que finalmente el camino de hierro quedó terminado en 1894. Pasaba frente a la casa de Juana Catalina Romero, doña Cata, mujer ilustre y amiga política de don Porfirio; tanto, que había una pequeña estación para bajar y subir frente a su casa. Al principio, el tren estuvo a cargo del gobierno, y de 1899 a 1918 se concesionó a la compañía Pearson & Son Ltd.12El corredor transístmico de aquella época fue un éxito. En los primeros años, la carga interoceánica pasó de 350 233 t en 1908 a 850 827 t en 1913. Este éxito inicial vino a ser opacado por la apertura del Canal de Panamá, el 15 de agosto de 1914 (cruzado por primera vez por el vapor Ancón). Así, para 1914, la carga transportada por el Tren Transístmico se redujo a 255 000 t, y a tan sólo 45 t en 1922, el último año de operación.13Desde entonces y hasta muy recientemente, el tren del Istmo se dedicó a comunicar a la población de la región entre sí y con el centro del país, funcionando también para mercancías. Hasta 1936, cuando se ter-minó la Carretera Panamericana, era el único medio de transporte terrestre, y siguió siendo utilizado hasta 1999, cuando Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) se privatizó y los nuevos concesionarios cancelaron el servicio de pasajeros (salvo los miles de migrantes que se montan en el techo de “La Bestia” para tratar de llegar a Estados Unidos) desdeñando con ello los usos y costumbres regionales.Si bien para 1999 la mayoría de la población se trans-portaba en autobús, esta pérdida significó el fin de una época para los pobladores del Istmo, ya que en muchas comunidades era más sencillo tomar el tren para ir a algún pueblo cercano, y muchas de las mar-chantas dedicadas a vender comida la ofrecían a los pasajeros de ventanilla en ventanilla en las estaciones.El tren siempre estuvo ligado a la vida del pueblo de Tehuantepec. Por él se construyó el puente que unió a todos los barrios, divididos por el caudaloso río Tehuantepec, para cruzarlo andando, cuidándose de no meter mal el pie entre los durmientes del puente (testimonio de Roberto Rodríguez, julio de 2000); y por el paso del tren por detrás del mercado de Tehuante-pec, cuyos comerciantes sobre la vía lograron acordar con los maquinistas que tocaran la bocina cuando se aproximaran y para tener tiempo de mover sus puestos.Hoy en día, el tren ya no pasa por Tehuantepec. El concesionario actual, Grupo México, lo desvió. Ya no hay baile entre el tren y los puestos, que poco a poco se van anclando con cemento; las vías se van enterrando con el paso del tiempo, y hasta algunos rieles desaparecen de la noche a la mañana por la acción de “los amigos de lo ajeno”. Sólo queda el puente sobre lo que fuera el río Tehuantepec, como un recuerdo de lo que fue y ya no es.Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco. Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres. Ha llevado varias estancias aca-démicas en la Universidad de Wageningen. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Autor de más de 100 publicaciones y ponente en más de 200 eventos académicos nacionales e internacionales.

22• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEPRIVATIZACIÓN DE LOS FERRONALES Y VENTA DE GARAJE DE LAS CONCESIONESMuchos cambios se han dado en torno a los vetustos y obsoletos Ferronales, cuya red llegó a reducirse en extensión en relación con la que don Porfirio dejó instalada, de acuerdo con el plan ferroviario de Ives Limantour. Por desgracia, los gobiernos posrevolu-cionarios no optaron por los trenes para movilizar población y mercancías sino que fomentaron el traslado automotriz. En fin, un descuidado bien de la nación.Pero es posible recuperarlo y modernizarlo en bene-ficio de todos nosotros, a pesar del dogmatismo de las políticas económicas neoliberales, que hicieron del sistema de ferrocarriles una presa de la voracidad de los dueños del capital y de aquellos que se sienten dueños de la silla presidencial, quienes lo “privatizaron” en 1999, mediante concesiones de 20 a 50 años, por mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo.14 Quien, al terminar su periodo, tuvo a mal aceptar un puesto en la Union Pacific Rail Road como miembro de la junta directiva, empresa a la que su gobierno concesionó gran parte de las vías férreas del noroeste del país, en una alianza estratégica con Grupo México, poniendo al servicio de esta corporación transnacional todo su conocimiento adquirido como presidente, y cometiendo un conflicto de interés, ciertamente ilícito, aunque no ilegal; situación que muy probablemente lo orilló a renunciar a dicho cargo en 2006.15Así las cosas, las concesiones fundamentales de las vías férreas llevadas a cabo en 1999 quedaron de la forma siguiente: Kansas City Southern de México se quedó con las vías que integran los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz con Estados Unidos, con la intención de manejar la carga granelera y de relativo riesgo en territorio mexicano; las vías del noroeste quedaron en manos de una alianza entre Ferrocarril Mexicano (Ferromex), perteneciente al Grupo México, del empresario mexicano Fernando Larrea (cuyas empresas son culpables de la tragedia de Pasta de Conchos y varias contaminaciones de ríos y mar, producto de la desaseada explotación minera a cielo abierto), y la Union Pacific Rail Road, la primera con 74% y la segunda con 26%; las vías férreas del centro-sur de México fueron totalmente concesionadas al Grupo México, ya mencionado, cuya empresa fue bautizada como Ferrosur, mientras las vías que cruzan el Istmo de Tehuantepec, que el Estado determinó mantener en sus manos por interés estratégico na-cional, quedaron a cargo de una empresa paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), con la característica por demás sui generis de que no tiene trenes ni mueve nada por sus vías, que en realidad son utilizadas por Ferrosur a cambio de un pago por derecho de vía al FIT.16IMPLANTACIONES DE PROYECTOS A LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL ISTMOEn un momento posterior a esta “venta de garaje” de los Ferronales, en 2016, en los estertores de su sexe-nio, Enrique Peña Nieto tuvo la ocurrencia de sacarse de la manga la creación de varias zonas económicas especiales (ZEE), entre ellas la del Istmo de Tehuan-tepec (ZEEIT), en las que se detonaría el crecimiento económico por medio de la atracción de la inversión privada, vía concesiones en impuestos, precios de servicios e insumos, acceso a tierras y construcción de infraestructura, como carreteras, vías férreas, mo-dernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, entre otras acciones.17Una parte de la población, varias comunidades y sus organizaciones sociales sintieron el anuncio de la ZEEIT como un balde más de agua caliente, pues el Istmo ha sido víctima de todo un rosario de implan-taciones desde al menos finales del siglo XIX, con el ya mencionado Tren Transístmico del Porfiriato; al que siguió la presa Benito Juárez, que sepultara bajo sus aguas al pueblo original de Santa María Jalapa del Marqués y al convento dominico del siglo XVI; el distrito de riego número 19 abastecido por esta presa; la refinería de petróleo de Salina Cruz; los 25 parques eólicos de corporaciones transnacionales; las concesiones mineras en Ixtepec y los Chimalapas, que amenazan con contaminar más los ríos y esteros, “lagunas” donde pesca gran parte de la población. El balde de agua caliente pasaba a agua hirviente al leer los documentos rectores de la ZEEIT, porque se mencionaba que la tierra de interés para alguna corporación capitalista no sería rentada o cedida en forma temporal, bajo un contrato de ocupación, sino expropiada, con lo que sus usufructuarios o dueños quedarían desposeídos por medio de un pago deter-minado por un avalúo, sin la posibilidad de negarse a ceder su tierra. La exclusión de la población local y de sus comunidades, de acuerdo con la normativa de la ZEEIT, era total, pues no se les consideraba in-tegrantes del Consejo Técnico de la ZEE.

23ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •TRENES, PROGRAMAS E IMPLATACIONES EN EL ISTMOLa normativa establece, en su sección III, artículo 16, que dicho consejo estará integrado por:a) Tres representantes con conocimiento y experiencia en las materias previstas en esta Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o de instituciones de capacitación técnica;b) Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta Ley, yc) Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en empresas establecidas en la Zona.Por lo anterior, queda claro que la población local esta-ba excluida de este consejo y también de la Comisión Intersecretarial encargada de dirigir políticamente la ZEE, integrada en su totalidad por representantes de las secretarías del poder ejecutivo federal, dejando incluso de lado a las de los gobiernos estatales.19Poco avanzó la ZEEIT bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, jefe de la Autoridad Federal para el Desa-rrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el 25 de abril de 2019, el recién instalado pre-sidente López Obrador vino a sepultarla junto con las otras ZEE por considerarlas sesgadas a favor de las corporaciones transnacionales y contrarias a los intereses del pueblo. Una razón más sería que ningún presidente de México ha tenido a bien heredar el estilo personal de gobernar del anterior,20 sino que cada uno ha impulsado sus propios programas.21TRANSMUTACIÓN DE LA ZEEIT EN EL PDIITComo si de Lázaro se tratara, las ZEE resucitaron transmutadas en varios programas de desarrollo re-gional, de características similares; como el Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (PDIIT). En esencia, los procesos de implantación han sido igualmente verticales, autoritarios e impositivos, no obstante que están maquillados por medio de consultas y supuestas aprobaciones mediante vota-ciones ocurrentes, a mano alzada, en mítines políticos y eventos sociales convocados para otras cuestiones, que no cumplen con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).22Así, como parte del proceso de legitimación del PDIIT, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Imagen 8. Sistema ferroviario de México | Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Archivo:130503_Mapa_Ferroviario.pdf

24• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEy su representante, Adelfo Regino, otrora defensor de los derechos de la comunalidad, tuvieron a bien organizar siete Asambleas Regionales Consultivas para los pueblos binnizá (zapoteco), ayuuk jä’äy (mixe), chinanteco, mazateco, ikoots (huave), chontal, zoque, nahua, popoluca, totonaco y afromexicano, a las que invitaron líderes de estos pueblos originarios, sin quedar claro el criterio de selección, donde se hicieron propuestas complementarias a este programa. Mas, de hecho, consulta no hubo, tampoco se presentó en detalle este proyecto, ni se discutió, ni asesores independientes informaron de pros y contras o se decidió sobre si este programa se aceptaba o no. En principio, sin mediar consulta previa, se consideró que el programa ya estaba aceptado y de lo que se trataba era de elaborar un listado de necesidades y proble-mas complementarios con las asambleas regionales, así como recabar las propuestas para resolverlos, e incorporar todo ello al PDIIT. Otro tipo de consultas fueron llevadas a cabo directa-mente por AMLO, quien, en cualquier mitin o festividad, aprovechaba para preguntar a los asistentes si estaban de acuerdo con el PDIIT y el tren interoceánico. Según Notimex, el propio presidente “reiteró que la gente de Juchitán, Oaxaca, estuvo de acuerdo con el proyecto del Tren Transístmico, según la encuesta a mano alzada que realizó ayer durante un evento público”.23Todo lo anterior ha generado un sentimiento de agra-vio entre la población del Istmo, de no ser realmente tomada en cuenta, y lo peor, está diluyendo sus ex-pectativas y la esperanza de que ahora sí, con el gran cambio en la política gubernamental, antineoliberal y reformista de AMLO y la Cuarta Transformación (4T), se daría un giro de 180 grados a la política entreguista, a favor del capital privado, de los sexenios neoliberales anteriores, y de que, finalmente, se buscaría beneficiar principalmente a las comunidades nativas.24Para que el lector se dé una idea de la magnitud de los cambios que se proponen en el PDIIT, así como de la exclusión de la población nativa, cabe describir en qué consiste. Establece reconstruir un corredor de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico e incluye:– Carretera de 8 carriles.– Tren rápido de dos vías, fundamentalmente para mover contenedores de carga entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.– Red de fibra óptica entre ambos puertos y entre los 10 parques industriales que se van a implantar a lo largo del corredor.– Gasoducto.– Ampliación y modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.IMPACTOS Y EXCLUSIONES DEL PDIITEsta reconfiguración del Istmo de Tehuantepec impli-ca un nuevo trazo de la vía férrea y una significativa ampliación de la carretera, además de la creación de los parques industriales y los nuevos centros de población, con el consecuente deterioro ecológico que se suscitaría al limpiar de vegetación nativa una parte considerable de la superficie. Ciertamente, este impacto está a debate, pues lo cierto es que aun no se ha presentado un plan detallado de estos cambios, con mapas y todo, y lo que se tiene son fragmentos de discursos de AMLO, que más que tranquilizar preocupan, dada su relativa incongruencia. Por un lado, se declara que el daño a la vegetación nativa va a ser mínimo, y por el otro, que el tren rápido va a requerir de un retrazado de la vía férrea, y no hay modo de que esto se haga sin afectar la vegetación.Por otro lado, AMLO declara que el Tren Transístmico no va a requerir inversión extranjera, y uno no entiende la diferencia con el Tren Maya, en cuya construcción van a participar en 70% las corporaciones transnacio-nales. Más aún, tal y como ya se ha explicado arriba, todas las vías del sur están hoy en día concesionadas a Ferrosur, del Grupo México, incluido el FIT, del que esta empresa tiene derecho de vía. Como reza el re-frán, “al buen entendedor, pocas palabras”. Parece ser que quien se va a beneficiar mayoritariamente de este corredor será la empresa cuyo dueño ha mostrado ser un personaje deshonesto, al que muy poco le importa la vida de sus trabajadores y del pueblo (recuérdese lo ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, cuando colapsaron túneles y murieron 65 mineros), y aún menos el deterioro del ambiente (recuérdese que la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, derramó ácido sulfúrico en el río Sonora).Lo anterior pone en entredicho la declaración de AMLO, en el sentido de que no se despojará a los dueños de las tierras sino que se les hará “socios”: “vas a par-ticipar, tú vas a ser socio también en esta empresa y vas a tener tus rendimientos. Vas a ser tomado en cuenta, a nadie se le va a despojar de sus bienes”.25El entredicho se acentúa más cuando se afirma que la dirección y administración de este corredor interoceá-nico será llevada a cabo por una Junta de Gobierno,

25ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •TRENES, PROGRAMAS E IMPLATACIONES EN EL ISTMOen la que participarán los titulares de la SHCP y de Administración General de Aduanas del SAT, así como representantes de diversas secretarías. En los docu-mentos normativos no se menciona la participación de esa población que “va a ser socia” en ninguna parte, y más todavía, cuando el director general del Organismo Público Descentralizado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), nombrado por AMLO, es Rafael Marín Mollinedo, el que era el director de la ZEE, nombrado por EPN, con lo que se manifiesta la idea de continuidad entre la ZEEIT y el PDIIT.26AGRAVIOS Y ESPERANZAS POR LA 4T Así las cosas, la inconformidad y resistencia a esta nue-va implantación en la región no se ha dejado esperar. La resistencia a los parques eólicos y ahora al tren, en San Mateo del Mar, impidió que en esta comunidad se llevara a cabo una consulta a mano alzada con los líderes, al modo de la región, y tuvo que realizarse en un auditorio de Salina Cruz, el cual poco o nada tiene que ver con los ikoot (testimonio de Marcelino Nolasco, julio de 2019); y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), que tiene bases en todo el Istmo, se ha declarado en contra de este programa, cuya nebulosidad es mayor que su claridad… y no es que se opongan al sacrosanto desarrollo, o al tren o el corredor, sino que están hartos de ser manipulados y engañados, de que las implantaciones gubernamentales y las corporaciones transnacionales les roben su territorio y pisoteen su dignidad, de ser recurrentemente agraviados. Así, más valdría a los nuevos o reciclados hacedores de la política gubernamental de la 4T cambiar radi-calmente de discurso, de actitud, de propuesta y de acciones, e ir generando este programa conjuntamen-te con los pobladores y las comunidades del Istmo, incluirlos y hacerlos socios de verdad, y dejar fuera a las corporaciones rapaces y depredadoras, como el Grupo México. Ya es hora de que en el Istmo de Tehuantepec ocurra un cambio verdadero. La palabra y la acción está del lado de los poderes ejecutivo y legislativo, los pobladores y comunidades del Istmo están a la espera de una nueva propuesta. N OTAS12 Pilar Juárez, “El Canal de Panamá ‘descarriló’ al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, Sipse.com, 24 de agosto de 2014. | www.sipse.com/mexico/canal-panama-asesino-ruta-ferrocarril-istmo-tehuantepec-109350.html13Ibidem.14 Heriberto López Ortiz, “Ferrocarriles Nacionales: del monopolio del Estado al oligopolio privado y extranjero”, en Ricardo Álvarez Arredondo (coord.), La reforma del Estado en blanco y negro. Agenda para la reforma del Estado, México, Grupo Parlamentario del PRD-Congreso de la Unión, 2007, pp. 489-502. | www. archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2519/28.pdf15 Roberto Garduño y Enrique Méndez, “Gobernantes tejen relaciones con empresas y terminan sirviéndoles de empleados”, La Jornada, 4 de marzo de 2015 | www.jornada.com.mx/2015/04/03/politica/009n1pol. La Redacción, “Zedillo declina reelegirse en la Union Pacific”, Proceso, 19 de enero de 2006. | www. proceso.com.mx/214021/zedillo-declina-reelegirse-en-la-union-pacific.16 Instituto Mexicano del Transporte-SCT, “Ferrocarriles Mexicanos en 1999”, Notas, núm. 56, enero-febrero de 2001, artículo 4. | www. imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=159&IdBoletin=52.17 Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016,18 Roberto Diego, “Territorialidades, intervenciones y resistencias en el Istmo de Oaxaca”, en Gisela Espinosa y Alejandra Meza, Reconfiguraciones socioterritoriales: entre el despojo capitalista y las resistencias comunitarias, México, UAM-X, 2019.19 Sobre las ZEE, véase Congreso de la Unión, Ley federal de zonas econó-micas especiales, México, 2016.20 Sobre este calificativo, véase Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México, Joaquín Mortiz (Cuadernos), 1981.21 Leopoldo Hernández, “AMLO pone fin a Zonas Económicas Especiales”, El Economista, 25 de abril de 2019. | www. eleconomista.com.mx/estados/AMLO-pone-fin-a-Zonas-Economicas-Especiales-20190426-0026.html.22 El Convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas cuando se les pueda afectar de manera directa al realizar planes nacionales para el proceso de desarrollo del país, y antes de emprender o autorizar un programa de explotación de los recursos dentro de sus tierras.23 Notimex, “Consulta de Tren Transístmico, de acuerdo con usos y cos-tumbres”, Excélsior, 29 de abril de 2019. | www.excelsior.com.mx/nacional/consulta-de-tren-transistmico-de-acuerdo-con-usos-y-costumbres/1310026.24 Gabriela Jiménez, “Ya se hizo la consulta del Tren Transístmico y el pueblo está a favor: AMLO”, El Sol de México, 27 de abril de 2019. | www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ya-se-hizo-la-consulta-del-tren-transistmico-y-el-pueblo-esta-a-favor-amlo-3432373.html.25 E. Alma Muñoz, “Hace AMLO consulta a mano alzada en Juchitán para transístmico”, La Jornada, 28 de abril de 2019. | www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/28/istmo-no-sera-para-los-extranjeros-el-corredor-beneficiara-a-indigenas-amlo-7734.html.26 Juan Luis Ramos, “Amigo de AMLO controlará el paso del Istmo”, El Sol de México, 24 de junio de 2019. | www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amigo-de-amlo-controlara-el-paso-del-istmo-3806165.html.

26• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBENuevos despojos, ampliación del capitalismo y resistencia en el Istmo de Tehuantepec, OaxacaAGUSTÍN R. VÁZQUEZ GARCÍA El capitalismo es un modo de producción que se basa en la fundación de un mercado laboral que surge cuando los productores directos son despojados de sus medios de producción (maquinaria, herramienta, tierras, agua) para ser obligados a vender lo único que les queda para sobrevivir y poder consumir: la fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo es comprada por quien históricamente, por medio del despojo, con-centra los medios de producción, de tal manera que se crea una relación de mando-obediencia: mandan los dueños de los medios de producción y obedecen los trabajadores.El proceso de formación del capitalismo ha sido des-igual en el tiempo y el espacio. Nació en los llamados países avanzados pero siempre ha mantenido un nexo con regiones consideradas periféricas, mediante la extracción de las materias primas e insumos nece-sarios para los procesos de producción de mercan-cías, así como por la colonización de territorios. Los capitalistas de regiones avanzadas operan sobre esos territorios, abundantes en alguna materia prima o recurso, aplicando un proceso de despojo que suele restar capacidad de reproducción e independencia a los productores directos de esas regiones codiciadas por el capitalismo.El Istmo de Tehuantepec, al menos desde el siglo XIX, ha sido una región acechada por la lógica del capital, sobre todo por aquellos capitalistas que se ocupan de la fase de distribución de mercancías. Es decir, capitalistas que participan de las ganancias globales generadas por invertir dinero en ese segmento en el que los centros de producción y los centros de con-sumo están vinculados, ya sea dentro de un mismo país o entre países.Esta perspectiva es lo que manejan de manera dis-cursiva e histórica las élites regionales y nacionales, al concebir como desarrollo para la región del Istmo de Tehuantepec que sea la ruta Pacífico-Atlántico más rentable para el traslado de mercancías, superando al Canal de Panamá. No obstante, esa pretensión ha tenido un resultado parcial, porque aún persiste la forma de organización de la economía basada en productores directos, con propiedad social de la tierra. Cualquier visitante puede testificarlo si acude a los mercados de la región (y si omite la presencia de miles de aerogeneradores de electricidad, que aprovechan la fuerza del viento como insumo y modifican el paisaje en la actualidad). La canasta de alimentos consumida por los hogares es el resultado de un proceso de trabajo campesino, regido aún por la propiedad social (ejidal y comunal) y por la pequeña propiedad privada, que organiza el proceso de trabajo mediante el parentesco. Los alimentos de la dieta básica de estos hogares corresponden a la producción regional, campesina e indígena. Asimismo, uno encuentra fuertes prácticas de solidaridad con los que no logran acceder a la canasta de alimentos necesaria para la reproducción de la familia por medio de su trabajo, o porque carecen de él, sobre todo entre aquellas personas ligadas por el parentesco.Esta producción, al igual que en muchas latitudes del mundo consideradas subdesarrolladas, se reite-ra con la celebración de fiestas, que en el Istmo se denominan “velas”, cuyas fechas empatan con las del ciclo agrícola precolombino, y desde el punto de vista simbólico, proyectan un reconocimiento, año con año, a su forma de producción, al recrear en sus participantes la pertenencia a la comunidad. Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y docente de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM-Xochimilco.

NUEVOS DESPOJOS EN EL ISTMO DE OAXACA27ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Sin embargo, desde 2006, la lógica del capitalismo se ha desplegado con enorme fuerza en la región, como resultado de la inversión de capitalistas que obtienen ganancias por utilizar el viento para generar electricidad. Se han construido al menos 20 parques eólicos, en los que se localizan alrededor de 2 000 aerogeneradores, cuya electricidad se destina en casi su totalidad al autoabastecimiento de energía de las grandes corporaciones que se han asentado allí. Esto ha sido consecuencia de la reforma energética aproba-da en la primera década del siglo XXI, que permite al sector privado participar en la fase de generación de electricidad por medio de energías fósiles y energías renovables, como el viento. Con esta reforma, el Estado dejó de ser la entidad con derecho exclusivo para la explotación y usufructo de tales recursos naturales, y perdió con capacidad de oferta de bienes sociales, lo que a su vez ha implicado pérdida de soberanía. En el marco de la historia reciente de México, ha quedado desarticulada la expropiación nacionalista ejecutada por Lázaro Cárdenas en 1939, que fungió como fuente de ingresos y permitió con-figurar un régimen de economía política nacionalista, con integración social, y que había sido un resultado del gran acontecimiento mexicano del siglo XX: la Revolución mexicana. Por ello, a partir de 2006, fecha de inicio del boom del capitalismo eólico, en la producción y reproducción del Istmo de Tehuantepec coexisten las dos dinámi-cas. Por un lado, la de este capitalismo eólico. Por el otro, una dinámica económica que corresponde a la formación social no capitalista, en la que una mezcla de producción campesina y unidades domésticas de producción vinculadas al pequeño comercio resultan predominantes, si bien están enlazadas al sistema capitalista; a las que se agrega, desde la década de 1970, un flujo monetario que proviene de aquellos istmeños que emigraron sobre todo al sur de Veracruz, constituido desde entonces en un clúster industrial inserto en la dinámica del mercado capitalista nacio-nal y mundial.Esa formación social no capitalista, siempre en resis-tencia y visible en la presencia del campesinado, con una riqueza cultural recreada en fiestas y artistas, y un reconocimiento por la domesticación del maíz, las prácticas de pesca artesanales y lenguas como el zapoteco, el chontal, el mixe y el huave; aún con propiedad comunal de la tierra; en otras palabras, pueblos vivos, que además han participado en algunos de los grandes acontecimientos que han marcado la historia de México; esa formación social, en suma, con el proyecto del actual gobierno, está en peligro de extinción.CONTENIDO DEL PROYECTOEstá en puerta un proyecto nombrado Corredor Inte-roceánico del Istmo de Tehuantepec, promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), elegido presidente de la República el 1 de julio de 2018 mediante democracia procedimental, en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), entidad pública descentralizada cuyo consejo declaró legales dichas elecciones. Este gobierno, que ejercerá el poder emanado de esa democracia procedimental de 2018 a 2024, ha declarado que el objetivo de los dos grandes proyectos de inversión de este sexenio, es decir, del Tren Maya y el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (PDIIT), descritos en artículos anteriores, es generar crecimiento eco-nómico y bienestar para la sociedad. La región-objetivo del PDIIT está identificada con los municipios de Oaxaca localizados en el Istmo de Tehuantepec y los del sur de Veracruz, entre los que destaca el punto geográfico del puerto de Coatza-coalcos. El instrumento para alcanzar ese objetivo consiste en estimular la inversión de los capitalistas, en conjunto con el gobierno. El actual responsable del proyecto ha declarado que se espera un monto de inversión total para su realización de 250 millones de pesos (13 millones de dólares); 150 millones pro-vendrán del sector privado y 100 millones aportados por el sector público. El contenido del proyecto, visto en su conjunto, representa la formación de un clúster industrial mediante el cual el gobierno aspira a vincular a la región con la dinámica de la economía capitalista nacional y mundial, sobre todo con Asia, ya sea como lugar de producción de mercancías de exportación, o bien, como lugar de traslado de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico. Por eso sus promotores declaran el advenimiento de empleos e ingresos para los hogares de la región, lo que traería consigo progreso y bienestar. No obs-tante, es importante señalar que, en el capitalismo contemporáneo, la competencia para la producción y circulación de mercancías requiere menores canti-dades de trabajadores que hace un siglo, lo que pone en cuestión el anunciado boom del empleo. Basta mirar puertos con tecnología de contenedores para

 

20• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEComo forma de protesta, los pobladores de Acazulco marcharon hacia la CDMX para pedir la cancelación de la obra y el restablecimiento de la superficie des-truida, que imposibilitaba sus actividades agrícolas. En 2018 lograron un amparo.Pero los conflictos por el tren no acabaron ahí. En la comunidad de San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa, también se presentó una disputa por la representación legal de 400 s de bienes comunales, de las cuales 2.5 se utilizan para la construcción del tren. Esta problemática se remota a que el grupo de comuneros está dividido en dos partes, cada cual con su representante. Por lo tanto, no hay claridad para la negociación.En 2016, la SCyT entabló negociaciones con uno de los dos representantes, para que el tren pasara por Acopil-co. En esta negociación se entregaron 47 millones de pesos (2.5 millones de dólares) a este representante. Sin embargo, el año anterior, el otro representan-te había interpuesto el amparo 1589/2015 contra las obras, con el argumento de que no se desistiría hasta que se le reconociera como autoridad para establecer diálogo con la SCyT. Este líder argumentó que con la construcción del TIMT se está violando el derecho al agua y el medio ambiente, a raíz de lo cual, en enero de 2019, se presentó el juicio 1578/2019 ante el Tribunal Agrario, para que el otro representante aclare el uso de la cantidad entregada.11 A este nuevo amparo se le suma el número 103/2019, interpuesto por una familia dueña de un terreno cerca de la carretera México-Toluca, por el cual pasa el trazo del tren. La familia argumenta que las autoridades pretenden despojarla de su hogar.Todos los conflictos y amparos contra la construcción del TIMT ponen en evidencia la falta de diálogo y planeación en un proyecto que nunca debió existir. El paro definitivo de esta obra durante el último año del sexenio de EPN hizo temer lo peor: el abandono de una infraestructura que ya había impactado en el ambiente y las comunidades de la zona. Hoy en día se observa un severo retroceso de la obra en el tramo que comprende de Ocoyoacac a San Lorenzo Acopilco, y con la entrada del nuevo gobierno presidencial al poder, el destino de este proyecto queda en duda.Cuando AMLO asumió el poder en diciembre de 2018, se volvió a hablar sobre el destino del TIMT. En una de sus conferencias matutinas, mencionó que su gobierno terminará la construcción del tren aunque recalcó que la obra pasó de costar 30 mil millones a 90 mil millones de pesos (4 500 millones de dólares). Aseguró que no se puede dejar esta obra tirada porque ha representado inversión y dinero del presupuesto, y explicó que ya tiene un plan para terminarla en tres años, con fecha de inauguración en 2022. Carlos Morán, subdirector de la SCyT, estima que en 2020 la obra estará cubierta hasta la estación de Santa Fe, en 2021 hasta la estación de Observatorio y tras las pruebas de operación funcionará en 2022.CONCLUSIÓN El diseño y la construcción del TIMT ha afectado a las comunidades y el medio ambiente de los lugares por los que pasa, así como aquellas zonas de las que se ex-traen los materiales y los sitios donde se transforman. Al tratarse de una infraestructura que se construye sobre espacios ya territorializados, supone un conflicto entre los usos existentes y la nueva territorialidad que los gobiernos de EPN y AMLO intentan imponer. Esta situación implica que la infraestructura sólo puede ser construida si se despoja de sus bienes naturales y derechos a las comunidades que se ubican a lo largo del trazado. La respuesta de las poblaciones ha sido directa y rápida, ya sea por medio de manifestaciones públicas de rechazo o acciones legales para preservar sus derechos.Lo que hace especialmente llamativo este caso es la falta de interés real de la administración una vez eje-cutado el presupuesto. Los recursos públicos han sido desviados a manos privadas, de terceros, mediante redes de soborno o sobrecostes, de tal forma que, cuando se necesitaron para terminar la construcción del tren, ya habían desaparecido. Las declaraciones de AMLO resultan preocupantes, ya que parece que la llamada 4T no dará carpetazo a los megaproyectos pero sí a los despojos que caracterizan el devenir del neoliberalismo en Latinoamérica.N OTAS10 Véase Carlos Rodríguez, Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural, México, Itaca/UAM-X, 2015.11 S. Manríquez, “Conclusión de tren interurbano en riesgo por decisión de tribunal”, Reporte Índigo, 27 de agosto de 2019. | www.reporteindigo.com/reporte/conclusion-tren-interurbano-en-riesgo-decision-tribunal.

21ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •De trenes, programas y demás implantaciones en el Istmo de TehuantepecROBERTO S. DIEGO QUINTANANOSTALGIACuentan los viejos del pueblo que llegó a haber un Tren Transístmico a principios del siglo pasado. Sus padres lo vieron pasar cargado rumbo a Salina Cruz y Coatzacoalcos. Durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX, hubo varias concesiones y contratos hasta que finalmente el camino de hierro quedó terminado en 1894. Pasaba frente a la casa de Juana Catalina Romero, doña Cata, mujer ilustre y amiga política de don Porfirio; tanto, que había una pequeña estación para bajar y subir frente a su casa. Al principio, el tren estuvo a cargo del gobierno, y de 1899 a 1918 se concesionó a la compañía Pearson & Son Ltd.12El corredor transístmico de aquella época fue un éxito. En los primeros años, la carga interoceánica pasó de 350 233 t en 1908 a 850 827 t en 1913. Este éxito inicial vino a ser opacado por la apertura del Canal de Panamá, el 15 de agosto de 1914 (cruzado por primera vez por el vapor Ancón). Así, para 1914, la carga transportada por el Tren Transístmico se redujo a 255 000 t, y a tan sólo 45 t en 1922, el último año de operación.13Desde entonces y hasta muy recientemente, el tren del Istmo se dedicó a comunicar a la población de la región entre sí y con el centro del país, funcionando también para mercancías. Hasta 1936, cuando se ter-minó la Carretera Panamericana, era el único medio de transporte terrestre, y siguió siendo utilizado hasta 1999, cuando Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) se privatizó y los nuevos concesionarios cancelaron el servicio de pasajeros (salvo los miles de migrantes que se montan en el techo de “La Bestia” para tratar de llegar a Estados Unidos) desdeñando con ello los usos y costumbres regionales.Si bien para 1999 la mayoría de la población se trans-portaba en autobús, esta pérdida significó el fin de una época para los pobladores del Istmo, ya que en muchas comunidades era más sencillo tomar el tren para ir a algún pueblo cercano, y muchas de las mar-chantas dedicadas a vender comida la ofrecían a los pasajeros de ventanilla en ventanilla en las estaciones.El tren siempre estuvo ligado a la vida del pueblo de Tehuantepec. Por él se construyó el puente que unió a todos los barrios, divididos por el caudaloso río Tehuantepec, para cruzarlo andando, cuidándose de no meter mal el pie entre los durmientes del puente (testimonio de Roberto Rodríguez, julio de 2000); y por el paso del tren por detrás del mercado de Tehuante-pec, cuyos comerciantes sobre la vía lograron acordar con los maquinistas que tocaran la bocina cuando se aproximaran y para tener tiempo de mover sus puestos.Hoy en día, el tren ya no pasa por Tehuantepec. El concesionario actual, Grupo México, lo desvió. Ya no hay baile entre el tren y los puestos, que poco a poco se van anclando con cemento; las vías se van enterrando con el paso del tiempo, y hasta algunos rieles desaparecen de la noche a la mañana por la acción de “los amigos de lo ajeno”. Sólo queda el puente sobre lo que fuera el río Tehuantepec, como un recuerdo de lo que fue y ya no es.Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco. Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad de Londres. Ha llevado varias estancias aca-démicas en la Universidad de Wageningen. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Autor de más de 100 publicaciones y ponente en más de 200 eventos académicos nacionales e internacionales.

22• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEPRIVATIZACIÓN DE LOS FERRONALES Y VENTA DE GARAJE DE LAS CONCESIONESMuchos cambios se han dado en torno a los vetustos y obsoletos Ferronales, cuya red llegó a reducirse en extensión en relación con la que don Porfirio dejó instalada, de acuerdo con el plan ferroviario de Ives Limantour. Por desgracia, los gobiernos posrevolu-cionarios no optaron por los trenes para movilizar población y mercancías sino que fomentaron el traslado automotriz. En fin, un descuidado bien de la nación.Pero es posible recuperarlo y modernizarlo en bene-ficio de todos nosotros, a pesar del dogmatismo de las políticas económicas neoliberales, que hicieron del sistema de ferrocarriles una presa de la voracidad de los dueños del capital y de aquellos que se sienten dueños de la silla presidencial, quienes lo “privatizaron” en 1999, mediante concesiones de 20 a 50 años, por mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo.14 Quien, al terminar su periodo, tuvo a mal aceptar un puesto en la Union Pacific Rail Road como miembro de la junta directiva, empresa a la que su gobierno concesionó gran parte de las vías férreas del noroeste del país, en una alianza estratégica con Grupo México, poniendo al servicio de esta corporación transnacional todo su conocimiento adquirido como presidente, y cometiendo un conflicto de interés, ciertamente ilícito, aunque no ilegal; situación que muy probablemente lo orilló a renunciar a dicho cargo en 2006.15Así las cosas, las concesiones fundamentales de las vías férreas llevadas a cabo en 1999 quedaron de la forma siguiente: Kansas City Southern de México se quedó con las vías que integran los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico y Veracruz con Estados Unidos, con la intención de manejar la carga granelera y de relativo riesgo en territorio mexicano; las vías del noroeste quedaron en manos de una alianza entre Ferrocarril Mexicano (Ferromex), perteneciente al Grupo México, del empresario mexicano Fernando Larrea (cuyas empresas son culpables de la tragedia de Pasta de Conchos y varias contaminaciones de ríos y mar, producto de la desaseada explotación minera a cielo abierto), y la Union Pacific Rail Road, la primera con 74% y la segunda con 26%; las vías férreas del centro-sur de México fueron totalmente concesionadas al Grupo México, ya mencionado, cuya empresa fue bautizada como Ferrosur, mientras las vías que cruzan el Istmo de Tehuantepec, que el Estado determinó mantener en sus manos por interés estratégico na-cional, quedaron a cargo de una empresa paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), con la característica por demás sui generis de que no tiene trenes ni mueve nada por sus vías, que en realidad son utilizadas por Ferrosur a cambio de un pago por derecho de vía al FIT.16IMPLANTACIONES DE PROYECTOS A LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DEL ISTMOEn un momento posterior a esta “venta de garaje” de los Ferronales, en 2016, en los estertores de su sexe-nio, Enrique Peña Nieto tuvo la ocurrencia de sacarse de la manga la creación de varias zonas económicas especiales (ZEE), entre ellas la del Istmo de Tehuan-tepec (ZEEIT), en las que se detonaría el crecimiento económico por medio de la atracción de la inversión privada, vía concesiones en impuestos, precios de servicios e insumos, acceso a tierras y construcción de infraestructura, como carreteras, vías férreas, mo-dernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, entre otras acciones.17Una parte de la población, varias comunidades y sus organizaciones sociales sintieron el anuncio de la ZEEIT como un balde más de agua caliente, pues el Istmo ha sido víctima de todo un rosario de implan-taciones desde al menos finales del siglo XIX, con el ya mencionado Tren Transístmico del Porfiriato; al que siguió la presa Benito Juárez, que sepultara bajo sus aguas al pueblo original de Santa María Jalapa del Marqués y al convento dominico del siglo XVI; el distrito de riego número 19 abastecido por esta presa; la refinería de petróleo de Salina Cruz; los 25 parques eólicos de corporaciones transnacionales; las concesiones mineras en Ixtepec y los Chimalapas, que amenazan con contaminar más los ríos y esteros, “lagunas” donde pesca gran parte de la población. El balde de agua caliente pasaba a agua hirviente al leer los documentos rectores de la ZEEIT, porque se mencionaba que la tierra de interés para alguna corporación capitalista no sería rentada o cedida en forma temporal, bajo un contrato de ocupación, sino expropiada, con lo que sus usufructuarios o dueños quedarían desposeídos por medio de un pago deter-minado por un avalúo, sin la posibilidad de negarse a ceder su tierra. La exclusión de la población local y de sus comunidades, de acuerdo con la normativa de la ZEEIT, era total, pues no se les consideraba in-tegrantes del Consejo Técnico de la ZEE.

23ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •TRENES, PROGRAMAS E IMPLATACIONES EN EL ISTMOLa normativa establece, en su sección III, artículo 16, que dicho consejo estará integrado por:a) Tres representantes con conocimiento y experiencia en las materias previstas en esta Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o de instituciones de capacitación técnica;b) Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las materias previstas en esta Ley, yc) Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en empresas establecidas en la Zona.Por lo anterior, queda claro que la población local esta-ba excluida de este consejo y también de la Comisión Intersecretarial encargada de dirigir políticamente la ZEE, integrada en su totalidad por representantes de las secretarías del poder ejecutivo federal, dejando incluso de lado a las de los gobiernos estatales.19Poco avanzó la ZEEIT bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, jefe de la Autoridad Federal para el Desa-rrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el 25 de abril de 2019, el recién instalado pre-sidente López Obrador vino a sepultarla junto con las otras ZEE por considerarlas sesgadas a favor de las corporaciones transnacionales y contrarias a los intereses del pueblo. Una razón más sería que ningún presidente de México ha tenido a bien heredar el estilo personal de gobernar del anterior,20 sino que cada uno ha impulsado sus propios programas.21TRANSMUTACIÓN DE LA ZEEIT EN EL PDIITComo si de Lázaro se tratara, las ZEE resucitaron transmutadas en varios programas de desarrollo re-gional, de características similares; como el Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (PDIIT). En esencia, los procesos de implantación han sido igualmente verticales, autoritarios e impositivos, no obstante que están maquillados por medio de consultas y supuestas aprobaciones mediante vota-ciones ocurrentes, a mano alzada, en mítines políticos y eventos sociales convocados para otras cuestiones, que no cumplen con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).22Así, como parte del proceso de legitimación del PDIIT, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), Imagen 8. Sistema ferroviario de México | Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Archivo:130503_Mapa_Ferroviario.pdf

24• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEy su representante, Adelfo Regino, otrora defensor de los derechos de la comunalidad, tuvieron a bien organizar siete Asambleas Regionales Consultivas para los pueblos binnizá (zapoteco), ayuuk jä’äy (mixe), chinanteco, mazateco, ikoots (huave), chontal, zoque, nahua, popoluca, totonaco y afromexicano, a las que invitaron líderes de estos pueblos originarios, sin quedar claro el criterio de selección, donde se hicieron propuestas complementarias a este programa. Mas, de hecho, consulta no hubo, tampoco se presentó en detalle este proyecto, ni se discutió, ni asesores independientes informaron de pros y contras o se decidió sobre si este programa se aceptaba o no. En principio, sin mediar consulta previa, se consideró que el programa ya estaba aceptado y de lo que se trataba era de elaborar un listado de necesidades y proble-mas complementarios con las asambleas regionales, así como recabar las propuestas para resolverlos, e incorporar todo ello al PDIIT. Otro tipo de consultas fueron llevadas a cabo directa-mente por AMLO, quien, en cualquier mitin o festividad, aprovechaba para preguntar a los asistentes si estaban de acuerdo con el PDIIT y el tren interoceánico. Según Notimex, el propio presidente “reiteró que la gente de Juchitán, Oaxaca, estuvo de acuerdo con el proyecto del Tren Transístmico, según la encuesta a mano alzada que realizó ayer durante un evento público”.23Todo lo anterior ha generado un sentimiento de agra-vio entre la población del Istmo, de no ser realmente tomada en cuenta, y lo peor, está diluyendo sus ex-pectativas y la esperanza de que ahora sí, con el gran cambio en la política gubernamental, antineoliberal y reformista de AMLO y la Cuarta Transformación (4T), se daría un giro de 180 grados a la política entreguista, a favor del capital privado, de los sexenios neoliberales anteriores, y de que, finalmente, se buscaría beneficiar principalmente a las comunidades nativas.24Para que el lector se dé una idea de la magnitud de los cambios que se proponen en el PDIIT, así como de la exclusión de la población nativa, cabe describir en qué consiste. Establece reconstruir un corredor de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico e incluye:– Carretera de 8 carriles.– Tren rápido de dos vías, fundamentalmente para mover contenedores de carga entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.– Red de fibra óptica entre ambos puertos y entre los 10 parques industriales que se van a implantar a lo largo del corredor.– Gasoducto.– Ampliación y modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.IMPACTOS Y EXCLUSIONES DEL PDIITEsta reconfiguración del Istmo de Tehuantepec impli-ca un nuevo trazo de la vía férrea y una significativa ampliación de la carretera, además de la creación de los parques industriales y los nuevos centros de población, con el consecuente deterioro ecológico que se suscitaría al limpiar de vegetación nativa una parte considerable de la superficie. Ciertamente, este impacto está a debate, pues lo cierto es que aun no se ha presentado un plan detallado de estos cambios, con mapas y todo, y lo que se tiene son fragmentos de discursos de AMLO, que más que tranquilizar preocupan, dada su relativa incongruencia. Por un lado, se declara que el daño a la vegetación nativa va a ser mínimo, y por el otro, que el tren rápido va a requerir de un retrazado de la vía férrea, y no hay modo de que esto se haga sin afectar la vegetación.Por otro lado, AMLO declara que el Tren Transístmico no va a requerir inversión extranjera, y uno no entiende la diferencia con el Tren Maya, en cuya construcción van a participar en 70% las corporaciones transnacio-nales. Más aún, tal y como ya se ha explicado arriba, todas las vías del sur están hoy en día concesionadas a Ferrosur, del Grupo México, incluido el FIT, del que esta empresa tiene derecho de vía. Como reza el re-frán, “al buen entendedor, pocas palabras”. Parece ser que quien se va a beneficiar mayoritariamente de este corredor será la empresa cuyo dueño ha mostrado ser un personaje deshonesto, al que muy poco le importa la vida de sus trabajadores y del pueblo (recuérdese lo ocurrido en la mina de Pasta de Conchos, cuando colapsaron túneles y murieron 65 mineros), y aún menos el deterioro del ambiente (recuérdese que la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, derramó ácido sulfúrico en el río Sonora).Lo anterior pone en entredicho la declaración de AMLO, en el sentido de que no se despojará a los dueños de las tierras sino que se les hará “socios”: “vas a par-ticipar, tú vas a ser socio también en esta empresa y vas a tener tus rendimientos. Vas a ser tomado en cuenta, a nadie se le va a despojar de sus bienes”.25El entredicho se acentúa más cuando se afirma que la dirección y administración de este corredor interoceá-nico será llevada a cabo por una Junta de Gobierno,

25ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •TRENES, PROGRAMAS E IMPLATACIONES EN EL ISTMOen la que participarán los titulares de la SHCP y de Administración General de Aduanas del SAT, así como representantes de diversas secretarías. En los docu-mentos normativos no se menciona la participación de esa población que “va a ser socia” en ninguna parte, y más todavía, cuando el director general del Organismo Público Descentralizado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), nombrado por AMLO, es Rafael Marín Mollinedo, el que era el director de la ZEE, nombrado por EPN, con lo que se manifiesta la idea de continuidad entre la ZEEIT y el PDIIT.26AGRAVIOS Y ESPERANZAS POR LA 4T Así las cosas, la inconformidad y resistencia a esta nue-va implantación en la región no se ha dejado esperar. La resistencia a los parques eólicos y ahora al tren, en San Mateo del Mar, impidió que en esta comunidad se llevara a cabo una consulta a mano alzada con los líderes, al modo de la región, y tuvo que realizarse en un auditorio de Salina Cruz, el cual poco o nada tiene que ver con los ikoot (testimonio de Marcelino Nolasco, julio de 2019); y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), que tiene bases en todo el Istmo, se ha declarado en contra de este programa, cuya nebulosidad es mayor que su claridad… y no es que se opongan al sacrosanto desarrollo, o al tren o el corredor, sino que están hartos de ser manipulados y engañados, de que las implantaciones gubernamentales y las corporaciones transnacionales les roben su territorio y pisoteen su dignidad, de ser recurrentemente agraviados. Así, más valdría a los nuevos o reciclados hacedores de la política gubernamental de la 4T cambiar radi-calmente de discurso, de actitud, de propuesta y de acciones, e ir generando este programa conjuntamen-te con los pobladores y las comunidades del Istmo, incluirlos y hacerlos socios de verdad, y dejar fuera a las corporaciones rapaces y depredadoras, como el Grupo México. Ya es hora de que en el Istmo de Tehuantepec ocurra un cambio verdadero. La palabra y la acción está del lado de los poderes ejecutivo y legislativo, los pobladores y comunidades del Istmo están a la espera de una nueva propuesta. N OTAS12 Pilar Juárez, “El Canal de Panamá ‘descarriló’ al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”, Sipse.com, 24 de agosto de 2014. | www.sipse.com/mexico/canal-panama-asesino-ruta-ferrocarril-istmo-tehuantepec-109350.html13Ibidem.14 Heriberto López Ortiz, “Ferrocarriles Nacionales: del monopolio del Estado al oligopolio privado y extranjero”, en Ricardo Álvarez Arredondo (coord.), La reforma del Estado en blanco y negro. Agenda para la reforma del Estado, México, Grupo Parlamentario del PRD-Congreso de la Unión, 2007, pp. 489-502. | www. archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2519/28.pdf15 Roberto Garduño y Enrique Méndez, “Gobernantes tejen relaciones con empresas y terminan sirviéndoles de empleados”, La Jornada, 4 de marzo de 2015 | www.jornada.com.mx/2015/04/03/politica/009n1pol. La Redacción, “Zedillo declina reelegirse en la Union Pacific”, Proceso, 19 de enero de 2006. | www. proceso.com.mx/214021/zedillo-declina-reelegirse-en-la-union-pacific.16 Instituto Mexicano del Transporte-SCT, “Ferrocarriles Mexicanos en 1999”, Notas, núm. 56, enero-febrero de 2001, artículo 4. | www. imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=159&IdBoletin=52.17 Diario Oficial de la Federación, 1 de junio de 2016,18 Roberto Diego, “Territorialidades, intervenciones y resistencias en el Istmo de Oaxaca”, en Gisela Espinosa y Alejandra Meza, Reconfiguraciones socioterritoriales: entre el despojo capitalista y las resistencias comunitarias, México, UAM-X, 2019.19 Sobre las ZEE, véase Congreso de la Unión, Ley federal de zonas econó-micas especiales, México, 2016.20 Sobre este calificativo, véase Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México, Joaquín Mortiz (Cuadernos), 1981.21 Leopoldo Hernández, “AMLO pone fin a Zonas Económicas Especiales”, El Economista, 25 de abril de 2019. | www. eleconomista.com.mx/estados/AMLO-pone-fin-a-Zonas-Economicas-Especiales-20190426-0026.html.22 El Convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas cuando se les pueda afectar de manera directa al realizar planes nacionales para el proceso de desarrollo del país, y antes de emprender o autorizar un programa de explotación de los recursos dentro de sus tierras.23 Notimex, “Consulta de Tren Transístmico, de acuerdo con usos y cos-tumbres”, Excélsior, 29 de abril de 2019. | www.excelsior.com.mx/nacional/consulta-de-tren-transistmico-de-acuerdo-con-usos-y-costumbres/1310026.24 Gabriela Jiménez, “Ya se hizo la consulta del Tren Transístmico y el pueblo está a favor: AMLO”, El Sol de México, 27 de abril de 2019. | www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ya-se-hizo-la-consulta-del-tren-transistmico-y-el-pueblo-esta-a-favor-amlo-3432373.html.25 E. Alma Muñoz, “Hace AMLO consulta a mano alzada en Juchitán para transístmico”, La Jornada, 28 de abril de 2019. | www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/04/28/istmo-no-sera-para-los-extranjeros-el-corredor-beneficiara-a-indigenas-amlo-7734.html.26 Juan Luis Ramos, “Amigo de AMLO controlará el paso del Istmo”, El Sol de México, 24 de junio de 2019. | www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amigo-de-amlo-controlara-el-paso-del-istmo-3806165.html.

26• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBENuevos despojos, ampliación del capitalismo y resistencia en el Istmo de Tehuantepec, OaxacaAGUSTÍN R. VÁZQUEZ GARCÍA El capitalismo es un modo de producción que se basa en la fundación de un mercado laboral que surge cuando los productores directos son despojados de sus medios de producción (maquinaria, herramienta, tierras, agua) para ser obligados a vender lo único que les queda para sobrevivir y poder consumir: la fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo es comprada por quien históricamente, por medio del despojo, con-centra los medios de producción, de tal manera que se crea una relación de mando-obediencia: mandan los dueños de los medios de producción y obedecen los trabajadores.El proceso de formación del capitalismo ha sido des-igual en el tiempo y el espacio. Nació en los llamados países avanzados pero siempre ha mantenido un nexo con regiones consideradas periféricas, mediante la extracción de las materias primas e insumos nece-sarios para los procesos de producción de mercan-cías, así como por la colonización de territorios. Los capitalistas de regiones avanzadas operan sobre esos territorios, abundantes en alguna materia prima o recurso, aplicando un proceso de despojo que suele restar capacidad de reproducción e independencia a los productores directos de esas regiones codiciadas por el capitalismo.El Istmo de Tehuantepec, al menos desde el siglo XIX, ha sido una región acechada por la lógica del capital, sobre todo por aquellos capitalistas que se ocupan de la fase de distribución de mercancías. Es decir, capitalistas que participan de las ganancias globales generadas por invertir dinero en ese segmento en el que los centros de producción y los centros de con-sumo están vinculados, ya sea dentro de un mismo país o entre países.Esta perspectiva es lo que manejan de manera dis-cursiva e histórica las élites regionales y nacionales, al concebir como desarrollo para la región del Istmo de Tehuantepec que sea la ruta Pacífico-Atlántico más rentable para el traslado de mercancías, superando al Canal de Panamá. No obstante, esa pretensión ha tenido un resultado parcial, porque aún persiste la forma de organización de la economía basada en productores directos, con propiedad social de la tierra. Cualquier visitante puede testificarlo si acude a los mercados de la región (y si omite la presencia de miles de aerogeneradores de electricidad, que aprovechan la fuerza del viento como insumo y modifican el paisaje en la actualidad). La canasta de alimentos consumida por los hogares es el resultado de un proceso de trabajo campesino, regido aún por la propiedad social (ejidal y comunal) y por la pequeña propiedad privada, que organiza el proceso de trabajo mediante el parentesco. Los alimentos de la dieta básica de estos hogares corresponden a la producción regional, campesina e indígena. Asimismo, uno encuentra fuertes prácticas de solidaridad con los que no logran acceder a la canasta de alimentos necesaria para la reproducción de la familia por medio de su trabajo, o porque carecen de él, sobre todo entre aquellas personas ligadas por el parentesco.Esta producción, al igual que en muchas latitudes del mundo consideradas subdesarrolladas, se reite-ra con la celebración de fiestas, que en el Istmo se denominan “velas”, cuyas fechas empatan con las del ciclo agrícola precolombino, y desde el punto de vista simbólico, proyectan un reconocimiento, año con año, a su forma de producción, al recrear en sus participantes la pertenencia a la comunidad. Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica y docente de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM-Xochimilco.

NUEVOS DESPOJOS EN EL ISTMO DE OAXACA27ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Sin embargo, desde 2006, la lógica del capitalismo se ha desplegado con enorme fuerza en la región, como resultado de la inversión de capitalistas que obtienen ganancias por utilizar el viento para generar electricidad. Se han construido al menos 20 parques eólicos, en los que se localizan alrededor de 2 000 aerogeneradores, cuya electricidad se destina en casi su totalidad al autoabastecimiento de energía de las grandes corporaciones que se han asentado allí. Esto ha sido consecuencia de la reforma energética aproba-da en la primera década del siglo XXI, que permite al sector privado participar en la fase de generación de electricidad por medio de energías fósiles y energías renovables, como el viento. Con esta reforma, el Estado dejó de ser la entidad con derecho exclusivo para la explotación y usufructo de tales recursos naturales, y perdió con capacidad de oferta de bienes sociales, lo que a su vez ha implicado pérdida de soberanía. En el marco de la historia reciente de México, ha quedado desarticulada la expropiación nacionalista ejecutada por Lázaro Cárdenas en 1939, que fungió como fuente de ingresos y permitió con-figurar un régimen de economía política nacionalista, con integración social, y que había sido un resultado del gran acontecimiento mexicano del siglo XX: la Revolución mexicana. Por ello, a partir de 2006, fecha de inicio del boom del capitalismo eólico, en la producción y reproducción del Istmo de Tehuantepec coexisten las dos dinámi-cas. Por un lado, la de este capitalismo eólico. Por el otro, una dinámica económica que corresponde a la formación social no capitalista, en la que una mezcla de producción campesina y unidades domésticas de producción vinculadas al pequeño comercio resultan predominantes, si bien están enlazadas al sistema capitalista; a las que se agrega, desde la década de 1970, un flujo monetario que proviene de aquellos istmeños que emigraron sobre todo al sur de Veracruz, constituido desde entonces en un clúster industrial inserto en la dinámica del mercado capitalista nacio-nal y mundial.Esa formación social no capitalista, siempre en resis-tencia y visible en la presencia del campesinado, con una riqueza cultural recreada en fiestas y artistas, y un reconocimiento por la domesticación del maíz, las prácticas de pesca artesanales y lenguas como el zapoteco, el chontal, el mixe y el huave; aún con propiedad comunal de la tierra; en otras palabras, pueblos vivos, que además han participado en algunos de los grandes acontecimientos que han marcado la historia de México; esa formación social, en suma, con el proyecto del actual gobierno, está en peligro de extinción.CONTENIDO DEL PROYECTOEstá en puerta un proyecto nombrado Corredor Inte-roceánico del Istmo de Tehuantepec, promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), elegido presidente de la República el 1 de julio de 2018 mediante democracia procedimental, en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), entidad pública descentralizada cuyo consejo declaró legales dichas elecciones. Este gobierno, que ejercerá el poder emanado de esa democracia procedimental de 2018 a 2024, ha declarado que el objetivo de los dos grandes proyectos de inversión de este sexenio, es decir, del Tren Maya y el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec (PDIIT), descritos en artículos anteriores, es generar crecimiento eco-nómico y bienestar para la sociedad. La región-objetivo del PDIIT está identificada con los municipios de Oaxaca localizados en el Istmo de Tehuantepec y los del sur de Veracruz, entre los que destaca el punto geográfico del puerto de Coatza-coalcos. El instrumento para alcanzar ese objetivo consiste en estimular la inversión de los capitalistas, en conjunto con el gobierno. El actual responsable del proyecto ha declarado que se espera un monto de inversión total para su realización de 250 millones de pesos (13 millones de dólares); 150 millones pro-vendrán del sector privado y 100 millones aportados por el sector público. El contenido del proyecto, visto en su conjunto, representa la formación de un clúster industrial mediante el cual el gobierno aspira a vincular a la región con la dinámica de la economía capitalista nacional y mundial, sobre todo con Asia, ya sea como lugar de producción de mercancías de exportación, o bien, como lugar de traslado de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico. Por eso sus promotores declaran el advenimiento de empleos e ingresos para los hogares de la región, lo que traería consigo progreso y bienestar. No obs-tante, es importante señalar que, en el capitalismo contemporáneo, la competencia para la producción y circulación de mercancías requiere menores canti-dades de trabajadores que hace un siglo, lo que pone en cuestión el anunciado boom del empleo. Basta mirar puertos con tecnología de contenedores para identificar

el grado de automatización de ese proceso de trabajo, o asimismo, considerar la escasa genera-ción de empleos del capitalismo eólico. Lo que sí ha ocurrido con la ejecución de megaproyectos en México, y en otras latitudes del orbe, ha sido la apropiación de grandes extensiones de territorio, con todo y su contenido: tierra, agua, flora, y como en el caso del Istmo oaxaqueño, viento. ¿CÓMO LO IMPLEMENTA EL GOBIERNO?Con el gobierno actual, la delimitación reciente de una parte importante del territorio del Istmo de Te-huantepec ha quedado como zona libre. Eso implica que los inversionistas gozarán de cargas impositivas nulas o muy bajas y un marco legal que respalda contratos laborales flexibles, que permiten anular derechos colectivos de los trabajadores; además, aquellas mercancías producidas que transiten dentro de la región delimitada por el polígono del proyecto circularán con excepciones fiscales. Esto como un incentivo para atraer capitales.Asimismo, el gobierno ha creado un organismo de-pendiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la facultad exclusiva para diseñar y realizar el proyecto. En dicho organismo, los nive-les subnacionales de gobierno (entidad federativa y municipios) no tienen facultades y mucho menos los núcleos agrarios reconocidos por el Estado mexicano, como los comisariados de bienes comunales y ejidales. Esos núcleos, así como la población en general, han sido convocados a participar bajo la figura de la consul-ta, organizada por el recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), cuyo vocero dice que está inspirado en el reconocimiento de los pueblos indíge-nas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, como se explica en el artículo de Roberto S. Diego Quintana, en este mismo volumen, la consulta no cumple con el procedimiento establecido en el Convenio 169 de la OIT. LA RESISTENCIAEn toda la región han surgido expresiones de rechazo al proyecto. El discurso y las acciones de la resistencia están encaminados a frenar la imposición de esta visión de inversión capitalista, así como a señalar la ausencia de información transparente sobre el PDIIT. Al menos dos amplios foros han sido organizados por los colectivos y organizaciones que constituyen la re-sistencia. Uno titulado “El Istmo es nuestro”, celebrado en junio de 2019 en el puerto de Salina Cruz, y otro celebrado en septiembre, en Juchitán de Zaragoza, a convocatoria de la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG). En ambos encuentros, el argumento princi-pal ha sido rechazar la visión de desarrollo contenida en el proyecto y destacar el hecho de que representa la entrega del territorio del Istmo de Tehuantepec a los capitalistas nacionales y extranjeros, lo que los asistentes interpretan como despojo.Una fracción importante de la resistencia considera que este proyecto es de continuidad entre los gobiernos anteriores y éste, en cuanto a la visión del desarrollo capitalista, en la medida en que entrega los recursos naturales a las corporaciones, y pone como ejemplo palpable la generación de electricidad por medio del viento que circula en la región.En gran medida, la actual resistencia al PDIIT provie-ne de la lucha contra el uso del territorio para fines capitalistas. Desde 2006, las asambleas y colectivos regionales se han movilizado y han promovido amparos para detener el despojo del viento, que acompaña al despojo de una parte del territorio del Istmo; también han organizado encuentros con académicos y pobla-ción nacional e internacional.(DES)RECONOCIENDO AL PUEBLOEl proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene por objetivo modernizar y ampliar las condiciones generales de la producción capitalista de la región mediante inversión en infraestructura de transporte y energía, lo que permite acelerar la rota-ción del capital, ya que para el capital “el tiempo es oro”. Ello significa acortar el tiempo de distribución de las mercancías producidas, además de permitir la ampliación de mercados y contribuir a la extensión del mercado mundial. En las condiciones generales de la producción capi-talista, la inversión representa el soporte necesario para que comience el proceso de producción, expre-sado en los parques industriales localizados en la región. Si bien desde hace varias décadas el norte del Istmo de Tehuantepec (como le llaman ahora al sur de Veracruz) es una zona industrializada que gravita

