Cuatro millones de personas viven hacinadas y sin posibilidad de trabajar en casa. Hasta lavarse las manos es complejo. El plan del Gobierno para brindar asistencia.

El enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cuatro millones de personas viven en barrios populares, de urbanización precaria, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa. A eso se suman dificultades más básicas: lavarse frecuentemente las manos es una recomendación difícil cuando la red de agua potable es una canilla de uso compartido en un pasillo. Estas condiciones instaladas por la pobreza estructural, las de un país que no es Italia ni España, están enfrentando al Estado y especialmente a la militancia social a pensar otras medidas para que la cuarentena pueda implementarse. Especialmente en el conurbano, donde los funcionarios, intendentes y referentes barriales señalan que la clave, en los días que vienen, va a ser garantizar la distribución de alimentos. En este marco, el gobierno nacional analiza para el caso de que el confinamiento deba prolongarse ampliar la asistencia económica a los que dependen enteramente de changas y no tienen planes sociales. Las estimaciones no oficiales señalan que están en esa situación un millón de argentinos.

Desde diciembre, un importante sector de los movimientos sociales ingresó a cargos de gestión en el gobierno. En el ministerio de Desarrollo Social hay una secretaría y dos direcciones a cargo de referentes de las organizaciones; entre ellos está el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que hoy es uno de los encargados de armar un plan de realización de pequeñas obras locales para que menos personas se desplacen buscando changas. Mariel Fernández, formada en la militancia del Movimiento Evita, es intendenta de Moreno, un municipio que condensa en dos datos la vida precaria, ya que tiene 500 mil habitantes y un solo hospital. Fernanda Miño, militante de la villa La Cava, en San Isidro, es secretaria de Integración Sociourbana, una dirección del Estado creada para resolver el problema del acceso al agua en las villas y asentamientos. En los cuatro mil cuatrocientos barrios populares del país, el 93,5 por ciento no tiene acceso formal a la red de Agua Potable. Estos dirigentes contaron a Página/12 cómo ven, desde su condición de militantes en contacto directo con la realidad de los asentamientos y desde su posición como funcionarios que participan en el diseño de políticas, la atención de la pandemia en los barrios populares.

Refuerzo alimentario

«Resguardarse en la casa es un elemento importante, pero que no alcanza en los sectores más humildes, que no tienen las condiciones de la clase media», señala Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social. Es sábado al mediodía y él está en un comedor en Villa Inflamable. «Lo que estamos viendo, en general, es que la gente está en la puerta de la casa pero sin salir del barrio, como si fuera un domingo. La actividad comunitaria sí es mayor, porque hay más gente entregando viandas en los comedores y aumentó el número de familias y de chicos que vienen a pedir a alimentos». En este sentido, lo que se ve venir es un esquema en el que la militancia social cubra la logística necesaria para que las familias no se queden sin alimentos.

Para Menéndez «es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en sus casas como puede hacerlo la clase media, porque las casas son de una precariedad en muchos casos muy grande, porque hay problemas de hacinamiento, entonces hay que encontrar mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimiento, que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos».

El ministerio de Desarrollo Social apura por esto la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas.

Hoteles y hospitales

«Ayer nos reunimos con los supermercadistas de Moreno para que entiendan que van a tener que hacer donaciones, y también para que garanticen stock de mercadería para que los comedores escolares puedan armar las bolsas de alimentos», contó Mariel Fernández, intendenta del distrito del conurbano con un solo hospital para 500 mil habitantes. «Estamos haciendo todos los esfuerzos pero hay realidades objetivas».

Ubicado en el segundo y tercer cordón, Moreno es uno de los seis municipios del Gran Buenos Aires con niveles más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, de acuerdo a datos del Observatorio de la Universidad de General Sarmiento. Sobre el aislamiento, la intendenta apunta que «en realidad, lo que intentamos hacer es que la gente se quede en el barrio. Estar adentro es difícil por el tema de la precariedad de las viviendas; no es lo mismo que en una familia de los sectores medios altos, que tiene las comodidades para quedarse en su casa. Yo insisto mucho en que hay garantizar el alimento, porque nadie puede quedarse si no lo tiene».

