En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria, que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitaran tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama, quien juraba que su programa de gobierno favorecería a los pueblos indígenas, preservaría y fortalecería su relación con la madre tierra, no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Se cuestiona que se entregaron tierras a personas de zonas como Cochabamba y no así a campesinos e indígenas locales, como manda la ley. Esto se ve agravado por decenas de testimonios que aseguran que los dirigentes sindicales y las exautoridades se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara.
Luego de ocho años de fallidos arranques, esta revolución explotó en 2014.