alrededor de la rama petroquímica, química y de refi-nación de petróleo, con la ejecución de este proyecto la industrialización se extenderá hacia el sur, donde se localizan los municipios oaxaqueños. Este objetivo está siendo alcanzado por el gobierno de AMLO, al vaciar cualquier soporte institucional que contrapese las acciones del capitalismo en abso-luta libertad. La declaración de zona libre conlleva la apropiación exclusiva del excedente económico por parte de los capitalistas, ya que el Estado suprime a sí mismo el uso de la política fiscal sobre el inversio-nista y productor, aunque habrá de obtener ingresos en su papel de inversionista directo. Por otro lado, el federalismo mexicano, históricamente centralizado, con la formación de esa instancia que sólo responde al criterio de la SHCP, o sea, al poder ejecutivo, provocará que los niveles de gobierno subnacionales operen de facto, sin criterio alguno de transparencia jurídica, lo que denota que la democracia, en su acepción de ex-presión de los procesos de organización populares, no tiene poder de decisión sobre el proyecto en sí mismo.A ello se añade que la ejecución del megaproyecto requiere la militarización de la zona. El director del organismo descentralizado responsable del proyecto ha declarado que se van a desplegar aproximadamente 13 000 integrantes de la guardia nacional para garanti-zarle seguridad al inversionista, ya que en la actualidad operan bandas del crimen organizado, en particular en las ciudades industriales del sur de Veracruz y el norte del Istmo de Tehuantepec, principalmente en Matías Romero.Este proyecto se impone e impone como única senda de crecimiento y desarrollo el uso del territorio en los términos de la lógica del capital, cuyos resultados nacionales y mundiales han sido la concentración del ingreso y la riqueza en manos de los capitalistas, la generación de empleos de baja calidad y la provisión de servicios públicos a cambio de la entrega del te-rritorio a los inversionistas. En el Istmo, esto está expuesto en el caso de aquellas comunidades que ahora participan con los inversio-nistas que generan electricidad por medio del viento, mediante el concepto de renta de la tierra. Este mismo esquema es el que se plantea para aquellos ejidatarios y comuneros cuyas tierras forman parte del polígono seleccionado para la construcción del corredor, y que de acuerdo con la declaración del actual presidente, serán convertidos en “socios” de las corporaciones que decidan asentarse en la región. Por supuesto, en realidad, con “socio” se refiere al concepto de “rentista” de la tierra. Esta clase de contrato excluye a quienes no forman parte del núcleo agrario y polariza el ingreso en el interior de las comunidades y pueblos, al hacer que la provisión de bienes públicos dependa de si una comunidad tiene o no contrato con inversionistas, lo que reduce las funciones sociales del Estado. Este último aspecto prosigue a la aplicación de la doctrina del neoliberalismo.En el plano nacional, este proyecto está acompañado de una política social y sectorial determinada, como se muestra en la figura 1, que se presenta en términos de lo que da y lo que quita el actual gobierno con el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.DAa) Becas a jóvenes b) Duplica el apoyo a población de tercera edadc) Subsidio a productores de maízd) Dinero por renta de la tierra a una fracción de comunerose) Empleos en maquilasFigura 1. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec QUITAa) Decisión sobre el territorio físicob) Disminución de la frontera agrícolac) Pérdida de capacidad fiscal del Estado d) Apropiación de agua, viento y florae) Dependencia del ciclo de la economía mundialEsa política social y sectorial depende en gran medida de la denominada austeridad republicana, que forma parte de la política económica del gobierno actual, el cual, grosso modo, adelgaza al sector público por concepto de sueldos y salarios para transferir recursos a la población más vulnerable. Asimismo, la inversión pública proyectada en la región del Istmo complementa a la de la iniciativa privada. No es el resultado de una nueva política fiscal con carácter progresista, sino, más bien, una política social y sectorial sustentada en el respeto irrestricto a las élites económicas.De ejecutarse este proyecto, la principal implicación a largo plazo es que los pobladores del Istmo de Te-huantepec, Oaxaca, continuarán perdiendo poder sobre el uso de su territorio, y con ello, capacidad material para reproducirse en los términos de la economía que durante varios siglos han practicado y constituido; términos de reproducción de un modo de vida que aún representa la utopía del México profundo, y que el proyecto que promueve la autodenominada 4T pone en peligro. Ojalá la resistencia se extienda.

30• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEÉste es un breve bosquejo de las diversas maneras en las cuales las personas de Unión Hidalgo, Oaxaca, se relacionan con la naturaleza; los conflictos por la instalación de los parques eoloeléctricos, y la forma en la que las juventudes perciben este proceso de generación de energía en su comunidad.El Istmo de Tehuantepec comprende, entre otros, los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos y Mi-natitlán, en Veracruz; y los de Juchitán de Zarago-za, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca. Desde el punto de vista económico, históricamente ha sido un territorio para el intercambio de mercancías y por el que transitan diferentes culturas. Se estima que esta zona ha sido estratégica desde hace 3 500 años.Uno de los municipios enclavados en esta región es Unión Hidalgo, con 13 900 habitantes: 53% es hablante de zapoteco, y en cuanto a género, 51.7% son mujeres y 48.3% son hombres (INEGI, 2015). La concentración etaria más densa es entre los 5 y 29 años, rango que cubre 41.84% de la población total unidalguense, dividida en 19.97% de la pobla-ción femenina y 21.87% de la población masculina.INTERSECCIONALIDAD DE GÉNEROConstruir explicaciones de los fenómenos sociales requiere diferentes categorías de análisis. Una de ellas es la perspectiva o teoría de género. De ma-nera general, lo que se busca con esta teoría es que la diferenciación social entre hombres y mujeres pueda ser analizada, explicada y transformada. En su dimensión epistémica, permite plantear la manera en la que se interpreta la realidad social, en el entendido de que en esta realidad convive una diversidad de visiones de hombres y mujeres, y ello influye en la producción de conocimiento. La perspectiva de género también busca deconstruir la función simbólica de lo femenino y lo masculino como elementos que operan en las dinámicas socia-les que incluyen papeles basados en el dimorfismo sexual, de tal manera que se hagan patentes los efectos de los contratos sociales asociados a ello y puedan modificarse.La interseccionalidad propone ampliar los marcos de referencia, tanto para analizar como para expli-car los fenómenos sociales, con la inclusión de las diferentes categorías presentes en las personas, y así tener en cuenta los diferenciadores sociales, como el género, la clase y la etnia, que interac-túan en los discursos y prácticas patriarcales de discriminación.En el ámbito rural, otro diferenciador social es el de la titularidad de la tierra. Bajo esta óptica, se ve que los hombres tienen un espectro de incidencia más amplio en la toma de decisiones; sin embargo, eso no excluye la participación de las mujeres en los procesos de resistencia en defensa del territorio. Ser joven en la transición energéticaEoloeléctricas en Unión Hidalgo, OaxacaDANN OJEDA GUTIÉRREZLicenciado en Piscología por la UAM-Xochimilco. En 2018 participó en Veredas, Caminos Alternativos de Educación Ambiental, asociación civil con perspectiva de género, ubicada en la Ciudad de México. Ayudante de investigación en temas de minería y género. Desarrolla su proyecto de investigación en Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec.

SER JOVEN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA31ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Imagen 9. Ubicación de Unión Hidalgo, Oaxaca| Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI (2015)En términos de la interseccionalidad de género, la tenencia de la tierra es un diferenciador social con base en el género.Así, la etnicidad, la resistencia y el género conforman una directriz de análisis que puede ser abordada desde la interseccionalidad de género. La etnici-dad se entiende como una categoría heredada del colonialismo, cuyo uso derivó en una herramienta útil para definir todo aquello que es propio de las personas que ocupan el territorio desde antes de la llegada de los españoles: el o la indígena; el indio, la india.GÉNERO Y TIERRA FRENTE A LAS EMPRESAS EÓLICASAhora bien, las relaciones con la tierra son diversas. Por un lado, la independencia económica de las mu-jeres que se dedican a la producción de alimentos derivados del maíz requiere tener acceso al recurso tierra para su obtención. Este recurso ya presenta restricciones de acceso para ellas, debido a la pre-sencia de los aerogeneradores. Otro sector que depende del aprovechamiento de la biodiversidad es el de las personas que elaboran cintas de palma, conformado por los grupos de la tercera edad y las mujeres que no cuentan con estudios o un empleo formal bien remunerado; todos ellos obtienen y transforman la palma como un modo de tener in-gresos complementarios para su subsistencia. Cabe mencionar que no cuentan con tierras en la región. La obtención de la palma se hace en el área de tierra comunal llamada el palmar. Este hecho es relevante porque la titularidad de la tierra implica mantener al margen a diferentes actores. Los empresarios están negociando la instalación de la tecnología eólica sólo con los ejidatarios y ejidatarias, por lo tanto, las personas sin tierras no tienen la oportunidad de defender su modo de vida.Los ganaderos aprovechan sus tierras para alimentar a sus reses. Ellos ven como algo positivo que las empresas eólicas renten sus tierras pues pueden invertir el dinero de las rentas a favor de su produc-ción ganadera o como una suerte de jubilación. No obstante, no todos están a favor de que se instale el parque eólico.Entre los argumentos que se blanden contra los ae-rogeneradores está el de las diferentes afectaciones a las especies y el paisaje, así como los aspectos médicos, por impactos en la salud, ya que se refiere que por las noches los aerogeneradores producen un zumbido que altera los ciclos de sueño de quienes viven cerca de los parques. En cuanto al suelo, se

32• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEmenciona que las hélices de los aerogeneradores derraman aceite.Las críticas a la visión de progreso que las empresas utilizaron en su discurso para presentar la instalación del parque como algo viable señalan que no ha habi-do mejoras o inversiones que hagan la diferencia y marquen un contraste entre un antes y un después del proyecto en sus comunidades.DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO En Unión Hidalgo hay una relación productiva y comercial con la tierra. La ganadería es la actividad principal, aunque existen otras como el empleo asalariado y el comercio, la actividad agrícola con cultivos como el sorgo y en menor medida la milpa, con maíz zapalote chico. Los apoyos de gobierno están dirigidos a la siembra de sorgo, apoyo que se aprovecha para alimentar al ganado. Son actividades por lo general llevadas por varones mientras que las mujeres se encargan de transformar el maíz en productos como totopos, memelas y tamales.En cuanto al aprovechamiento de la palma, el pro-ceso consiste en que los hombres van a cosecharla y la ponen a secar. Luego hombres y mujeres la desprenden en tiras y la tejen en cintas que se ven-den para ser aprovechadas como materia prima de artesanías en otra región. A decir de los palmeros, estas artesanías se elaboran en Puebla. Otra activi-dad relacionada con la naturaleza es la pesca, que también llevan a cabo los varones. Ya son pocas las familias de la región que aún la practican. Lo que tienen en común las familias que se dedican al aprovechamiento de la palma y la pesca es que son personas de bajos recursos.La ganadería, principalmente realizada por varones, deriva en la producción de quesos y leche. Los quesos son comercializados por hombres, pero muchas mujeres se emplean con algún productor para comercializarlos de manera ambulatoria por las calles del municipio o estableciéndose en alguno de los mercados de la comunidad.VIENTO, TIERRA Y PARTICIPACIÓN SOCIALOtra combinación de elementos de la naturaleza que está marcando pautas para las diferencias so-ciales es la del viento y la tierra. En esta región se han instalado ya dos parques eólicos desde 2012, con un total de 152 aerogeneradores en operación. Ello se debe a que sus condiciones climáticas son óptimas para la producción de energía eléctrica a partir del viento. Recientemente, se ha buscado instalar un tercer parque en Unión Hidalgo. El proyecto está en la fase de aprobación del protocolo, estipulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mecanismo al que está obligada la empresa Desarrollos Eólicos de México, S.A. de C.V. (Demex). El estatus actual del proyecto es que fue suspendido en octubre de 2019, en su fase informativa. El Convenio 169 requiere participación social y diá-logo entre las instancias de la sociedad civil, las empresas y el Estado. En condiciones óptimas, la primera de estas tres instancias, de identidad za-poteca, puede hacer uso de dicho Convenio para rechazar la instalación del proyecto eoloeléctrico. Sin embargo, los habitantes que se oponen a la ins-talación lamentan la poca capacidad y experiencia organizativa con la que cuentan actualmente, por-que no les permite establecer frentes de resistencia efectiva ante las negociaciones persona a persona que las empresas llevan a cabo con los propietarios, como estrategia para rentar las tierras, a lo que se suman las dádivas en las velas (fiestas locales) como mecanismo para ganar adeptos en la comunidad. La oposición y las personas a favor de los parques eólicos protagonizan una ruptura más en el tejido social de la comunidad.Otra forma de presión que utilizan las empresas eólicas es cercar con tierras rentadas a quienes no desean hacerlo, para que finalmente acepten. Los propietarios presionados de este modo argumentan que, de continuar así, tendrían las afectaciones pero no el beneficio. La combinación de estas estrategias de las empresas y los dilemas a los que se enfrenta la población indica que se debe fortalecer el capital social para mejorar la participación.RESISTENCIA EN UNIÓN HIDALGOLas problemáticas que enfrentan las mujeres en resistencia se relacionan con los imaginarios acerca de lo que la sociedad considera que deben ser sus tareas y sus espacios de realización correspon-dientes. Las resistencias antiéolicos, que algunas

33ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •unidalguenses conforman, así como sus acciones, son motivo de descalificación social y agresiones verbales en aquellas asambleas en las que se tocan temas relacionados con los parques eólicos. De tal manera que ser mujer, en los procesos de resisten-cia, se convierte en motivo de discriminación. Este elemento también es aprovechado por las empresas, el Estado y los promotores del parque eoloeléctrico para diezmar la participación social y avanzar en las fases del megaproyecto eoloeléctrico.Frente a los inconvenientes que señala parte de la población, se considera grave que un proyecto de esta magnitud continúe su proceso de expansión en el territorio unidalguense. Mujeres de diferentes regiones del Istmo de Tehuantepec, incluyendo Unión Hidalgo, expresan su descontento y forman un frente de resistencia contra las empresas eoloeléctricas. Sin embargo, los estereotipos de género, que sue-len invisibilizar las actividades de las mujeres, no permiten un ascenso importante de sus demandas específicas contra los parques.De esta manera, la identidad indígena se coloca ante una problemática ambiental y social, puesto que “[juega] un papel importante como motor de su lucha política y social pues ha sido fundamen-tal en la transformación de la subjetividad política de los pueblos indígenas”.27 Esa transformación está trastocando la subjetividad de las diferentes generaciones indígenas. De ahí la importancia de comprender cómo aparece la problemática socioam-biental en el horizonte de la juventud.JUVENTUDES INDÍGENAS Y JUVENTUD UNIDALGUENSEUna de las disciplinas que se ha encargado de de-finir la juventud es la antropología, y Carles Feixa desarrolla la noción de juventud entre los pueblos indígenas de México.28 En sus etnografías relata cómo en algunas culturas indígenas de México se construye la edad de los sujetos, pero no precisa-mente la juventud. Remite a prácticas de las culturas mesoamericanas, como por ejemplo, la azteca, en la que el sistema de cargos, que consistía en enclaus-trar a los jóvenes en casas de hombres, implicaba enfrentarlos a una serie de procesos de ascensión en la escala de puestos militares y sacerdotales, para que, una vez finalizadas todas las tareas y pruebas en territorios de guerra, pudieran salir a casarse, es decir, para que cumplieran un proceso de tránsito de una edad a otra. Paulatinamente, el sistema de cargos se fue distanciando de la guerra y el sacerdocio. En el caso de los zapotecas de Shan-Dany, Oaxaca, nacidos en el siglo XX, este sistema se tradujo en servicios para la comunidad: arduas labores que tenían la finalidad de enfrentarlos de manera gradual a las responsabilidades (recolectar leña, custodiar edificios de interés comunitario, vi-gilancia o rondines) y prepararlos para estar en una población.29 En otro ejemplo, entre los huicholes, la noción de juventud no existe, es más bien una edad de paso; es decir, se “deja de ser nonutzi (niño) para convertirse en uko (mayor)”.30 En una definición condensada de este paso, se puede decir que todo lo que ocurre en medio es una preparación para ser mayor. Sin embargo, Feixa plantea que hay un papel activo de las juventudes y que éste es un elemento definitorio de la categoría. Elena Nava considera que las juventudes llevan a cabo una apropiación de espacios omitidos por otras generaciones y ello dota de nuevos significados a los territorios, en virtud de lo cual se desarrollan prácticas nuevas.31En Unión Hidalgo se observa que las juventudes des-empeñan distintos papeles de importancia dentro de la comunidad. Los varones jóvenes, principalmente, se dedican al servicio de transporte público, con mototaxis. Hay una numerosa flotilla en el centro del municipio, junto al kiosco, importante sitio de reunión de los jóvenes de ambos sexos, donde también los adultos llevan a cabo distintas actividades relevantes, como las asambleas ejidales o informativas. En el centro están la presidencia municipal, gravemente dañada por el temblor del 7 de septiembre de 2017, que aún no ha sido rehabilitada; la casa de cultura; el mercado; el Oxxo y el Neto, dos tiendas de con-veniencia que pertenecen a cadenas.Las mujeres jóvenes que se emplean lo hacen en establecimientos locales, como papelerías, farma-cias, tortillerías y cocinas, tanto del mercado como del tianguis de las vías. Otras jóvenes se emplean como vendedoras de productos locales, como que-so, tamales, memelas y totopos, o se dedican a la elaboración de estos últimos, actividad por demás peligrosa para su salud e integridad física, porque la elaboración consiste en precalentar a las brasas un horno formado por una olla de barro sin fondo, rodeada de arena, enclavada en una estructura de ladrillos rojos o de adobe. Este horno alcanza altas temperaturas. Cuando las totoperas la consideran óptima, comienzan a pegar en las paredes de la olla SER JOVEN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

34• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBElos totopos hechos a mano. La maniobra requiere introducir el brazo, a veces protegido con una manta húmeda para evitar quemaduras. Este movimiento implica recargar sobre la estructura parte del ab-domen y el vientre. Además, está la exposición al humo por la quema de leña.Las juventudes se distribuyen en espacios del centro y la periferia. Los mototaxistas, por la logística de su oficio, se congregan en el kiosco, convirtiendo su oficio en un importante espacio de convivencia. Las mujeres no tienen espacios públicos de reunión, o al menos no están visibilizados. En las periferias, es decir, en los distintos barrios, como el de palmeros o el de pescadores, no se observan espacios que cumplan esta función.Otro espacio importante es la escuela. Por ejemplo, el Colegio de Bachilleres es un centro educativo en el que las empresas eólicas intentan tener incidencia. Las autoridades escolares y los promotores de los parques eólicos han negociado ciertas mejoras a la infraestructura de la escuela y se da oportunidad de llevar a cabo campañas informativas acerca de los parques eólicos, en las que algunos profesores hablan a favor de los aerogeneradores. En este sentido, las juventudes son un objetivo social frente al cual construir cierta legitimación del discurso de-sarrollista. También hay una campaña permanente para promover una carrera técnica enfocada en el manejo y mantenimiento de aerogeneradores.En esta investigación se trabajó con hombres y mujeres jóvenes de Unión Hidalgo que asistían al sexto semestre de preparatoria, un sector unidal-guense de suma importancia porque creció en un paisaje modificado por la presencia de los parques eoloeléctricos; sin embargo, esto no se traduce en una asimilación neutra o indiferente de la situación.EL DRAMA DE LA CORRUPCIÓN SEGÚN LA JUVENTUD UNIDALGUENSEEn un ejercicio de sociodrama, estos jóvenes mani-festaron distintos puntos de vista que los muestran como una franja generacional receptiva y crítica ante la problemática socioambiental de su comu-nidad. El ejercicio consistió en la representación de una situación de corrupción que se suscitó en la administración de Wilson Sánchez Chevez, pre-sidente municipal de Unión Hidalgo: por medio de un sistema de impuestos eólicos, que se canaliza a la Dirección de Ingresos y Recaudación, fue posible que la empresa destinara cierta cantidad de dinero a la alcaldía, el cual se ocuparía en las mejoras que la comunidad necesitaba. El manejo del dinero de ese impuesto no fue muy transparente ni hubo rendición de cuentas por parte del presidente municipal. Los jóvenes trajeron a cuenta que cuando este personaje fue candidato se pronunció a favor de hacer un buen manejo de estos recursos, además de hacerlo en beneficio de la comunidad. Sin embargo, no hubo mejoras importantes o visibles. Los jóvenes estu-diantes no identificaban un antes y un después que mostrara un cambio significativo en las condiciones de la región. En cambio, refirieron que las empresas eólicas están dividiendo a su comunidad, es decir, identifican el hecho de que estas empresas se con-vierten en agentes de cambio dañinos porque afectan el tejido social, de por sí ya fracturado. Creen que la resistencia es positiva porque su comunidad ya no debe ser explotada por las empresas eólicas y los beneficios deben ser más equitativos. Piensan también que las afectaciones al ambiente no deben quedar impunes y están conscientes de que en otras regiones del Istmo ha habido afectaciones, con la consecuente formación de frentes de resistencia antieólicos.Durante las charlas informales, nos dimos cuenta de que las periferias no son un objetivo para la difusión de información. Después de la asamblea informativa para la aprobación del protocolo de consulta, se les hizo en sus hogares la siguiente pregunta: ¿por qué no fueron a la asamblea para la aprobación del parque? La respuesta unánime fue que no sabían que se realizaría. En ese sentido, ni las empresas ni la oposición cuentan con estrategias dirigidas a la periferia, pese a que hubo un voceo varios días antes, alrededor de la comunidad. Los habitantes de estas periferias que sí acudieron a la asamblea, incluidos algunos hombres y mujeres jóvenes, lo hicieron a razón de un manejo clientelar por parte de la empresa, que se sirvió del acarreo para que la gente fungiera como contrapeso y vapuleara a las personas que se oponen al megaproyecto.REFLEXIONES FINALESLa sociedad unidalguense enfrenta importantes retos ante las empresas eólicas. Si bien hay resistencias,

35ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •también hay un estado de desinformación que no permite tomar decisiones. Por un lado, se encuen-tra la cotidianidad de hombres y mujeres que se enfrentan a condiciones de pobreza que, además, va en aumento. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2010 la pobreza afectaba a 44% de la población, mientras que para 2015 había pasado a 57.6%. Este dato re-fleja que durante los tres años de operación de las empresas eólicas (2012-2015) no hubo una incidencia importante y positiva en la vida de la comunidad.Por el otro, las juventudes están empleadas en pues-tos u oficios de poca exigencia técnica. Esto quiere decir que no hay un plan comunitario, ni municipal, en el que las siguientes generaciones se convier-tan en agentes de cambio. Una actividad en la que sobresalen los jóvenes varones, y que tiene visibi-lidad, es la expresión muralista en la comunidad. Con estos murales se busca rescatar y visibilizar a los personajes importantes de la comunidad, por iniciativa del colectivo Bunni ’Cabi. Sin embargo, no hay actividades de este tipo en las que se aproveche el talento de las jóvenes.Además, la presencia de las empresas eólicas incide en la sociedad pero sin responder a las necesidades de la comunidad. Un ejemplo es el de la escuela que ofrece la carrera de técnico en aerogeneradores. Las juventudes no encuentran en esta oferta educativa una oportunidad real de desarrollo personal o profe-sional. La razón quizá sea que la empresa no ofrece tantos empleos a los egresados como para impactar de manera importante en este rubro.Finalmente, cabe agregar que este proceso global de transición energética se enfrenta a la cotidiani-dad local, que si bien puede ser contradictoria en sí misma, o entre sus pobladores, no se incluye de manera efectiva en este proceso de desarrollo, así como tampoco se subsanan las necesidades de la comunidad. El proceso global de transición energética, expresado localmente en la instalación de los parques eólicos, requiere ser reenmarcado e incluir aspectos generacionales, étnicos, econó-micos y de género, porque, sin esos elementos, la participación de las comunidades será limitada y la transición energética continuaría su marcha como un proceso hegemónico, extractivo y dañino para los socioecosistemas.N OTAS27 C. F. Lucio López, Conflictos socioambientales, derechos humanos y movimiento indígena en el Istmo de Tehuantepec, Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, 2016.28 C. Feixa, De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud,Barcelona, Ariel, 2006.29 C. Feixa Pàmpols y Y. González Cangas, “Territorios baldíos: identidades juveniles indígenas y rurales en América Latina”, Papers, núm. 79, 2006, pp. 171-193. En doi.org/http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v79n0.830.30Ibidem, p. 182.31 E. Nava Morales, “Radio Totopo y sus jóvenes. Instituciones comu-nitarias y procesos de resistencia”, Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, núm. 23, septiembre-diciembre de 2015, pp. 89-111. En doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda23.2015.05.SER JOVEN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

36• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEProyectos eólicos en Baja California Detonantes de tensión en territorio indígenaYOLANDA MEXICALXÓCHITL GARCÍA BELTRÁNLos megaproyectos energéticos han cobrado auge mundial en los últimos años, con la proliferación de hidroeléctricas, gasoductos, plantas nucleares, parques eólicos y fotovoltaicos. A su vez, la minería se desarrolla como una actividad paralela que pue-de, o no, estar relacionada.32 Ello responde a una demanda cada vez mayor de energía para cubrir las necesidades globales, que aumentaron 2.9% en 2018, el mayor incremento desde 2010.33 China, Estados Unidos e India se posicionan como los principales consumidores, debido a sus actividades industriales, pero también destacan como productores.En el caso de México, en el que nos interesa cen-trarnos, durante 2017, año del último censo en la materia, el consumo nacional de energía aumentó 1.2%.34 Este panorama, junto con una degradación ambiental constante, es la causa del impulso de ener-gías limpias o renovables en el mundo y en nuestro país; es decir, se buscan tecnologías que reduzcan la contaminación, la producción de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, además de preferirse aquellas que se producen con recursos siempre disponibles. En ese sentido, la energía eólica, producida a partir del viento, representa hoy una alternativa para generar electricidad con menores impactos negativos, aunque no está exenta de ellos, como veremos más adelante.China, Estados Unidos y Alemania son los mayo-res productores de energía eólica en el mundo, mientras las principales compañías fabricantes de aerogeneradores y desarrolladores de logística para estos proyectos provienen de los mismos países, así como de España y Dinamarca: Vestas, Golwind, GE Renewable Energy y Siemens-Gamesa destacan en el mercado. Sin embargo, en el último año, esta tecnología ha tenido una caída en Europa debi-do a nacientes oposiciones sociales que pueden observarse en países como Francia, derivadas de la proliferación de estos proyectos y sus efectos ambientales negativos: mortandad de aves, conta-minación visual, deterioro del paisaje, modificación del clima, etcétera.Sin embargo, la energía eólica continúa represen-tando una fuente de generación de energía mínima en el mundo, y por sí sola sería incapaz de sostener el ritmo de vida actual, como demuestra el caso de Alemania, que este año logró producir 47.3% de su energía a partir de fuentes renovables y cuenta con 30 000 aerogeneradores instalados que producen 60 Gigawatts (GW), cuando México solamente produce 6 GW. La capacidad máxima que se podrá instalar será de 70 GW de potencia, lo que quiere decir que Alemania casi ha alcanzado la máxima capacidad de generación de energía eólica sin que ésta represente más de 25% del total producido en el país.En México, la energía eólica representa 3.63% del total producido, de acuerdo con el último censo rea-lizado por la Secretaría de Energía (Sener, 2018), y el Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco. Maestra en Ciencias Sociales por la UAEM. Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus líneas de investigación son la moviliza-ción social, los conflictos ambientales y los pueblos indígenas. Correo electrónico: ymgb1988@gmail.com

37ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •PROYECTOS EÓLICOS EN BAJA CALIFORNIApaís todavía depende en 75.88% de los combustibles fósiles. A pesar de ello, esta tecnología ha crecido de manera exponencial en los últimos años como demuestran datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (2018) que para 2008 contabilizaba una producción de 85 Mega Watts (MW), para 2010 de 533.7 MW y para 2018 de 4 935 MW. Ello se debe en gran medida a la reforma energética impulsada durante el mandato de Enrique Peña Nieto (EPN) en 2013, que abrió las puertas a la inversión extranjera en este rubro y sentó las bases para expedir una Ley de Transición Energética en 2015, en la que el gobierno federal se impuso como meta que, del total de energía producido en nuestro país, 35% proviniera de fuentes renovables para 2024 y 50% para 2050. En la actualidad, en nuestro país operan 56 parques eólicos, entre los que destaca Oaxaca como el estado con mayor capacidad de producción, seguido de Tamaulipas, Baja California y Yucatán. El primer proyecto fue inaugurado en 1994, en La Venta, Oaxaca, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a partir de ahí los parques eólicos se multiplicaron con rapidez; pero con ellos también fue creciendo una inconformidad derivada del poco desarrollo que llevaron a las comunidades en las que se asentaron, pues, aunque en un primer momento se habló de crecimiento, generación de empleos, beneficios sociales, y en general, de una mejor calidad de vida, dichas promesas jamás se materializaron. Por el contrario, comenzaron a no-tarse una serie de impactos poco deseables que se manifestaron en distintos ámbitos (político, social, cultural, ambiental y económico), y que llevaron a una gran resistencia organizada. Sin embargo, más allá de cualquiera de sus efectos adversos, parece que el punto medular fue que estos megaproyectos se instalaron en territorio indígena, zapoteco y huave, violando el derecho de estos pueblos a la libre determinación y a la realización de una consulta indígena que les permitiera decidir si querían, o no, parques eólicos en su tierra, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT), pues aunque se hizo una consulta en Juchitán para obtener la aprobación del país todavía depende en 75.88% de los combustibles fósiles. A pesar de ello, esta tecnología ha crecido de manera exponencial en los últimos años como demuestran datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (2018) que para 2008 contabilizaba una producción de 85 Mega Watts (MW), para 2010 de 533.7 MW y para 2018 de 4 935 MW. Ello se debe en gran medida a la reforma energética impulsada durante el mandato de Enrique Peña Nieto (EPN) en 2013, que abrió las puertas a la inversión extranjera en este rubro y sentó las bases para expedir una Ley de Transición Energética en 2015, en la que el gobierno federal se impuso como meta que, del total de energía producido en nuestro país, 35% proviniera de fuentes renovables para 2024 y 50% para 2050. En la actualidad, en nuestro país operan 56 parques eólicos, entre los que destaca Oaxaca como el estado con mayor capacidad de producción, seguido de Tamaulipas, Baja California y Yucatán. El primer proyecto fue inaugurado en 1994, en La Venta, Oaxaca, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a partir de ahí los parques eólicos se multiplicaron con rapidez; pero con ellos también fue creciendo una inconformidad derivada del poco desarrollo que llevaron a las comunidades en las que se asentaron, pues, aunque en un primer momento se habló de crecimiento, generación de empleos, beneficios sociales, y en general, de una mejor calidad de vida, dichas promesas jamás se materializaron. Por el contrario, comenzaron a no-tarse una serie de impactos poco deseables que se manifestaron en distintos ámbitos (político, social, cultural, ambiental y económico), y que llevaron a una gran resistencia organizada. Sin embargo, más allá de cualquiera de sus efectos adversos, parece que el punto medular fue que estos megaproyectos se instalaron en territorio indígena, zapoteco y huave, violando el derecho de estos pueblos a la libre determinación y a la realización de una consulta indígena que les permitiera decidir si querían, o no, parques eólicos en su tierra, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT), pues aunque se hizo una consulta en Juchitán para obtener la aprobación del Imagen 10. Parques eólicos en el territorio mexicano | Fotografía de Alfredo Valadez Rodríguez (2019)

38• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEparque Eólica del Sur, ésta se llevó a cabo gracias a la presión de la población y de los medios de co-municación nacionales e internacionales, después de que más de una docena de parques se encon-traban ya en funcionamiento, y como observaron distintas organizaciones de derechos humanos, estuvo plagada de irregularidades: amenazas a los opositores al proyecto, compra de votos, etc., hasta que finalmente fue avalada por el gobierno federal y el parque se inauguró en mayo de 2019.Las consultas no sólo no se han realizado con apego a la ley, sino que se han establecido tratos desventajosos para los ejidatarios y comuneros, al modificar sus modos de subsistencia, así como el acceso a sitios sagrados y a sus mismos terrenos. También comenzó a observarse una degradación en la flora y la fauna, producto de la infraestructura necesaria para la instalación de los aerogeneradores (grandes cantidades de concreto, varillas, aceites, apertura de caminos, etc.) y de su puesta en marcha, que comenzó a provocar la muerte de aves en el paso de un corredor migratorio de esta especie, entre otras cuestiones. Ahora bien, con la llegada de los parques eólicos a otras partes del país, se corre el riesgo de replicar esta situación. Por ello, quisiéramos abordar aquí el caso de Baja California, del que no hay mucha información. En ese estado, actualmente se encuen-tran dos parques en funcionamiento, ambos en la zona serrana. El primero de ellos, La Rumorosa, fue inaugurado en 2010 y cuenta con sólo cinco aerogeneradores. Es propiedad del gobierno estatal y su energía se destina al alumbrado público de la ciudad de Mexicali, así como a un pequeño des-cuento anual en el consumo de energía a poco más de mil familias. El segundo, llamado Sierra Juárez, posee 47 aerogeneradores; se inauguró en 2015 y es propiedad de la compañía estadounidense Sempra Energy, que ha estado acusada de lavado de dinero y otras irregularidades, como por ejemplo sus dudosos vínculos políticos en México y Estados Unidos, que la han beneficiado en múltiples ocasiones. La energía generada en este proyecto se traslada a California y se utiliza para cubrir operaciones de la San Diego Gas & Electric (SDG&E), compañía filial de la misma Sempra.Los parques se localizan a poca distancia entre sí, en los ejidos mestizos Aubanel Vallejo y Jacumé. Aunque ninguno de estos se encuentra en territorio indígena, no han estado exentos de problemáticas, como demuestran las demandas que los grupos eco-logistas Terra Peninsular y Backcountry Against Dumps presentaron contra Sierra Juárez al considerar que el hábitat de especies endémicas, como el borrego cimarrón, tendría afectaciones importantes, y que, curiosamente, la autorización para su construcción se dio de manera muy rápida. Además, Sempra arrendó 294153 s, una cantidad innecesaria para un proyecto eólico pero que, casualmente, se ubica en una zona con gran riqueza minera. Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el Diálogo con los Pue-blos Indígenas del ámbito federal, dijo en entrevista personal que considera que “los parques eólicos son un pretexto para extraer minerales”. Ahora bien, en el caso de las comunidades indígenas la situación es distinta, pues ahí todavía ningún proyecto se encuentra en operación. Habitan en el estado cuatro pueblos indígenas que guardan en común su origen yumano: los cucapá, los kumiai, los pai-pai y los kiliwa, pero debemos tomar en cuenta las particularidades de estos pue-blos, dado que vienen de una cultura nómada con fuerte tradición de caza y recolección de semillas, que aún el día de hoy mantienen. Además, su for-ma de organización es compleja, pues, aunque no acostumbran la vida comunal y viven en caseríos dispersos, han logrado una jerarquización moderna muy particular, en la que la figura del jefe tradicional sigue existiendo pero las mujeres han tomado la batuta en muchas de las decisiones de su entorno. Hoy en día, los yumanos son un pueblo pequeño que ha perdido muchas de sus tradiciones pero ha fortalecido otras. Sin embargo, las lenguas nativas atraviesan un duro proceso de extinción, pues quedan solamente tres hablantes del kiliwa, 31 del cucapá, 60 del kumiai y 100 del pai-pai, ya que sus divisiones internas los han hecho vulnerables ante amenazas externas, como la declaración de Áreas Naturales Protegidas en sus territorios, o su privatización y pérdida a raíz de la reforma agraria cardenista, que sólo les reconoció un porcentaje al obligarlos a convertirse en comunidades o ejidos instituidos.En ese contexto, los megaproyectos hacen su apa-rición como detonantes de nuevas tensiones por el territorio, agudizando las ya existentes. De hecho, los parques eólicos son los primeros de esta natu-raleza que pretenden instalarse en zona indígena. Las poblaciones implicadas serían las siguientes: 1) El Mayor Cucapá, 2) Santa Catarina (pai-pai), 3) Ejido Kiliwas y 4) Juntas de Nejí (kumiai). En el primer caso, la situación es simple porque el parque eólico no llegó a concretarse; de hecho, mu-chos habitantes desconocían que se fuera a instalar alguno, con lo que se demuestra el nulo acceso a la información pública por parte de la población. Todo comenzó en 2010, cuando la empresa estadounidense Cucapah Development, filial de Quadrant Energy LLC, encabezada por Roberto Cossío, llegó a territorio Imagen 12. Parques eólicos en Baja CaliforniaFuente: Elaboración propia

40• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEcucapá con la intención de echar a andar el parque eólico Energía Alterna Laguna Salada Cucapah, que exportaría la energía a territorio estadounidense. El ofrecimiento a la comunidad fue entonces el que recibirían empleos y el pago del arrendamiento. Incluso se habló de reubicarlos en casas ecológicas, y aunque los cucapá aceptaron, esto nunca se for-malizó debido a la falta de pago por parte de Cossío. A decir de algunos habitantes de El Mayor Cucapá, este proyecto provocó divisiones y envidias entre los comuneros, pues hubo señalamientos hacia aquellos que formaban parte de la mesa directiva, a quienes se acusó de haberse quedado con el dinero otorgado por la empresa.En Santa Catarina la problemática comenzó en 2007. Los representantes de la empresa estadounidense Asociados Panamericanos (APA), encabezados por Michael Edward Folloni, se presentaron en la comu-nidad para exponer sus deseos de generar energía eléctrica por la técnica eólica y trasladarla a Estados Unidos por medio del proyecto denominado Flecha 1. El primer acercamiento se dio con la entonces mesa del comisariado y el contrato se firmó en mar-zo de ese año, pero éste, sin embargo, presentaba puntos ambiguos y cuestionables que despertaron la inquietud de los comuneros. Resulta que este contrato, con duración de 31 años, establecía que la empresa no pagaría ni un peso durante las fases de prueba del viento y construcción, y comenzaría a hacerlo cuando obtuviera ganancias por la venta de energía. Además, en las reuniones de negociación, la compañía prometió entregarle energía eléctrica a la comunidad, pero esto jamás se estipuló por escrito. En una modificación de 2011 al contrato, se estableció que de las 63 000 ha propiedad de los pai-pai se arrendarían 62 049 ha y se conservarían las que no se utilizaran para el parque eólico como usufructo para la empresa. Además, se acordó que el primer pago se otorgaría una vez que el contrato se registrara ante el Registro Agrario Nacional (RAN), y que éste sería de 22 500 dólares trimestrales a dividir entre las 90 familias que integran la comu-nidad; es decir, unos 75 dólares al mes que, para el cambio promedio de ese entonces, representaba aproximadamente 900 pesos mensuales para cada familia pai-pai.Después, todo devino en un conflicto provocado por la mezcla de las pésimas condiciones del contrato y porque la comunidad jamás vio un peso del proyecto eólico, pues todo se convirtió en promesas a largo plazo debido a que Folloni se quedó sin dinero. A partir de entonces, Santa Catarina ha peleado por la cancelación definitiva de ese contrato, sin lograrlo, pues no se ha obtenido una respuesta de la APA ni de Folloni, mientras la demanda está pendiente en el Tribunal Agrario. Aun así, los pai-pai decidieron firmar con una nueva compañía, la española Gamesa, con la que hasta ahora las negociaciones son positivas y ha comenzado la segunda etapa, correspondiente a la construcción. Empero, un abogado que trabaja para esta empresa, durante una charla personal en Ensenada, comentó lo siguiente:Entre los pai-pai el conflicto interno siempre es que la empresa le da el dinero a los de la mesa directiva, y ya cómo lo reparten no es su proble-ma. Gamesa sigue adelante con lo suyo. Claro, lo que quiere es tener el control absoluto y tener control de los presidentes, de los comisariados, y llevar la fiesta en paz a costa del control, ¿y cómo te controlo? Patrocinando la fiesta, etcétera. En Ejido Kiliwas la situación fue bastante similar a la de Santa Catarina en algunos puntos, aunque con características propias importantes. Ahí, pretende instalarse el parque eólico Fuerza Eólica San Ma-tías, proyecto de la compañía del mismo nombre, propiedad de Pablo Federico Gottfried Blackmore y su padre, Carlos Gottfried Joy, quienes desde 1994 firmaron un contrato de promesa de arrendamiento. Sin embargo, aunque se iniciaron las pruebas de viento, no se concretó nada en los años siguientes debido a problemas administrativos. Finalmente, el proyecto en Kiliwas prosperó y el 15 de julio de 2010 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó el permiso de pequeña producción eléctrica en modalidad eólica a la compañía. En agosto de ese mismo año se presentó el Manifiesto de Impac-to Ambiental del proyecto, que especificaba que constaría de ocho aerogeneradores. No obstante, de manera sorpresiva, el 7 de mayo de 2012, Fuerza Eólica San Matías presentó a la CRE una solicitud de terminación del permiso por renuncia, sin especificar los motivos, y ese mismo año Gottfried Blackmore se convirtió en un ejidatario más, después de haber comprado derechos en la comunidad mediante un intermediario mestizo. Desde ahí, al formar parte de la asamblea ejidal, impulsó de nuevo su proyecto,

41ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •PROYECTOS EÓLICOS EN BAJA CALIFORNIAel cual fue fácilmente autorizado debido en parte a que, de los 51 ejidatarios presentes, solamente 10 eran indígenas. Este hecho resultaba preocupante para los opositores al proyecto, en especial porque las reglas de las asambleas ejidales establecen que las decisiones se aprueban cuando vota a favor 50% de los presentes más uno, es decir, Gottfried podría tener en sus manos la decisión. Esto, aunado a irregularidades que se presentaron en el contrato, despertó la alerta en los habitantes de la localidad, pues una cláusula declaraba la ex-clusividad del ejido para con la empresa, es decir, la absoluta prohibición para que otra compañía, sociedad o persona realizara pruebas de viento e instalara aerogeneradores o equipos para transmi-sión de energía. Se estipulaba también la posesión total de Fuerza Eólica San Matías sobre las tierras del ejido de manera ilimitada, y aunque la compañía aseguraba haber realizado consultas internas en la comunidad, éstas nunca ocurrieron, según algu-nos de sus habitantes. El primer contrato, firmado en 1994, acordaba también absoluta discreción y aclaraba que ninguna persona externa podía tener acceso a los acuerdos entre la empresa y los ejida-tarios, y que éstos no recibirían ningún pago hasta que el parque entrara en operaciones. Finalmente, el contrato se renegoció debido a la presión que algunos ejidatarios ejercieron sobre la empresa, en especial los de origen indígena, como Elías Espinosa, quien relata ese proceso:Dentro de todo lo que se hizo entonces, yo le exigí a la empresa como pueblo indígena, no se lo exigí como comisariado ni ejidatario, sino como un indígena que vive en esta tierra. Le dije: “tú no vas a venir a ponerle precio a mi tierra lo que vale, tú me vas a pagar lo que yo te estoy pidiendo porque no te estoy pidiendo nada gratis, yo tengo lo que tú ocupas y yo ocupo lo que tú tienes”, así quedamos. Entonces, al último, sí se llegó a un arreglo. Tenemos casi cinco años que nos dan 100 000 dólares cada tres meses, dinero que se reparte entre los 51 ejidatarios; a los indígenas que no son ejidatarios no les dan nada, puro ejidatario. Nos tocan 1 960 dólares cada tres meses para cada ejidatario […]. El primer contrato se deshizo. Hubo un segundo contrato e hicimos un tercer contrato, ¿por qué? Porque dentro del primer contrato estaban las 27 910 s concesionadas. Ellos pensaban hacer y deshacer del ejido, pero de todo lo que se hizo, al último quedaron 10 s que les estamos rentando a ellos.Ejido Kiliwas destaca además como el único caso, de los cuatro, que puso el tema de una consulta indíge-na sobre la mesa, aunque ésta sigue sin realizarse.Por último, en Juntas de Nejí, Susana Moreno, repre-sentante de Clipper Windpower de México, filial de la empresa estadounidense Clipper Windpower, se mostró interesada en negociar con la mesa directiva de bienes comunales para la construcción de un parque eólico que tendría como objetivo venderle energía a Estados Unidos. El contrato se firmó el 1 de noviembre de 2007, con una vigencia de 30 años. Sin embargo, las condiciones de este contrato también eran irregulares, pues se establecía que la superficie a arrendar era de 11 590 ha, es decir, todas las s que constituyen Juntas de Nejí. Además, nunca se mencionaban montos a pagar durante las etapas de medición del viento y construcción, únicamente quedaba establecido que cuando el parque funcionara se pagaría el equivalente a 4% de sus ganancias anuales. Se establecía también que ninguna persona ajena a la negociación tendría acceso al contrato, lo que limitaba la posibilidad de buscar asesoría legal y técnica, y sometía a la comunidad a acatar sin reclamos puntos como el uso ilimitado de las s arrendadas. La empresa, en alguna ocasión, instaló unas antenas de medición sin establecer un acuerdo claro con la comunidad y sin que los comuneros vieran beneficios econó-micos, y al gestarse cierta molestia social por esto, la empresa optó por retirarse. Norma Meza, actual comisariada ejidal, afirma lo siguiente:A las asambleas que hemos hecho nosotros nunca se han presentado [los representantes de la empresa]. Nosotros quisiéramos que se cancelara el contrato, no queremos acuerdos, no queremos nada, porque el convenio está muy mal hecho: todo está para ellos, haz de cuenta que nosotros no somos dueños de nada. ¿Qué pasó? Nosotros somos protectores del medio ambiente de ese territorio porque ahí hay sitios sagrados.La cancelación está pendiente, entonces, debido a la falta de respuesta de la empresa y sus represen-tantes legales.

42• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBECONCLUSIONESDebe observarse que en todos los casos expuestos, los parques eólicos deterioran el tejido social de los espacios en los que pretenden asentarse debido a las divisiones internas que la negociación con las empresas conlleva, siendo éstas generalmente inequitativas, pues buscar cooptar a actores clave para la realización de los proyectos sin beneficiar a la mayoría de la población, y se entra en una dinámica en la que solamente aquellos que ostentan títulos de propiedad como comuneros o ejidatarios son to-mados en cuenta en las negociaciones, sin importar que existan casos de familias que han vivido ahí por generaciones y no han obtenido el reconocimiento legal como “derechosos”. En ninguno caso parece importar la autoadscripción como indígena, cuando ésta debería ser parte fundamental del debate, en tanto los arrendatarios son sujetos con derechos especiales que no están siendo respetados. La con-sulta previa, libre e informada que establece la OIT es prioritaria.Por otra parte, aunque en Baja California las co-munidades han estado abiertas a la negociación con las compañías eólicas y no han conformado un grupo opositor como en el caso oaxaqueño, debemos tomar en cuenta que esto se debe a sus particularidades históricas y contextuales, de las cuales dichas empresas se benefician y aprovechan, al pretender llevar a cabo un despojo paulatino y encubierto, como demuestran las cláusulas enga-ñosas contenidas en los contratos. En general, el accionar de las corporaciones eólicas no se apega a la ley, pero éstas no son sancionadas, o al menos, cuestionadas. Los pueblos indígenas de Baja Califor-nia viven en condiciones de marginación y pobreza, así como de constantes disputas, y la llegada de estos megaproyectos contribuye a exacerbarlas al establecer patrones de mercado con los cuales las comunidades quedan en seria desventaja, y se eti-queta como mercancía la tierra y el viento necesarios para producir la energía que estará al servicio de unos cuantos agentes privados.En este sentido, estos proyectos establecen lógicas espaciales distintas a las tradicionales y disponen del uso del territorio y los recursos naturales restrin-giéndolo, y por ende, cambiando el modo de vida de los que ahí habitan. Pero no sólo eso, pues al tratarse de pueblos originaros, también la relación identitaria y cultural se modifica. N OTAS32 Algunos de esos proyectos energéticos, precisamente, dotan de elec-tricidad a las mineras. En nuestro país encontramos varios ejemplos: el parque eólico Peñoles, en Coahuila, y el Grupo México, la compañía minera nacional más importante, que cuenta con una planta de generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.33 Para más información, véase Gülşen Çağatay, “Consumo de energía mundial aumentó un 2,9 por ciento en 2018”, AA, Turquía, 1 de junio de 2019. 34 Para más información, véase Secretaría de Energía, Balance nacional de energía 2017, México, Sener, 2017.

43ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •Conflicto por el proyecto de incineración de basura urbana en Tizayuca, HidalgoBERENICE TORRES SÁNCHEZ E ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZPREÁMBULO: CRISIS E INCINERACIÓNEl tiradero Bordo Poniente fue clausurado el 19 de diciembre de 2011 después de recibir durante 26 años miles de toneladas de basura generadas en la Ciudad de México y en algunos municipios metropolitanos. Con esta decisión, el gobierno de la ciudad enfrentó una severa crisis en el manejo y disposición final, al no contar con una estrategia ni un espacio para depositar las cerca de 13 000 toneladas (t) de basura urbana que se producen diariamente en la capital del país, procedente de casas habitación, el comercio y la limpieza de calles, parques, mercados, plazas, hospitales y cárceles. En su mayoría son materiales sintéticos derivados del petróleo, principalmente plásticos, característica que dificulta su degradación, reciclaje y manejo.Ante la emergencia ambiental y de salud pública derivada de la sobreacumulación de miles de to-neladas, el gobierno optó por enviar una parte de la basura a diferentes tiraderos y rellenos sanita-rios de los municipios mexiquenses de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Xonacatlán y Tecámac, así como a Cuautla, Morelos. La otra cantidad fue enviada a incinerar en plantas cementeras localizadas en Hidalgo y Puebla, pues éstas emplean la basura como combustible para alimentar sus hornos (lo que se denomina eufe-místicamente coprocesamiento, mientras que los residuos incinerados son llamados Combustible Derivado de los Residuos, CDR). De esta forma, los desperdicios pasaron a considerarse un recurso con valor económico y energético, accesible y abun-dante, y la incineración de basura por las empresas cementeras como una tecnología viable, disponible y rápida para “solucionar” el problema.Esta medida precipitada y costosa (se estima que se paga entre 300 y 400 pesos por tonelada) evidenció la magnitud de la generación de basura y la incapacidad del gobierno capitalino para resolver lo que muchos analistas consideran uno de sus mayores problemas ambientales de la ciudad (los otros cinco son: falta de agua, problemas de transporte y movilidad urbana, generación de energía, contaminación atmosférica y ordenamiento urbano). Este proceso de incineración sentó las bases como alternativa conveniente para la disposición final de los residuos, sin cuestionar sus afectaciones ambientales y a la salud humana. Asimismo, abrió la posibilidad para construir plantas waste-to-energy, fábricas dise-ñadas para incinerar residuos urbanos inorgánicos y producir energía eléctrica. Pero esta tecnología no sólo se propuso para la CDMX, también surgieron propuestas para incinerar la basura proveniente de las entidades que conforman la megalópolis mexi-cana (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala), región caracterizada por Economista y maestra en Geografía por la UNAM. Profesora de la Facultad de Economía de la misma casa de estudios. Su principal línea de investigación gira en torno a los problemas y conflictos por la incineración de basura. Correo electrónico: beretosan@gmail.comMaestro en geografía por la UNAM. Candidato a doctor en el Posgrado en Geografía de la misma casa de estudios. Se especializa en geografía de la minería mexicana, industrias extractivas, conflictos socioam-bientales y desarrollo de megaproyectos. Correo electrónico: isidrotrx@gmail.com

44• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEpresentar un alto grado de urbanización y contener actividades industriales y comerciales significativas, lo cual, al mismo tiempo, implica altos volúmenes de residuos urbanos. Tan sólo tres entidades producen 31 802 toneladas de basura urbana a diario: 12 998 la CDMX, 16 000 el Estado de México y 2 804 en Hidalgo.El proyecto de incineración de residuos urbanos del municipio de Tizayuca es un ejemplo representativo de este contexto y de la tendencia al empleo de esta tecnología para el manejo de la creciente generación de desperdicios. En lo que sigue, primero revisamos los principales rasgos técnicos de este proyecto. En segundo lugar, mostramos una cronología de las irregularidades mediante las cuales la compa-ñía intentó construir el incinerador. En tercer lugar, describimos el conflicto social contra lo que deno-minamos modelo de disposición final de la basura. Finalmente, damos un panorama de la organización social contra la incineración ante el gobierno de la 4T, acompañado de la alternativa propuesta por el Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca. TIZAYUCA: PROYECTO DE INCINERACIÓNCon una inversión de 189.5 millones de dólares y un periodo de vida estimado de 20 años, con la po-sibilidad de ampliarse indefinidamente, la empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México, S.A. de C.V. (Valorsum), propuso la construcción de la denominada “Planta de eliminación de residuos sólidos urbanos y generación de energía eléctrica” para tratar no sólo la basura del municipio de Tiza-yuca, estimada en aproximadamente 200 t diarias de residuos urbanos, sino también del resto de los municipios del estado de Hidalgo. Mediante el empleo de un horno con tecnología “de lecho fluizado” traído de una planta de Chicago que dejó de operar hace más de 20 años por diversas fallas, este proyecto contempla la incineración de 2 000 t diarias de residuos sólidos urbanos (730 000 t al año). De esta basura, 85% sería transformado en energía eléctrica (55 MW por hora), el resto se enviaría a reciclar y a la producción de composta mientras que 68 t diarias de cenizas (24 820 t anua-les) quedarían como residuos de este proceso de incineración, cantidad que tendría que ser deposi-tada necesariamente en un relleno sanitario para residuos peligrosos.Este proyecto de incineración se localiza en un predio sobre la carretera Tizayuca-Temascalapa, en el pue-blo de Tepojaco, dentro de los límites de Tizayuca, el municipio más industrializado de Hidalgo. Este sitio se caracteriza por tener fácil acceso vial y estar cerca tanto de la ciudad de Pachuca como de la Zona Metropolitana de la CDMX. Pero lo más importante, según la compañía, es que se trata de un predio que por albergar diversas plantas industriales se encuen-tra ambientalmente impactado, haciéndolo por ello idóneo para la incineración de basura.Aunque el proyecto fue presentado como una al-ternativa para eliminar los residuos urbanos, en los hechos su objetivo es la generación de energía eléctrica mediante la incineración de la basura pro-cedente de los centros urbanos más cercanos, los cuales funcionarían como proveedores de residuos y consumidores de la electricidad, al mismo tiempo que de tiraderos para las cenizas generadas por la planta incineradora, pues de acuerdo con las opiniones de los habitantes de Tepojaco y Temascalapa, es posible que dichos residuos sean depositados en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (Cader), ubicado a menos de 7 km del proyecto.EL PROCEDER SIGILOSO DE VALORSUM A pesar de que involucraría a prácticamente todos los municipios de Hidalgo, durante tres años Valorsum y los gobiernos estatal y municipal mantuvieron bajo reserva el proyecto de incineración de Tizayuca. La cronología detrás de esta propuesta sigilosa de quemar basura urbana comienzó en 2013, el 21 de mayo, cuando Juan Núñez Perea, entonces presi-dente municipal de Tizayuca, compra un predio de 10 ha en la comunidad de Tepojaco, bajo el auspicio de la compañía Complejo Agropecuario Industrial de Tizayuca, S.A. de C.V. (CAITSA), de la cual es accionista. A la adquisición de este predio le sigue su fraccionamiento y venta a distintas empresas, entre ellas Valorsum, con la idea de constituir el Par-que Industrial Metropolitano (PAMIT). Sin embargo, el presidente municipal realiza esta compraventa sin autorización del consejo de administración de CAITSA, por lo que los miembros emprenden un procedimiento jurídico en su contra. Con dicha situación irregular de por medio, el 9 de septiembre de 2013, Núñez Perea modifica el Progra-

45ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE •ma Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tizayuca, para permitir el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial dentro del polígono adquirido previamente bajo el patrocinio de CAITSA. Ante este marco jurídico modificado, el 17 de di-ciembre de 2014, la empresa Valorsum se constituye legalmente. Cuatro meses más tarde, el 26 de marzo de 2015, la empresa tramita el primer permiso enca-minado a la construcción de la planta de incineración: la Manifestación de Impacto Ambiental en la Moda-lidad Particular (MIA-P) del proyecto de incineración de basura urbana ubicado en Tizayuca. Posteriormente, el 25 de mayo de 2015, Valorsum tramita una solicitud a la Comisión de Agua y Al-cantarillado para descargar aguas residuales en la red de drenaje municipal, trámite aprobado meses más tarde, al igual que la Manifestación de Impacto Ambiental; no obstante, este último permiso no contó con una consulta pública previa e informada mediada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath).Por fin, el 12 de agosto de 2016, el entonces goberna-dor del estado, el priísta Francisco Olvera Ruíz, pone “la primera piedra” de lo que él llama la planta de incineración de basura más grande de Latinoamérica, pero bajo un nombre diferente, que explícitamente encubre la incineración y sus efectos negativos me-diante un lenguaje técnico, con el propósito de forjar el consentimiento de la población: “Suministro de energía estatal y/o municipal, por fuentes renovables y/o alternativas de generación de energía eléctrica”. Aunque al final únicamente fue un acto simbólico, este evento es importante porque no ha existido ningún proyecto de este tipo en el país que haya avanzado hasta la etapa de construcción. CONFLICTO POR IMPOSICIÓN DE MODELOAunque el gobierno municipal y la Semarnath habían autorizado permisos previamente, la comunidad de Tepojaco se enteró hasta el 12 de junio de 2016, cuando la empresa Valorsum presenta a la Asamblea del Cabildo del Ayuntamiento de Tizayuca el proyecto de incineración. A partir de ese momento, emerge un rechazo social organizado en asambleas vecinales, foros y marchas, que deriva en la creación del Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca, constituido por habitantes autoconvocados tanto de Tizayuca como de los distintos municipios vecinos que serían afectados por la incineradora de basura.La movilización poco a poco aumentó su fuerza al grado de que el 1 de diciembre de 2016 marchan más de 3 000 habitantes tanto de Tizayuca como de Tolcoyuca, Apaxco, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Temascalapa, Tecámac, Zumpango, Santa María Ajoloapan y Huexpoxtla. En lo fundamental, los manifestantes denuncian el riesgo a la salud que traería consigo la incineración de basura, que como indica la literatura especializada, se concentra en un radio que oscila entre los 800 m, 2 km y 5 km, desde el centro de la planta (véase la imagen 13). El orden de estos valores es jerárquico, por lo que esa zona se puede considerar como el peor escenario posible para la población y el ambiente.Asimismo, los habitantes organizados se vincularon con el Frente de Comunidades en Contra de la Inci-neración (FCCI), que rechaza la quema de residuos peligrosos y sólidos urbanos en los hornos cemente-ros de Hidalgo, Puebla y Estado de México. Con ello, la movilización social se escaló geográficamente, al poner de manifiesto que el proyecto de Tizayuca forma parte de un mismo modelo de gestión integral de la basura de la megalópolis de la CDMX, compuesto por rellenos sanitarios e incineración en hornos cementeros y plantas waste-to-energy. Un modelo hegemónico que, si se consolida, obligaría a los mu-nicipios a producir basura durante las próximas tres décadas, con el objetivo de satisfacer, no sólo a las compañías cementeras, sino también a las empresas dueñas de las plantas diseñadas específicamente para incinerar basura.Ante la creciente resistencia social por parte del Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca, que entre otros rasgos logró evidenciar la intervención activa del poder político y económico en el intento de construcción del incinerador de basura, el 2 de diciembre de 2016 las autoridades municipales, encabezadas por Gabriel García Rojas, sucesor de Juan Núñez Perea, solicitaron la detención de los trabajos de construcción realizados por Valorsum en el terreno de la comunidad de Tepojaco. Con ello, el proyecto se suspendió ante la falta de cla-ridad de la empresa respecto al giro y la actividad que realiza, así como sobre los efectos que podría ocasionar a la salud humana y ambiental de la po-blación circunvecina.INCINERACIÓN DE BASURA EN TIZAYUCA

46• ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG, OFICINA REGIONAL PARA MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBEINCINERACIÓN DE BASURA EN LA 4TLa entrada de un gobierno federal que promulga una transformación profunda en las condiciones económicas, políticas, pero sobre todo sociales del país, de inicio tuvo un impacto positivo en diversas organizaciones sociales que se encuentran luchando contra la imposición de proyectos e infraestructu-ras que ponen en riesgo el bienestar de distintas comunidades de México. Este momento fue aprovechado por el Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca para ingresar ante el Congreso del Estado de Hidalgo la iniciativa de reforma de la Ley para la Protección al Ambiente Estatal, con el apoyo de organizaciones de la so-ciedad civil, como el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad y la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, distintos activistas de la región y algunos diputados locales afiliados a los partidos políticos de Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Imagen 13. Localización y área de riesgo del proyecto de incinerador en Tizayuca |Fuente: Elaboración propiaCon esta iniciativa se buscó, entre otros aspectos, prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de proponer que el manejo y la gestión de los residuos urbanos sea di-rigido bajo las premisas del programa Basura Cero. Sin embargo, la iniciativa de ley fue denegada, bá-sicamente porque las anteriores administraciones federales modificaron la Ley General para la Preven-ción y Gestión Integral de los Residuos, de tal forma que la propuesta de reforma contradecía el eje de la política ambiental del país; es decir, la valorización y aprovechamiento económico de los residuos que permite el empleo de la incineración, sea en hor-nos de plantas cementeras o en nuevos proyectos waste-to-energy. Este rechazo puso de manifiesto la contrariedad y falta de diálogo entre los gobiernos federal, estatal y municipal para reflexionar y proponer en conjunto alternativas prácticas al problema de la basura. Un diálogo que no ignore, sino que incluya la opinión de comunidades como las de Tizayuca, cuyas condiciones ambientales y de salud continúan en riesgo ante la incertidumbre de que en cualquier momento el gobierno municipal permita la reanudación del proyecto de incineración, valiéndose nuevamente de irregularidades y arreglos turbios con la empresa.¿ALTERNATIVA A LA QUEMA DE BASURA?Hasta hoy, el Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca continúa las actividades de resistencia que incluyen campañas, foros y ruedas de prensa, con el objetivo de mantener informada a la población ante la persistente intención de incinerar basura en el estado de Hidalgo. Mas no se han quedado sólo en el rechazo, también han propuesto alternativas, como el programa Basura Cero, que tiene como eje la separación de residuos orgánicos, que se llevan a compostar, del resto de desperdicios; de esta forma es más sencillo reutilizar, reciclar o reparar en cen-tros comunitarios todos los demás residuos, como papel, vidrio, metal, plástico. Este paso fomenta el empleo local y reduce la cantidad de basura. Para aquellos residuos que no entran en las categorías anteriores se buscan estrategias político-económicas que tengan como objetivo modificar los procesos productivos para, en última instancia, dejar de producir aquellos bienes que sean tóxicos, contaminen o dañen el medio ambiente.Lo más atractivo de la estrategia de Basura Cero es que se ha desarrollado con buenos resultados en grandes ciudades, como Canberra, Australia; Cataluña y País Vasco, España; Gotemburgo, Suecia; Puni y Kovalam, India; Alaminos de Pangasinán y Puerto Princesa, Filipinas; Bello Horizonte, Brasil; Bogotá, Colombia; y en la densamente poblada San Francisco, Estados Unidos.Estas experiencias que niegan de forma práctica la incineración como única alternativa muestran que el problema de la basura no es un círculo vicioso ni un caos infinito de generación incesante de ba-sura cada vez más tóxica. Por el contrario, estas iniciativas, que necesariamente se desarrollan con la participación de las comunidades, crean alterna-tivas concretas para este problema ambiental que parece interminable.