El viernes, la Nación envió a la intendencia 10 millones de pesos para alimentos y la compra de materiales de construcción que permitan generar las primeras obras de mejoramiento y empleo local. También el gobernador Axel Kicillof destinó una partida de 300 millones a distribuir entre los 135 municipios de la provincia en la emergencia sanitaria. Aunque –paradojas de las decisiones rápidas en tiempos de crisis– Moreno, por tener un solo hospital, recibirá menos que otros distritos, ya que el índiice de reparto es la coparticipación, que destina más fondos cuando se tienen más hospitales.

La preocupación está puesta en la demanda de salud que va a producirse en el pico del contagio, esperado para finales de abril o principios de mayo. Ya está anunciado que en Moreno se va a construir uno de los 5 hospitales modulares destinados al Conurbano pensados para la internación de pacientes con coronavirus. Como en otras localidades, el municipio tomó la idea de utilizar los hoteles sindicales para las personas que necesiten aislamiento. Hay un solo hotel, del Sindicato del Seguro, que se puso a disposición.

Donde falta el agua

La secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño vive en La Cava, la villa más emblemática de San Isidro. «Los barrios son un mundo aparte», indica. «Más allá de lo difícil que es respetar la cuarentena para cualquiera, la casa es chica, hay muchas situaciones familiares, indefectiblemente los vecinos salen a los pasillos o a la calle más cercana. No vamos a hacer cola al supermercado porque no hay plata para llenar la heladera, pero si a la única canilla de agua la tenés en la esquina de tu casa no te queda otra que salir», dice a Página/12. A su criterio, el principal obstáculo para sostener el aislamiento en las villas y asentamientos de Buenos Aires es el hacinamiento, y en el interior la falta de agua.

Explica también que el mapa de barrios populares con las 4400 urbanizaciones precarias del país fue armado tomando las viviendas en las que faltan dos o más de los servicios de agua, electricidad o cloacas. «En general, es el agua, que llega a las casas conectada irregularmente y puede no ser potable, y la cloaca. Sumados a la falta de trabajo y al tema del alimento, la pandemia viene a desafiar todavía más la posibilidad de salir adelante de las personas más vulneradas. Y también creo que va a hacer más difícil la concientización de lo que significa la pandemia, porque la gente no tiene el recurso para prevenirse».

Miño cree que las municipalidades van a tener que asumir el trabajo de ir a los barrios, llevar los bolsones a cada casa en lugar de hacer ir a la gente a un lugar donde puede amontonarse, hacer ruedas sanitarias con los elementos básicos. «Siempre hay una organización social, además, que se pone esto al hombro, que se pone el guante y el barbijo y sale a repartir».

Estudian ampliar las medidas para los trabajadores informales

El gobierno nacional analiza implementar otras medidas de ayuda para las personas de sectores vulnerables que dependen de actividades informales y no perciben ningún ingreso del Estado, en el caso de las medidas de aislamiento se prologuen más allá de estos diez días. La idea es la de un subsidio de 5 mil pesos durante tres meses. En el país hoy existen tres grandes esquemas de cobertura: la Asignación Universal por Hijo, los planes sociales y las jubilaciones y pensiones. Por afuera de eso hay una población que están entre los 40 y 60 años, que tiene hijos ya mayores de 18 años, por lo que ya no recibe la AUH y carece de empleo formal.

El comercio en las ferias, los talleres familiares, las pequeñas obras de construccion, la venta ambulante, los puestos de comida al paso, el manejo de remises, pequeñas verdulerías, almacenes y peluquerías abiertos por vecinos en sus casas son algunas de las actividades dentro de una infinidad de rebusques no registrados, con ingresos de subsistencia y por afuera de la figura del monotributo. La informalidad hace imposible medir cuántos están en esta situación. Hay referentes sociales que hacen una estimación, en el aire, de un millón de personas. El parate en la actividad puede, claramente, dejar a esta franja sin ninguna vía de ingresos.

El programa de trabajo local

El programa de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local tiene el objetivo de limitar la circulación de las personas y funcionar, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo confirmó a su vez un paquete destinado para los sectores más vulnerables.

Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. Un criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos, aunque también está en estudio un esquema de módulos o complementos.

El Estado Nacional, por otra parte, reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos. Este plus abarcó a 556 mil personas.

La decisión de las obras a realizar estará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.

El paquete combina ingresos con trabajo: al bono se le sumará el envío de insumos, materiales y herramientas para hacer posible la realización de las obras de infraestructura en salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/254728-la-cuarentena-en-los-barrios-populares