En los últimos dos meses, los ciudadanos chinos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión gubernamental. Para entrar a tu complejo residencial o a tu lugar de trabajo ahora hace falta escanear un código QR y dejar por escrito tu nombre, tu número de DNI, tu temperatura y tus últimos viajes.
Los operadores de telefonía están rastreando los desplazamientos de la gente y redes sociales como WeChat y Weibo han abierto líneas directas para reportar sobre otros posibles enfermos. En algunas ciudades incluso se recompensa al que denuncia a un vecino enfermo.
En los últimos dos meses, los ciudadanos chinos han tenido que adaptarse a un nuevo nivel de intromisión gubernamental. Para entrar a tu complejo residencial o a tu lugar de trabajo ahora hace falta escanear un código QR y dejar por escrito tu nombre, tu número de DNI, tu temperatura y tus últimos viajes.
Los operadores de telefonía están rastreando los desplazamientos de la gente y redes sociales como WeChat y Weibo han abierto líneas directas para reportar sobre otros posibles enfermos. En algunas ciudades incluso se recompensa al que denuncia a un vecino enfermo.
A la vez hay empresas chinas desplegando tecnologías de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla. Hay varias aplicaciones que, a partir de los datos sanitarios de cada ciudadano, alertan al resto cuando se les acerca alguien infectado o alguien que ha estado en estrecho contacto con un infectado.
Además de cerrar ciudades enteras, las autoridades estatales han implementado un sinfín de medidas de seguridad para contener el brote del coronavirus. Todos los que tienen que hacer cumplir las normas, desde los altos cargos hasta los empleados municipales, repiten el mismo estribillo: estamos en un “momento extraordinario” (feichang shiqi) que requiere medidas extraordinarias.
Tras infectar a más de 80.000 personas y provocar la muerte de unas 3.000, el número de nuevas infecciones por coronavirus en China ya está en descenso, pero los ciudadanos y los analistas se preguntan cuántas de estas medidas extraordinarias van a pasar a ser ordinarias.
“No sé qué pasará cuando termine la epidemia, ni me atrevo a pensarlo”, dice Chen Weiyu, de 23 años. Empleada en Shanghai, tiene que entregar diariamente una revisión médica a su empresa. Para poder pasar al parque de la oficina tiene que escanear un código QR y registrarse: “El control ya estaba por todas partes, la epidemia acaba de hacer transparente esa vigilancia, que en tiempos normales no vemos”.
Otros, como el activista de Guangzhou Wang Aizhong, son más categóricos sobre el futuro. “No hay duda de que esta epidemia ha dado más razones al Gobierno para vigilar a la gente, no creo que las autoridades descarten mantener este nivel de vigilancia tras el brote”, dice. “Podemos sentir un par de ojos mirándonos todo el rato en cuanto salimos o nos quedamos en un hotel, estamos completamente expuestos a la vigilancia gubernamental”.
Según los expertos, el virus surgido en diciembre en Wuhan ha proporcionado a las autoridades la excusa perfecta para acelerar la recopilación masiva de datos personales y rastrear a los ciudadanos, una perspectiva peligrosa teniendo en cuenta la falta de leyes estrictas sobre el uso de los datos personales.
La misión tiene el objetivo de trepar lentamente para quedarse, sostiene la investigadora principal de China para Human Rights Watch, Maya Wang. En su opinión, lo más probable es que usen al virus como un catalizador para aumentar el régimen de vigilancia masiva, igual que los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing o que la Expo de Shanghai en 2010: “Tras estos eventos, las técnicas de vigilancia masiva se hicieron más permanentes”.
“Con el brote del coronavirus, enseguida se hicieron realidad la restricción a la libertad de movimientos y la puntuación del riesgo de cada uno”, dice Wang. “Con el tiempo cada vez vemos un uso de la tecnología más intrusivo y menos capacidad de los ciudadanos para resistirlo”.
“La vigilancia intrusiva ya es la nueva norma”
Para mucha gente en China, los nuevos niveles de vigilancia pública son obstáculos burocráticos extra, más frustrantes que siniestros, y una demostración de la incapacidad del Gobierno en la gestión del brote. Aunque los altos cargos hablen de ella con orgullo, el sistema de vigilancia de China está lleno de lagunas. Hubo muchas críticas por el caso de una ex paciente infectada que logró viajar de Wuhan a Beijing en febrero, mucho después de que la cuarentena entrara en vigor.
En la mira de los ciudadanos está la aplicación ’Código de Salud’, de Alipay. Utilizada en más de 100 ciudades, la app distingue a los individuos con uno de tres colores en función de sus últimos viajes, del tiempo pasado en los focos de contagio y de la cercanía a posibles portadores del virus. Dentro de poco se van a introducir en el programa los números del DNI para permitir a cada persona comprobar el color de los demás.
Un internauta se quejaba en la red social Weibo de que su color había pasado de verde a amarillo (que obliga a cuarentena) solo por conducir a través de Hubei, sin parar. “Ni siquiera puedo salir a comprar pan o agua”, decía otro en la provincia de Jiangsu, después de que su código pasara inexplicablemente a amarillo tras un viaje de trabajo.
Muchos se quejan de que la aplicación es sólo “para la galería” (xingshi zhuyi), una forma de que los funcionarios de menor nivel impresionen a sus superiores imponiendo restricciones a los ciudadanos. “Tengo un código de salud, un pase para mi complejo residencial y otro certificado de salud y aún así no puedo entrar en mi casa”, escribió alguien en el apartado de comentarios. “Esto es una estupidez, por favor, déjennos movernos”, puso otro.
Entre las medidas hay soluciones de tecnología avanzada y otras más comunes. En los espacios públicos se ha desplegado un ejército de empleados públicos para vigilar los puntos de entrada, exigir a los peatones que anoten sus datos o interrogar a la gente sobre sus últimos desplazamientos. Se han cerrado los lugares de culto, como las mezquitas, y en muchas ciudades y regiones se han prohibido las reuniones y hasta las cenas de pocas personas.
En febrero, empleados públicos de la provincia de Sichuan disolvieron un grupo de 10 personas que se había reunido en una fiesta para jugar al mahjong y les obligaron a leer en voz alta una disculpa que grabaron en vídeo. “Nos equivocamos, prometemos que no habrá una próxima vez y también vigilaremos a los demás”, se los escucha decir en el vídeo, con las cabezas ligeramente inclinadas.
En otros vídeos publicados en Internet se ha visto a funcionarios locales atando a un hombre a un poste o tirando a la gente al suelo por no llevar la mascarilla. Hace poco despidieron a los policías de Wuhan que fueron grabados golpeando a un hombre por vender verduras en la calle.
La agencia oficial de noticias Xinhua recordó la semana pasada a los ciudadanos que quienes violen las medidas de prevención y control pueden ser condenados a entre tres y siete años de prisión, si es un caso especialmente grave, de acuerdo con lo estipulado por el código penal chino.
“La vigilancia intrusiva ya es la ’nueva normalidad’”, cuenta Stuart Hargreaves, que en la Facultad de Derecho de la Universidad China de Hong Kong se especializa en leyes de privacidad y de información. “La pregunta para China es saber, si es que existe, cuál es el nivel de vigilancia que la población se niega a tolerar”, añade.
Algunos temen que, en parte, las medidas continúen porque los ciudadanos se acostumbren a ellas. Desde Chengdu, Alex Zhang, de 28 años, lo relaciona con la teoría sobre el estado de excepción del filósofo italiano Giorgio Agamben, que escribió sobre la continuación de medidas tomadas durante emergencias.
“Este tipo de gestión y de pensamiento para enfrentarse al brote también puede usarse en otros ámbitos, como en los medios de comunicación, en el periodismo ciudadano o en los conflictos étnicos”, dice Zhang. “Los ciudadanos aceptarán el método porque ya ha sido usado, se convertirá en lo normal”.
Traducido por Francisco de Zárate